Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com
Editorial de esta semana: “SÓLO GRACIAS A AQUELLOS SIN ESPERANZA NOS ES DADA LA ESPERANZA” - ...Así termina Herbert Marcuse -citando a Benjamin- su obra El hombre unidimensional en la primer mitad de los años 60 del siglo pasado, una obra en la cual explícitamente agradece a “El American Council of Learned Societies, la Louis M. Rabinowitz Foundation, la Rockefeller Foundation y el Social Science Research Council me han otorgado becas que facilitaron mucho el término de estos estudios”… paradojas aparentes, no? ... leer la editorial completa ....

domingo, 20 de abril de 2014

ASESINATO DE LAUTARO TORRES Y DETENCIÓN DE SU MADRE, NATALIA SUÁREZ



(APL)“Natalia tenía un hijo, Lautaro, de 16 años, que fue acusado por la Policía en el día de ayer por intentar robar un celular a un efectivo policial en barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, a poca distancia de donde este joven vive con su madre. Lautaro recibió por parte de la mujer policía 4 disparos en su espalda que lo dejaron al borde de la muerte. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Urgencias donde finalmente murió en la madrugada de anoche. Natalia Suárez fue avisada del asesinato de su hijo, no la dejaron verlo en el Hospital, y en medio de su miedo e impotencia es detenida por la Policía quien adujo que había roto un vidrio de esa dependencia”, significativo tramo del comunicado de denuncia de la CA sobre el estado terrorista cordobés.


La Coordinadora Antirrepresiva en el Encuentro Nacional Antirrepresivo denuncia nuevos hechos represivos por parte de la Policía de Córdoba en la jornada de ayer sábado por la noche. En esta ocasión, las fuerzas represivas asesinaron a un joven de 16 años y detuvieron posteriormente a su madre, trabajadora sexual víctima de persecución desde enero de este año, por denunciar que fue secuestrada por redes de trata en complicidad con la Policía y el Gobierno Provincial.
  Natalia Suárez es una trabajadora sexual que en enero de este año fue secuestrada y torturada durante seis días en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba. Mientras tanto, la denuncia recorría los habituales cursos burocráticos sin respuestas sobre su desaparición. Luego de un mes de búsquedas por parte de sus familiares y amigos sin lograr que la Justicia y la Policía hicieran lo propio; a finales del mes de enero, integrantes de AMMAR Córdoba se presentaron en la Unidad Judicial de Alta Gracia para agilizar acciones en torno a la denuncia. “Casualmente” en esa jornada apareció Natalia, en una esquina de esa ciudad, golpeada, drogada y con visibles signos de torturas en todo su cuerpo. Evidentemente había intenciones de que Natalia integrara las redes de trata y fue la movilización, la búsqueda sistemática y la preocupación de sus familiares y de las organizaciones políticas y sociales, quienes lograron que Natalia no formara parte de la extensa lista de mujeres secuestradas que aún seguimos buscando.
  Por medio de distintas acciones Natalia e integrantes de AMMAR denunciaron su secuestro y la complicidad de los responsables políticos del Poder Judicial, la Policía y el Gobierno Provincial. En posteriores oportunidades Natalia advirtió públicamente que había sufrido sucesivas amenazas por difundir aquellos hechos y sus responsables directos. Estos señalamientos molestaron a sectores políticos que participan del entramado de las redes de trata y narcotráfico en la Provincia de Córdoba (como ya denunciamos en innumerables ocasiones en relación a la complicidad del gobernador De la Sota y otros funcionarios del Gobierno) y esto se asocia directamente con lo acontecido anoche con su hijo de 16 años: Lautaro Torres.
Es necesario conocer estos antecedentes para comprender y vincular con claridad lo sucedido anoche, cuando Natalia Suárezfue detenida en el Hospital de Urgencias por la Policía de Córdoba, con los hechos que venimos relatando.
Natalia tenía un hijo, Lautaro, de 16 años, que fue acusado por la Policía en el día de ayer por intentar robar un celular a un efectivo policial en barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, a poca distancia de donde este joven vive con su madre. Lautaro recibió por parte de la mujer policía 4 disparos en su espalda que lo dejaron al borde de la muerte. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Urgencias donde finalmente murió en la madrugada de anoche. Natalia Suárezfue avisada del asesinato de su hijo, no la dejaron verlo en el Hospital, y en medio de su miedo e impotencia es detenida por la Policía quien adujo que había roto un vidrio de esa dependencia. En este momento, distintas personas de organizaciones compañeras están ocupadas por liberar a Natalia Suárezde la Comisaría en la que continúa detenida.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Córdoba denunciamos la gravedad de estos hechos porque consideramos que no son “casuales” ni desvinculados a una política de persecución y hostigamiento hacia Natalia Suarez, testigo más que importante para visibilizar el funcionamiento de las redes de trata. Es Natalia quien por su propia experiencia de secuestro y tortura viene haciendo públicas denuncias que comprometen a los integrantes de estas redes y a los responsables políticos cómplices: las fuerzas represivas, el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador José Manual De la Sota, en la ciudad de Córdoba.
  Exigimos la destitución del efectivo de la fuerza policial que asesinó a Lautaro e inmediato esclarecimiento de los hechos acontecidos.

Lautaro Torres ¡presente!

Basta de Gatillo Fácil.

No a la criminalización de la pobreza y la protesta.

Desmantelamiento de las Redes de Trata y sus responsables políticos.

Coordinadora Antirrepresiva en el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA)

fb/ coordinadora.antirrepresivacordoba

Contactos: Lucrecia – 0351- 152-953644/ Mariana – 0351- 156-119486

COMUNICADO DE PRENSA ASAMBLEA EN DEFENSA DEL AGUA Y LA TIERRA



  La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra repudia los actos de violencia sufridos en el Centro de Salud y el Centro Comunitario de Costa del Río Azul, con un incendio que causó fuertes daños.
  Desde la refundación de El Bolsón, que quedó atrás con el gobierno anterior, nos hemos pronunciado por la inclusión, en favor de la vida y de la alegría.
  Seguiremos planteando SI ALESQUI SIN LOTEOS; unidos, exigiendo investigación y justicia, pensando para adelante, y por la reconstrucción.
  ESTE ATAQUE NOS UNE MÁS EN EL CUIDADO Y DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES.
Este no es un hecho aislado, comunitariamente venimos siendo agredidos con una seguidilla de ataques desde la quema de Espacios Verdes del Municipio, la pérdida de bienes del Polideportivo, el robo en el Jardín Nº 21, el incendio este viernes a la madrugada en el Centro de Salud, anoche el robo en la Casa de la Cultura y ahora nuestro Centro Comunitario; espacios todos que se utilizan para actividades de inclusión y de participación.
  COMO SIEMPRE, PROMOVEREMOS CONTINUAR TRABAJANDO JUNTOS, UNIDOS POR EL BIEN COMÚN.
Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra
Mallín Ahogado, 13 de abril de 2014.

COMUNICADO DE REPUDIO ANTE LOS ATENTADOS PERPETRADOS CONTRA EL CENTRO COMUNITARIOS “COSTA DEL RÍO AZUL”



  La Asociación Civil Alas y el Colectivo de la radio comunitaria FM Alas repudiamos los atentados perpetrados contra el Centro de Salud y el Centro Comunitario de Costa de Río Azul y exigimos su pronto y real esclarecimiento.
  Como espacio de comunicación popular, invitamos a toda la comunidad de la comarca a hacer suya la defensa de estos lugares de construcción colectiva de ideas y de enlace entre vecinas y vecinos.

“NO DEBEMOS SER COMPLICES”



  El Bolsón (ANPP). Una vez más nuestro territorio se ve amenazado por el avance de los proyectos megamineros con la complicidad de los gobernantes de turno, quienes  enmascarados en el discurso del desarrollo regional persiguen las migajas o las suculentas tajadas que se esconden tras de éstos negociados. La comunidad de Ingeniero Jacobacci  se niega al saqueo de sus recursos naturales, alzando la voz contra la concepción capitalista de la depredación de los recursos naturales y pronunciándose a favor de actividades ambientalmente sustentables y socialmente equitativas.

Ingeniero Jacobacci 14 de Abril de 2014

  Ante las recientes declaraciones del senador nacional Miguel Pichetto, de la legisladora Sandra Recalt, e intendentes de la Región Sur como Javier Giménez y Mario Del Carpio, los cuales proponen avanzar rápidamente con la explotación de la minería metalífera hidrotóxica, utilizando como principal argumento que el camino para alcanzar el desarrollo regional pasa por explotar nuestros bienes naturales a cualquier costo, queremos manifestar nuevamente nuestro total desacuerdo y además expresar lo siguiente:
  Comprendemos la compleja situación económica productiva por la que estamos atravesando y también la urgencia por remediarla. Pero no podemos aceptar que se lo haga de cualquier manera y menos aún especulando con las necesidades que hoy tiene nuestra gente.
  Decir que nuestra principal actividad regional, como lo es la ganadería, tocó fondo o que no va más, es decirle a 3500 familias que abandonen una forma de vida y pautas culturales que les ha permitido trabajar dignamente durante generaciones. Pero claro, con 675 derechos cedidos para minerales de primera categoría los campesinos y comunidades se terminan convirtiendo en un estorbo.
  Rechazamos los argumentos que utilizan tanto el gobierno provincial como el municipal para llevar adelante este saqueo organizado quienes además ofrecen soluciones mágicas a problemas graves.
  Nos sentimos vulnerados cuando no tienen en cuenta disposiciones legales locales, provinciales y constitucionales que son las que garantizan actos justos para el bien común. Están equivocados cuando mencionan a quienes se oponen a este tipo de actividad extractiva y contaminante como grupos minoritarios, subestiman las capacidades de muchas personas, niegan la autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios y asumen además un alto costo político pensando erróneamente que cuentan con la licencia social necesaria.
  Aceptar esta conducta por parte de los gobernantes es poner en grave riesgo el estado de derecho que merecemos y que todos debemos cuidar. Hacemos exigibles el respeto por las normas contenidas en la legislación ambiental, en los principios precautorios, en la Constitución Provincial, Nacional y en las ordenanzas locales.
  Rechazamos que se legisle en favor de las empresas privadas o mixtas que solo hacen lobby de su supuesta responsabilidad social, y que buscan solamente ingresos por regalías o grandes beneficios económicos sin importar los impactos ambientales que sus actividades generan.
  Queremos una vez más dejar claro que estamos en contra de la minería metalífera hidroquímica contaminante que responde un sistema extractivo basado en la especulación financiera llevado adelante por empresas transnacionales con complicidad de nuestros funcionarios y llamamos a la reflexión sobre cuántos y que minerales son realmente necesarios extraer, de qué manera, para qué y para quienes.
  El uso del agua como bien común esencial y escaso debe ser destinado en forma prioritaria para el consumo humano y la actividad agropecuaria.
  Los bienes naturales son más que “recursos”. No somos sus dueños absolutos sino sólo sus administradores; misión que debemos cumplir con responsabilidad y justicia, de acuerdo al derecho que sobre los mismos tienen las futuras generaciones.
  Por todo ello reclamamos al senador nacional, los legisladores provinciales e intendentes que gestionen actividades ambientalmente sustentables, socialmente equitativas, que convoquen a las organizaciones que tienen posiciones diferentes a un debate serio y participativo y que fundamentalmente trabajen por el bien común de todos los rionegrinos.

ORGANIZACIONES Y VECINOS AUTOCONVOCADOS DE INGENIERO JACOBACCI

EL GOBIERNO DEBATE LA REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL



  (ANRED).La devaluación de enero, los índices de inflación, el aumento de los precios, el ajuste salarial, la indemnización a Repsol, el acuerdo Chevron-YPF, la quita de subsidios a los servicios públicos, el pago al Club de París, la designación de Milani marcan la agenda oficial y también la protesta de los trabajadores como quedó claramente manifestado en el masivo paro nacional del jueves pasado. De acuerdo al “relato” oficial la protesta que estaba justificada en 2001/2 perdió legitimidad porque han bajado la pobreza y la desocupación, entonces, es necesario limitarla. Por Mario Hernández.

  Recordemos que frente al reciente paro de los maestros en la provincia de Buenos Aires, el Estado intentó limitar libertades democráticas básicas como el derecho de huelga.
El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, propuso legislar que la educación sea considerada un servicio público. El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, anunció una propuesta similar. El juez bonaerense Terrier ordenó el cese inmediato de la huelga desconociendo la Constitución Nacional y las convenciones internacionales.
  Todos pretendían que los maestros brindaran educación por un salario prácticamente igualado al mínimo, vital y móvil, desconociendo que en la “década ganada” las desigualdades de ingreso no se redujeron en la proporción en que el país se enriqueció y el dinero sigue siendo apropiado en forma concentrada. Otra prueba de ello es que más de un tercio de la población activa trabaja en condiciones de ilegalidad (salarios más bajos, mayor arbitrariedad patronal, cobertura social inexistente, sin licencia por maternidad, jubilación ni vacaciones) y esta proporción permanece estable en los últimos 10 años.
  La protesta como acción comunicativa, como ejercicio de la libertad de expresión, como derecho civil no puede pedir permisos, sobre todo cuando están comprometidos sectores marginales y excluidos, quienes lo hacen fundamentalmente, porque padecen graves violaciones de derechos sociales (salud, vivienda, educación, etc.).
  Limitar la protesta social a un “corralito” solicitando formularios que consignen días y lugares como pretenden el gobierno nacional y la oposición política y patronal, castra su potencial de comunicar rápidamente necesidades y reclamos de los sectores sociales más débiles ante la omisión estatal o la pasividad del sistema político y favorece a quienes poseen recursos para comprar libertad de expresión en las corporaciones mediáticas.
  El derecho a la protesta es uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo y de la defensa de la democracia.
  El 1º de abril José “ Pepino” Fernández, principal referente de la UTD de General Mosconi,
  Salta, recobró su libertad, tras ser detenido por una supuesta participación en la toma de un supermercado. La detención de Fernández se realizó por portación de apellido mediante un informe de la Gendarmería Nacional que lo identificó erróneamente con un homónimo. Aquel día, 26 de febrero, “Pepino” estaba declarando por otra causa judicial en Tartagal pero, pese a esta prueba, el Juez Federal Raúl Reynoso lo detuvo por "averiguación de antecedentes".
  Esta es una muestra más de la persecución política y judicial que pesa sobre "Pepino" Fernández y los demás compañeros de la UTD de Gral. Mosconi por parte del gobierno de Salta de Juan Manuel Urtubey y los jueces falderos de turno que criminalizan la protesta social y pretenden desgastar a uno de los movimientos sociales que son ejemplo de lucha y dignidad en nuestro país.
  No es casual que esta persecución contra la UTD de Gral Mosconi ocurra mientras también se encuentran presos los referentes de Quebracho, "Boli" Lescano y Fernando Esteche, acusados de autoría ideológica y responsabilidad política por un escrache en el 2007 contra un local partidario del entonces gobernador de Neuquén y candidato presidencial, Jorge Sobisch, quien había dado la orden de reprimir una protesta docente que tuvo como saldo la muerte del maestro Carlos Fuentealba.
  Otro caso lo constituye la aberrante condena a los trabajadores petroleros de Las Heras inventando una sentencia que no se ajusta a los hechos acaecidos en esa localidad de Santa Cruz en 2006 como fue probado en el juicio por la defensa de los trabajadores y denunciado por el cura párroco del lugar.
  En la CABA la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas revocó el sobreseimiento al referente de la Villa 20 de Lugano, Diosnel Pérez y al Tano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusados de ser los responsables de la toma del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010 y ambos serán sometidos a juicio oral, a pesar de que la jueza penal porteña María Gabriela López Iñiguez había descartado la responsabilidad de ambos en diciembre pasado.
  También los casos del Secretario Adjunto de ATE-Capital, Humberto Rodríguez y del Delegado General de la Junta Interna de Promoción Social, Mariano Skliar, en el marco del conflicto por el aumento salarial de 1600 contratos de locación de servicio, donde una vez más las víctimas pasan a ser victimarios, al igual que con los episodios de la represión en el Hospital Borda por el desalojo ilegal ordenado por el GCBA donde hay cinco trabajadores procesados, situación que también sufren las/los artistas por la toma de la Sala Alberdi.
  Todas éstas son muestras de la persecución política que viene creciendo contra los luchadores sociales por parte de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional acompañados por una legislación penal y un poder judicial que usan la vía de la criminalización como amenaza legal para perseguir líderes, reprimir el conflicto y debilitar los movimientos sociales.
  No por casualidad, el kirchnerismo en materia normativa deja un Código Penal hostil al garantismo luego de las presiones de Juan Carlos Blumberg y la Ley Antiterrorista que es un instrumento legislativo fabuloso para habilitar la represión de la protesta e inhibir a los luchadores sociales -muchos de ellos con varios procesos anteriores abiertos- por la posibilidad de que una detención en el marco de esta ley agrave duramente las penas.

A SIETE MESES: ÁNGELO MURIÓ POR LA ACCIÓN O LA OMISIÓN DEL PERSONAL POLICIAL



  Las investigaciones de la Policía Federal tuvieron como resultado que no se ha podido determinar ni el accionar de terceros ni el suicidio –esta última, la hipótesis más fuerte de la Fiscalía-. Hecho que nos lleva a afirmar sin ninguna duda que Ángelo murió por la acción o la omisión del personal policial de turno, la madrugada del 19 de septiembre de 2013.

  Ángelo sufrió el abandono, que dejado sin revisión ni cuidado entre las 3.00 am y las 5.45 am, termina siendo una posible instigación al suicidio. La consecuencia de esa falta de monitoreo es la muerte de una persona.

  La Comisión entiende que esto constituye una muestra más de la violencia estructural y la negligencia en que se encuentra inmerso el sistema policial chubutense y la indiferencia de funcionarios de gobierno y de justicia, quienes de no hacer nada más al respecto terminan consintiendo la crueldad que implica dejar un caso así, con la carátula de suicidio, bajo el argumento de que fue un “suicidio por suspensión incompleta”.

  La sola posibilidad de que este caso quede así, “suicidio”, sin que se tomen más recaudos para continuar la investigación en dirección de imputar penalmente a alguien sería no solamente un golpe muy grande para la sociedad en su conjunto, sino que alentaría los índices de impunidad e injusticia sobre nuestros pibes en particular, y por lo tanto, sobre nuestro proyecto de futuro.

  Siguen dudas pendientes: varios policías que fueron entrevistados por la Fiscalía por haberse encontrado prestando servicio al momento de la detención de Ángelo, afirman que efectivamente los calabozos estaban clausurados y que solo se utilizaban para demorados, entonces las preguntas son ¿Por qué había colchones en los calabozos si nadie iba a permanecer allí más que unas horas, bajo la condición de “demorado”? ¿Entonces, la Comisaría Segunda tenía celdas inhabilitadas o no? Esta Comisaría está siendo muy cuestionada socialmente y no deja garantías a la sociedad de que los eventuales demorados sean tratados como corresponde por derecho y por ley. Consta a esta Comisión que al menos en dos casos más, por intervención de la misma, se ha logrado que “demoren” a los pibes en otras Comisarías (la Cuarta y la Primera) y que el argumento bajo el cual se logró esto fue que las celdas de la Segunda no estaban en condiciones y que esa Comisaría no daba garantías de nada. Por lo tanto, insistimos ¿Por qué habían pibes demorados allí la noche del 19 de septiembre?

  Más preguntas que siguen sin contestar: ¿Dónde se encuentran reubicados el Comisario Luciano Yapileo y el Subcomisario Juan Carlos Jara? 
¿Qué ocurrió con el personal de turno que “debía” custodiar a Ángelo? ¿Continúa ese personal en funciones, “cuidando”, a otros detenidos en las Comisarías de Chubut?
¿Qué respuestas da el Estado Provincial a la secuencia de muertes que se suceden en la Provincia de Chubut por causa de la violencia policial?

  Es claro que debe haber alguna imputación penal por esta muerte y todas las irregularidades y negligencias en torno a ella, no solo los familiares o la Comisión la exigen, socialmente necesitamos esta imputación, porque sin un procesamiento y condena, sin una sentencia real sobre este gravísimo hecho, no hay justicia para nadie, ningún pibe puede vivir y crecer sabiendo que si “cae” apenas demorado lo puede esperar la muerte.

  Por Ángelo,
  ¡Ni un pibe menos!

Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut.