Buenos Aires (Periodismo Social).- Más de la mitad son varones menores de 25 años. El 30 por ciento tiene menos de 21 años. El gatillo fácil, la modalidad más común en estos casos, que se repiten en todas las provincias, no sólo en Buenos Aires. En los últimos 15 años, 52 personas fueron asesinadas por protestar. Desde el 2003, inicio del gobierno de Néstor Kirchner, murieron casi 1400 personas por gatillo fácil o torturas en cárceles o comisarías.
La semana pasada, tres jóvenes, dos de ellos adolescentes, murieron en Bariloche víctimas del gatillo fácil y la violencia estatal. (Ver Nota de Opinión) Tres muertes que se suman a la lista negra: desde 1996 hasta la fecha unas 2950 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del Estado en todo el país. Una persona cada 24 horas.
Las cifras forman parte del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por la Fuerzas de Seguridad del Estado, que todos los años realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Una investigación que se transformó con los años en el registro sangriento del alcance y la extensión de la represión dirigida por los gobiernos que administran el Estado argentino. Y que muestra números aún más impactantes: más de la mitad de las muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años, y el 30,50% del total de asesinados tenían 21 años o menos. En Bariloche, el primer chico asesinado por la Policía tenía 15 años, se llamaba Diego Bonafoi. Los otros dos, que protestaban por su muerte, tenían 17 y 29 años.
En definitiva, estadísticas que dejan en claro que los jóvenes parecen ser el blanco favorito del gatillo fácil, incluso en los últimos años, con un gobierno que colocó a la protección de los derechos humanos en el centro de su discurso.
Apenas un dato: desde el 25 de mayo de 2003, cuando comenzó la era Kirchner, hasta la fecha murieron en Argentina casi 1400 personas por gatillo fácil o torturas en cárceles o comisarías.
Laura Musa es Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Fundación Sur. Según ella, “una cosa es reabrir juicios, buscar justicia y mantener viva la memoria por lo ocurrido en la Dictadura, que está muy bien y es un logro fundamental de este gobierno. Y otra cosa es tener una política seria de derechos humanos, que primero empezaría por ver por qué hay todavía chicos menores de 16 años detenidos en comisarías. El Estado argentino permitió por cien años la Ley de Patronato (*) que básicamente proponía que si eras menor de edad y pobre la autoridad podía hacer lo que quiera, con el argumento de la protección, claro. Y eso está presente en estos días. Por protección se puede detener, sin causa ni proceso alguno. Por protección se los puede internar y ahora van a justificar que por protección a la comunidad se puede matar a adolescentes”.
Y resume: “En Bariloche hubo un delito, grosero, hubo ajusticiamiento. Existió un crimen, por parte de una policía que no tiene limites en su accionar. Acá por ejemplo no se sabe qué fiscal intervino en lo que iba a ser supuestamente una detención. Lo importante a entender es que esto es una práctica sostenida de la Policía contra los chicos pobres, marginados, jóvenes. Actúan sin límites, hasta que ocurre un estallido como este. Los únicos límites los ponen los padres de clase media con sus hijos, que no lo permiten. No en casos como el de Bariloche”.
Pero el informe también muestra otras realidades, incluso derribando algunos mitos.
Cómo se mata
El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho” es la modalidad más común en estas muertes. Está presente en el 51 por ciento de los casos, la mayoría de las veces motivado por la “pinta” de la víctima (joven y en situación de pobreza) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado.
También se registra un alto porcentaje de muertes de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como suicidios por ahorcamiento o en incendios. “Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte”, asegura Correpi.
Las edades
Según el informe, casi el 3 por ciento de los muertos en estos años tenían hasta 14 años. El 49,4 % tenía entre 15 y 25 años. El 18,5 entre 26 y 35 años. Y, finalmente, el 11 por ciento eran mayores de 36 años.
En las provincias
El gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país, cualquiera sea el color del gobierno local. La distribución de casos en proporción a la población de cada provincia licua la hegemonía bonaerense, destruyendo el mito de que el gatillo fácil es sólo o mayoritariamente herramienta de la Policía Bonaerense, que queda equiparada, y hasta superada, según el caso, por sus colegas de otras fuerzas o provincias.
Asesinados por protestar
Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 52 desde 1995.
No son desbordes policiales.Otra conclusión que surge del estudio es que, como dice Correpi, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ong’s que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del Estado.
(*) NdR: derogada en 2005
Nota relacionada: LA DELGADA LÍNEA QUE SEPARA A BARILOCHE
Fuentes
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)
www.correpi.lahaine.org/(011)4371-7774
Contacto. María del Carmen Verdú: 15-4417-0659 /
Fundación Sur
www.surargentina.org.ar4383-5873
CEPOC - Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos
http://cepoc-cepoc.blogspot.com/UNICEF: Prensa y Comunicación:
María Jose Ravalli, mjravalli@unicef.org
Teléfono: (011) 5093-7100
www.uncef.org/argentinaAsociación por los Derechos Civiles
Mariano Nino: mnino@adc.org.ar
Teléfono: 5236 0555 (interno: 31)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
4334-4200
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