Parrota sostuvo que los vecinos pretenden llevar la causa a una instancia penal, al señalar que la comuna estaría incurriendo en varios hechos irregulares. El municipio violó una medida cautelar del 12 de marzo de este año que especifica que “la municipalidad no puede disponer ni en todo ni en parte de esa superficie”, por lo que ahora piden que el juez pase la causa a Fiscalía.
“Tenemos la esperanza de que sea el propio juzgado quien entienda que hay elementos para investigar el delito de faltas a los deberes de funcionario público y otras que tienen que ver con la transgresión palmaria de la medida cautelar”, explicó la letrada.
Asimismo, aclaró que la cuestión de fondo del amparo colectivo no es sólo la cuestión ambiental, sino la ilegalidad de los actos del poder político que “entiende que la tierra fiscal es tierra privada del municipio, patrimonio de la municipalidad para manejarla de forma arbitraria” y que pretenden que se derogue la ordenanza municipal 67/2011 por la que se adjudicaría en venta a una sola persona “por presunción de que esto es concentración de la tierra pública”.
Fuente: Puerta E.
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