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jueves, 1 de abril de 2010

RAFAELA-SANTA FE: ASESINARON A SILVIA SUPPO EX DETENIDA DESAPARECIDA, TESTIGO EN JUICIO POR DESAPARICIONES DURANTE LA DICTADURA MILITAR


El Bolsón (ANPP).-El pasado Martes, 30 de Marzo, fue asesinada de 12 puñaladas, en su local de trabajo, la ex detenida desaparecida Silvia Suppo, en circunstancias para sospechar, ya que ella es una importante testigo en una de las causas a represores, la del ex juez federal Brusa. Repudiamos y exigimos justicia ante este asesinato ocurrido en un contexto de declaraciones de una importante testigo .
(Nodo 50).-Doce puñaladas para una víctima de la dictadura.
Silvia Suppo impulsaba también la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter. Dos de los imputados viven en Rafaela. Ayer fue asesinada en su negocio en el centro de esa ciudad.

Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una “irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo”.

Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.

La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.

Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.

Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.

Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.

Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.

ANDALGALÁ-CATAMARCA: CUATRO DETENIDOS POR LA LUCHA ANTIMINERA


(Prensa de Frente).-El 24 de marzo pasado, mientras en todo el país se repudiaba al último golpe militar, en Andalgalá, provincia de Catamarca, 4 militantes anti mineros fueron detenidos por la policía. Estas detenciones generaron la respuesta inmediata del pueblo el que se movilizó pidiendo la libertad de Aldo Flores, Arturo Flores, Gabriel luna y Roberto Luna.

Los cuatro vecinos de Andalgalá fueron filmados en momentos que rompían un candado en una tranquera puesta por la minera Alumbrera en tierras fiscales. La orden emanó de la Fiscal Marta Nievas, la misma que intervino en la represión del 15 de febrero.

A continuación reproducimos las declaraciones de María Márquez, periodista de FM La Perla de Andalgalá, quien fue entrevistada por La Colectiva, radio de la ciudad de Buenos Aires.

María Márquez – Los detenidos son Flores Marcos, Flores Cesar, Luna Roberto, Luna Gabriel. Son dos hermanos Luna y dos hermanos Flores. En este momento se dejó ingresar solo a los familiares, pero que no pudieron tener contacto con los detenidos porque están incomunicados. La fiscal todavía no se hizo presente en la unidad regional nª cuatro. Se está perfilando ir a buscarla a través de la policía femenina porque el pueblo está allí, manifestándose….pidiendo las explicaciones pertinentes de lo sucedido.

Aparentemente se habría encontrado a estas cuatro personas violentando ese portón y habría fotografías y videos realizando estos actos. Son pruebas que han llegado hace instantes nada más, aproximadamente cinco minutos, a la comisaría departamental, pero la detención se llevó a cabo a las 17 horas.

Se llegaron hacía el río, a ver más allá del portón, porque tengamos en cuenta que las empresas mineras cuando se instalan en un lugar, se apropian de la tierra, separan a la comunidad a través de un portón y distintos enrejados y alambrados donde los ciudadanos de Andalgalá no pueden ingresar.

La Colectiva – María Márquez, ellos además de ocupar el espacio que les corresponde al emprendimiento minero en si, cierran tierras que no son de la minera. Entonces habría que poner en cuestión el portón mismo entonces.

MM - Claro, es que ninguna tierra es de la empresa. Toda corresponde a la ciudadanía de Andalgalá. En ningún momento se les da la posibilidad que ellos se apropien o se les venden las tierras. Hay lugares que son propiedad privada, hay lugares que son bienes públicos y ellos vienen y se apropian de eso. Nosotros en este momento, ni a Minera Agua Rica ni a Minera Alumbrera podemos ingresar por ningún lado.

LC – Entonces habría que ver hasta que punto estos ciudadanos andalgalenses han cometido algún delito y si no es un delito poner un portón

MM – Exactamente. Es por esto que la gente está esperando en este momento que se brinden las explicaciones correspondientes. Quien ha emanado la orden en este momento es Marta Nievas, la misma que dio la orden aquel 15 de febrero a la comunidad de Andalgalá. Esta fiscal tan cuestionada y que en este momento teme hacerse presente en la unidad regional nª cuatro porque no se le brindan las garantías para con su persona (…)