CHICAS PERDIDAS EN CIPOLLETTI

El Bolsón (ANPP).-Se solicita la ayuda de todos para encontrar a las hermanas Jimena y Agustina Cufré, de 16 y 13 años, que se fueron de su casa el día de ayer en Cipolletti. Están acompañadas de dos jóvenes, uno de ellos es mayor, y no se puede dar con su paradero.
Si por casualidad las ven, llamen al 101 o al 109, su familia está muy preocupada y no dejan de buscarlas.

INTERVIENEN LA UCEP LUEGO DE ALLANAR SUS OFICINAS

Buenos Aires (AGENCIA WALSH).- El caso de la joven Carla Baptista, embaraza y madre de cinco hijos, que denunciara haber sido golpeada, manoseada y amenazada durante un desalojo que la UCEP realizó los primeros días de octubre en Pasco al 1200, debajo de la Autopista 25 de Mayo, fue el detonante para que Gustavo Moreno, asesor del Tutelar de Menores e Incapaces, pida la intervención de la justicia en la Unidad de Control del Espacio Público, la patota de Mauricio. Aquel dia Carla recibió un golpe en la panza que le provocó un desplazamiento de la placenta, tal como lo demuestran estudios realizados posteriormente en el Hospital Ramos Mejía.

Carla y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a realizar una denuncia. Además, son las dos primeras que se postulan para ser querellantes en una causa contra la Unidad de Control, a cargo de la Fiscalía Correccional Nº 14. Los delitos que se le imputan son de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”, y sumados darían cuenta de condenas de entre 5 y 21 años. Las acusaciones también incluyen al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, en calidad de “instigadores”.
Además, estos hechos fueron fotografiados por el vecino Miguel Varela, quien también denunció esta situación: “Esa noche fue muy duro para quienes somos hombres, a quienes nos han enseñado de chiquitos que a las mujeres no se las golpea ni se les falta el respeto porque todos venimos de una madre o tenemos hermanas. Para mí fue muy duro verlo porque además estaba embarazada. No sólo a Carla, también golpearon a Graciela. Hay que ser canalla para golpear mujeres pobres que viven en la calle. Hay que ser muy canalla. (…) Yo no me conformo hasta que disuelvan la UCEP y creo que mis vecinos tampoco hasta que haya justicia para los culpables que tanto son los que mandan como el que lo hace. Nadie puede recibir la orden de golpear una mujer en la calle por el “delito” de dormir en un colchón”, aseguró Valera la semana pasada en una conferencia de prensa realizada por instituciones, víctimas y vecinos de la Comuna 3 (Balvanera/San Cristóbal), en reclamo de la disolución de la UCEP.
Pero el caso de Carla y Graciela no es el único, desde hace varios meses los violentos desalojos de personas que viven en situación de calle son un modus operandi diario de este “grupo de tareas” macrista. Así lo demuestra un informe presentado por el propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tras un pedido efectuado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Allí se admite que en sólo siete meses, la Unidad de Control del Espacio Público realizó 444 desalojos en la vía pública. Un promedio de casi dos operativos por día.
En el informe además se explica que la fuerza funciona entre las once de la noche y las seis de la mañana, con 26 empleados. “Stock de procedimientos realizados”, es el título que encabeza el listado de operativos realizados, en cuya mayoría se aclara que el resultado de los mismos fue “la restauración del espacio público”. Aunque en ningún momento se especifica qué solución concreta se les da a las personas en situación de calle, ni la modalidad implementada para “restaurar el espacio público”.
Según detalla el informe lo que motivó algunos de los operativos fueron indigentes que consumían agua del Hospital de Niños o la existencia de asentamiento de indigentes de alta peligrosidad.
Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 asegura que no debe pensarse a la UCEP como un hecho aislado o un organismo que trabaja independiente y autónomamente: “Sin la información los programas Buenos Aires Presente o de la Línea 103 (de Emergencias), la UCEP jamás podría tener la información necesaria como para llevar adelante sus cobardes y represivos operativos nocturnos; se necesita la conjunción de toda esta información, para que después los perros de Macri salgan a la calle a ´limpiar pobres´”. Ávila afirma que si ya no se ven tantas personas durmiendo en la calle en zonas céntricas de la ciudad se debe a que se han mudado a otros barrios, más periféricos, donde la UCEP no tiene tanta llegada.
Lo concreto es que el accionar de la UCEP ha generado diversas denuncias y repudios públicos. Mañana a las 16 en la Manzana de las Luces (Perú 222), familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA, junto a Memoria Activa, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, HIJOS, CELS, APDH, y organizaciones sociales, sindicales y políticas, exigirán en conferencia de prensa la dimisión de los ministros Mariano Narodowski y Guillermo Montenegro (por el caso de las escuchas ilegales y la persecución a docentes) y de Juan Pablo Piccardo, por las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de calle, hostigadas y desalojadas por las patotas de la UCEP. Además, señalarán a Mauricio Macri como el principal responsable de la implementación en su gestión de prácticas represivas y discriminatorias que violan los derechos humanos.
Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad no se ha pronunciado abiertamente sobre las denuncias recibidas por la UCEP, pero qué se puede esperar de esta gestión si el ministro Piccardo, responsable de la fuerza, asegura que las tareas que le corresponden a esta Unidad de Control son la remoción de carteles o la incautación de productos de venta ilegal.
Fuente RedEco

LIBERARON A URBANO CARDOZO, VECINO DE ANDALGALÁ, DETENIDO POR MANIFESTAR CONTRA LA MINERA ALUMBRERA

 Catamarca (AGENCIA WALSH).- Según informaron vecinos auto-convocados de Andalgalá, acaba de ser liberado Urbano Cardozo, detenido en la madrugada por manifestarse contra el paso de camiones de Minera Alumbrera que transportaban de manera furtiva una carga de concentrado contaminante derramado en la última rotura del mineraloducto


El mineroducto de La Alumbrera se hallaba al aire libre, con desgaste por fatiga de materiales y frecuentes roturas que son de dominio público, y cabalga sobre el cauce del Rio Gastona, que nace en las Sierras de Aconquija y desagua en el Embalse de Rio Hondo, en Santiago del Estero.

Freddy Carbonell, de ASANOA (Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino) ha realizado un relevamiento fotográfico el el cual se puede apreciar la faraónica reubicación del ducto, a mayor profundidad. Aguas abajo están extrayendo áridos para hacer una autopista. Cuenta Freddy que “fuimos el sábado con grupos de compañeros de Concepción (los hermanos Aranda, Ramón Arias -de Copeco-, Eduardo Carrizo, de una asociación de padres y educadores, y un periodista de la zona). Comencé a filmar la reubicación del mineroducto y gente de La Alumbrera con personal de la firma MAR -de Miguel Rojano- de las Estancias del Aconquija, impedía nuestros registros obligándonos a retirarnos. Mientras discutían –continúa relatando Freddy Carbonell- me filtré con dos chicos de ASANOA en el campamento. Allí filmé todo a pesar de que la empresa de seguridad de La Alumbrera, Elite, y un ingeniero, metieron mano en mi cámara, comenzaron a indagarnos con prepotencia porque no admitían nuestras explicaciones de que “que el río es de todos.” Están trabajando en la mitad del río y los compañeros de Concepción y poblaciones aledañas viven con el corazón en la boca porque se siguen sumando vertidos tóxicos por mil y una irregularidad de la minera", insiste el documentalista y activista de las asambleas del noroste.

Freddy recalca que hicieron una denuncia en la fiscalía local para registrar oficialmente los trabajos sobre la cuenca del Gastona. Al mismo tiempo la Asamblea decidió hacer el sábado 26 del corriente, un abrazo al río, después de haber sesionado en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, luego del informe del YMAD (Yacimiento Minero Aguas de Dionisio) que –tal como se divulgó- niegan todo tipo de contaminación. Esa acción de los asambleistas fue todo un símbolo frente a una universidad asociada a la transnacional del saqueo.

Nos vemos obligados a advertir una vez más, que nadie le pone límite a los múltiples derrames de un mineroducto colapsado y que la propia minera reconoce la necesidad de rotar anualmente el caño por desgaste de materiales y roturas. El mineroducto tiene 316 kilómetros desde la planta en Catamarca hasta Ranchillos en Tucumán y va sembrando la escoria de metales pesados y sopa química en su trayecto, y también en el vertido final en el canal DP2, que vuelca su torrente en el Embalse de Río Hondo.