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Editorial de esta semana: ENredADES - Trabajamos muchas horas para cobrar salarios que no alcanzan y nos quedamos sin el tiempo para generar otras economías, otros vínculos, otras formas de organización y abastecimiento, no sólo de nuestras necesidades primarias sino también de nuestros deseos y sueños.... leer la editorial completa ....

miércoles, 5 de diciembre de 2018

AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PARA MATAR A NUESTROS PIBXS

(APL):- POSICIONAMIENTO DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS
Contra la aplicación de la pena de muerte sumaria
(Por Eduardo Soares/AGAA) “Recortar la injusticia de un sistema sólo en las medidas represivas sin darle el contexto es quitarle su verdadera razón de ser fundamental: el sistema capitalista, que mata de muchos modos y entre ellos, con gatillo fácil, pero también mata de hambre, de desprecio y de falta de futuro. No habrá paz para la guerra que nos han declarado sino reconocemos el verdadero enemigo y con él no puede haber alianza posible. Mientras tanto la Gremial, como siempre, seguirá siendo todo lo solidaria que pueda, pero sabiendo que la verdadera justicia no vendrá por ley o decreto, ni por los fallos de los jueces”. Fragmento saliente del artítulo de E.S. ante el decreto que da plena autorización a las fuerzas de Seguridad a disparar contra los más vulnerables con la impunidad garantizada por sus asesinatos.(Más abajo, texto completo de titular de la AGAA)

Una de nuestras principales premisas en el ejercicio de nuestra profesión de Abogados es justamente ligar el Derecho con la Política, o dicho de otro modo, con el cambio social. Decimos que vivimos en un sistema social y económico de los más crueles en la historia de la humanidad: el sistema capitalista. Y decimos que jamás, nunca jamás, podrá haber leyes justas, ni tribunales ni jueces, ni fiscales justos dentro de un sistema injusto. Por eso no creemos en las leyes del Estado capitalista ni en sus funcionarios judiciales.
Por eso también, hemos sido y somos solidarios con los que luchan en cualquier lugar de la Tierra, en especial con las organizaciones políticas y, particularmente, con las que deciden pelear realmente por cambios profundos y de fondo, lo que más de las veces significa necesariamente el quebrantamiento de las leyes que lo protegen.
Porque no es posible enfrentar a un sistema explotador por carta documento o dentro de sus propias legislaciones, las que están armadas para poder mantener la situación como está. Y más difícil aún, es luchar para intentar hacerse del poder del Estado para construir otro tipo de sociedad. La Gremial de Abogados y Abogadas siempre estará defendiendo a los que lo intentan.
Es desde este punto de partida que analizamos el estado de injusticia que hemos vivido en estas cuatro últimas décadas. Un Estado cuyo aparato represivo fue creciendo y consolidándose cada vez más y cuyas prácticas por fuera de los circuitos formales de la ley fue haciéndose cada vez más habitual, generando un estado de excepción que, sobre todo para determinada población, en realidad es la verdadera ley no escrita y que rige en los barrios.
Es que a medida que el sistema capitalista fue dando las vueltas de tuercas necesarias para entregar nuestro mejor patrimonio y la desigualdad fue armando una brecha cada vez mayor inédita para una historia como la nuestra fue haciéndose necesario construir los reaseguros que permitieran someter a nuestra gente para que acepte las condiciones que el nuevo orden mundial imponía
Así comenzó el genocidio lento, fundamentalmente en la población más pobre y en los más jóvenes.
Convirtieron a nuestros pibes y pibas en blancos móviles. Pibes y pibas vulnerables que ni siquiera tienen las herramientas sociales y culturales para defenderse masiva y colectivamente frente al poder económico, político y sobre todo militar del Estado capitalista.
Una generación de jóvenes (aún siendo chorros y arrasados por las drogas) que no saben —aún — defenderse con medios similares a los que son atacados.
Y la sangría continua, y continuará. Se llame Gatillo Fácil, causa armada, muerte «en ocasión de robo» o muerte de un joven mapuche, Wichí o Qom.
Nadie nos puede negar la complicidad de los jueces, fiscales y hasta defensores oficiales porque la Gremial lo ve todos los días en las incontables causas que nos tapan donde los nuestros actúan sin recursos, sin medios y frente a un poder judicial que se cree Dios.
Un Dios que ama a los poderosos y odia a los débiles y explotados.
De manera que este decreto del Gobierno avalando la impunidad de las fuerzas de Seguridad no nos extraña, ni nos sorprende, ni nos llama a alarmarnos.
Después de todo ya lo veníamos viviendo y, en todo caso, esta resolución ha venido a avalar un accionar que data de varios años con apoyo de Gobiernos y jueces.
Hasta ahora existía la parodia de juicio, donde rara vez se condenaba a alguien, y casi nunca con altas penas en relación con las atrocidades cometidas. Con garantías procesales que solo rigen para aquellos que prestan servicio al sistema.
Es probable que con este decreto se construya el camino para que ni siquiera se llegue a juicio.
Salvo esa circunstancia, no vemos que haya muchas diferencias con lo que ya ocurre.
Y pedimos disculpas por la frialdad de nuestro análisis, está basado en nuestra experiencia y la autoridad moral del accionar de la Gremial.
Porque la verdadera discusión no debería estar en ese Decreto, ni en las leyes de nuestros enemigos sino en el país que verdaderamente queremos y por el que deberíamos estar dispuestos a luchar realmente.
Recortar la injusticia de un sistema sólo en las medidas represivas sin darle el contexto es quitarle su verdadera razón de ser fundamental: el sistema capitalista, que mata de muchos modos y entre ellos, con gatillo fácil, pero también mata de hambre, de desprecio y de falta de futuro. No habrá paz para la guerra que nos han declarado sino reconocemos el verdadero enemigo y con él no puede haber alianza posible. Mientras tanto la Gremial, como siempre, seguirá siendo todo lo solidaria que pueda, pero sabiendo que la verdadera justicia no vendrá por ley o decreto, ni por los fallos de los jueces.

LICENCIA PARA MATAR

(UnTER El Bolsón).- La vergonzosa sentencia del poder judicial en el Caso de Coco Garrido y la pena de muerte sin juicio previo, establecida en el protocolo de seguridad del Gobierno de Macri:
Hoy el Juez Lozada de Bariloche,  ocho años después de producida la muerte de Coco Garrido en la Comisaría de El Bolsón, absolvió a los policías imputados Leiva y Oyarzún, ya que según la explicación del propio Juez respecto de la sentencia, no se probó durante el juicio, ni que fue un asesinato, ni que se trató de un suicidio. Cosa curiosa, porque descartado el suicidio por el propio magistrado, no queda ninguna otra posibilidad, que no sea la de  estar en presencia de un asesinato, como desde hace años denuncian su familia y abogados/as. Y ello días después del cierre francamente vergonzoso de la causa por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, cuya familia dignamente viene denunciando hace tiempo, el increíble cúmulo de pruebas y peritajes  no tenidos en cuenta, o no realizados, por parte del Juez LLeral de Rawson y la negación de este juez, el gobierno y los medios hegemónicos de comunicación, del papel de Gendarmería en su desaparición y muerte. Y por cierto, la falta de avance en la investigación del asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche a manos de un miembro de la prefectura.
Y en este contexto, el de un poder judicial que cada vez de manera más sistemática absuelve a asesinos con uniforme, el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Macri, promulga un reglamento, que significa en la práctica, una pena de muerte sin juicio previo para cualquier argentino o argentina, y a sólo criterio de los miembros de las fuerzas.
No está demás por ello alertar a toda la comunidad. El Gobierno con este reglamento para las fuerzas, legalizó el gatillo fácil en un contexto cada vez más represivo. Patricia Bullrich habilitó el uso de armas de fuego frente a cualquier “peligro inminente”, a solo criterio de las fuerzas de seguridad, inclusive por la espalda y sin necesidad de dar la voz de alto. La iniciativa se publicó ayer en el Boletín Oficial y tendrá vigencia desde hoy. El reglamento también vuelve legal disparar a una persona sobre la que luego se compruebe que tenía un arma de juguete, o bien disparar a alguien que forma parte de un grupo donde otro tiene un arma, o bien disparar a quien haga un movimiento que el policía interprete que puede ser para sacar un arma.
¿Qué considera el Gobierno de Mauricio Macri como “peligro inminente”? Lo aclara en el artículo cinco del mismo reglamento: “Se considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones, en las siguientes circunstancias”. Además de cuando la persona “actúe bajo amenaza de muerte o lesiones graves”, cita las siguientes posibilidades:
  • “Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”. En septiembre de este año, un niño de 9 años con retraso mental jugaba en la vereda de su casa con un arma de juguete. Un policía de la Bonaerense confundió el arma, se bajó del patrullero, comenzó a ahorcarlo con la remera y a golpearlo brutalmente. La madre salió a socorrerlo y el policía le dijo que debía agradecer que no había bajado con el arma. Ahora, con el nuevo reglamento de Bullrich, podrá hacerlo y disparar.
  • Otra de las causales para el uso de armas letales es “Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: 1) Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas; (...) 3) Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”. Según este último punto, la simple interpretación de un policía de que una persona podría estar por sacar un arma, bastan para responder con disparos.
  • “Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”. Nuevamente, queda a criterio del policía cuando una persona puede causar esto “sin el uso de un arma”.
  • “Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”. Queda a criterio del policía que sería “debido cumplimiento del deber”.
  • “Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
Semejante reglamento para las fuerzas de seguridad, acusadas sistemáticamente de gatillo fácil, es dar sencillamente una licencia para matar. Vulnerando todos los derechos establecidos en la constitución e incluso toda la lógica actual del código penal, que establece el uso de la violencia de las fuerzas de seguridad del estado con el criterio de legítima defensa.
Por ello decimos que, todos/as los argentinos tenemos derechos establecidos en la constitución y las leyes. Que un sector del poder judicial no puede seguir con sentencias que son insostenibles, vergonzosas, para encubrir crímenes realizados por miembros de las fuerzas de seguridad, y una afrenta para las víctimas y sus familiares. Y por ello también rechazamos abierta y enfáticamente el Estado de Excepción, que el Gobierno nacional intenta imponerle a toda la sociedad argentina, en un contexto de violencia estatal desatada, justificada arbitrariamente por el poder judicial y de carácter claramente represivo. Entendemos que, lo que está en juego, lo que pisotea este Gobierno, sus medios de comunicación aliados, y un sector del Poder Judicial, es ni más ni menos, que la democracia misma y el estado de derecho.
 COMISION DIRECTIVA UNTER EL BOLSÓN
Mónica San Martín - Secretaria Adjunta
Rubén Boisserene - Secretario Gremial