Por Horacio Cecchi
En Bariloche un pedido de recusación pone en riesgo la consecución de las investigaciones sobre las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, ocurridas durante la violenta represión desatada por el grupo Bora de la policía rionegrina contra los habitantes del lado oscuro y sumergido de Bariloche, en junio de 2010. La defensa del secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y los principales jefes policiales de Río Negro, pidieron la recusación del juez de Instrucción Martín Lozada, de la investigación. El pedido llega después de que los acusados fueran citados a declarar a indagatoria por Lozada y se negaran a presentarse. Que se trate de un artilugio de la defensa no conmueve ningún procedimiento. Lo que hace peligrar la balanza judicial es la Cámara que deberá decidir al respecto. La misma que resolvió apartar a Lozada de la investigación del c rimen de Diego Alexandre Bonefoi, baleado en la nuca por el cabo Sergio Colombil, hecho que derivó en la posterior represión. La repetición inhibe de señalar al caso como un exabrupto. Hay más.
Para poner en contexto, habrá que recordar que Martín Lozada investigaba la muerte de Sergio Bonefoi desde el momento en que se produjo, detuvo a Colombil, le imputó homicidio agravado y ordenó los peritajes. Por la tarde, la reacción de la poblada humilde, oscuros de piel, historia mapuche, provocó las muertes de Carrasco y Cárdenas. Lozada abrió otra causa paralela para investigar esas muertes.
Pero diez días después de la revuelta de Bariloche, el abogado Marcelo Ganuza pidió la recusación de Lozada. Motivos: los que puede citar cualquier abogado que tenga a mano un manual básico de derecho penal: favoritismo, coerción y preopinión. La Cámara Segunda del Crimen aceptó el pedido y retiró a Lozada de la causa Bonefoi. Se sacaba un peso de encima: Lozada había aprobado el aborto de una adolescente violada por un familiar y aparecía como un molesto referente del equilibrio de la Justicia en la desquilibrada balanza judicial de Bariloche.
Pero el juez continuó con la investigación por los otros dos crímenes. No logró por el momento dar con los autores directos, pero a principios de febrero citó a indagatoria, es decir, como responsables de las muertes, al secretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré; al jefe de la policía provincial, Jorge Villanova; a los dos jefes de la Unidad Regional III, Argentino Hermosa y Miguel Veroiza, y al jefe de la comisaría 28 de Bariloche, de la que dependía Colombil y que fue destruida por los vecinos, Jorge Carrizo. La defensa de los cinco pidió que antes de la indagatoria se le abriera el expediente para enterarse de las acusaciones. “El Código de Procedimientos de Río Negro no habilita a que se abra el expediente a quien será imputado, previo al acto de la indagatoria –citaron en los tribunales de Bariloche–. La indagatoria es un acto por el cual el Estado lo informa del delito que se le imputa y es el medio de defensa que el imputado dispone en oposición a esa acusación.” Pero los camaristas decidieron “innovar” y ordenaron que Lozada les abriera el expediente. Un tiempo prudencial después, en abril, Lozada citó nuevamente a indagatoria a los cinco responsables de la irresponsabilidad policial. Fue entonces que la defensa pidió la recusación acusándolo de “claro y parcial determinismo incriminatorio para con la policía”.
La Cámara Segunda fue nota de tapa en este diario por los escándalos en los que había quedado envuelta. Uno de sus integrantes, Héctor Leguizamón Pondal, vio escrito su apellido por todos los muros de Bariloche luego de que se hiciera público que había presionado al exclusivo colegio al que iba su hijo para que lo aprobaran en tres exámenes que había reprobado. Los graffiti decían: “Hacé como el juez Pondal”. Una década antes, había protagonizado otro escándalo cuando insultó a la fiscal Mirta Siedlecki por ser judía, y pidió apartar al entonces camarista Carlos Rozanski, que lo investigaba por corrupción, “por tratarse de un judío”.
Como agregado a los vínculos poco aceitados, hace poco tiempo se abrió un concurso para ocupar uno de los cargos del Superior Tribunal provincial. Por el statu quo judicial se presentó Leguizamón Pondal. Pero en oposición, 85 organismos de la sociedad de Río Negro presentaron la candidatura de Lozada y salieron en su apoyo ahora, cuando el mismo Pondal deberá resolver sobre lo que ya había resuelto antes: apartar a Lozada.
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Fuente: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
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