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Editorial de esta semana: EDITORIAL: ¿QUÉ OFRECEN LOS QUE MUCHO TIENEN? - Crean un sentido común para hacernos tragar la carnada que está en el anzuelo. Un sentido común en el que los medios de comunicación hegemónicos, el sistema educativo y una parte de la sociedad alienada juegan un papel importante, dar credibilidad a ese sentido común que construyen con frases hechas, simples, que toman parte de una "verdad" para embadurnarnos en una no verdad.... leer la editorial completa ....

miércoles, 16 de diciembre de 2015

LA COMUNICACIÓN NO ES REHÉN DE NINGÚN GOBIERNO.

El Bolsón (ANPP).- La red nacional de medios alternativos expresa:

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 que modifica la Ley de Ministerios creando nuevos organismos y transfiriendo competencias, el nuevo gobierno acaba de otorgarle el poder para la  aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual  al Ministerio de Comunicaciones, dentro del cual sitúa a la AFSCA y la AFTIC. Esta norma les quita el carácter autárquico y descentralizado a ambos organismos.  
Esta decisión fue hecha explícita de manera pública por el flamante ministro Oscar Aguad, quien declaró que: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”, lo cual no alienta muchas esperanzas para nuestros medios, ni  para la pluralidad de voces. 
La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) es por definición independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos. Por eso nuestra posición trasciende la defensa de un funcionario u organismo estatal, para anclarse en  la exigencia de que se aplique la Ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios, alternativos y populares venimos planteando desde su debate mismo.
El gobierno saliente utilizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para montar un aparato comunicacional gubernamental con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores y hegemónicos, principalmente al multimedios Clarín. También afirmó que con su aplicación se acabarían los monopolios. Sin embargo a más de 6 años de su sanción esto no ha sucedido y nuestros reclamos sectoriales siguen sin ser resueltos.  
Los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kichnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para confrontar entre ellos.  
Una disputa en la cual nuestros medios siguen sin ser reconocidos en su especificidad, sin tener licencias, sin la elaboración de un plan técnico que garantice nuestro lugar en el 33% destinado a los medios sin fines de lucro. Volvemos así a quedar frágiles frente a posibles y nuevos decomisos, como pasó en los 90', como pasó durante el gobierno anterior con el allanamiento y secuestro de los equipos que sufrieron nuestros compañeros y compañeras  de Antena Negra TV. 
Es en este contexto que llamamos al sector de medios comunitarios, alternativos y populares, a la búsqueda de la unidad, con el objetivo de lograr que se efectivicen nuestros derechos adquiridos por la lucha de años. 
También demandamos a la nueva gestión nacional que explicite cuáles serán sus políticas para nuestro sector, exigiendo que, mientras no se regule el espectro radioeléctrico tal cual lo dice la ley, se garantice que no haya nuevos decomisos que atenten contra nuestro derecho a comunicar. 
Seguimos reclamando el reconocimiento de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares teniendo en cuenta los censos y empadronamientos efectuados oportunamente tras una larga y sostenida lucha que nos encontró junto a otras redes del sector. 
Por todo esto exigimos:
*La autarquía de AFSCA y AFTIC, tal como establece la LSCA votada por el Congreso Nacional.
*La aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
*La elaboración del plan técnico y reserva del 33 % para el sector sin fines de lucro.
*Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de lucro.
*Apertura de concursos específicos para medios comunitarios, alternativos y populares.

Argentina, 15 de diciembre de 2015
  

TORTURA SISTEMÁTICA EN CONTEXTOS DE ENCIERRO. MÁS DE 7 MIL CASOS EN UN AÑO.

El Bolsón (ANPP).-

(APL) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, presentan el cuarto Informe Anual del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT). El nuevo informe devela una vez más la sistemática vulneración de derechos en las instituciones de encierro en todo el país y la estrategia de saturación territorial por parte de las fuerzas de seguridad. La presentación pública será el próximo martes 15 de diciembre a las 18 horas en el Auditorio de la CPM (calle 54 Nº 487, La Plata), y contará con la participación del presidente del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, el procurador Penitenciario Nacional, Francisco Mugnolo, y la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui.



En más de 50 instituciones de encierro relevadas, 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. Estos son algunos de los datos que arroja el cuarto informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos tratos (RNCT) integrado por las tres instituciones.
La CPM, como organismo de control y monitoreo de las condiciones de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ha dado cuenta en reiteradas oportunidades de la práctica sistemática de la tortura, la violencia estructural, las muertes evitables y la degradación de los sujetos como herramientas de gobierno en las cárceles bonaerenses y en los territorios habitados por los sectores más vulnerables. El informe anual 2015 ya alertaba sobre el agravamiento de esta situación: 548 muertes, índices records de sobrepoblación en comisarías (más del 400 %), aumento de la tasa de encarcelamiento (218,5 personas cada 100 mil) y uso sistemático de la prisión preventiva (más del 60 %).
El IV Informe del RNCT aporta datos igualmente alarmantes. El relevamiento en Buenos Aires incluyó 24 inspecciones a cárceles, institutos de menores y unidades neuropsiquiátricas. La información generada por la intervención del Comité Contra la Tortura de la CPM en los lugares de detención y las fichas que se construyen a partir de las denuncias recibidas arrojan que, sólo en el ámbito de la provincia, se constataron 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos: es decir, un promedio de más de cuatro hechos de torturas por víctima. Entre los tipos de torturas y/o malos tratos más generalizados se encuentran el aislamiento, las malas condiciones de detención, la falta o deficiente alimentación y asistencia de la salud.
La situación constatada en la provincia de Buenos Aires se repite en todo el territorio del país. ElRNCT –creado en el 2010– es el primer registro nacional que sistematiza, organiza y publica esta información; los organismos que lo elaboran vienen denunciando cada año la práctica sistemática de torturas en las comisarías y unidades penitenciarias y la extrema vulneración de derechos que padecen las personas detenidas. Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos tienen el deber de seguir denunciando los hechos de violencia institucional, la impunidad y la invisibilidad social y política de estas violaciones perpetradas por el Estado.
En esa línea se expresó Roberto Cipriano García, integrante de la CPM: “Este nuevo informe delRNCT refleja las graves violaciones de derechos humanos que acontecen en lugares de encierro y a partir del despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires y la CABA. Es la prueba rigurosa, concreta, de las practicas sistemáticas de tortura que ejecutan funcionarios públicos, liberados en su accionar por poderes judiciales que no actúan para prevenir o sancionar la tortura. Esperamos que sea una alerta urgente para que las nuevas gestiones de gobierno que comienzan sus mandatos implementen políticas efectivas destinadas a terminar con la tortura, la muerte y el sufrimiento de las víctimas del sistema penal”.
El trabajo de campo de este IV Informe se realizó en más de 50 instituciones de encierro que concentran el 60% de los presos de todo el país: 19 unidades penales, cuatro alcaidías penitenciarias y tres unidades neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un instituto de menores de la provincia de Buenos Aires. Ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, cuatro comisarías de la Policía Federal y una de la Policía Metropolitana. También se relevaron otras 15 Unidades Federales y alcaldías judiciales, unidades de Servicios Penitenciarios provinciales, además de centros de detención de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

El estudio sobre esta muestra permite describir el mecanismo de producción de los hechos de tortura y sus consecuencias. De las 2074 personas entrevistadas, la mayor parte (casi el 70%) son jóvenes y más de la mitad de las víctimas han denunciado agresiones físicas, aislamiento y malas condiciones de detención.
En esta oportunidad, el RNCT también contiene un apartado que releva las prácticas irregulares e ilegítimas de las policías en su despliegue territorial y en centros de detención no penitenciarios de Buenos Aires y CABA. En este sentido, la CPM ha denunciado en reiteradas oportunidades el avance del punitivismo como un grave problema político y cultural que instala al castigo penal como horizonte de múltiples demandas ciudadanas. Ha quedado demostrado que las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo –la represión, la persecución y el castigo penal como vías de resolución de los problemas sobre los que se demanda respuesta– no sólo han resultado ineficaces sino que han agravado la violación de derechos de determinados sectores sociales a niveles históricos desde el advenimiento de la democracia.

Las condiciones expuestas conforman la regla con que se rigen las políticas demagógicas de seguridad y constituye al Estado en victimario: saturación territorial de las fuerzas de seguridad que lleva a intervenciones violentas e ilegales en el espacio público, y el aumento del uso letal de la fuerza, la práctica sistemática de la tortura y las deplorables condiciones de encierro, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de reparación para las víctimas de estas violencias. Es decir, no sólo hay acción del Estado en su comisión sino también una gravísima omisión en no detenerla.