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sábado, 22 de octubre de 2011

REPUDIO A LA JUDICIALIZACIÓN DE QUIENES DENUNCIAN EL GENOCIDIO INDÍGENA

Por Rita Venturino

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011.- Osvaldo Bayer, Mariano Aielo, y quienes han participado de la realización del documental Awka Liwen, que denuncia el genocidio indígena, que llevó y lleva a cabo el estado argentino, están siendo querellados por descendientes de Martínez de Hoz, partícipe y responsable de la campaña del desierto, y mencionado en el documental.
Si bien la verdad no ofende, para quienes buscan imponer falsedades, que se los desenmascare es considerado una ofensa evidentemente, y estos Martínez de Hoz, en este caso, todavía tienen el descaro de hacerlo saber a través de la "Justicia", que si fuera tal daría juicio y castigo a ellos y a todos los responsables, desde antes hasta hoy. Que todavía se atreven a judicializar a quien reclama y denuncia.
Si la policía de Macri reprime y hostiga en acuerdo con la Policía Federal, como ha sido contra los Qom pi, y actualmente contra los voceros de los 50 mil vecinos auto convocados de asentamientos de Jujuy, que se encuentran acampando en Av. de Mayo y 9 de Julio por tierra y libertad. Donde antes estuvieron los Qom, que si fuera por las respuestas que les dieron y porque no los sacaran de prepo y procesados, para enviarlos de nuevo a padecer cosas peores que las ya denunciadas en Formosa, seguirían ahí también.
Ahora con esta judialización, se vé cómo no solo con Macri el Gobierno Nacional se da la mano, sino con los Martínez de Hoz, continuando lo que gente como ellos comenzaron y unos como otros mantienen codo a codo; y que por la resistencia que permite la sabiduría, la herencia de la experiencia de siglos en la supervivencia y convivencia con el medio, que es prueba de que debemos, observar, respetar, valorar y aprender, de las naciones originarias, no pueden culminar pero insisten. Atentando de modo permanente, por su ambición, ceguera y auto destructividad contra la especie y el medio. Causando horrores, que son la cotidianeidad de las comunidades y los excluidos del sistema. De los que intentan mantener su vida con el monte y la tierra, en su idioma, espiritualidad y cultura, dentro de lo que permite el avasallamiento constante, la necesidad que se les impone, las enfermedades, las invasiones y prohibiciones culturales, la discriminación, el plan sistemático de exterminio vigente, en fin, para que quienes lo llevan a cabo terminen, creerán, de quedarse acaparando y destruyendo todo, como si vida alguna, en el planeta pudiera resistirlo.
Los como Martínez de Hoz, prepararon el terreno, naturalizaron esas prácticas desde los ricos, poderosos y gobernantes, hacia la nacionalidad institucional planificada para la población, a través del sistema educativo, etc.; y judicializan desde sus posibilidades.
Los gobiernos actuales, todo eso, y peor, porque es menos que contra todo buen sentido, contra toda ley, derecho y tratados internacionales actuales. Con todos nuestros recursos, que administran, la fuerza represiva, de inteligencia, política, comunicacional, y ahora social a través de las organizaciones sociales, culturales, económicas y de derechos con las que negocia, financia y hegemoniza.
Cuando no actúa la judicialización institucional, agotados los recursos que comprenden verdadera tortura de muchas formas, y con todos los recursos mencionados, contra los luchadores para que desistan, actúan los Martínez de Hoz. Juntos podrían fundar ahora la sociedad paradojal argentina, que blanquee todas sus sociedades, negada con la publicidad engañosa de hacerlas pasar por contradictorias, cuando son a través de las que con tanta "inteligencia", como dice la Presidenta que significa tener la humana, viva, torpe e ignorante "habilidad", pretenden negociar lo innegociable, que significa la muerte, en la que siquiera seremos iguales que semejantes crápulas, que si no respetan la naturaleza que son, y en la tierra que se los permite, no se puede entender si es que son extraterrestres o que se crean qué. Pero es un grado de desquicio peligrosísimo que merece aislamiento, cuanto menos.
Y que repudien de palabra todo lo que quieran, con eso no alcanza para tapar crímenes contra la humanidad, a naturaleza, la vida, que no son frases, son cotidianeidad de mucho dolor para muchos, que no son otros, somos nosotros, y no podemos ya no sentirlo, no temer, porque ya no hay a lo que aferrarse que justifique dejarlo pasar, para que continúe peor, y movilizarnos.
Participaron del apoyo a Osvaldo y los que se suman a padecer tal judicialización, quienes denuncian y son víctimas del plan sistemático de exterminio vigente.
Aquí las fotos, y en los videos la palabra de Félix Díaz, Qharase de la Comunidad Qom, Potae Napocna Navogoh, de La Primavera, Formosa. Y la música del Niyat Wichí Mansilla, de Sauzalito, Chaco, que a partir de hoy comienza frente al Congreso nacional, un campamento para reclamar por su territorio en la actual provincia de Chaco.

JUSTICIA DE MADRYN ANULÓ DESALOJO A FAMILIA PICHALAO

Por Eduardo Hualpa

20 de octubre de 2011.- El desalojo de la familia mapuche Pichalao, ordenado a mediados de los noventa, fue anulado por una sentencia del Juzgado Civil de Puerto Madryn que fue difundida por el Equipo de Pastoral Aborigen (ENDEPA). El caso generó enorme malestar en las comunidades de la Meseta Centro Norte de Chubut, cuando a partir del año 1994, otra sentencia del mismo Juzgado ordenó el desalojo de los Pichalao, que son ocupantes ancestrales de las tierras en el Paraje Sacanana, cerca de Gan Gan, Chubut.
Según Angel Callupil, de ENDEPA, "La historia refleja un caso típico del despojo con maniobras jurídicas que por suerte se han desarmado, pero cuantos otros paisanos siguen sufriendo estas injusticias en toda la Provincia ". El origen del intento de despojo se remonta al año 1980, cuando un comerciante hizo firmar a Don Fortunato Pichalao, ya fallecido, una escritura pública que lo autorizaba a disponer de sus bienes. Con este instrumento del que los Pichalao nada sabían, el comerciante vendió el campo, aunque los Pichalao nunca se retiraron ni abandonaron el lugar. Luego el comprador inició el juicio de desalojo, en el que la familia mapuche no tuvo defensa alguna, y la sentencia quedó "firme", es decir que pasaron los plazos para cualquier recurso. Aquí apareció el asesoramiento de la Pastoral Aborigen , de la mano del Padre Lucio Sabatti y religiosas radicadas en Gan Gan y se inició un nuevo juicio para intentar anular el proceso de desalojo.
Así, luego de más de trece años de lucha, la familia Pichalao obtiene la justicia y aunque no la pudo ver Don Fortunato y Doña Erena Cual, si la podrán disfrutar sus descendientes.
La sentencia fue dictada por la Jueza Civil y Comercial de Puerto Madryn Dra. María Laura Eroles y entre sus fundamentos principales, se menciona la vinculación de los Pichalao con la tierra y su desconocimiento y desconfianza del sistema institucional, particularmente del Instituto de Tierras (IAC): "...resulta claro que, tanto Fortunato Pichalao como Erena Cual eran analfabetos. Ni siquiera sabían firmar, estampando su pulgar a modo de identificación. No habían concurrido a la escuela, desconocen la fecha de su nacimiento y han vivido desde niños en un paraje aislado de centros urbanos, lo que hace suponer también que desconocían o incomprendían el sistema burocrático occidental, percibiendo, tal como lo señalan los testigos, al Instituto Autárquico de esta provincia como un organismo peligroso, del que debían desconfiar, pues intentaba privarlo de sus tierras...

Fuente: Puerta E.

XVII ENCUENTRO DE LA UAC EN BUENOS AIRES

Argentina (Unión de Asambleas Ciudadanas).- Se viene el XVII Encuentro de la UAC, que se realizará del 25 al 28 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los días viernes 25 y sábado 26, nos encontraremos en la Plaza de los dos Congresos, en Capital Federal. El cronograma durantes esos días, será el siguiente:

Viernes 25
Tempranito armado de feria de problemáticas socioambientales y productos orgánicos
10 a 12hs Talleres (simultáneos)
12hs Entrega de la Agenda Popular Socioambiental
15 a 17hs Panel-Debate
17 a 19hs Panel-Debate
20hs Festival

Sábado 26
10 a 12hs Panel-Debate
12hs Taller
16hs Concentración con actividades culturales
17hs Marcha

En paralelo a estas actividades, por un lado, se montará en la plaza una feria en la que las organizaciones podrán disponer los materiales necesarios para visibilizar sus problemáticas y luchas. Por el otro, se realizarán actividades artísticas que acompañen, desde otros lenguajes, la exposición de problemáticas socioambientales.
Luego de la marcha, nos trasladaremos a la Universidad de Luján, donde realizaremos el resto del encuentro, el domingo 27 y el lunes 28. Hemos decidido trasladarnos a la Universidad en estos días, debido no sólo a la disponibilidad de infraestructura para la realización de nuestras actividades (talleres, plenario, alojamiento y alimentación), sino también porque que lo/as compañero/as de Luján están poniendo todo su esfuerzo para garantizar cada uno de los detalles que hacen a la realización de nuestro encuentro. También, consideramos que el sitio de la universidad, rodeado de espacio parquizado, es un espacio ameno y cómodo que asegura las mejores condiciones para el trabajo de reflexión que la UAC requiere.
Para la tranquilidad de quienes viajarán al encuentro, tenemos previsto garantizar y priorizar el traslado desde Congreso a Luján, de los compañeros y compañeras que hayan viajado de las provincias, al igual que estamos gestionando la búsqueda de alojamientos. Para trabajar mejor respecto de estos temas, les pedimos a todas las organizaciones que, a medida que vayan sabiendo la cantidad de personas que van a viajar, nos avisen a los fines de operativizar la búsqueda.
Además, les pedimos a cada una de las organizaciones que nos confirmen si quieren utilizar un stand en la feria y qué materiales (además de la infraestructura del stand) requerirán para su disposición. Desde ya, si existieran dificultades para el traslado de alguna de las organizaciones, les pedimos que nos digan si estarían dispuestos a enviarnos materiales para que nosotro/as mismos nos encarguemos de disponer y hacer presentes sus problemáticas en la feria.
En su momento enviaremos más detalles sobre los talleres y metodologías para las comisiones. Esperamos que puedan mandar sus impresiones u opinar sobre cualquier aspecto que crean importante para esta próxima UAC.
Por último, les comentamos a aquello/as compañero/as que viajarán el sábado que, si desean dirigirse directamente a la Universidad de Luján, les pasaremos toda la data necesaria.

COLECTIVOS ORGANIZADORES:
Asamblea Reserva de la Biósfera Pereyra Iraola.
Cátedra Libre Soberanía Alimentaria UNLP
Cooperativa Santa Helena
Asamblea de Villa Elisa
Asociación de Apicultores
Movimiento Estudiantil Liberación
MPR Quebracho
CTD Aníbal Verón
MAPU (Espacio de Estudio de los Bienes Comunes y Saqueo)
Centro de Estudiantes de Cs. Naturales y Museo UNLP
Foro por la Salud y Ambiente de Vicente López.
Frente Universitario de Luján.
COMPA (Espacio Chico Mendes, Juventud Rebelde 20 de diciembre, Frente Popular Darío Santillán, Socialismo Libertario)
Biblioteca Las Vueltas del Caracol.
Asamblea Vecinos Autoconvocados Ciudad Evita.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Pañuelos en Rebeldía.
Asamblea de Bernal.
Tinta Verde.
Unidos por el Río
La mala educación
Amigos de la Tierra
ORCOPO
Asamblea por el no a la subestación de Rigolleau, Berazategui
COPEA
Comunidad Charrua Basquade Inchala, integra la Co.Na.Cha,Consejo de la Nacion Charrua del Uruguay

TALLER EN ZAPALA: "LOS JUICIOS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR"

El Bolsón (ANPP).- Los próximos 28 y 29 de octubre, en la ciudad de Zapala, se desarrollará el curso-taller "Los juicios por la Verdad y la Justicia en el ámbito escolar".
Está destinado a docentes de todos los niveles, estudiantes de carreras docentes y educadores no formales.
La sede de estos encuentros será la Escuela Provincial de Títeres, Gobernador Anaya y Durán, Zapala.
Organizan APDH, I.F.D. Nº 12 y Centro Cultural La Estrella.
Incripciones al correo electrónico jornadajuicio@yahoo.com.ar.

Fuente: La Colectiva Chapal.

LOS MEDIOS COMUNITARIOS, POPULARES Y ALTERNATIVOS SOMOS COMUNICACIÓN

A dos años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Coordinadora en defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (CoorDeCCAP) lanzó la campaña nacional “SOMOS COMUNICACIÓN”, que reivindica el rol de los medios comunitarios, alternativos y populares como garantes en el logro de una verdadera democratización de la comunicación.

Buenos Airs (Red Eco).- CoorDeCCAP manifestó oportunamente que “la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se garantizan no sólo evitando cualquier tipo de monopolio (privado o estatal) sino resguardando los derechos de todos los sectores…”
A dos años de la sanción de la ley, no sólo no se ha desregulado el manejo monopólico de los medios de comunicación privada, sino que se ha avanzado desde el Estado a conformar otro grupo mediático afín o directamente pertenecientes al Gobierno nacional. Mientras tanto, los Medios Comunitarios Alternativos y Populares siguen sin ser reconocidos en su realidad, identidad y prácticas, exigiéndole asimismo requisitos legales, técnicos y económicos que no tienen que ver con las características de los mismos.
Si bien algunos de ellos han logrado cumplir con lo establecido por la autoridad de aplicación (AFSCA), sus derechos siguen siendo vulnerados en beneficio de medios comerciales y/o alineados tanto con el gobierno nacional, como los provinciales.
En este sentido, afirman que seguirán luchando para que se respete el derecho a la comunicación, defendiendo la legitimidad y la práctica de los medios alternativos y comunitarios frente a cualquier exclusión por parte del Estado y los grandes multimedios y acompañando asimismo las luchas de los trabajadores de prensa de los medios comerciales.

Voceros de CoorDeCCAP: Fernando Tebele 15-4935-1496 / Mariano Randazzo 15-5796-7187 / Nicolás Scipioni 15-4936-5453
Prensa: Fabiana Arencibia 15-6350-8859 / Luis Angió 15-5709-2692 o 15-3212-7027

ELPUEBLO DE RÍO NEGRO LE DICE NO AL ACUERDO CON CHINA

La Procuradora General, Liliana Piccinini, recomendó declarar inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo provincial que ratifica el acuerdo agroalimentario con China y que fuera cuestionado por la legisladora Silvia Horne (PJ) por medio de un recurso de amparo. Esto se suma a las innumerables organizaciones ecologistas, productores, gremios, profesionales, estudiantes y vecinos en el Valle Medio quienes el último fin de semana se reunieron para decir no a este acuerdo.

Por Noelia Carrazana

Río Negro (Red Eco).- Las organizaciones sociales y ecologistas de la provincia aseguran que en realidad el acuerdo pretende que todos aquellos pequeños productores y campesinos arrienden la tierra a China, yéndose a vivir a los cordones de las grandes ciudades. Perdiéndose así la posibilidad de elección de los pocos campesinos y aborígenes que aun resisten en sus territorios ancestrales y que eligen esa forma de relación con la Pachamama. Desaparecerían así la pequeña vida campesina por un proyecto productivo a nivel agroindustrial y bajo las necesidades de un país asiático.
Por su parte la titular de la Procuración dictaminó en el amparo caratulado: “Horne Silvia Renee s/ Acción de Amparo (Art. 42 C. Pcial)”, recomendando al Superior Tribunal de Justicia declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1332, de fecha 13.9.2011, publicado en el Boletín Oficial Nº 4968, de fecha 15.9.2011, en tanto el mismo ha sido dictado en exceso de las facultades que la Constitución confiere al Poder Ejecutivo.
También hizo lugar parcialmente a la acción presentada ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dar cumplimiento al art. 181 inc.13 de la C. Pcial., dando el necesario y previo conocimiento a la Legislatura de las pautas del “Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agro Alimentario”, el “Convenio de Cooperación para la presentación de una propuesta de inversión para la instalación de una nueva Terminal portuaria en el área del Puerto de San Antonio Este” y Anexo suscriptos entre la Provincia de Río Negro y Heilongjiang Beidahuang State Faros Business Trade Group CO Limitada; dejando a la posterior ratificación de los Representantes del Pueblo rionegrino.
Piccinini sostiene que el decreto del Poder Ejecutivo por el que ratifica el convenio con una empresa estatal extranjera, el cual contiene un objeto y el abordaje de una temática tan trascendente como la de la producción, el agua, la cesión de tierras sin cargo, el compromiso de promover la exención impositiva y la afectación de tierras costeras para la construcción de un puerto a medida de los requerimientos de la empresa estatal extranjera, concesionado su uso por 50 años prorrogables por idéntico período; es un asunto que excede las competencias de este Poder y que debe pasar por la Legislatura.
Agrega que en lo que respecta a la extranjerización (venta, permisos de tenencia o concesionado a manos privadas o estatales extranjeras) deberá tenerse en cuenta el siguiente concepto de “Zonas de Seguridad” que se crean en 1944 como parte de la defensa nacional en materia territorial, específicamente, para las áreas de frontera.
Las organizaciones reunidas el último fin de semana proponen una política de soberanía alimentaria socialmente distribuida, es decir sin agronegocios ni monocultivos y libre de transgénicos para lograr la diversificación de alimentos, en defensa de la economía regional. Proponen sustituir los cerca de 700 millones de dólares al año que gasta la población de la provincia en alimentos y bebidas -"generalmente chatarra", afirman- con redes productivas y mercados locales.
Indicaron que “delegar a corporaciones qué se produce, cómo, para quién y a qué precio y condiciones se comercializa no es una opción, ya que mientras en Europa discuten cómo manejar su crisis financiera, nuestro blindaje concreto es recuperar protagonismo económico, recuperando la autonomía, la productividad y la creatividad social, de abajo hacia arriba y no al revés". Creen que ofreciendo un horizonte a quienes trabajan, con encuentros productivos, comercio local y educación integrada a una región se puede "sustituir el modelo extractivo actual por una economía socialmente justa y ecológica, basada en mercados locales".
Y esto no es un simple parecer de personas que están en contra del modelo del monocultivo, sino que también existen datos que corroboran sus denuncias. Javier Lewkowicz escribió en el diario Página 12 que “los excedentes de capital que inflan los precios de la tierra y las propiedades, en gran medida son los que deja el agronegocio”. El dato en el que se basa es que según cifras oficiales, en el país hay 2.500.000 de viviendas deshabitadas. En la Ciudad de Buenos Aires, las unidades desocupadas llegan a 341mil, equivalentes al 25 por ciento del total”.

Fuentes: ADN, Pagina 12

MULTITUDINARIA MARCHA POR JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE MARIANO

Al cumplirse un año del crimen de Mariano Ferreyra, militante del Po asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria, 40 mil personas marcharon hacia la Plaza de Mayo para reclamar por el juicio y castigo a todos los responsables; la patota sindical, la policía que liberó la zona y los empresarios que licenciaron a los trabajadores en complicidad con el Gremio. El acto de cierre estuvo atravesado también por el reclamo de justicia por la decena de militantes asesinados durante el último año.

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011 (Red Eco).- Cuando comenzó el acto con el que culminó la movilización en ocasión del primer aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra, pasadas las 8 de la noche, todavía varias columnas marchaban por la Avenida de Mayo y seguían ingresando a la Plaza. Como ocurrió hace un año atrás, el día posterior al asesinato de Mariano, alrededor de 40 mil personas se congregaron en Plaza Congreso y de allí movilizaron al epicentro político del país para reclamar juicio y castigo a los responsables materiales, intelectuales y políticos del crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, hecho ocurrido en un brutal ataque perpetrado por una patota de la Unión Ferroviaria a un grupo de despedidos y tercerizados del Ferrocarril Roca que exigían el pase a planta y a militantes de diversas organizaciones sociales que apoyaban este reclamo. En aquel ataque del 20 de octubre de 2010 también fue herida gravemente de un tiro en la cabeza Elsa Rodríguez, quien atraviesa una lenta y ardua recuperación, y los militantes Nelson Aguirre y Ariel Pinto.
La marcha la encabezaba una larga bandera que rezaba “Mariano Ferreyra presente. Juicio y Castigo a los responsables”. Detrás de ella caminaban referentes y políticos de distintas organizaciones; allí estaban Elia Espén y Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora; Victoria Moyano, nieta recuperada, Carlos Chile, secretario general de CTA Capital y Pablo Miceli, titular de CTA Nacional; dirigentes de los partidos que integran el Frente de Izquierda como Christian Castillo y José Montes (PTS), Jorge Altamira y Gabriel Solano (PO), José Castillo (IS); Hector Heberling del MAS, Vilma Ripoll (MST), y dirigentes ferroviarios como Rubén “Pollo” Sobrero y Edgardo Reynoso, entre otros.
Detrás se encolumnaron decenas de banderas de agrupaciones sindicales y comisiones internas, la FUBA y la FULP (La Plata), CTA Capital, Centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles, partidos como PO, PTS, Izquierda Socialista, MST, Libres del Sur, Mas, organizaciones territoriales como el MTL, la CCC, y centenares de trabajadores y militantes “de a pie”, que volvieron a salir a la calle al cumplirse el primer año del crimen de un joven compañero que, más allá de su pertenencia partidaria, fue un duro golpe a todo el campo popular y el movimiento obrero, y sobretodo a la juventud que se organiza.
El acto en el escenario montado de espaldas a la Casa Rosada se inició con la lectura de la decena de organizaciones adherentes y de las cartas redactadas por un primo de Mariano y por Beatriz, su mamá, quien agradecía el apoyo popular y refrendaba el pedido de justicia por el crimen de su hijo. Luego se leyó el documento consensuado por las organizaciones convocantes.
“A un año del asesinato de Mariano Ferreyra y de las gravísimas heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes, en un país donde la mayoría de los crímenes contra el pueblo quedan impunes, la inmensa movilización popular logró encarcelar a José Pedraza y a la patota que bajo sus órdenes perpetró el asesinato” arrancó la oradora que leyó el documento. En el mismo se repasaron las circunstancias del asesinato y las implicancias políticas del mismo; se señalaron también las responsabilidades de la cúpula de la Unión Ferroviaria, encarnada en José Pedraza y su segundo, Juan Carlos Fernández, pero también se exigió llegar hasta el final en la cadena de responsabilidades, se explicitaron las responsabilidades de los policías que liberaron la zona y dejaron vía libre a los atacantes para disparar y luego huir impunemente, y de la empresa UGOFE, gerenciadora del Ferrocarril, que licenció a más de 100 trabajadores para que pudieran formar parte de la patota que atacó a los tercerizados con el objetivo de defender sus intereses económicos y los negociados con la propia empresa. También se señalaron los vínculos entre la dirigencia de la UF y funcionarios del Estado nacional, como el subsecretario de transporte ferroviario Antonio Luna, hombre fuerte del gremio La Fraternidad, de íntimas relaciones políticas con Pedraza. Se denunció también que la Comisión Directiva de La Fraternidad que encubre al número 4 del gremio, acusado de pertenecer al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea entre 1974 y 1980.
El documento recorrió también algunos acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de este último año, en los que cayeron bajo las balas policiales una decena de militantes populares como los hermanos QOM de la comunidad La Primavera de Formosa, asesinados por la policía del gobernador kirchnerista GIldo Insfrán; los 3 muertos en la ocupación del Parque Indoamericano, que fueron asesinados en el marco de una operación conjunta entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana de Mauricio Macri y por último los caídos en la represión de la policía jujeña en el Ingenio Ledesma. Todos estos crímenes continúan impunes.
Por último se repudió la política de criminalización y judicialización llevada adelante por el Gobierno Nacional y la Justicia contra cientos luchadores populares, atacados por las empresas y las patotas, y procesados por cortar vías y rutas, realizar asambleas y defender derechos populares. El caso más resonante de los últimos tiempos fue la detención de Rubén “Pollo” Sobrero y un grupo de ferroviarios, acusados falazmente de la quema de vagones del Ferrocarril Sarmiento. Se reclamó por la libertad de Víctor Oñate, trabajador petrolero de Santa Cruz , Carlos Olivera, dirigente del SITRAIC, ambos detenidos por causa armadas y Karina Germano, militante de H.I.J.O.S. acusada de un acto terrorista que nunca cometió, y el desprocesamiento de todos los luchadores populares.
El acto culminó con un enérgico reclamo de juicio y castigo a todos los responsables materiales, políticos y empresariales del asesinato de Ferreyra y las graves heridas de Elsa, Pinto y Aguirre. Con la plaza colmada de banderas, con miles de rostros conmovidos y cientos de miradas visiblemente empañadas por el llanto y la emoción, los miles que se mantenían de pie en la Plaza de Mayo levantaron su puño para gritar bien fuerte que Mariano Ferreyra está y estará presente, ahora y siempre.

WIÑOY TAYIÑ XEKAN, 2do PROGRAMA DE RADIO MAPUCHE

(Wiñoy Tayiñ Xekan).- Edición del 19 de octubre del Programa de radio Mapuche Wiñoy Tayiñ Xekan.
Contenidos:
1.- NEUQUEN: FESTIVAL NACIONAL DE CINE INDIGENA EN PATAGONIA
El domingo 16 de octubre finalizó el 1er Festival de Cine Indígena en Patagonia. Comenzó el martes 11 y durante los 5 días del encuentro se proyectaron 19 películas, participaron del concurso 50 films y se realizaron paneles de debate en los que siempre estuvo presente la visión Mapuche sobre cada tema.
- REPORTE FARCO de Marcelo Pascuccio, Radio Universidad Calf de Neuquén.
-RELMU ÑANCO: Werken de la Zona Centro de la Confederación Mapuche, una de las participantes del 2do panel sobre “Genocidios, Resistencia y Proyección de los Pueblos Originarios”.
-MARIA PICIÑAM: Integrante del Centro de Educación Mapuce “Norgvbamtuleayiñ” expuso en el panel “Lucha y Sabiduría de las Mujeres Indígenas”. Explicó que desde la Cosmovisión Mapuche tienen una concepción dual en el tiempo y el espacio. Tenemos que recordar que estamos reivindicando nuestro derecho de ser mujer desde el colectivo". Musica: SOMUNCURA “Quimey Neuquen”.
2.- CASO MATIAS CATRILEO WEICHAFE ASESINADO POR EL ESTADO
-Monica Quezada (madre de Matias)
-Catalina Catrileo Quezada (hermana de Matias)
- Abogado
Musica: PU KUTRI ÑUKE “Amuleaiñ tain Weichan”
3.- POESIA MAPUCHE: RAYEN KVYEH - Mapuche mujer y poeta
- "Cascada de flores"
- "Valdivia / Lautaro"
Musica: LEMUN ANTU “Nguillatun por la muerte de Valdivia”
4.- CHUBUT: EXPANSION DE LAS FRONTERAS HIDROCARBURIFERAS Y MINERAS - 1er Trawun Mapuche, Campesino y de la Sociedad Civil
Sectores Mapuche, campesinos y residentes urbanos de El Maitén confluyeron en un primer Trawün el fin de semana, para empaparse de información sobre las consecuencias que tendría el avance petrolero en derredor de esa localidad chubutense. Mauro Millán, integrante del colectivo radial Petu Mogeleiñ, anunció en Radio El Arka que solicitarán precisiones a las autoridades provinciales pero que “la espera no será pasiva”. Trajo a colación que en Neuquén, las comunidades mapuches vecinas de petroleras se están quedando sin aguadas. Musica: GRUPO PIREN “Plagaria de la guitarra”
5.- RECONOCIMIENTO DE DDHH A PATRICIA TRONCOSO - PRISIONERA POLITICA MAPUCHE Patricia Troncoso, con su palabra humilde, sencilla pero a su vez firme, no hace demasiado alarde del premio internacional de la paz que este fin de semana le entregó la Oficina de Políticas por la Paz de la comuna de Ferrara, en colaboración con "Las Casas de los Ángeles de Daniel", organización de derechos humanos. Incluso señala que ese premio lo rechazó al principio por que la lucha de ella y otras decenas de Mapuche encarcelados y torturados solo es el deber y la obligación que se tiene como Mapuche el ser protagonistas del proceso de recuperación territorial que ha sido invadido y usurpado por las empresas mineras, forestales y ahora de los megaproyectos hidroeléctricos en territorio ancestral. A Italia viajó en su representación su compañero de lucha, el werken Jose Llanquileo de la comunidad Juana Millahual de Rucañanko. Musica: PECADOR “La verdad que no se cuenta”
6.- AUDIO: CONVENIO 169 de la OIT CONSULTA y PARTICIPACION Micro elaborado por el CPR, sobre el abordaje del tema de la consulta y la participación que hace el Convenio 169 de la OIT de derechos de los Pueblos Originarios.
7.- RIO NEGRO: ESCRACHE MAPUCHE A UN JUEZ USURPADOR En la mañana de este jueves 13, en el acceso a la sede de los tribunales de Fiske Menuco (hoy ciudad de Gral Roca), el Consejo A. Indigena (CAI) junto con representantes de nueve comunidades denunciaron la responsabilidad directa y personal del juez de Cámara del Trabajo de Roca, Carlos Larroulet en el despojo y persecución física y judicial contra la comunidad Loncón de Comallo. Ademas, los Mapuche plantearon al conjunto de la sociedad debatir las formas concretas en que el poder judicial de Río Negro interviene en el despojo del Territorio Ancestral Mapuche. Musica: LA LELOS BAND “Nacion Mapuche”.
"Wiñoy Tayiñ Xekan..." transmite desde el histórico Territorio Antiguo del Longko Valentin Sayhueque recorriendo nuestro WallMapu (Territorio Ancestral Mapuche en Lucha de mar a mar) una vez a la semana. Es una propuesta Autonoma y Autogestionada de Komunikación MapuChe para radio de 2hs.

Enlace: http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=2981&Itemid=3

REPRESIÓN EN TRELEW A COMPAÑEROS QUE LUCHAN POR SU VIVIENDA Y POR UNA VIDA DIGNA

Trelew (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).- En la ciudad de Trelew, y a menos de dos días de que el gobierno supuestamente “nacional y popular” vuelva a ganar otras elecciones, los compañeros de nuestro pueblo han vuelto a sufrir la represión.
Miembros del Movimiento “28 de Agosto” y más de cien compañeros que luchan por el derecho a una vivienda digna y que vienen desde hace meses reclamando por los servicios y por condiciones dignas de vida, sufrieron un nuevo ataque. Mientras cortaban la ruta provincial Nº 25 desde hacía más de 12 horas sin lograr respuestas ni de las autoridades municipales ni de las provinciales, alrededor de la 1 de la mañana del día 22 de octubre un auto embistió uno de los piquetes, atropellando a un compañero que aparentemente no sufrió más que heridas leves, pero que podría haber perdido su vida de no ser por la rápida acción de los compañeros que frenaron el auto agresor.
La policía provincial, en lugar de arrestar al conductor del auto, la emprendió contra los compañeros: al menos dos de ellos sufrieron heridas de balas de goma. El compañero atropellado ahora está en el hospital y esperamos novedades sobre su estado de salud.
El corte se mantuvo, redoblando la lucha por la justicia y por la dignidad. Mientras todos los políticos del sistema sólo piensan en los votos y calculan sus negocios, nosotros seguimos luchando.
Denunciamos que en la tierra del candidato a vice presidente por Duhalde, Mario Das Neves, y del ahora “kirchnerista”, el intendente Gustavo MacKharty, el pueblo sigue sufriendo la represión y los poderosos siguen pretendiendo matarnos por luchar. Mañana junto a todas las organizaciones solidarias estaremos marchando ante el municipio de Trelew para continuar esta lucha, que no se detendrá ante nada ni ante nadie.

SENTENCIA DEL JUICIO ÉTICO Y POPULAR A LAS TRANSNACIONALES EN LA PATAGONIA (2da parte)

También se hizo una explícita denuncia contra el CODEMA (Consejo de Medio Ambiente) de la provincia de Río Negro, por la suspensión infundada de la Audiencia Pública por el Tren de Potasio, convocada para el 20 de diciembre de 2010 en Chinchinales, y por no responder al pedido de acceso a la información sobre el expediente correspondiente, solicitado por Ecosur y Foperma. Se ha constatado, además, que en el Resumen Ejecutivo por el Tren de Potasio, entregado para la Audiencia Pública convocada por el CODEMA, son evidentes los errores en la caracterización del territorio recorrido por las vías férreas y la manipulación de datos, incumpliendo de esta forma las normas básicas de presentación de la información de Evaluación de Impacto Ambiental.
-La complicidad que podemos definir como estructural entre estado y empresas se visualiza, además, en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las empresas petroleras y mineras como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades, cuando en realidad lo único que se “desarrolla” realmente son las ganancias de las empresas, que entablan alianzas estratégicas con los estados provinciales que se convierten en garantes de la impunidad con la que operan para mercantilizar la vida y los territorios.
-También se ha evidenciado la inacción de los poderes políticos locales frente al comportamiento de las empresas transnacionales, tal como se desprende del informe presentado por la fiscalía del caso PAS al relatar que fue una jueza canadiense la que dispuso el cambio de titularidad de un dominio originario de la provincia de Chubut, sin ninguna intervención de autoridades provinciales. Citamos: “¿Con qué autoridad se pasa por encima de la soberanía argentina? Ni la dirección de Minas y Geología de Chubut, ni funcionario alguno, han emitido el menor comentario sobre el particular. ¿Quién debe velar, acaso, por la integridad de nuestro patrimonio?”.
-En relación a la industria petrolera, las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolo del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.
-La connivencia entre las políticas de estado y los intereses de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los funcionarios locales, también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), como la construcción del Tren de Potasio y la ampliación y concesión de la terminal portuaria, infraestructura necesaria para trasladar la producción de la empresa Vale SA. desde el área de explotación al puerto de exportación hacia Brasil. Estos proyectos de infraestructura facilitan el saqueo de las empresas transnacionales y en el caso de Vale, esta empresa se ve favorecida por los grandes tendidos eléctricos (caso de la Línea Comahue-Cuyo) hasta las bocas de las explotaciones; la construcción de la represa Chihuidos I, con garantías del Anses y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Brasil; la ampliación de la Ruta Nacional 22, en el área de conexión con el ferrocarril de Potasio, los accesos ferroviarios al puerto y rotondas; el asfalto de la Ruta Nacional 40 en el tramo límite de la provincia de Neuquén hasta Malargüe; la remodelación de accesos a la ciudad de Bahía Blanca; y la ampliación del puerto de Ingeniero White. A estas obras de infraestructura se agregan otras que favorecen a las corporaciones en general como la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de megaobras costeadas por los gobiernos, a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.
-La complicidad de los medios masivos de comunicación con las empresas es observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y la recuperación de las golpeadas economías provinciales, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya comenzó la explotación extractivista.
-La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas y/o aceptando fondos provenientes de empresas mineras que contaminan nuestros territorios. De esta forma, se produce una colonización de la producción científica por parte de intereses privados, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable a los intereses transnacionales.
A su vez, este tribunal ha verificado la ejecución de las siguientes estrategias empresariales implementadas con el objetivo de maximizar sus ganancias y profundizar el modelo neoextractivista imperante:
-La articulación entre diferentes explotaciones extractivas que permiten consolidar el modelo económico imperante, como el acuerdo Vale-Repsol, para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, ya que las tierras de ese país carecen de potasio, que es utilizado como fertilizante, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto colabora con el desmonte de la zona amazónica y el Matto Grosso, y junto con ello, con la desertificación de uno de los pulmones del mundo.
-Las empresas transnacionales implementan la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos y programas comunitarios que les permiten realizar un lavado verde de su imagen y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo respecto de las poblaciones afectadas por sus explotaciones. Un ejemplo es el rol que cumple la Fundación Cruzada Patagónica que posee dos establecimientos educativos y cuenta con el aporte económico de varias petroleras, entre ellas YPF y PAE. Paradójicamente, varios de los niño/as que concurren a esos establecimientos educativos provienen de las comunidades que son afectadas por la explotación de hidrocarburos.
En el caso de PAS, la compra de voluntades de los integrantes de las comunidades mapuche quedó de manifiesto en la última actualización del Informe de Impacto Ambiental, en la cual se proponen como lineamientos de acción establecer canales de comunicación con los grupos opuestos a la actividad minera, realizar convenios sobre la base del reconocimiento de la identidad étnica, continuar con el programa de mejoramientos de las comunidades y el de información, participación y consulta. Estas políticas, que buscan la licencia social para las empresas, se desarrollan a partir del conocimiento de que esas comunidades han participado de todas las asambleas y marchas que se realizan desde 2009 en contra del proyecto.
La empresa transnacional Vale también tiene iniciativas de intervención social sobre las poblaciones indígenas y campesinas afectadas en sus territorios por las explotaciones mineras; entre esas iniciativas se encuentran programas de salud y asistencia social aplicados en comunidades indígenas de distintos estados brasileños donde opera la empresa.
-Otro aspecto a destacar de la RSE son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas, desarrollados por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. De esta manera, se generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance colonizador de estas especies exóticas.
A su vez, la empresa Vale Florestar SA promueve también la reforestación con especies nativas y exóticas en áreas degradadas. Esta empresa subsidiaria de la Vale actúa en áreas de la región amazónica donde la expansión de actividades “productivas” acarrea el desmonte de la vegetación.
-Las empresas transnacionales poseen fundaciones que realizan donaciones a instituciones públicas y asociaciones civiles, con el propósito de lograr la licencia social necesaria para operar en los territorios. En el caso de YPF, esta empresa ha financiado encuentros de conservacionismo y proyectos de protección de áreas protegidas, además de intervenir en el área de la cultura a través del YPF Destino Rock (concurso de rock para bandas en ascenso).
A su vez, la Fundación Vale sirve a la empresa para desarrollar y financiar programas que promueven la “sustentabilidad” de la minería en los territorios en los que actúa, así como políticas destinadas al desarrollo integral de la juventud con programas educativos para adolescentes.
-Entre las estrategias implementadas por las empresas se destaca la criminalización y judicialización de la protesta social, la represión y las amenazas ejercidas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Es la respuesta empresarial, con el apoyo y la complicidad de los organismos estatales, al surgimiento de resistencias populares por parte de asambleas y foros socioambientales, comunidades de pueblos originarios y poblaciones afectadas, que han implementado diversas formas de lucha contra el avance de las corporaciones transnacionales, como bloqueo del ingreso de las empresas a sus territorios, paralización de sus actividades, cortes de ruta, denuncias públicas y judiciales por casos de contaminación probada o probable, entre otras. A su vez, esas resistencias y los cuestionamientos a las empresas han generado el surgimiento de espacios de articulación de organizaciones y movimientos populares de distintas regiones del mundo, como es el caso de Afectados por la Vale.
En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche, por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén. En algunos casos, la justicia ordinaria ha fallado a favor de las comunidades como en el conflicto entre la Petrolera Piedra del Águila y la comunidad Wenctru Trawel Leufú, de Picún Leufú, en el cual el amparo presentado por la empresa para poder entrar en la comunidad fue rechazado por la justicia invocando el derecho a la consulta, contenido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
-Acompañando a estas estrategias, también se viene implementando la militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto fuerzas de seguridad públicas como privadas, demostrando nuevamente la complicidad de los poderes políticos en la defensa de los intereses empresariales, al poner al servicio de esos intereses las fuerzas de seguridad públicas que deberían proteger los derechos de las poblaciones a una vida digna.
En el caso de las empresas petroleras, se viene dando un despliegue de las fuerzas de seguridad para reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. A su vez, en la provincia de Neuquén se han movilizado patotas vinculadas al sindicato petrolero y al Movimiento Popular Neuquino para reprimir demandas sociales en general y demandas del pueblo mapuche en particular.
Con estas denuncias como guía, este tribunal propone para aquellas corporaciones que vienen actuando en las etapas de prospección, exploración y explotación de yacimientos:
-Trabajar en la creación de una instancia judicial ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, además de la obligada remediación de las labores extractivas.
-Demandar al estado argentino y los gobiernos provinciales para que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren un acceso rápido y eficiente a la justicia y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que impulsen que el sistema judicial lleve a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades; que apliquen medidas que permitan respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de los actores sociales en general y de los pueblos indígenas en particular, así como el principio precautorio, cuando se intenten proyectar inversiones de capitales y políticas de desarrollo que puedan producir efectos negativos sobre el territorio y los derechos de las poblaciones; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.
-Solicitar la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios, que no hayan sido sometidos al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, con el objetivo de respetar las normas internacionales que defienden sus derechos y que fueron ratificadas en nuestro país.
-Suspender los megaproyectos referidos a megaminería, explotación de hidrocarburos y desarrollo de monocultivos, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.
A su vez, este tribunal resuelve:
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, como antiético y violatorio de los derechos humanos, al modelo neoextractivista y productivo que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales uno de sus principales protagonistas. La promiscuidad del modelo extractivo minero impacta ferozmente en ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y explotación, con el sistema “a cielo abierto” y brebajes químicos, reactivos tóxicos de lixiviación, que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y cuencas hidrográficas no renovables.
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en esta audiencia se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios. Este tribunal ha podido constatar sus prácticas de violaciones de derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza, así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones, así como los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, la complicidad y garantía de los poderes políticos en todos sus niveles, de los medios masivos de comunicación y de algunas universidades públicas, con las formas de operar de las corporaciones transnacionales, que generan graves impactos en la calidad de vida de numerosas comunidades y las privan de los recursos básicos necesarios para una vida digna. Las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podrían modificar la situación actual. Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias.
-Incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a lo/as trabajadore/as y a todas las víctimas del “modelo de desarrollo” que imponen las empresas transnacionales a profundizar su organización, a resistirse y a movilizarse en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país.
Conforme a estos enunciados, el Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales que se llevó a cabo en la Patagonia exigió, de manera imperativa, que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación, decisión unánime de las comunidades afectadas.

Fuente: Observatorio Petrolero Sur.