El Instituto Superior de Formación Docente Nº 804 ANEXO EL MAITÉN, LLAMA A PRESENTACION DE PROYECTOS PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES ESPACIOS CURRICULARES DE LAS OFERTAS 2010 – 2° cuatrimestre:
Para 2° Año del Profesorado de Educación Primaria:
Psicología educacional (5 hs. Cuatrimestral)
Sujetos de la Educación Primaria (4hs. Cuatrimestral)
Para 3º Año del Profesorado de Educación Primaria:
Filosofía (4hs. Cuatrimestral)
Didáctica de la lengua y la Literatura en el 2º Ciclo (5hs. Cuatrimestral) Espacio a cargo de un docente con formación específica y un docente de Educación primaria especializado en Lengua
Didáctica de Matemática en el 2º Ciclo (5hs. Cuatrimestral) Espacio a cargo de un docente con formación específica y un docente de Educación primaria especializado en Matemática
Didáctica de las Ciencias Sociales el 2º Ciclo (5hs. Cuatrimestral) Espacio a cargo de un docente con formación específica y un docente de Educación primaria especializado en Ciencias Sociales.
Didáctica de las Ciencias Naturales en el 2º Ciclo (5hs.Cuatrimestral.) Espacio a cargo de docentes con formación específica y un docente de Educación primaria especializado en Ciencias Naturales
Educación Tecnológica y su didáctica (3hs. Anual)
Para características del proyecto y contenidos de los espacios se puede consultar:
Correo electrónico: 804elmaiten@gmail.com.
Página web del Instituto: http://isfd804.chu.infd.edu.ar
De lunes a viernes (de 19 a 21 hs.), en el Colegio Nº 726 de El Maitén. (Tel 02945-495042)
La fecha de presentación de los mismos vence el día 13 de agosto a las 19 hs. en el anexo El Maitén o en la Sede Esquel del Instituto
Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com
miércoles, 4 de agosto de 2010
MARCHAN POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
(País Mapuche).-Familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, estudiantes, organizaciones sociales y algunas comunidades convocaron a marchas en 6 ciudades, para exigir la libertad de los peñi a 22 días sin ingerir alimentos.
Cientos de personas a lo largo del Gulumapu respondieron al llamado haciéndose presentes para exigir las demandas de no aplicar más la ley antiterrorista, no más testigos protegidos y no más doble juzgamiento principalmente, lo que aún no es respondido por las autoridades chilenas.
Ampliar en: http://paismapuche.org/?p=608
COMUNICADOS: INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Nº813
El Instituto Superior de Formación Docente Nº 813 comunica el inicio del proyecto de capacitación: “El jardín Maternal: una mirada crítica, constructiva de nuestra realidad local”.
El mismo comenzará el día sábado 28 de agosto de 9:00 a 15:00 hs.
Solicitamos a quienes ya han realizado la pre-inscripción comunicarse al teléfono 02944 499748 de 19 a 21 hs desde el día 10 de agosto al 20 inclusive.
El Instituto Superior de Formación Docente Nº 813 informa que los días 17 y 18 de septiembre se llevaran a cabo en la Sede del Instituto la: “Primera Jornada de Didáctica de la Ternura en la Primera Infancia”. La misma estará a cargo de Lic. María Emilia López y Lic. Linda Hendler; especialistas de la Universidad Nacional De Bs. As. con amplia trayectoria en la temática.
El mismo está dirigido a docentes de Jardín Maternal; Docentes de Nivel Inicial, Primer Ciclo; docentes de Educación especial; Equipos Técnicos de Atención a la Primera Infancia, Estudiantes de las carreras de Nivel Inicial, Primaria y Educación Especial
La pre-inscripción se realizará a partir del día 11 al 30 de agosto, de 19 a 21 hs en la Sede del Instituto ubicado en la calle Remigio Nogués s/n Lago Puelo
El mismo comenzará el día sábado 28 de agosto de 9:00 a 15:00 hs.
Solicitamos a quienes ya han realizado la pre-inscripción comunicarse al teléfono 02944 499748 de 19 a 21 hs desde el día 10 de agosto al 20 inclusive.
El Instituto Superior de Formación Docente Nº 813 informa que los días 17 y 18 de septiembre se llevaran a cabo en la Sede del Instituto la: “Primera Jornada de Didáctica de la Ternura en la Primera Infancia”. La misma estará a cargo de Lic. María Emilia López y Lic. Linda Hendler; especialistas de la Universidad Nacional De Bs. As. con amplia trayectoria en la temática.
El mismo está dirigido a docentes de Jardín Maternal; Docentes de Nivel Inicial, Primer Ciclo; docentes de Educación especial; Equipos Técnicos de Atención a la Primera Infancia, Estudiantes de las carreras de Nivel Inicial, Primaria y Educación Especial
La pre-inscripción se realizará a partir del día 11 al 30 de agosto, de 19 a 21 hs en la Sede del Instituto ubicado en la calle Remigio Nogués s/n Lago Puelo
A LOZADA LE TOCÓ LA HORA DE PAGAR: "LA SANTA INQUISICIÓN"
(www.mensajerodigital.com - por Fernando Fernández Herrero).- Lozada molesta, le llegó la hora de pagar, de expiar sus pecados.
Lozada muestra que otra actitud es posible dentro de la justicia, que un juez puede mezclarse con las víctimas, embarrase los zapatos, que confundirse con el pueblo es también una forma de que la justicia sea más digna, muchos de los otros jueces no conocen los barrios humildes de la ciudad, Lozada si, y cuida los derechos de las personas por sobre los de los viene materiales. A Lozada lo respaldan las Organizaciones Sociales y lo respetan los pobres de la ciudad, dos atributos que ningún otro juez de Bariloche puede ostentar. Decenas de fallos de jueces de la ciudad se ven a los ojos de la población como sospechosos, pero ahora el Juicio Político cae sobre un Juez por un tema que está en discusión en todo el país. Si prospera el Juicio Político será un castigo ideológico y religioso.
En el día de mañana los jueces Sodero Nievas, y Alejandra Ramos Mejía; los abogados Enrique José Mansilla, Dolores Mazzante, y Alejandro Ramos Mejía (hijo), y los legisladores Nelly Meana, Iván Lázzeri, y Silvina García Larrauburu, decidirán si avalan el juicio político al Juez Martín Lozada.
El pedido de Juicio Político fue llevado a cabo a raíz de la intervención de Lozada cuando autorizó la interrupción del embarazo a una menor que denunció haber sido violada por su padre y por su tío durante meses, la prueba de ADN cuyos resultados estuvieron después de la intervención que interrumpió el embarazo no pudieron demostrar que el mismo hubiera sido producido por el padre o el tío de la menor.
Diego Breide, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad y ferviente militante católico, además de miembro de la agrupación Grávida cuestionó al juez Lozada durante los acontecimientos argumentando que hubo deficiencias técnicas de la instrucción llevada a cabo. La ley dispone la interrupción del embarazo ante un hecho de violación, las formas de prueba del mismo son diversas, testimonios, análisis de la víctima, pruebas de ADN.
Las organizaciones de derechos humanos respaldaron desde el primer momento y lo siguen haciendo hoy, el accionar de Lozada, entre los promotores del juicio político, muchos abogados revisten y sostienen un rechazo absoluto al aborto debido a sus creencias religiosas y sus posturas ideológicas.
Marina Schifrin consideró que la situación planteada por el Colegio de abogados es un hecho "desatinado" y una "barbaridad", la militante de derechos humanos resaltó que los juicios políticos son mecanismos democráticos que se utilizan en casos de corrupción, cuando hay parcialidad en un caso, o cuando no se tiene verdadero acceso a la justicia, pero no para "una función política o ideológica", en este caso se está poniendo en funcionamiento un mecanismo que es y debería ser democrático para "presionar a un juez que se distingue de los demás por estar asociado a cierto tipo de ideologías". "Estos instrumentos tienen que funcionar no por una cuestión política o ideológica sino cuando hay parcialidad, corrupción y falta de acceso a la Justicia, la verdad espero que no se haga el juicio político". Consideró que es una situación "desatinada" y aseveró que se está "desvirtuando un mecanismo democrático". Con respecto del rol del Consejo de la Magistratura, Schiffrin dijo que "está bien escuchar a los jueces que participen varios integrantes de la comunidad, pero claramente no tiene que haber poder absoluto, sirve en función de una manera de distribuir y controlar, pero acá se pretende juzgar a uno que piensa diferente". Además agregó que "se pretende sentar en el banquillo de los acusados a Lozada porque es un juez que aplica la doctrina internacional de los derechos humanos, que si bien está en la Constitución, no tiene esta recepción en otros Tribunales, hay sectores muy conservadores y no toleran esos casos".
Lozada es un juez que molesta, su trayectoria dentro de una sociedad que salió a vivar el accionar policial a 2 días del asesinato de 3 pibes del alto barilochense, su cuidado de los derechos humanos y sus permanentes reclamos de mejoras en el trato a detenidos, contrastan con una camarilla de jueces que, a los ojos de los sectores populares de la sociedad barilochense, distan mucho de impartir una justicia justa. Lozada molesta a los que se arrogan el derecho de configurar los valores morales que todos deberemos respetar, ese código implícito en el que se cuida la vida del no nacido pero se desprecia y se mata la del que vive en el alto, en el que se protegen las vidrieras de los negocios de Mitre más que las vidas de las personas, ese código que permite detener y golpear a cualquiera que tenga un color de piel incorrecto para determinada zona de la ciudad, o que no juzga a funcionarios y empresarios que promueven un sistema que mata a la gente de pobreza pero si pretende caer con todo su peso sobre los ladrones de gallina, ese código moral de esta sociedad barilochense cae hoy sobre el juez Martín Lozada.
Lozada muestra que otra actitud es posible dentro de la justicia, que un juez puede mezclarse con las víctimas, embarrase los zapatos, que confundirse con el pueblo es también una forma de que la justicia sea más digna, muchos de los otros jueces no conocen los barrios humildes de la ciudad, Lozada si, y cuida los derechos de las personas por sobre los de los viene materiales. A Lozada lo respaldan las Organizaciones Sociales y lo respetan los pobres de la ciudad, dos atributos que ningún otro juez de Bariloche puede ostentar. Decenas de fallos de jueces de la ciudad se ven a los ojos de la población como sospechosos, pero ahora el Juicio Político cae sobre un Juez por un tema que está en discusión en todo el país. Si prospera el Juicio Político será un castigo ideológico y religioso.
En el día de mañana los jueces Sodero Nievas, y Alejandra Ramos Mejía; los abogados Enrique José Mansilla, Dolores Mazzante, y Alejandro Ramos Mejía (hijo), y los legisladores Nelly Meana, Iván Lázzeri, y Silvina García Larrauburu, decidirán si avalan el juicio político al Juez Martín Lozada.
El pedido de Juicio Político fue llevado a cabo a raíz de la intervención de Lozada cuando autorizó la interrupción del embarazo a una menor que denunció haber sido violada por su padre y por su tío durante meses, la prueba de ADN cuyos resultados estuvieron después de la intervención que interrumpió el embarazo no pudieron demostrar que el mismo hubiera sido producido por el padre o el tío de la menor.
Diego Breide, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad y ferviente militante católico, además de miembro de la agrupación Grávida cuestionó al juez Lozada durante los acontecimientos argumentando que hubo deficiencias técnicas de la instrucción llevada a cabo. La ley dispone la interrupción del embarazo ante un hecho de violación, las formas de prueba del mismo son diversas, testimonios, análisis de la víctima, pruebas de ADN.
Las organizaciones de derechos humanos respaldaron desde el primer momento y lo siguen haciendo hoy, el accionar de Lozada, entre los promotores del juicio político, muchos abogados revisten y sostienen un rechazo absoluto al aborto debido a sus creencias religiosas y sus posturas ideológicas.
Marina Schifrin consideró que la situación planteada por el Colegio de abogados es un hecho "desatinado" y una "barbaridad", la militante de derechos humanos resaltó que los juicios políticos son mecanismos democráticos que se utilizan en casos de corrupción, cuando hay parcialidad en un caso, o cuando no se tiene verdadero acceso a la justicia, pero no para "una función política o ideológica", en este caso se está poniendo en funcionamiento un mecanismo que es y debería ser democrático para "presionar a un juez que se distingue de los demás por estar asociado a cierto tipo de ideologías". "Estos instrumentos tienen que funcionar no por una cuestión política o ideológica sino cuando hay parcialidad, corrupción y falta de acceso a la Justicia, la verdad espero que no se haga el juicio político". Consideró que es una situación "desatinada" y aseveró que se está "desvirtuando un mecanismo democrático". Con respecto del rol del Consejo de la Magistratura, Schiffrin dijo que "está bien escuchar a los jueces que participen varios integrantes de la comunidad, pero claramente no tiene que haber poder absoluto, sirve en función de una manera de distribuir y controlar, pero acá se pretende juzgar a uno que piensa diferente". Además agregó que "se pretende sentar en el banquillo de los acusados a Lozada porque es un juez que aplica la doctrina internacional de los derechos humanos, que si bien está en la Constitución, no tiene esta recepción en otros Tribunales, hay sectores muy conservadores y no toleran esos casos".
Lozada es un juez que molesta, su trayectoria dentro de una sociedad que salió a vivar el accionar policial a 2 días del asesinato de 3 pibes del alto barilochense, su cuidado de los derechos humanos y sus permanentes reclamos de mejoras en el trato a detenidos, contrastan con una camarilla de jueces que, a los ojos de los sectores populares de la sociedad barilochense, distan mucho de impartir una justicia justa. Lozada molesta a los que se arrogan el derecho de configurar los valores morales que todos deberemos respetar, ese código implícito en el que se cuida la vida del no nacido pero se desprecia y se mata la del que vive en el alto, en el que se protegen las vidrieras de los negocios de Mitre más que las vidas de las personas, ese código que permite detener y golpear a cualquiera que tenga un color de piel incorrecto para determinada zona de la ciudad, o que no juzga a funcionarios y empresarios que promueven un sistema que mata a la gente de pobreza pero si pretende caer con todo su peso sobre los ladrones de gallina, ese código moral de esta sociedad barilochense cae hoy sobre el juez Martín Lozada.
GUALEGUAYCHÚ: ENCUENTRO POR LA TIERRA URBANA
Gualeguaychú (MUP).- El día 26 de julio se llevó a cabo en el salón del consejo deliberante un nuevo encuentro por la problemática de la tierra y vivienda en Gualeguaychú, un espacio impulsado por distintos gremios y agrupaciones sociales y territoriales.
En este encuentro participaron representantes del poder ejecutivo, en la persona de Amalia Peroni (Secretaria de Planeamiento Urbano), concejales locales en representación de sus respectivos bloques, el titular del IAPV Carlos Aloy y la representación de los gremios AGMER y ATE, junto con las agrupaciones sociales MTR, CCC, MILITANTES POR LA UNIDAD POPULAR , entre otros.
El eje de la reunión se basó en el compromiso asumido en el encuentro anterior, que fue la determinación de los espacios para hacer frente a la demanda habitacional, que según datos históricos asciende a 3.000 familias en Gualeguaychú, lo que equivale a más o menos entre 15.000 a 20.000 vecinos afectados por esta problemática. Esta realidad es muy diversa, están aquellos que aun trabajando y con recibos de sueldos, les es imposible acceder a una vivienda propia por vía de créditos hipotecarios; están los que en igual situación no pueden acceder a la compra de un terreno por el valor especulativo de los mismos, aún cuando haya la posibilidad de la ejecución de planes de viviendas. En igual sentido, ambos se ven cautivos de pagar en algunos casos, alquileres de un valor desproporcionado fruto de la concentración y especulación inmobiliaria, en detrimento de su economía familiar. Además de estas, hay otra diversidad de situaciones hasta llegar a aquellos vecinos que no tienen absolutamente nada, ni trabajo ni vivienda y padecen condiciones indignas de habitabilidad.
Desde el Municipio se plantea una serie de mediadas progresivas para la obtención de tierras aptas para la construcción. Dichas medidas se basan principalmente en ordenanzas que gravan la posesión de grandes superficies con una sobretasa que iría destinada a un fondo para obtener una banco de tierras; por otro lado la exigencia de lotear las grandes terrenos, para de este modo tributar ya no por uno solo, sino por cada lote que se obtenga y con algunas variantes relacionadas a permutas que permitirían la obtención de pequeñas parcelas que se destinarían a viviendas. Así mismo, se plantea la posibilidad de modificar algunas ordenanzas vigentes relacionadas a la construcción en altura y a los metros cuadrados mínimos de loteo (hoy establecidos en 200 m2 ). Estas y otras medidas semejantes son las que se plantean para dar soluciones habitacionales a un mínimo de 3.000 familias. Acciones necesarias pero no suficientes.
Nuestras exigencias no son más que el cumplimiento de la Constitución Provincial , que en su art. 25, garantiza la vivienda digna a todos los habitantes. En este sentido se plantea, ante la grave situación que ya atraviesa a la ciudad, la puesta en funcionamiento de mecanismos constitucionales como es la declaración de utilidad publica de la tierra para la construcción de viviendas, que le corresponde al Consejo Deliberante, y que se completa con la posterior ley de expropiación dictada por la Legislatura Provincial. Mecanismo este, como se observa, que respeta toda las etapas democráticas hoy vigentes.
La expropiación tiene un contexto constitucional y legal que no significa un acto de enajenación y que da cumplimiento al principio constitucional que dice que “la propiedad privada es inviolable y tiene una función social”.
Es aquí donde debe estar la “mano” del estado, regulando una situación presente de indefensión para muchos vecinos, aunque algunos intenten disimular y correr el arco.
No hay duda, estamos en una emergencia social y ante tal situación se debe actuar con la severidad necesaria, esperando que los que hoy nos gobiernan y legislan estén a la altura de las circunstancias y “representen” los intereses del pueblo y no el de un grupo minoritario que sigue siendo favorecido por el sistema.
Nuestro planteo es claro: solución general y total a esta situación de emergencia social. Los mecanismos están en nuestra Constitución, sólo tiene que existir la voluntad política de llevarlas a la práctica y terminar con el padecimiento de miles de vecinos.
En este encuentro participaron representantes del poder ejecutivo, en la persona de Amalia Peroni (Secretaria de Planeamiento Urbano), concejales locales en representación de sus respectivos bloques, el titular del IAPV Carlos Aloy y la representación de los gremios AGMER y ATE, junto con las agrupaciones sociales MTR, CCC, MILITANTES POR LA UNIDAD POPULAR , entre otros.
El eje de la reunión se basó en el compromiso asumido en el encuentro anterior, que fue la determinación de los espacios para hacer frente a la demanda habitacional, que según datos históricos asciende a 3.000 familias en Gualeguaychú, lo que equivale a más o menos entre 15.000 a 20.000 vecinos afectados por esta problemática. Esta realidad es muy diversa, están aquellos que aun trabajando y con recibos de sueldos, les es imposible acceder a una vivienda propia por vía de créditos hipotecarios; están los que en igual situación no pueden acceder a la compra de un terreno por el valor especulativo de los mismos, aún cuando haya la posibilidad de la ejecución de planes de viviendas. En igual sentido, ambos se ven cautivos de pagar en algunos casos, alquileres de un valor desproporcionado fruto de la concentración y especulación inmobiliaria, en detrimento de su economía familiar. Además de estas, hay otra diversidad de situaciones hasta llegar a aquellos vecinos que no tienen absolutamente nada, ni trabajo ni vivienda y padecen condiciones indignas de habitabilidad.
Desde el Municipio se plantea una serie de mediadas progresivas para la obtención de tierras aptas para la construcción. Dichas medidas se basan principalmente en ordenanzas que gravan la posesión de grandes superficies con una sobretasa que iría destinada a un fondo para obtener una banco de tierras; por otro lado la exigencia de lotear las grandes terrenos, para de este modo tributar ya no por uno solo, sino por cada lote que se obtenga y con algunas variantes relacionadas a permutas que permitirían la obtención de pequeñas parcelas que se destinarían a viviendas. Así mismo, se plantea la posibilidad de modificar algunas ordenanzas vigentes relacionadas a la construcción en altura y a los metros cuadrados mínimos de loteo (hoy establecidos en 200 m2 ). Estas y otras medidas semejantes son las que se plantean para dar soluciones habitacionales a un mínimo de 3.000 familias. Acciones necesarias pero no suficientes.
Nuestras exigencias no son más que el cumplimiento de la Constitución Provincial , que en su art. 25, garantiza la vivienda digna a todos los habitantes. En este sentido se plantea, ante la grave situación que ya atraviesa a la ciudad, la puesta en funcionamiento de mecanismos constitucionales como es la declaración de utilidad publica de la tierra para la construcción de viviendas, que le corresponde al Consejo Deliberante, y que se completa con la posterior ley de expropiación dictada por la Legislatura Provincial. Mecanismo este, como se observa, que respeta toda las etapas democráticas hoy vigentes.
La expropiación tiene un contexto constitucional y legal que no significa un acto de enajenación y que da cumplimiento al principio constitucional que dice que “la propiedad privada es inviolable y tiene una función social”.
Es aquí donde debe estar la “mano” del estado, regulando una situación presente de indefensión para muchos vecinos, aunque algunos intenten disimular y correr el arco.
No hay duda, estamos en una emergencia social y ante tal situación se debe actuar con la severidad necesaria, esperando que los que hoy nos gobiernan y legislan estén a la altura de las circunstancias y “representen” los intereses del pueblo y no el de un grupo minoritario que sigue siendo favorecido por el sistema.
Nuestro planteo es claro: solución general y total a esta situación de emergencia social. Los mecanismos están en nuestra Constitución, sólo tiene que existir la voluntad política de llevarlas a la práctica y terminar con el padecimiento de miles de vecinos.
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