sábado, 22 de enero de 2011
SE SUMAN LOS APOYOS A LA COMUNIDAD QOM
(Puerta E).- Mujeres indígenas de Sudamérica exigen que se reivindiquen los derechos de la comunidad Quom
Por Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica
Enviado por Eva Gamboa
Distinguidas/dos Señores
Dra. Cristina Fernández de Kirchner – Presidenta de la República de Argentina
Dra. Alicia Margarita Kirchner - Ministra de Desarrollo Social
Sr. Gildo Insfran - Gobernador de Formosa
Sr. Floro Eleutorio Bogado - Vicegobernador de Formosa
Distinguidas/os Señoras/res:
Saludándoles cordialmente me dirijo a Uds. en mi condición de Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica para expresar lo siguiente:
Nos pronunciamos ante la profunda preocupación por los acontecimientos y consecuencias desde el 23 de noviembre del 2010. Que se viene produciendo debido a la lucha por el territorio donde viven la comunidad La Primavera de la provincia de Formosa. Donde se ha violado la ley 26.160 de Emergencia Territorial que suspende todos los procesos de desalojo durante el período de vigencia de dicha ley:
1. Exigimos la reivindicación de los derechos a la Comunidad La Primavera. Que están plasmados en el derecho Internacional como la Convención del Convenio 169 de la OIT (Que no es OPCIONAL si no OBLIGATORIA), y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas (ONU 13/9/2007).
2. La urgente devolución del territorio ancestral a la comunidad de La Primavera.
3. Resarcimiento económico y/o construcción de viviendas a las familias que se les quemaron todas sus pertenencias (viviendas, ropa, herramientas, colchones, utensilios, bicicletas, mercadería).
4. Tramitación de los DNI con presencia de algún funcionario nacional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ofrecer tranquilidad y seguridad a los miembros de la comunidad.
5. Poner en funcionamiento programas nacionales que den respuesta a la crisis sanitaria
(Chagas, tuberculosis, diarreas, desnutrición, etc. Se trata de la provincia con los peores índices sanitarios del país: mortandad infantil (20.5 por mil), mortandad materna (15 por mil nacimientos), mayor penalización por desigualdad (4,6 %), 740 habitantes por médico.
6. Garantizar una investigación seria y un proceso justo en relación a los acontecimientos del pasado 23 de noviembre. Para ello se considera fundamental que dicho proceso se realice en el fuero federal debido a la estrecha articulación de las instituciones provinciales y porque la represión ha ocurrido sobre una ruta nacional; (tanto en los hechos de la mañana como en los de la tarde en los cuales estuvo implicada indirectamente como testigo y directamente como actor principal, la policía provincial); porque la defensora pública oficial de Formosa el día 23 de noviembre denunció ante los Juzgados Federales de Formosa los hechos sucedidos, porque el 3/09/2010 se había interpuesto una medida cautelar en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa solicitando entre otros puntos que las fuerzas policiales que se abstengan de realizar cualquier acto de intimidación sobre los miembros de la comunidad indígena La Primavera.
Argentina.
Por todo ello, señora Presidenta, pedimos su atención y su decisión como Presidenta del pueblo Argentino, en el que está también la comunidad La Primavera, para que se respeten plenamente sus derechos y todos podamos seguir creyendo en el ejercicio del poder con democracia para todas las sociedades que la componen.
Finalmente, le deseamos mucha sabiduría, como mujer y como Presidenta, para tomar decisiones que respeten la vida y la justicia, que es la apuesta de mujeres indígenas.
Muy fraternalmente,
Tarcila Rivera Zea
Coordinación Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica
Por Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica
Enviado por Eva Gamboa
Distinguidas/dos Señores
Dra. Cristina Fernández de Kirchner – Presidenta de la República de Argentina
Dra. Alicia Margarita Kirchner - Ministra de Desarrollo Social
Sr. Gildo Insfran - Gobernador de Formosa
Sr. Floro Eleutorio Bogado - Vicegobernador de Formosa
Distinguidas/os Señoras/res:
Saludándoles cordialmente me dirijo a Uds. en mi condición de Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica para expresar lo siguiente:
Nos pronunciamos ante la profunda preocupación por los acontecimientos y consecuencias desde el 23 de noviembre del 2010. Que se viene produciendo debido a la lucha por el territorio donde viven la comunidad La Primavera de la provincia de Formosa. Donde se ha violado la ley 26.160 de Emergencia Territorial que suspende todos los procesos de desalojo durante el período de vigencia de dicha ley:
1. Exigimos la reivindicación de los derechos a la Comunidad La Primavera. Que están plasmados en el derecho Internacional como la Convención del Convenio 169 de la OIT (Que no es OPCIONAL si no OBLIGATORIA), y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas (ONU 13/9/2007).
2. La urgente devolución del territorio ancestral a la comunidad de La Primavera.
3. Resarcimiento económico y/o construcción de viviendas a las familias que se les quemaron todas sus pertenencias (viviendas, ropa, herramientas, colchones, utensilios, bicicletas, mercadería).
4. Tramitación de los DNI con presencia de algún funcionario nacional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ofrecer tranquilidad y seguridad a los miembros de la comunidad.
5. Poner en funcionamiento programas nacionales que den respuesta a la crisis sanitaria
(Chagas, tuberculosis, diarreas, desnutrición, etc. Se trata de la provincia con los peores índices sanitarios del país: mortandad infantil (20.5 por mil), mortandad materna (15 por mil nacimientos), mayor penalización por desigualdad (4,6 %), 740 habitantes por médico.
6. Garantizar una investigación seria y un proceso justo en relación a los acontecimientos del pasado 23 de noviembre. Para ello se considera fundamental que dicho proceso se realice en el fuero federal debido a la estrecha articulación de las instituciones provinciales y porque la represión ha ocurrido sobre una ruta nacional; (tanto en los hechos de la mañana como en los de la tarde en los cuales estuvo implicada indirectamente como testigo y directamente como actor principal, la policía provincial); porque la defensora pública oficial de Formosa el día 23 de noviembre denunció ante los Juzgados Federales de Formosa los hechos sucedidos, porque el 3/09/2010 se había interpuesto una medida cautelar en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa solicitando entre otros puntos que las fuerzas policiales que se abstengan de realizar cualquier acto de intimidación sobre los miembros de la comunidad indígena La Primavera.
Argentina.
Por todo ello, señora Presidenta, pedimos su atención y su decisión como Presidenta del pueblo Argentino, en el que está también la comunidad La Primavera, para que se respeten plenamente sus derechos y todos podamos seguir creyendo en el ejercicio del poder con democracia para todas las sociedades que la componen.
Finalmente, le deseamos mucha sabiduría, como mujer y como Presidenta, para tomar decisiones que respeten la vida y la justicia, que es la apuesta de mujeres indígenas.
Muy fraternalmente,
Tarcila Rivera Zea
Coordinación Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica
MÁS MUERTES EN COMISARÍAS
Corrientes (Agencia Walsh).- José Adrián Azula falleció el pasado lunes 17 en el Hospital Escuela, tras sufrir graves quemaduras en la Comisaría Decimotercera. El muchacho era carrero changarín y se encargaba de trasladar arena y ladrillos para ayudar a su familia. José murió hace tres días y así fue el primer ser humano asesinado de 2011 en contexto de encierro. Logro indiscutible del gobernador Colombi.
"José Hipólito Ramírez, abandonado por su familia y el Estado, ya se sentía mal el día anterior, tirado en un sucio colchón, en su celda del Área de Seguridad. Reclamó inútilmente que lo llevaran al hospital y amaneció muerto en su celda. Salió en una bolsa negra de plástico, con destino final al sector de indigentes del cementerio municipal". Ramírez partió en junio de 2010 y esta cita es parte de la crónica que daba cuenta exacta del amontonamiento de los pobres para destrucción de su humanidad en Corrientes, con el que continuamos el Balance (anti) carcelario 2010, realizado por la compañera Hilda Presman de la Red de Derechos Humanos.
Al igual que en el resto del país, en esta provincia es tradición matar a los compañeros con fuego, y también de otros modos aberrantes, en cárceles y comisarías.
Pruebas al canto: en la comisaría 7ma, en enero del 2006, fueron incendiados un chico procesado y otros dos jóvenes detenidos por averiguación de antecedente (todos menores de edad). En el 2005, Darío Capdevila muere calcinado en la comisaría 11 de Corrientes y Marcelo Diego Ramírez en la comisaría de Esquina. Carlitos Soto, sucumbió en la Unidad Penal 1 en 2004 y Luís Arias en la comisaria 8va, en 2005. En 2006, en la Comisaría Departamental de Goya, cae Andrés Maximiliano Lugo. En la Comisaría 3ra de Corrientes, Darío Torres, y en Unidad Penal 6, de San Cayetano Juan Carlos Duarte, en un "suicidio" por ahorcamiento. En 2009, Dante Alejandro Vázquez, de 25 años y próximo a salir en libertad condicional apareció asesinado en las inmediaciones del río, en la Granja Yatay. Ese mismo año, pero en la comisaría de Mburucuyá fue detenido Isidro Pared, acusado de robar mandioca de una chacra -acaso el alimento más barato de la Argentina. Y aunque no existe, legalmente, la pena de muerte en nuestro país, Isidro fue ejecutado por policías de Mburucuyá por el supuesto delito de hambre. Estos son algunos datos relevantes marcados a fuego perpetrados durante la gestión de los primos Colombi, alineados con el kirchnerismo hasta la 125, y oligarcas sin disfraces en adelante.
Oscar Castelnovo
La provincia de Corrientes, con un millón de habitantes, encabeza los peores indicadores sociales del país de pobreza, de precarización laboral, con falta de cobertura médica y saturación de la salud pública, transporte urbano cada vez mas caro e ineficiente, déficit e inaccesibilidad a vivienda digna, falta de programas de vivienda social, expulsión campesina a poblar asentamientos miserables, índices elevadísimos de desnutrición, deserción escolar y trabajo infantil.
La falta de perspectivas para las nuevas generaciones lleva casi inexorablemente a un alto consumo de alcohol, pegamento y psicofármacos en niños y adolescentes. No existen centros de prevención y rehabilitación. Solo hay que esperar que estos chicos delincan y entonces la única política posible es la de hacinar jóvenes, cada vez mas jóvenes en cárceles y comisarías, trasladando entonces, sin respuesta, las adicciones a la cárcel. Allí se sostienen y se potencian además por la corrupción del sistema.Existen más de 1200 personas privadas de su libertad, 450 condenados en la Unidad penal 1 (cárcel con capacidad para 200 personas), el resto alojados en Alcaldías de Procesados y comisarías de toda la provincia. En el área de seguridad del Hospital Psiquiátrico de Corrientes, dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, están alojados 62 personas, 53 hombres y nueve mujeres. Allí, amaneció muerto en su celda José Hipólito Ramírez, una víctima más del maltrato físico y psicológico, del abandono familiar y de un estado que acostumbra invisibilizar a los más frágiles y excluidos de los excluidos.
Fueron innumerables este año las denuncias por apremios ilegales, por detenciones arbitrarias, por violencia institucional (policía o servicio penitenciario provincial). Trato cruel y degradante a quienes están en proceso y/o cumpliendo condena y la humillación adicional a sus familiares y allegados que luego de la exposición al frío/calor/lluvia/sol, en largas colas de espera, sin baños, a la madrugada o la siesta pasan por requisas vejatorias.
Los problemas de infraestructura denunciados en los últimos años siguen sin solución, todas las cárceles carecen de suficiente agua, situación que con los calores de esta época del año eclosiona con más fuerza. La unidad 6 de procesados, en San Cayetano, carece directamente de agua potable. La empresa de aguas de Corrientes, lleva un insuficiente tanque de agua semanal, para consumo de condenados y penitenciarios. En las visitas y en "paquete" marchan, el larga y pesada caminata, los familiares con bidones de refuerzo.
También fue motivo de denuncia la carencia de agua en la alcaidía de San Luís del Palmar. Denuncias por la ruptura de caños y mangueras, que se repusieron luego que se hicieran públicas las privaciones con huelga de hambre y reclamo de familiares.
Apremios, golpizas y traslados, fueron denunciados desde la Alcaldía de Paso de los Libres. En otras oportunidades idénticas situaciones se dieron en Goya y Santo Tomé. Las detenidas en la Comisaría de la Mujer, a fuerza de golpes, huelga de hambre y traslados, consiguieron que se acondicionara una celda para garantizar el derecho a sus visitas intimas, inexistente en ninguna alcaidía o cárcel de mujeres. Solo accedían a las visitas íntimas las detenidas que tenían su pareja alojada en la cárcel de condenados, a donde eran trasladadas para la visita.
El hostigamiento a quienes denuncian o reclaman por sus derechos siempre va acompañado de impunidad, que se evidencia en que no hay un penitenciario con proceso firme o condena por corrupción, vejámenes, o torturas, pese a que el servicio penitenciario está intervenido desde hace 4 años por estos hechos, son una constante en todas las unidades penales. Los penitenciarios son solo trasladados (hasta que pase la tormenta) de la Unidad 1, a la 6, de allí a la 4 y vuelta a la 1...
Violaciones a sus derechos en lo que hace a condiciones dignas de detención, hacinamiento, falta de adecuada asistencia social y laboral, falta de acceso a posibilidades reales de inserción laboral a futuro, incumplimiento de sus obligaciones, morosidad en el cumplimiento de beneficios que la Ley de Condena otorga, falta de defensor de ejecución, una sola jueza de ejecución para mas de 500 condenados, cientos de procesados sin sentencia complementan la violencia institucional ejercida contra estas personas privadas de su libertad por decisión del Estado.
Hilda Presman Red de Derechos Humanos de Corrientes
"José Hipólito Ramírez, abandonado por su familia y el Estado, ya se sentía mal el día anterior, tirado en un sucio colchón, en su celda del Área de Seguridad. Reclamó inútilmente que lo llevaran al hospital y amaneció muerto en su celda. Salió en una bolsa negra de plástico, con destino final al sector de indigentes del cementerio municipal". Ramírez partió en junio de 2010 y esta cita es parte de la crónica que daba cuenta exacta del amontonamiento de los pobres para destrucción de su humanidad en Corrientes, con el que continuamos el Balance (anti) carcelario 2010, realizado por la compañera Hilda Presman de la Red de Derechos Humanos.
Al igual que en el resto del país, en esta provincia es tradición matar a los compañeros con fuego, y también de otros modos aberrantes, en cárceles y comisarías.
Pruebas al canto: en la comisaría 7ma, en enero del 2006, fueron incendiados un chico procesado y otros dos jóvenes detenidos por averiguación de antecedente (todos menores de edad). En el 2005, Darío Capdevila muere calcinado en la comisaría 11 de Corrientes y Marcelo Diego Ramírez en la comisaría de Esquina. Carlitos Soto, sucumbió en la Unidad Penal 1 en 2004 y Luís Arias en la comisaria 8va, en 2005. En 2006, en la Comisaría Departamental de Goya, cae Andrés Maximiliano Lugo. En la Comisaría 3ra de Corrientes, Darío Torres, y en Unidad Penal 6, de San Cayetano Juan Carlos Duarte, en un "suicidio" por ahorcamiento. En 2009, Dante Alejandro Vázquez, de 25 años y próximo a salir en libertad condicional apareció asesinado en las inmediaciones del río, en la Granja Yatay. Ese mismo año, pero en la comisaría de Mburucuyá fue detenido Isidro Pared, acusado de robar mandioca de una chacra -acaso el alimento más barato de la Argentina. Y aunque no existe, legalmente, la pena de muerte en nuestro país, Isidro fue ejecutado por policías de Mburucuyá por el supuesto delito de hambre. Estos son algunos datos relevantes marcados a fuego perpetrados durante la gestión de los primos Colombi, alineados con el kirchnerismo hasta la 125, y oligarcas sin disfraces en adelante.
Oscar Castelnovo
La provincia de Corrientes, con un millón de habitantes, encabeza los peores indicadores sociales del país de pobreza, de precarización laboral, con falta de cobertura médica y saturación de la salud pública, transporte urbano cada vez mas caro e ineficiente, déficit e inaccesibilidad a vivienda digna, falta de programas de vivienda social, expulsión campesina a poblar asentamientos miserables, índices elevadísimos de desnutrición, deserción escolar y trabajo infantil.
La falta de perspectivas para las nuevas generaciones lleva casi inexorablemente a un alto consumo de alcohol, pegamento y psicofármacos en niños y adolescentes. No existen centros de prevención y rehabilitación. Solo hay que esperar que estos chicos delincan y entonces la única política posible es la de hacinar jóvenes, cada vez mas jóvenes en cárceles y comisarías, trasladando entonces, sin respuesta, las adicciones a la cárcel. Allí se sostienen y se potencian además por la corrupción del sistema.Existen más de 1200 personas privadas de su libertad, 450 condenados en la Unidad penal 1 (cárcel con capacidad para 200 personas), el resto alojados en Alcaldías de Procesados y comisarías de toda la provincia. En el área de seguridad del Hospital Psiquiátrico de Corrientes, dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, están alojados 62 personas, 53 hombres y nueve mujeres. Allí, amaneció muerto en su celda José Hipólito Ramírez, una víctima más del maltrato físico y psicológico, del abandono familiar y de un estado que acostumbra invisibilizar a los más frágiles y excluidos de los excluidos.
Fueron innumerables este año las denuncias por apremios ilegales, por detenciones arbitrarias, por violencia institucional (policía o servicio penitenciario provincial). Trato cruel y degradante a quienes están en proceso y/o cumpliendo condena y la humillación adicional a sus familiares y allegados que luego de la exposición al frío/calor/lluvia/sol, en largas colas de espera, sin baños, a la madrugada o la siesta pasan por requisas vejatorias.
Los problemas de infraestructura denunciados en los últimos años siguen sin solución, todas las cárceles carecen de suficiente agua, situación que con los calores de esta época del año eclosiona con más fuerza. La unidad 6 de procesados, en San Cayetano, carece directamente de agua potable. La empresa de aguas de Corrientes, lleva un insuficiente tanque de agua semanal, para consumo de condenados y penitenciarios. En las visitas y en "paquete" marchan, el larga y pesada caminata, los familiares con bidones de refuerzo.
También fue motivo de denuncia la carencia de agua en la alcaidía de San Luís del Palmar. Denuncias por la ruptura de caños y mangueras, que se repusieron luego que se hicieran públicas las privaciones con huelga de hambre y reclamo de familiares.
Apremios, golpizas y traslados, fueron denunciados desde la Alcaldía de Paso de los Libres. En otras oportunidades idénticas situaciones se dieron en Goya y Santo Tomé. Las detenidas en la Comisaría de la Mujer, a fuerza de golpes, huelga de hambre y traslados, consiguieron que se acondicionara una celda para garantizar el derecho a sus visitas intimas, inexistente en ninguna alcaidía o cárcel de mujeres. Solo accedían a las visitas íntimas las detenidas que tenían su pareja alojada en la cárcel de condenados, a donde eran trasladadas para la visita.
El hostigamiento a quienes denuncian o reclaman por sus derechos siempre va acompañado de impunidad, que se evidencia en que no hay un penitenciario con proceso firme o condena por corrupción, vejámenes, o torturas, pese a que el servicio penitenciario está intervenido desde hace 4 años por estos hechos, son una constante en todas las unidades penales. Los penitenciarios son solo trasladados (hasta que pase la tormenta) de la Unidad 1, a la 6, de allí a la 4 y vuelta a la 1...
Violaciones a sus derechos en lo que hace a condiciones dignas de detención, hacinamiento, falta de adecuada asistencia social y laboral, falta de acceso a posibilidades reales de inserción laboral a futuro, incumplimiento de sus obligaciones, morosidad en el cumplimiento de beneficios que la Ley de Condena otorga, falta de defensor de ejecución, una sola jueza de ejecución para mas de 500 condenados, cientos de procesados sin sentencia complementan la violencia institucional ejercida contra estas personas privadas de su libertad por decisión del Estado.
Hilda Presman Red de Derechos Humanos de Corrientes
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