La represión desatada el 26 de junio de 2002 fue planificada y ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde respondiendo a los reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias AEA, UIA, SRA, ADEBA, coordinándolo con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.
Para ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con carta blanca para matar.
Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares.
Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado, que no significaba otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo.
El gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha. Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús.
Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha.
El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización multitudinaria, hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo.
Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia. Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene en claro su culpabilidad como responsable político principal de los asesinatos de nuestros compañeros Maxi y Dario. Hoy como siempre, nuestra sentencia es clara, ¡Duhalde es candidato, pero a la cárcel!
De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es jefe de Gabinete, fue uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Carlos Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro y apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la Victoria. Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y él también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña.
En cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes, a los Duhalde, a los Solá, JJ Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Soria, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Los que hoy son expresiones de lo más nefasto de la política están firmemente acomodados tanto en el actual esquema político kirchnerista como en la oposición patronal.
Kirchner intentó cooptar y engañar a los compañeros, compañeras y familiares de Darío y Maxi con la promesa de “investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a la conciliación y la continuidad de la lucha nos permitió encarcelar a Fanchiotti y Acosta.
La complicidad del Gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la SIDE y permitir que Duhalde no se presente ante la justicia. Política de impunidad que continúa hasta el día de hoy.
Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y a todas las plazas del poder político logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas y que fue monitoreada por la SIDE. Sin embargo, el fiscal federal Miguel Angel Osorio se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.
La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo, puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se mueve por orden de la Secretaría General de la Presidencia, que todavía no ha respondido por el informe solicitado por la fiscalía en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002. Se manifiesta así, a lo largo de estos 9 años, el hilo conductor de impunidad que une a los gobiernos de Duhalde y los Kirchner.
Porque la impunidad genera más impunidad: quienes dieron las órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 9 años ni siquiera fueron investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos; y esa impunidad avala que desde el estado se siga organizando la represión de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los luchadores por los distintos medios y mecanismos tan utilizados para reprimir al pueblo.
Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Darío y Maxi. Y vamos por el juicio a todos los responsables políticos. Así como también seguimos denunciando la complicidad civil de los medios de comunicación para incentivar y luego encubrir la masacre. Asimismo denunciamos la complicidad de este gobierno para no enjuiciar a los responsables políticos e intelectuales.
Estamos acá para denunciar que bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y asesina. Con la mirada cómplice del sistema penitenciario bonaerense, el asesino Fanchiotti ha burlado su condena entrando y saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad para seguir funcionando con las redes represivas para atacar a los luchadores. Asimismo la impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la ayuda de las patotas de la burocracia sindical, apañadas por la política gubernamental y que ya se han cobrado varias víctimas, amedrentando persiguiendo y asesinando a nuestros compañeros.
Hoy exigimos al gobierno nacional la urgente aparición con vida del compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura, exigimos el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, testigo en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe, y exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga, todos testimonios de la existencia de un aparato represivo actuante que jamás fue desmantelado y que se entrelaza con las mafias del narcotráfico, el delito, la trata de personas y los asesinos de la dictadura impune.
Estamos aquí para denunciar que a 9 años de la Masacre sigue intacto el aparato represivo responsable de la brutal represión. Que el Gobierno que se autodenomina de los Derechos Humanos sigue reprimiendo al pueblo que sale a luchar por vivienda, educación, salud y trabajo digno. Que los Macri y los K no dudan acordar rápidamente para reprimir brutalmente al pueblo como pasó en el Parque Indoamericano, cobrándose la vida de los compañeros Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez. Que la represión encubierta sigue siendo la herramienta principal de los Gobernadores K para intentar disciplinar al pueblo en su lucha, como lo demostró el caso de los compañeros Mario y Roberto López, asesinados en Formosa por el gobierno de Insfrán. Luego de sostener varios meses de acampe para que el Gobierno se decidiera a atender a los compañeros Qom, sin obtener respuesta fueron desalojados entre la policía y La Cámpora.
La impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la participación de la burocracia sindical apañada por el gobierno. Desde este acto, a seis días de cumplirse ocho meses del crimen de Mariano Ferreyra -caído en la lucha contra la burocracia y contra la tercerización laboral- celebramos la victoria popular que significa haber llevado a la cárcel a algunos de los autores materiales de su asesinato y a sus mentores, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz. Al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso en la lucha para que paguen todos los responsables -lo que incluye a los empresarios, policías y funcionarios cómplices de los patoteros-, para que Pedraza y sus matones sean efectivamente condenados, y para terminar con el régimen negrero de las tecerizaciones.
Más de cuatro años después del fusilamiento del luchador docente y militante revolucionario Carlos Fuentealba en Neuquén, sólo está preso el asesino Poblete, mientras los que ordenaron la represión siguen gobernando la provincia, donde también sigue impune el asesinato del militante Lázaro Duarte a manos de patotas del MPN. Mientras Sobisch y los responsables políticos de los asesinatos están libres de culpa y cargo, se condena a los compañeros que repudiaron el crimen. El actual gobernador Jorge Sapag es el garante de la impunidad de Sobisch y es otro aliado del Gobierno Nacional.
Denunciamos la existencia de un aparato represivo impune que es heredero del golpe militar del ¨76, que sigue actuando animado por los mismos intereses económicos y sociales, lo que provocó desde 1983, 51 manifestantes muertos en movilizaciones populares y que desde la era Kirchner suma 847 muertos por casos de gatillo fácil. Los juicios a represores 30 años después llegan sólo a un grupo reducido de genocidas, aislados de sus conexiones con el poder político, capitalista y clerical. Luchamos por perpetua para los miles de implicados.
Más de 5.000 luchadoras y luchadores están procesados. El Gobierno alienta el juicio contra militantes populares, sociales y políticos; asambleístas, ambientalistas en Guleguaychú, Vicente Lopez, Andalgalá y Famatina; piqueteros y piqueteras; ex delegados del Casino; Subte; trabajadores y trabajadoras de Kraft, trabajadores ferroviarios, vendedores ambulantes y estudiantes de la FUBA. El gobierno desata una cacería de brujas contra la organizaciones populares, los primeros casos testigos son la persecución a Roberto Martino, quien fue puesto en libertad recientemente por la lucha popular, y la condena a Fernando Esteche, Raúl “Boli” Lescano, y otros compañeros del MPR Quebracho, así como Raúl Abregó del Polo Obrero de San Juan. Desde este Puente exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera, La Gallega Karina Germano López, Jose Villalba y Manuel Arias, así como la anulación de las condenas y el desprocesamiento de todos los luchadores, entendiendo que cuando tocan a uno, tocan a todos.
Este nuevo aniversario nos encuentra denunciando la movilización de un enorme dispositivo represivo, a instancias del Gobernador Daniel Peralta, contra la huelga docente y los petroleros de Santa Cruz. Desde aquí compañeros y compañeras, nos hacemos parte de esa lucha, que también es nuestra, con la fortaleza que solo la solidaridad de clase posee y les decimos que no están solos, que ningún luchador está solo, como nos enseño el ejemplo de Dario y Maxi.
Los reclamos que levantamos el 26 de junio de 2002, como en tantas otras, están hoy tan vigentes como ayer. Digan lo que digan los dibujos del Indec, la inflación galopante ha hecho caer millones de argentinas y argentinos bajo la línea de pobreza sólo en el último año, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos jóvenes desocupados. El reclamo de un trabajo para cada desocupado y desocupada, de un subsidio igual a la canasta alimentaria, de un salario equivalente a la canasta familiar, de acabar con la flexibilidad laboral y el trabajo en negro, se hacen cada día más urgentes, no sólo en las barriadas del sur bonaerense en las que militaban Darío y Maxi, sino también en todo el país. Denunciamos la política económica del gobierno que enriquece a las grandes empresas multinacionales, a los pooles de siembra con los grandes negocios de la soja, que entrega nuestros bienes comunes naturales, y que se sostiene en base a la pobreza y el trabajo precarizado de miles de compañeros y compañeras.
Hoy los pueblos siguen levantándose y mostrándonos el camino, enfrentando las crisis capitalistas que generan y nos quieren hacer pagar. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas imperialistas, como lo demuestra la gran movilización del pueblo hondureño contra el golpe de estado del 28 de junio de 2009.
El gobierno nacional favorece al capital financiero pagando la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa cuando vuelve a haber muertos por desnutrición, brotan epidemias que hacen estragos en la niñez, y hay 5,5 millones de jubilados con la jubilación mínima de $1200, a la vez que saquea la ANSES para obtener los recursos para el pago de la deuda y subsidiar a los bancos y empresas con los aportes sociales de las trabajadoras y los trabajadores.
Sus aliados son los Soria, los Insfrán, los Otahecé, el MPN, es decir, lo más nefasto de la política nacional, llegando al límite de poner como candidato a senador al mismísimo Carlos Menem.
Después de haber anunciado que otorgaría miles de puestos en el Programa Argentina Trabaja sobre millones de desocupadas y desocupados, sólo han inscripto a una mínima parte en el conurbano y una vergonzosa cifra en algunas pocas provincias del interior. El Gobierno coloca el Programa bajo control del aparato de punteros de los intendentes y las organizaciones oficialistas. Luchamos por trabajo para todos y todas, por la universalización del Programa sin clientelismo, y reclamamos el aumento de los salarios, el pago de cargas sociales, la entrega de ropa y elementos de trabajo y seguridad. Reclamamos plenos derechos de organización sindical para luchar por nuestras reivindicaciones laborales.
Seguimos señalando que el subsidio por hijo no llega a todas las familias que lo necesitan ni a todos los hijos de los beneficiarios. Su monto está congelado y carcomido por la inflación, y en vez de incorporarlo al presupuesto el gobierno lo financia con los aportes de las y los trabajadores a la ANSES. Asimismo el gobierno ha eliminado y vaciado otros planes sociales, recortando la asistencia a comedores escolares y populares, y a la juventud de las barriadas.
Frente a esta situación reclamamos un subsidio al desocupado igual al costo de la canasta alimentaria; que se reabran las paritarias; por un aumento mínimo del 35%; un salario igual a la canasta familiar para las y los trabajadores del campo y la ciudad; el 82% móvil para las jubilaciones; y que se ponga en marcha un verdadero plan de vivienda popular y obras públicas.
Hoy más que nunca levantamos bien altas las banderas del movimiento piquetero y de trabajadores desocupados, de la clase obrera de conjunto, de las y los estudiantes, del movimiento de los campesinos pobres, de los trabajadores y las trabajadoras del campo, y de los pueblos originarios. Seguimos en la calle por nuestros reclamos de terminar con la explotación y la miseria, y contra la represión del estado y por justicia para nuestras compañeras y compañeros que cayeron en el curso de esta lucha.
Desde este histórico Puente le decimos a los Duhalde, a los Kirchner, a los Scioli, a los Macri, a los Alfonsín y a los De Narváez, y a todos los que hoy llevan adelante este régimen de hambre y miseria, que vamos a seguir peleando por trabajo, por salario, por vivienda, salud y educación.
Repudiamos el intento del gobierno de manipular el histórico reclamo de justicia mientras mantiene el aparato represivo y criminaliza la protesta social.
Reivindicamos la independencia de las organizaciones populares frente al Estado y los partidos patronales, y repudiamos la política de cooptación oficial que desnaturaliza y destruye organizaciones que son emblema de la lucha popular, como demuestran los casos de Schoklender y el Inadi.
Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales; los más de 3 mil asesinados por “gatillo fácil” desde 1983; y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera y el compañero junto al que salimos a luchar, y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.
Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.
A 9 Años de la Masacre de Avellaneda
- JUSTICIA PARA MAXI Y DARIO
- DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 9 AÑOS DE IMPUNIDAD
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA
- CARCEL YA A DUHALDE, SOLA , FERNANDEZ , VANOSSI, JJ ALVAREZ, SORIA.
- CARCEL A PEDRAZA Y LAS PATOTAS. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. BASTA DE BUROCRACIA SINDICAL.
- CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE LOS COMPAÑEROS QOM Y LOS CAIDOS EN EL PARQUE INDOAMERICANOS
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESONSABLES DE LOS ASESINATOS Y LA REPRESIÓN POLICIAL EN BARILOCHE.
- EXIGIMOS LA APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ Y LUCIANO ARRUGA.
- LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS, CARLOS OLIVERA, LA GALLEGA KARINA GERMANO LÓPEZ, JOSE VILLALBA Y MANUEL ARIAS.
- DESPROCESAMIENTO, CIERRE DE LA CAUSAS Y ANULACION DE LAS CONDENAS DE LOS MAS DE 5.000 LUCHADORES POPULARES.
- POR EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DE SANTA CRUZ. FUERA LA GENDARMERÍA Y LAS PATOTAS CON LAS QUE TERCERIZAN LA REPRESIÓN.
- BASTA DE PRECARIZACION LABORAL Y PERSECUCION POLÍTICA A LOS LUCHADORES POPULARES.
HOY COMO SIEMPRE
¡¡¡¡DARÍO SANTILLÁN, PRESENTE!!!!!
¡¡¡¡ MAXIMILANO KOSTEKI, PRESENTE!!!!!
Editoriales ANP
