Buenos Aires, 31 de julio de 2013 (ACTA).- "Los pueblos originarios lo único que tenemos para contar son los asesinatos que se están dando producto de la defensa del derecho al territorio", dijo en diálogo con ACTA Verónica Huilipan, secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA en relación al informe que presentó este lunes la Pastoral Aborígen denunciando el incumplimiento de la ley de relevamiento catastral de las tierras indígenas.
-¿De qué se trató la conferencia de prensa del lunes?
- A las 11 de la mañana del lunes, el equipo de la Pastoral Aborígen ha hecho su segunda presentación que ha denominado advertencia al Estado Nacional por el no cumplimiento de la Ley 26160 que es la ley de relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras de las comunidades indígenas en el país.
-¿Qué ha revelado el informe?
- Este informe da cuenta de todo un proceso de mala información y de no información que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha estado haciendo respecto de esta ley de relevamiento.
Cuando hablamos de esta ley tenemos que decir que fue creada en el 2006, que entra en vigencia en noviembre de 2006 y que tiene dos claros objetivos a cumplir: por un lado ordena la paralización inmediata de cualquier tipo de desalojo en el país y en segundo lugar ordena al INAI que haga el relevamiento con participación indígena.
-¿Qué ha pasado con todo lo que estipula la ley?
- A la fecha, nos damos cuenta que ha habido una malversación de fondos muy gruesa y que sólo un 20% de las comunidades ha sido relevado. Se está afectando el sistema constitucional democrático que el pueblo argentino con sus luchas ha logrado sostener.
-¿Y con la conferencia de prensa se buscó hacer visible esta corrupción?
- Poner en evidencia esta situación es un llamado de atención a la sociedad civil a no abandonar el rol de control sobre los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad histórica de utilizar esta ley como un instrumento de diálogo y reconocimiento de derecho y no como la están utilizando hasta ahora que ha sido al servicio del poder económico dejando en evidencia que a casi una década de esta ley los únicos que ganaron en este tiempo han sido la especulación inmobiliaria, las multinacionales extractivistas, la industria sojera y la forestal y los pueblos originarios lo único que tenemos para contar son los asesinatos que se están dando producto de la defensa del derecho al territorio.
Es un tiempo de generar un proceso de llamado a la reflexión para poner en evidencia que es necesario y urgente poner en discusión este modelo y hacer saber que hay otra propuesta que es de vida y entendimiento entre el hombre y la naturaleza para dignificar los derechos humanos que vamos construyendo con nuestras luchas cotidianas.
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