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viernes, 14 de enero de 2011

UN CÓDIGO DE FALTAS "HABILITA" EL ILEGAL ALLANAMIENTO A DOS RADIOS EN EL CHACO

El Bolsón (ANPP).- Alerta por el uso de un Código de Faltas anacrónico e inconstitucional para justificar allanamientos y detenciones en dos radios de la localidad chaqueña Pampa del Infierno

El Foro de Periodismo Argentino manifiesta su profunda preocupación por los allanamientos y el secuestro de los equipos de FM Norte y FM Futuro de la localidad chaqueña de Pampa del Infierno, y la detención de los dueños de ambas emisoras.

El jueves 30 de diciembre, la jueza de Paz de Pampa del Infierno, Elisa Isabel Strizick, ordenó el allanamiento y secuestro de equipos de FM Norte (102.1), que salía al aire desde sus estudios ubicados en calles Güemes y Paula Montana, de dicha localidad. El allanamiento fue impulsado por las más de 26 denuncias de vecinos que se sentían agraviados por los dichos de los locutores de Radio FM Norte.

Al día siguiente, el titular la emisora, Claudio Hererra, consiguió nuevamente salir al aire a través de los equipos de FM Futuro, que se encontraba sin transmisión desde hacía un tiempo. Ese mismo día a través de un nuevo operativo policial, la jueza Strizick ordenó nuevamente un allanamiento al que esta vez se le sumaron las detenciones de Claudio Herrera y de Raúl Gerardo Abregú, dueño de FM Futuro y trabajador de FM Norte. Los periodistas recién recuperaron la libertad entre el lunes 3 y el martes 4 de enero.

Según relató Abregú, desde la emisora FM Norte se insistía en conocer cuál sería el destino del Fondo Sojero que percibe la Municipalidad de Pampa del Infierno. Este requerimiento habría molestado al intendente de la localidad, Marcelo Piccoli, quien –según su versión- habría solicitado la intervención de la jueza Strizick.

En diálogo con Fopea, esta Magistrada dijo haber actuado amparada en el código de faltas: Art 59 inciso G (ver más abajo) y aclaró que lo que motivó los allanamientos fue que en los días previos se acercaron denunciantes con “material probatorio”, más precisamente, grabaciones. Se trataría de un docente, varios concejales y el intendente, entre otras personas. Según la jueza, en dichas grabaciones, que actualmente forman parte del expediente, se escuchan actitudes discriminatorias, insultos, agravios y acusaciones de todo tipo.

La Magistrada aseguró que intervino en forma preventiva: “Actúe para mantener la paz social, había vecinos que me decían que sino actuábamos nosotros lo iban a hacer ellos, e iba a terminar alguien muerto”. “Hay un código de procedimiento que me habilita, hay un choque entre el código de falta y la constitución provincial, pero actualmente hay un órgano correccional que está evaluando los hechos”.

En tanto, el día 10 de enero, el ministro de Justicia de Chaco, Juan Manuel Pedrini, convocó a la jueza, al intendente y a los imputados. En la reunión que tuvo lugar en el Hotel Waloc de Saenz Peña, también participó el gobernador de la Provincia, Jorge Capitanich. Según relató Strizick, “fue una reunión informal, donde se escuchó a las diferentes partes y se acordó agilizar los medios para que la radio vuelva salir al aire, consensuando la paz social”. El Ministro se habría comprometido a prestar toda la ayuda para que se vuelva a habilitar la Radio que funcionaba normalmente hasta el día 31 de diciembre, y por su parte, la Magistrada se habría expresado de igual manera.

FOPEA reclama a las autoridades pertinentes que no actúen limitando la libertad de expresión con medidas como el decomiso y secuestro de equipos técnicos que permiten el funcionamiento de esas emisoras. Además reclama que se modifique, por anacrónico y manifiestamente inconstitucional, el Código de Faltas de la provincia del Chaco que en su capítulo “Faltas contra la credulidad pública” sostiene –en su artículo 59, inciso G- que “será sancionado con arresto de hasta 120 días o multa equivalente en efectivo de hasta 20 remuneraciones mensuales mínimas, vital y móvil….

G) El que a través de medios escrito/oral o televisivo difunda a la población noticias falsas, respecto de algún hecho o circunstancia tendiente a desmerecer a una persona o institución, siempre que no sea calificable como delito”.

Ese texto no sólo contradice las disposiciones legales a nivel internacional y local, sino hasta la propia Constitución Nacional y la de la provincia del Chaco.

Por su parte, FOPEA también quiere hacer especial hincapié en la responsabilidad con la que debe ser ejercida la profesión periodística, brindando a los ciudadanos información de calidad, sin agravios, insultos o discriminaciones.

Foro de Periodismo Argentino


MALTRATOS EN LAS CARCELES

(Cecilia Litvin – Red Eco) Neuquén – Buenos Aires - A lo largo de 2010, la fiscalía federal inició, en Neuquén, 39 causas por delitos contra las personas y la libertad cometidos en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.
Particularmente, en la Unidad 9 son cada vez más los detenidos que denuncian ser víctimas de apremios ilegales de parte del personal.
No es la primera vez que se habla de estos temas en la provincia. En agosto del año pasado, dos policías fueron condenados a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al ser hallados culpables del delito de “severidades ilegales” por las agresiones realizadas al trabajador ceramista Pedro Alveal en 2003.
Los presos políticos Freddy Fuentevilla Saa y Villaroel Sepúlveda denunciaron acoso y hostigamiento policial, mientras estaban detenidos en unidades neuquinas en 2009.
Pero el caso más grave es el de Argentino Peloso Iturri, un interno que falleció el 8 de abril de 2008 en la Unidad 9.
Según el relato de los testigos y las pruebas, Iturri fue retirado de su celda por un grupo de penitenciarios y golpeado en reiteradas oportunidades (incluso en el servicio médico) y murió por un paro cardiorespiratorio.
Quince penitenciarios fueron indagados, entre ellos el entonces director de la cárcel, el médico y el enfermero.
A pesar de ello, y hasta que no se haga realmente justicia, la violencia continúa. Federico Egea, abogado querellante de la causa e integrante de la Asociación Zainuco, aseguró que hay testigos que fueron intimidados: “A los que están detenidos los amenazan o los apremian para que cambien su declaración, y a los que no están detenidos los amenazan de muerte”. Desde Zainuco denunciaron que se constató que se contrató a sicarios para que asesinaran a testigos fundamentales para el juicio.
Actualmente en Neuquén, son cerca de 600 los detenidos, con una edad promedio de 22 años. El 40% está procesado, y el 60 restante ya tiene condenas. La Asociación Zainuco afirmó que todas las semanas reciben denuncias por malos tratos en las cárceles, con un promedio de 20 por mes. Sin embargo, manifestaron que las presentaciones realizadas en la Fiscalía mayoritariamente no son tomadas en cuenta y terminan siendo archivadas.
Cabe recordar que a Zainuco no se le permite el ingreso a las cárceles neuquinas desde 2003. Esta denuncia se encuentra desde el mes pasado en la Corte Suprema de Justicia.
Fin de año sangriento
En la provincia de Buenos Aires, se reiteran las mismas malas condiciones de detención. En los últimos días, se registraron diferentes hechos que así lo confirman.
Luis Angel Bucci, de 29 años, murió en la Unidad Penal Nº 21 de Campana el último 31 de diciembre. Fue atacado por otro preso en el tórax y llegó muerto al hospital. En la Unidad Penal nº 39 de Ituzaingó, otro preso murió en circunstancias similares a los pocos días.
Antonio Alberto Capdevilla, de 35 años, fue detenido en la madrugada del 31 de diciembre por “desorden en la vía pública” en la localidad de General Villegas. A los pocos días, murió producto de severas quemaduras que sufrió en el 40% de su cuerpo al incendiarse su celda. Tras permanecer 22 horas internado, falleció en el hospital municipal.
Estas muertes no hacen más que dar cuenta del estado de las cárceles. Hacinamientos, torturas, falta de controles, es decir condiciones paupérrimas de detención y nula presencia y compromiso del Estado
Ya a mediados del año pasado, tras una visita por algunos penales, representantes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían expresado su “profunda preocupación por la información recibida, según la cual en los centros de detención se inflingen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Señalaron además que “las condiciones de alojamiento que se verificaron durante la visita resultan incompatibles con el principio de trato humano”. Se refirieron al mal estado general de las estructuras e instalaciones físicas y las graves deficiencias del sistema de salud. En ese marco, la CIDH había instado al Estado a “asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana” y lo había exhortado “a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y, en consecuencia, dejen de funcionar como centros de detención”.
Está claro que aún nada ha cambiado.

COMUNICADO URGENTE: MUERE JOVEN QUE ESTABA INCOMUNICADO EN LA COMISARÍA DE EL BOLSÓN

El Bolsón (CMDDHH EL BOLSON).- Murió un joven que estaba detenido e incomunicado en un calabozo de la comisaría 12 de El Bolsón.

Según diversos medios de prensa, la madre del joven intentó verlo y llevarle comida y la policía se lo negó.

Durante una detención la vida y la integridad física de toda persona está bajo la custodia de la policía. Guillermo Garrido murió en la comisaría local.

Nos convocamos a un acto de repudio mañana sábado a las 18hs en el mural de Otoño (Plaza Pagano, El Bolsón).

COLECTIVO DE MILITANTES POR
LOS DERECHOS HUMANOS DE EL BOLSON

TRABAJO RURAL ESCLAVO EN FORMOSA

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(Agencia nodo Sur).- El Movimiento Campesino de Formosa (MoCaFor) denunció a través de un comunicado de prensa la situación de servidumbre "en la que viven centenares de trabajadores rurales en establecimientos ganaderos de la provincia de Formosa" -gobernada por Gildo Insfrán, aliado del gobierno nacional-, que "son explotados y viven en condiciones inhumanas en los nuevos establecimientos ganaderos", la mayoría de los cuales provienen del hermano país de Paraguay, donde "son reclutados por punteros que prometen buena paga por los trabajos en campos de patrones desconocidos".

Además, el MoCaFor señala que "en varios establecimientos de la provincia de Formosa, en la frontera con el Paraguay, se desarrollan actividades ilícitas de mucha gravedad: apropiación ilegal de tierras; trabajo esclavo; desmontes de bosques nativos, aterrizajes ilegales de aeronaves. No todos los establecimientos de la frontera están involucrados pero si la mayoría de los nuevos `inversionistas´”.

La problemática del trabajo rural esclavo se ubicó en el centro de escena pública, luego de una investigación periodística publicada por el diario Página/12 semanas atrás, que puso al descubierto la existencia de un campamento de trabajadores rurales "golondrinas" en condiciones de hacinamiento y semi-esclavitud, en un establecimiento de la multinacional Nidera en la localidad bonaerense de San Pedro.

Reproducimos a continuación el comunicado completo firmado por Beningno López, presidente del MoCaFor:


ESCLAVOS DEL SIGLO XXI

Mediante la presente el MoCaFor (Movimiento Campesino de Formosa), organización de base del Frente Nacional Campesino (FNC), denuncia ante la opinión publica la situación de servidumbre en la que viven centenares de trabajadores rurales en establecimientos ganaderos de la provincia de Formosa.

Según se puede probar, centenares de trabajadores son explotados y viven en condiciones inhumanas en los nuevos establecimientos ganaderos propiedad de los que algunas autoridades llaman “inversionistas”, la mayoría de los esclavizados son trabajadores de origen paraguayos que son reclutados en su país por punteros que prometen buena paga por los trabajos en campos de patrones desconocidos.

Los establecimientos ganaderos involucrados en la explotación de los hermanos paraguayos, por lo general, están ubicados dentro de una franja de 100 km al margen del río pilcomayo frontera con la Republica del Paraguay, los trabajadores paraguayos realizan trabajos de desmonte, destronques, limpieza de campo, postes, alambrados, corrales, galpones, etc.; los precios pagados por los trabajos realizados son irrisorios de los cuales se les descuentan las mercaderías proveídas por los patrones. Entre las mercaderías más consumidas por los trabajadores se encuentran: la yerba mate, aceite de girasol, arroz, fideo y harina. Por cada kg de comestible que cuesta $ 3 en el mercado el patrón le descuenta al trabajador $ 10.

Los trabajadores son traídos en forma ilegal, son retenidos en el interior de los campos hasta que terminen sus trabajos y generalmente viven en chozas o en galpones de herramientas. Los hermanos paraguayos no pueden hacer denuncias porque temen de sus situaciones irregulares, situación que es aprovechada por los patrones para ejecutar grandes obras a precios irrisorios y evadiendo impuestos y aportes patronales, además se sabe que a varios de los trabajadores se les hace firmar papeles en blanco.

A modo de ejemplo, se sabe que la empresa terrateniente Caminos Ganadera, con campos en Gral. Belgrano y Villa Gral. Güemes Formosa, explota mano de obra paraguaya en forma ilegal, y que otros establecimientos ganaderos de la nueva oligarquía formoseña entre los cuales existirían políticos de alto rango también cuentan obreros rurales sometidos a la servidumbre.

Nos parece importante aclarar, que no es común este tipo de relaciones de sometimiento entre los ganaderos criollos de Formosa, es decir no es común que un productor formoseño nativo, pequeño o mediano, tenga bajo sus dominios trabajadores rurales en situación de esclavitud. La situación de ilegalidad y evasión esta muy relacionada a los prósperos empresarios terratenientes.

En varios establecimientos de la provincia de Formosa en la frontera con el Paraguay se desarrollan actividades ilícitas de mucha gravedad: apropiación ilegal de tierras; trabajo esclavo; desmontes de bosques nativos, aterrizajes ilegales de aeronaves. No todos los establecimientos de la frontera están involucrados pero si la mayoría de los nuevos “inversionistas”.

A veces nos preguntan porque no se hace las denuncias legales correspondientes, la respuesta es simple: donde? Ante que institución? es muy difícil que el denunciante y familia puedan seguir vivos después de la denuncia. Y en Formosa que institución nos va a proteger de estos poderosos delincuentes?

En Formosa tenemos mucho trabajo para la justicia federal, entre otros: trabajo esclavo y pistas clandestinas de aterrizaje.

Es muy conocido, que en los primeros años de la colonización del territorio de Formosa los empresarios beneficiados por el gobierno argentino con grandes extensiones de tierras sometían a los sobrevivientes paraguayos y a indígenas del territorio nacional en forma de esclavos en medio de los montes en los grandes obrajes que explotaban. A mas de 140 años del fin de uno de los genocidios mas grande del mundo, la guerra de la triple alianza, hoy algunos genocidas siguen explotando y matando a nuestros hermanos.

Ojala alguna vez se investigue y se haga justicia, por ahora tenemos la oportunidad de que muchos argentinos sepan la verdad. Como pueblo argentino no podemos permitir que sigan impunes semejante crímenes.

Gral. M. Belgrano, 13 de enero de 2011

Benigno López

PRESIDENTE
MoCaFor