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Editorial de esta semana: DEMOCRATIZAR LA DICTADURA, HABILITACIÓN PARA MATAR ... El gobierno antipopular de Macri propone una reforma al código penal, para de una vez por todas, "democratizar la dictadura". Cuando las fuerzas de seguridad(?) tienen habilitación para matar o lesionar en la calle, en penitenciarias, la situación hay que revisarla con ojos de buen entendedor. Sí te manifestás, me das pie a que te mate. Sí protestás, me das pie para que te mate. ... leer la editorial completa ....

miércoles, 19 de julio de 2017

CRISTIAN TOLEDO, OTRA VÍCTIMA DEL GATILLO FÁCIL


El sábado 15 de julio en horas de la madrugada, Cristian Toledo de 24 años fue asesinado por un bombero de la policía de la ciudad. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Vélez Sarfield y Santo Domingo , en el barrio de Barracas. La muerte de Cristian suma a un nuevo caso de violencia policial, en un fin de semana donde al menos 3 personas fallecieron víctimas de las fuerzas de seguridad. Por ANRed

17 de Julio(ANRED).-

El sábado por la madrugada Adrián Gustavo Otero, bombero de la policía de la ciudad, asesinó a Cristian Toledo de 24 años vaciándole el cargador de su arma. El hecho ocurrió en la esquina de Vélez Sarfield y Santo Domingo en el barrio de Barracas. Luego del asesinato Otero no fue detenido, en cambio dos amigos de la víctima quienes estaban junto a el y son los únicos testigos de lo acontecido, fueron trasladados a la Comisaría N°30 “denunciamos este nuevo caso de gatillo fácil, uno más en la Argentina donde cada 25 horas las fuerzas represivas del Estado se cobran una vida inocente. Una vez más tenemos que ver cómo acusan a las víctimas de la violencia policial en lugar de investigar a los verdaderos responsables. En este caso, la versión oficial inventó un robo para hacerlo parecer legítima defensa cuando hay pruebas de sobra que indican que se trató de un hecho de naturaleza totalmente distinta” expresaron mediante un comunicado integrantes de ROCVI (red de organizaciones contra la violencia institucional de villa 21-24).
Este hecho se suma a una larga lista de víctimas producto de la violencia estatal a través de sus fuerzas de seguridad. Ese mismo sábado en la Unidad N°8 de Los Hornos moría una mujer producto del abandono del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien le negó el acceso al derecho a la salud mientras sufría un paro cardíaco sin recibir la atención médica adecuada. El viernes pasado un hombre de 38 años se “suicidó” en la comisaría de Salto, donde permanecía detenido en el marco de una investigación por los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, encubrimiento, infracción a la Ley 23.737 y portación ilegal de arma de fuego. Según explicó el comisario, ya habían recibido la orden del juzgado para trasladarlo a un penal pero estaban "aguardando cupo". Un caso similar al jóven Gonzalo Fernández, quien falleció en la Comisaría 3° de Témperley, y según fuentes oficiales el jóven se “suicidó” con su remera. Sus familiares exigen justicia, y descreen de la versión oficial.
Según datos recabados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en los últimos cinco años murieron 43 personas en comisarías bonaerenses y junto a la falta de acceso a la salud, el “suicidio” (como versión oficial de las muertes), es una de las causas más importantes. "La responsabilidad del Estado es insoslayable" enfatizan.
“Estas muertes no son casuales, tienen su explicación en la violencia estatal que se asume como respuesta natural a la problemática del delito. Esto se profundiza con el incremento de procedimientos y prácticas policiales ilegales como las razzias en colectivos, la saturación policial en los barrios, los procedimientos donde ingresan en escuelas y universidades sin orden judicial y la reforma de leyes como la de ejecución penal, entre otras. Las promesas demagógicas de mayor seguridad siguen propiciando la violencia y la restricción de derechos. Los tres poderes del Estado son responsables de tomar las medidas efectivas para que no se produzcan más muertes” expresó mediante un comunicado la CPM.




LA MUERTE EN EL ENCIERRO

18 de Julio de 2017(Red Eco).-
En los últimos días se conocieron varios casos de personas que fallecieron en dependencias policiales y cárceles. Torturas, golpes, falta de atención médica y contención son las prácticas habituales contra los privados de libertad. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - Gonzalo Fernández tenía 22 años, dos hijos y vivía en una barriada del conurbano bonaerense. Trabajaba como repartidor de bidones de agua en Lanús y estaba construyendo su hogar en el fondo de la casa de sus papás.

En la madrugada del 18 de junio fue detenido acusado de hacer disturbios en la vía pública y trasladado a la comisaría 3º de Temperley. Esa misma tarde su pareja intentó verlo y dejarle comida, pero no se lo permitieron. Más tarde le informarían a su madre que se había suicidado con una remera en su calabozo.

Sin embargo, al ver el cuerpo los familiares notaron que le faltaban dos dientes y tenía marcas de golpes. Además, la autopsia reveló que la hora aproximada de la muerte fue a las 16 de ese domingo, mismo horario en que su pareja se había presentado en la dependencia policial.

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) comenzó a intervenir en el caso y se presentó ante la Fiscalía 5 de Lomas de Zamora para solicitar información respecto al avance de la investigación. A su vez, se pidió la aplicación de la Resolución 1390, mediante la cual no pueden intervenir funcionarios policiales en las causas que involucren a las fuerzas de seguridad. También se hizo referencia a las resoluciones 3975/11 y la 268/12 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que indican que en esa comisaría de Temperley no se pueden alojar detenidos.

La de Gonzalo no es la única muerte registrada en una dependencia policial en los últimos días. La semana pasada un hombre de 38 años se suicidó en la comisaría de Salto, donde estaba detenido por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, encubrimiento, entre otros delitos. El comisario relató que ya habían recibido la orden del juzgado para trasladarlo a un penal, pero aún esperaban “cupo”.

Según datos de la CPM, actualmente hay 3010 detenidos en 432 dependencias policiales cuando en realidad hay lugar para 1039; es decir que 2 de cada 3 personas duermen sin colchones. En los últimos cinco años murieron 43 personas en comisarías bonaerenses.

Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Comité Contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales, han afirmado en varias oportunidades que las comisarías no son lugares aptos para la detención de personas.

Cabe recordar que a principios de marzo murieron 7 detenidos en la Comisaría Primera de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, durante un incendio en una de las celdas sobrepobladas como ya es habitual.

Las pericias y los testimonios de sobrevivientes indicaron que los agentes policiales no intervinieron para prevenir el siniestro, ni para auxiliar a las víctimas una vez que el fuego se desató. Las puertas que tenían que estar abiertas estaban cerradas, sólo se abrieron para sacar al policía encargado del control y cuidado directo de los detenidos y las volvieron a cerrar con candado; también tardaron en llamar a los bomberos y cuando llegaron no sólo no ayudaron sino que obstruyeron las tareas de los rescatistas refiriendo haber perdido las llaves cuando las tenían el oficial de servicio y el comisario.

Por el hecho fueron detenidos 5 policías, pero 4 de ellos recibieron el beneficio del arresto domiciliario. Primero fue el juez de Garantías, César Solazzi, quien dictó esta medida que incluye un monitoreo satelital a través de una tobillera con GPS. Tras una apelación, la medida fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.

Tanto las querellas como el fiscal de la causa, Néstor Mastorchio, habían denunciado estrategias de entorpecimiento de la investigación judicial por parte de los imputados y sus defensores. Además, permanece prófugo el comisario Alberto Donza.

La CPM, que también interviene en esta causa, remarcó que desde el comienzo la propia policía intentó entorpecer la investigación, adulterando por ejemplo los libros de la comisaría. A su vez, los imputados y sus defensores realizaron permanentes cuestionamientos sobre los funcionarios judiciales actuantes y denunciaron amenazas. Sin embargo, nada de esto pudo ser comprobado.

La muerte tiene muchas caras en el encierro. El 60% de los fallecimientos que se producen en este marco son consecuencia de falta de acceso a la salud y la atención médica. Es el caso de Luisa Cienfuego, quien estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos y murió de un paro cardíaco.

Sus compañeras denunciaron que la mujer de 43 años padecía problemas de salud que no eran atendidos de manera adecuada a pesar de su insistente pedido.

La versión oficial indicó que “Cienfuego recibió la visita de dos hijas y un yerno. Tenía problemas cardíacos y los familiares le informaron que había caído detenido un sobrino. Esto la puso nerviosa y se descompensó. La atendió un médico de la unidad, que la derivó a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana". Sin embargo, sus compañeras de pabellón denunciaron que pidió ir a Sanidad y no fue escuchada.

Al enterarse de la muerte de Luisa, sus compañeras iniciaron una protesta para denunciar la negligencia y abandono del servicio penitenciario. La respuesta fue la represión y el traslado de al menos 14 de ellas a las Unidades 45 y 51 de Melchor Romero y Magdalena.

“Estas muertes se inscriben en un contexto de hacinamiento crítico y de incremento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en todos los territorios. (…) Estas muertes no son casuales, tienen su explicación en la violencia estatal que se asume como respuesta natural a la problemática del delito. (…) Las promesas demagógicas de mayor seguridad siguen propiciando la violencia y la restricción de derechos. Los tres poderes del Estado son responsables de tomar las medidas efectivas para que no se produzcan más muertes”, afirmaron desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
Fuentes: CPM / Anred

PUEBLOS FANTASMAS COMO PRODUCTO DE LA DESOCUPACIÓN

(Barómetro Internacional).-
Por Norma Estela  Ferreyra:  
Tal vez, se preguntarán porque no salgo de Argentina, para tocar otros temas. Y es porque este Gobierno que tenemos, es un experimento neoliberal para medir las resistencias de los pueblos.  Esa es la importancia que tiene el informar a toda América Latina. Es inimaginable lo que aquí sucede y es bueno conocer sobre ello, porque estoy más que segura, que es el nuevo plan cóndor para la región y será extensivo a otros pueblos  del mundo.
Gracias al equipo del periodista Tomás Méndez, de Córdoba, que se visualiza en C5N, un canal de Bs As,  el único que soporta un asedio brutal de cortes e interferencias y es capaz de descubrir las verdades ocultas del macrismo, con un presidente que realiza aceleradamente la entrega total del país a manos de las Multinacionales que se sentaron junto con él, en el sillón de Rivadavia, para demostrar que se puede destruir una nación, así como a otros países del mundo, mucho más poderosos que el nuestro.
Córdoba, es una de las ciudades más golpeadas por el desamparo gubernamental, ya que  tanto el gobernador Juan Schiaretti como su co-monárquico José Manuel De la Sota, que desde hace muchos años vienen gobernando alternativamente, no porque valgan algo, sino porque de los tres postulantes, el TA-TE-Ti menos nocivo, parecían ser ellos.
Pero hoy, nos enteramos por otro periodista de investigación de Córdoba, Lázaro Llorens, de que tanto De la Sota como Squiaretti,  tenían  una larga trayectoria en su relación con los  Macri, lo que los cordobeses ignorábamos y que luego derivó en el 70% de votantes que eligieron al presidente en Córdoba, que le dieron el triunfo a estos impresentables que ocupan todos los asientos del Poder Ejecutivo, con cargos de ministros, para provocarle dolor a nuestro pueblo trabajador, llevándolo a la indigencia, por medio de la desocupación, aumentos de la inflación, de los precios y cincuenta etcéteras.
Pero vayamos al punto de los pueblos fantasmas que están apareciendo en el país, comenzando por Córdoba. Una Provincia con sierras hermosas y lugares casi vírgenes, llenos de belleza, adonde se asentaron personas humildes, alrededor de una Cantera de cal, llamada Quilpo, que antes estaba en manos de una  argentina de Amalita Fortabat, pero que luego se vende a una empresa Mexicana, que tiene otra cantera diferente  en la provincia de San Juan.
Alrededor de 200 familias se van a vivir al territorio de la cantera de cal, que abastecía a la industria de la construcción desde hacía muchos años. La empresa les había donado terrenos para que hicieran su vivienda, su escuela primaria y secundaria, jardín de infantes, un club con una cancha de fútbol y  una capilla para oír misa, entre otras cosas. Así se había formado un pueblo serrano, muy alejado de la ciudad  capital y a 40 km de Cruz del Eje, con  familias que trabajaban en ese lugar y de acuerdo con las ventas realizadas, a los albañiles de la construcción, que estaba  en auge, hasta que Macri asumiera y  pudo  vivir  y criar a sus hijos, con tranquilidad.
Pero un día sábado les pidieron las tarjetas a los obreros y al día siguiente, les dijeron que la cantera cerraba y que debían irse, porque las escasas ventas de su materia prima, les hacían imposible el negocio, debido a la caída de la construcción. Pero hay que  aclarar que en San Juan se quedaban, porque era una cantera para abastecer a la industria minera. Desde ese día, comenzaron a demolerles las casas, el club, la capilla y todos se quedaron sin trabajo, sin casa, sin escuelas, sin dispensario, sin nada, dejando un impacto ambiental que quedó a la vista. Y lo peor, fue que el gobierno de Córdoba, se lavó las manos en el asunto. Realmente, una salvajada. https://www.facebook.com/153427751341447/videos/1958761287474742/ (poner en google)
Pero esto no termina aquí, los pueblos fantasmas seguirán apareciendo sin que nadie se haga responsable. Macri rematará 200.000 Ha de tierras del Estado. Y comenzó intentando el remate de 100.000 Ha que intentó vender a Chile, en la zona limítrofe de Mandoza con ese país, sabiendo que no pueden venderse esos territorios  a extranjeros. El tema es que el primo del presidente, de apellido Calcaterra, que todos consideramos testaferro del presidente, un Frigorífico de papas en tierras aledañas y le vendría muy bien esa operación,  para instalar allí un negocio internacional.
https://www.facebook.com/153427751341447/videos/1923637907653747/
Pero estas tierras hace más de 30 años que están en manos de arrendatarios, que explotan esos campos de propiedad del Ejército Argentino y que no se pueden vender por ser territorio fronterizo, por lo que el intento de Macri de expulsar a productores arrendatarios que explotan muy bien esas tierras,  parece ser un acto viciado de corrupción o  de inconstitucionalidad. Las tierras tienen un valor de venta de 30.000 dólares la Ha, y cínicamente, se les dice a los productores, que van a tener prioridad para la compra, como si a esos valores ellos los pudieran pagar.
Como dijo Alejandro Ippolito, refiriéndose al gobierno actual: Vinieron a destrozarlo todo, a destruir el país, a despedazarlo y retirarse con las ganancias del bestial remate. Tranzaron con los imperios, con EEUU, con Inglaterra e Israel, están dispuestos a convertirnos en un desierto inundado de parias en agonía. Esto es lo que aplauden los ignorantes, esto es lo que celebran los imbéciles, con esto están de acuerdo los vende patria, esto es lo que promueven los periodistas mercenarios desde el multimedios omnipresente, esto es lo que votaron los mediocres por apatía o egoísmo, por desinterés o por odio, por desmemoria o maldad, pero esto es lo que votaron.
ULTIMO MOMENTO: La represión en el desalojo de la planta de PepsiCola, no están desconectadas de la arremetida del presidente  Macri contra la justicia laboral a la que pretende descalificar como "la mafia de los juicios" mientras manda perseguir a los jueces que no fallan en acuerdo con el Gobierno. Pero tampoco estos hechos podrían verse al margen de la reforma laboral aprobada en Brasil y que pretende presentarse como modelo para la región .Nada de esto está desconectado de la intención deliberada de bajar drásticamente “los costos laborales y volver a principios del siglo pasado en cuanto a la negación de las conquistas que lograron durante más de un siglo, mientras la dirigencia de la CGT acompaña con inacción y complicidad a la ola de despidos de los trabajadores

normaef10@hotmail.com