
A esta marcha se sumaron numerosas familias que
entienden, igual que el sector docente, que la RESPONSABILIDAD DEL NO INICIO DE
CLASES ES DEL GOBIERNO PROVINCIAL, que cerró aulas en forma ILEGAL, que no pudo,
hasta hoy al menos, decir claramente quien es el o la Coordinadora Regional de Educación
en El Bolsón.
Atado a esto, y mas allá de que Aldo Spessot afirmara públicamente
que "las condiciones estaban dadas para el normal inicio de clases",
una recorrida por los establecimientos escolares arrojó un acta de 16 páginas
de irregularidades como resultado del primer día de recorrido, en donde se
relevaron el CEM 10, la escuela 103 y la Especial 21. Esta acta esta firmada, y
con ella constatada la irregularidad, por un funcionario municipal (Aguilar) y
por el responsable de infraestructura escolar (Julio Triaca) y certifica que
ninguna de todas estas cosas que habían sido relevadas por la delegación local
de educación en julio de 2013 fue solucionada, y que por tanto, los
establecimientos no están en condiciones de funcionar normalmente y en regla.
Mientras el ensañamiento del gobierno provincial con El Bolsón
se mantiene, en el resto de la provincia, otras comunidades escolares se
levantan y luchan. En Cipoletti, la suspensión de asambleas logró que vuelvan atrás
los cierres de esa localidad. En Bariloche, el CEM 47, y escuelas rurales como
la escuela Hogar de Corralito se ponen en pie de lucha y empiezan a aparecer
mediaticamente, no aceptando el ILEGAL cierre de cargos.
“El gobierno toma el conflicto como un juego,
"decreta" aumentos del 7 por ciento, cambia la fecha de inicio de
clases a último momento, y cree que la sociedad va a aceptar el
manoseo"-comenta un docente que sostiene una pancarta- "No
vamos a permitir que el factor de ajuste sean los niños y niñas".