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Editorial de esta semana: "ARGENTINA CAE EN EL EMBUDO DEL PLAN COLOMBIA" ... Argentina cae en el embudo del Plan Colombia. Y aunque muchxs traten de hacer quedar al presidente como un inepto, no hay nada más alejado a la realidad. O bien, es posible que Macri no comprenda la totalidad de lo que su gobierno está haciendo, pero sabe que es parte de un manual pensado y ensayado en varios países, construido por EEUU, en el que las burguesías locales se quedan con grandes migajas y entregan todo el resto y más a esos empresarios que manejan varios Estados además de sus empresas. ... leer la editorial completa ....

sábado, 6 de mayo de 2017

GARANTIZAR LOS DERECHOS NO ES DELITO

El Bolsón (ANPP).- Compartimos el siguiente comunicado:
 
GARANTIZAR DERECHOS NO ES DELITO

En el mes de diciembre del año 2015 una mujer concurrió al Hospital Sub-zonal de El Maitén a solicitar una interrupción legal del embarazo. Fue atendida, informada y evaluada por profesionales de esa institución. Luego de cumplimentar los pasos contemplados en  la ley provincial, el Código Penal y Código Civil  de la Nación, y el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo, se instauró el tratamiento médico correspondiente según quedó comprobado en la investigación fiscal. Finalizado el procedimiento, a los pocos días y por causas no establecidas, la mujer falleció.

La Multisectorial de Mujeres de Esquel lamenta profundamente la muerte de la mujer, y acompaña en su dolor a la familia.

Asimismo hace público su repudio a la judicialización de una de las médicas intervinientes, residente del Hospital  El Maitén, que obró en pos de garantizar derechos contemplados en el marco normativo y legal vigente, relacionado a la Interrupción Legal del Embarazo. Dicho marco contempla:

·         Código Penal de la Nación que en su artículo 86 inc. 1° y 2°, califica como no punibles las interrupciones de embarazos realizadas con motivo de violación o por causas que pongan en riesgo la salud o la vida de una mujer.

·         Código Civil y Comercial de la Nación que garantiza a partir de los dieciséis años la misma autonomía que una persona adulta  atinente al cuidado de su propio cuerpo.

·         Ley XV-14 de Aborto no punible de la Provincia del Chubut vigente desde 2010 y pionera en nuestro país, que califica como no punible toda interrupción de embarazo motivada por riesgos para la salud, entendida esta última en su triple dimensión biopsicosocial.

·         Protocolo Nacional para la de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Orientado a garantizar el cumplimiento de este derecho en todo el territorio nacional y revisado por última vez en abril del año 2015. En este protocolo se enumeran los principios rectores para la práctica y entre ellos se enuncia el principio de autonomía que indica que “todas las actitudes y prácticas de las y los profesionales de la salud deben estar destinadas a que en base a información veraz, adecuada y completa la mujer pueda tomar la mejor decisión para ella”.

La pérdida de una vida es siempre dolorosa. Pero es importante destacar que el accionar de la médica no tuvo relación alguna con ese lamentable resultado, por tanto su procesamiento no proveerá reparación ni hará justicia.

La mujer ejerció su derecho y la médica cumplió su obligación de garantizarlo, por lo que entendemos esta judicialización como un mecanismo aleccionador y restrictivo del acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo.

Exigimos una investigación responsable y profunda sobre lo acontecido.

Exigimos la absolución de la médica procesada.

Solicitamos el acompañamiento del Sistema de Salud y sus autoridades, siendo el mismo co-responsable en el accionar de los médicos en formación.

Exigimos que exista capacitación ya para efectores de salud, fuerzas de seguridad y operadores judiciales para actuar como corresponde ante situaciones de ILE, tal como lo recomendó el camarista en el fallo del Caso de Belén

Repudiamos las acciones estigmatizantes sobre las médicas y los médicos garantistas de derechos.

Ratificamos el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos.

Seguimos bregando POR LA EFECTIVA APLICACIÓN DEL Protocolo Nacional de Atención Integral para personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Para contactarse/entrevistas: 294-4379082(Defensor) 
294-4832779 (Verónica) 2945-563099 (Julieta)

ABUELAS: COMUNICADO DE PRENSA

El Bolsón (ANPP).- Difundimos el siguiente comunicado.

Ref. Destacamos la independencia de los jueces que se niegan a reinstaurar la impunidad.

Las Abuelas de Plaza de Mayo celebramos la actitud independiente de los jueces Oscar Alberto Herbott, Ángel Gabriel Nardiello y Adriana Palliotti, quienes acaban de rechazar por unanimidad la excarcelación del coronel retirado Héctor Salvador Giribone, entregador de uno de nuestros nietos, quien pretendía hacer uso del  beneficio del 2x1 para genocidas, instalado el miércoles por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Desde que se hizo público el vergonzoso fallo de la Corte las Abuelas estamos con el corazón en la mano pensando con qué genocidas deberá compartir la vida el pueblo Argentino. Las consecuencias no tardaron en llegar y enseguida los abogados defensores de genocidas se acercaron a los Tribunales para pedir por este privilegio absurdo e injusto.

Felizmente,  la sociedad  también reaccionó con rapidez y firmeza a los intentos de olvido. Desde que se hizo público el fallo, las redes sociales se inundaron de consignas contra el 2x1 para genocidas, referentes de todo el arco político salieron a cuestionarla, y hasta hubo manifestaciones en los espacios públicos.

 Hace unas horas nomás nos enteramos del primer fallo de un Tribunal que decide no hacer lugar al 2x1 para genocidas. Esta decisión nos llena de esperanza y gratitud. Sabemos que la democracia y la memoria se construyen entre todos,  todos los días, en este sentido seguiremos trabajando juntos.

Les pedimos a todos que el miércoles 10 de mayo a las 18 hs. se sumen al reclamo de un pueblo que le dice sí a la justicia y no a la impunidad;  sí a la memoria y no silencio. Entre todos podemos detener los vientos olvido. “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos desaparecidos - ¡presentes!”.

Ciudad de Buenos Aires, viernes 5 de mayo de 2017.
Área Prensa y Difusión

COMUNICADO DE ATECH: PROPUESTA SALARIAL

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos el siguiente comunicado:
Compañer@s:

Como fuimos informando concurrimos en el día de ayer a Rawson a la reunión del Consejo Directivo de la Atech.

SE REPUDIÓ POR UNANIMIDAD EL 2X1 CON QUE LA CORTE SUPREMA FAVORECE A LOS GENOCIDAS SUMÁNDONOS A LAS MOVILIZACIONES Y ACCIONES QUE SE CONVOQUEN AL RESPECTO.

Luego se abordó el análisis de la propuesta salarial que hiciera el gobierno provincial hacia el sector docente.
Consta de un aumento al básico de $300 (4,15%) en abril más otros $600 (8,30%) en julio sosteniendo el bono remunerativo de $1500 POR AGENTE (es decir que no se cobra en todos los cargos). La propuesta ronda EL 12,45% AL BÁSICO a terminar de cobrar en AGOSTO y significa UN AUMENTO de BOLSILLO de menos del 10%.

La propuesta QUE ES INSUFICIENTE y que está muy lejos de contemplar la inflación desde el último aumento, que fue en JULIO DE 2016, dilapidaría el poder adquisitivo de l@s trabajador@s y de ser aceptada por l@s docentes implicaría una baja NOTABLE de nuestro ingreso en relación a la realidad económica. El hecho  LLEVARÍA EL AGRAVANTE DE SER AVALADO POR NOSOTR@S MISM@S. 

Por eso convocamos a los trabajadores a discutir esto hacia adentro de las escuelas para elaborar mandato que puesto en común en la regional (estemos atent@s a la convocatoria) será llevado a Rawson para elaborar mandato provincial al respecto.

El ajuste que se lleva adelante y que avanza sobre los salarios debe tenernos en pie de lucha, l@s docentes del noroeste del Chubut damos día a día  pruebas cabales de nuestra dignidad y capacidad para enfrentar las injusticias.

FUERZA Y UNIÓN!


Nota: Los $2512,18 a los que refiere el acta paritaria que se incrementaría el sueldo inicial refiere al período octubre 2016 a octubre 2017 y obviamente compara los haberes previo al BONO. En adjunto, el acta paritaria, la nota que presentara el sindicato al inicio y las resoluciones de Consejo Directivo de la Atech.


           0294 - 4499 - 791
        0294 - 154 - 67 77 66

UN FALLO CONTRA LA HUMANIDAD

5 de mayo(APL).-
2x1
(APL)“Mientras desde los tres poderes del Estado se promueven reformas regresivas en materia penal, anulando garantías constitucionales y endureciendo leyes para que los autores de delitos comunes permanezcan más tiempo en la cárcel aún sin condena, se favorece a los autores de delitos más graves como el genocidio, la desaparición de personas y las torturas. La desigualdad con la que se tratan unos y otros delitos es muy clara”.Así lo espresó la Comisión en un fragmente del comunicado, que reproducimos más abajo, sobre el fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, que benefició a un genocida con ley del dos por uno y,así, abre el mismo camino para los otros. El dictamen se produce en un contexto de una embestida “reconciliatoria” de la Iglesia y otros estamentos que busca la impunidad para los genocidas militares y civiles de la últiam dictadura. Es casi automática la prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad, mientras que, por caso, se les niegan a mujeres embarazadas o con niños menores de edad, incluso sin sentencia firme y ese derecho. Los autores de delitos de lesa humanidad no pueden acceder a ese derecho, tal como explicaron los dos jueces de CSJN en el mismo fallo divido. Sus crímenes son imprescriptibles y, a su vez, están en plena ejecución dado que, por ejemplo,la desarición de personas la siguen perpetrando al igual que la apropiacion de chicos que robaron a sus padres como botín de guerra.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que decidió beneficiar con la aplicación de la ley 24.390 a un responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. Se trata de un retroceso muy significativo en materia de derechos humanos que no sólo desconoce la historia de lucha de todo el pueblo argentino, sino que contradice lo actuado por esa misma Corte en la temática.

La Comisión Provincial por la Memoria rechaza el fallo del máximo tribunal de justicia argentino que dispuso la aplicación del régimen denominado “2×1”, consagrados en la ley 24.390 (derogada desde el año 2001), a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Con esta decisión, la Corte Suprema habilita la posibilidad de reducir el tiempo de reclusión para los genocidas condenados por la justicia argentina, permitiendo que las condenas impartidas puedan moderarse considerablemente.

La decisión afecta al estado de derecho y constituye una afrenta para todo el pueblo argentino que, desde los años de la dictadura, ha venido sosteniendo una lucha incansable para que el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y la condena a sus responsables se constituya en un baluarte irrenunciable de la vida democrática.

Con esta decisión arbitraria y parcial, la Corte Suprema desconoce además su propia historia como máximo tribunal de justicia que, con decisiones anteriores, fue forjando un camino de lucha contra la impunidad, como la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

Mientras desde los tres poderes del Estado se promueven reformas regresivas en materia penal, anulando garantías constitucionales y endureciendo leyes para que los autores de delitos comunes permanezcan más tiempo en la cárcel aún sin condena, se favorece a los autores de delitos más graves como el genocidio, la desaparición de personas y las torturas. La desigualdad con la que se tratan unos y otros delitos es muy clara.

Como sostuvieron el Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y el juez Carlos Maqueda, en sus votos minoritarios, los delitos de lesa humanidad deben reprimirse de manera adecuada, y esto implica que la reducción de pena no es aplicable. Estos delitos se siguen cometiendo día a día, hasta tanto no se sepa que pasó con los desaparecidos y los nietos y nietas apropiados.

La mayoría de tres jueces que votaron a favor de otorgar esta medida utilizaron argumentos jurídicos formales despojados de consideraciones éticas y legales acordes a los principios de los derechos humanos incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico por el bloque de pactos internacionales de derechos humanos que son parte de la Constitución Nacional. Por otra parte, resulta intolerable el argumento de que porque son delitos que se continúan cometiendo, como lo es la desaparición forzada, eso habilite la reducción de la pena.

Parte de la justicia argentina ha sido responsable de la mora en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, consagrando largamente la impunidad y condenando a las víctimas a una espera angustiante y desesperada. Esa mora favorece ahora a sus responsables, constituyéndose en una pieza que contribuye a la impunidad que han intentado consagrar diversos sectores desde el regreso de la democracia.

La sociedad argentina no ha modificado su percepción sobre estos delitos a los que sigue condenando y rechazando, en la convicción de que la impunidad debilita la democracia.

Por todo esto, la CPM rechaza este fallo y exige a todos los representantes de los tres poderes del Estado que se expresen en el mismo sentido, salvaguardando la historia y la memoria del pueblo argentino y la integridad institucional de nuestra democracia.

Mientras tanto, seguiremos promoviendo, profundizando y extendiendo las luchas populares para que el Nunca Más y los principios de Verdad, Memoria y justicia sean efectivos y sustenten un futuro sin impunidad.

ABRIENDO LA PUERTA A LA IMPUNIDAD


jueves 4 de mayo(Red ECO).-
Preocupación y repudio de organizaciones y referentes de los derechos humanos ocasionó el fallo de la Corte Suprema que aplica la ley del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. El llamado a la “reconciliación” por parte de la iglesia, el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz en una de las causas en su contra, el intento de reinstalar la teoría de los dos demonios y el negacionismo que se impulsa desde el gobierno de Cambiemos suman sombras a un panorama que se oscurece. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - Luis Muiña formaba parte del autodenominado grupo "SWAT", un comando paramilitar interno del Hospital Posadas de El Palomar, partido de Morón, que detenía y torturaba pacientes, trabajadores y vecinos, durante la ocupación militar del nosocomio llevada adelante en el marco del Terrorismo de Estado.
En 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 lo condenó por secuestros y torturas a 13 años de prisión, fallo que quedó firme en 2013.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría aplicar la ley 24.390, conocida como 2 x 1, a Luis Muiña. A favor votaron Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; los dos últimos designados por el gobierno de Cambiemos con el apoyo en el Senado del Frente para la Victoria y la casi totalidad de los bloques opositores. En contra se manifestaron Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda, al señalar que esta reducción de la pena no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
La ley 24.390 estuvo vigente entre 1994 y 2001, año en que fue derogada. En diálogo con el sitio Cosecha Roja, Julián Axat, abogado víctima y querellante en el juicio La Cacha, explicó: “el 2x1 nació por razones relacionadas con el colapso carcelario y la dilación procesal judicial. Se disminuyó así la población de internos entendiendo que el responsable, el que no dictaba condenas, era el propio Poder Judicial”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata y la CTA Autónoma, señalaron que esta norma “establecía que pasados los dos años de prisión preventiva, cada día de detención se contabilizaba doble a los efectos del cómputo de la pena”.
Sin embargo, tras su derogación en 2001 la ley se siguió utilizando en algunos casos: “existían hechos que tenían origen antes de su derogación y que por la aplicación de la ley más benigna se seguía aplicando el 2x1. Los casos típicos son Cabezas y Los Horneros o Grassi. ¿Por qué se les aplicó el 2x1? Porque cometieron hechos que fueron anteriores a 2001 y tardaron en ser juzgados”, aclaró Axat.
De todos modos, esto no cuenta para los casos de desaparición forzada de personas, en que el delito se continúa cometiendo: “los crímenes de lesa humanidad tienen un marco jurídico propio y frente a ellos el Estado tiene la obligación internacional de perseguir y sancionar a sus autores. Con una decisión como la que adopta la Corte Suprema se tornan ilusorias las condenas dictadas y que se dicten en el futuro y se echa en saco roto el denodado esfuerzo que desde hace décadas venimos realizando los organismos de derechos humanos para obtener justicia en el marco de las instituciones”, expresaron desde la CTA-A y la APDH La Plata.
En la mañana de este jueves, la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas realizó una concentración en el hall de la institución en repudio a la decisión de la Corte sobre el represor Muiña: “tristemente conocido aquí en el Posadas, integrante del grupo paramilitar que, en conjunto a las fuerzas de seguridad, sembraron el terror, detuvieron, confinaron en centros clandestinos y desaparecieron a compañeras y compañeros del hospital, transformando nuestro lugar de vida en uno de muerte”, afirmaron desde la Asociación.
“Independencia” de poderes
Apenas se conoció el fallo de la Corte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se mostró de acuerdo con la decisión. En declaraciones radiales afirmó: “Si el fallo está ajustado a la ley, yo acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2x1 aunque se necesita más tiempo para analizar los alcances del caso (…). Hay que ser respetuosos porque por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se limitó a criticar en general la aplicación la ley del 2x1, sin especificar su impronta en casos de lesa humanidad.
De todos modos, desde distintos sectores no tardaron en relacionar la decisión de la Corte con la mirada que desde el gobierno de Cambiemos tienen respecto a los derechos humanos.
Marcelo Ramal, legislador porteño por el FIT, señaló: “aunque parte del máximo poder judicial, el fallo que le otorga el 2 x 1 a los genocidas se encuentra en completa sintonía con una orientación estratégica del macrismo: el rescate de los genocidas de la dictadura, para reinsertar a las fuerzas armadas en la represión interior".
La abogada y dirigente del PTS Myriam Bregman agregó: “los jueces que designó Macri por decreto y cuyos pliegos fueron aprobados luego por senadores que asumieron para esto. Hoy unos señores designados por componendas de los partidos mayoritarios deciden tirar a la basura la lucha de miles contra la impunidad, nuestra pelea por encarcelar a cada uno de estos criminales (…). Todos estos días se llenaron la boca diciendo que todos debían cumplir su condena, contra el ‘garantismo’. ¿Y esto cómo lo explican? ¿Garantismo para genocidas? No nos confundamos, no se trata de ex represores: benefician a un grupo de criminales que siguen cometiendo sus delitos, ya que mantienen apropiados a más de 400 jóvenes (…). De esta manera cumplen también con el mandato reciente de la Iglesia: la reconciliación con los genocidas. Y de paso se ponen a tono con el negacionismo del Gobierno".
Para el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el fallo de la Corte no puede relacionarse con un acto de justicia y aseguró: “hay una clara decisión política detrás de esto. No es casual que los dos jueces que propuso cambiemos para la CSJN hayan votado a favor de este fallo. Así como no es casual la prisión domiciliaria a Etchecolatz y el comunicado del Episcopado. Desde que asumió la gestión Cambiemos, el retroceso en materia de derechos humanos en el país es muy grave, así como en todas las áreas de la vida social”.
Panorama incierto
A pocas horas de conocido el fallo un grupo de organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, convocó a una conferencia de prensa y emitió un comunicado en el que aseguran que la decisión de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas: “como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.
Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.
Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.
De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho”.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, también repudiaron el fallo al que consideraron en consonancia con las políticas de impunidad que pretende imponer el gobierno nacional: “la reivindicación del Terrorismo de Estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política represiva desplegada a lo largo y ancho del país. Para los genocidas que torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros, pedimos cárcel común y efectiva desde hace más de 30 años. Denunciamos que este fallo, además de ser una verdadera provocación para quienes hemos  luchado por décadas para obtener justicia, resulta un verdadero mamarracho fascista, pues la regla de aplicar la norma más benigna resulta absurda, ya que la ley del 2x1 no existía en el momento de cometerse los delitos. Cada día en el que no se abren los archivos de la dictadura los genocidas siguen cometiendo una y otra vez el mismo crimen. Seguimos sin saber dónde están nuestros compañeros detenidos desaparecidos”.
La pata eclesiástica
“No hay nada nuevo de qué asombrarse” afirmaron desde la APDH tras el fallo de la Corte. Sucede que esta medida se conoce tras el impulso de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a un llamado de “reconciliación” entre militares y familiares de desaparecidos, es decir entre victimarios y víctimas del Terrorismo de Estado.
“Los dos lugares que más cobertura brindaron al genocidio y nunca rindieron cuentas ni dieron explicaciones fueron la cúpula de la Iglesia Católica y el Poder Judicial. Actualmente, son parte imprescindible en la avanzada siniestra del negacionismo oficial sobre lo que ocurrió en Argentina durante la vigencia del Terrorismo de Estado”, aseveraron desde la APDH.
En el mismo sentido, Abuelas de Plaza de Mayo rechazó la idea de “reconciliación” con los genocidas que impulsa la CEA de la mano de su presidente, Monseñor José María Arancedo: “la CEA anunció que en su asamblea plenaria recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar ‘un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro’.
Ante esta información, decimos nuevamente: no hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa.
Una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones; con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de nuestros hijos. A través del Movimiento Familiar Cristiano se blanquearon como ‘adopciones’ lo que en realidad fueron apropiaciones de, al menos, dos de nuestras nietas”.
Sentencias testimoniales
Para la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el fallo de la Corte se suma a otros de otras dependencias judiciales que lo que hacen es convertir las penas dictadas en juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad en sentencias testimoniales.
Se refieren al dictamen emitido el 28 de abril pasado por la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana Figueroa, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que le otorga la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz en una de las causas residuales por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “Pozo de Banfield”. Cabe recordar que en julio del año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata ya le había otorgado la domiciliaria en dos de las causas que aún esperan la realización del juicio; a pesar de estos fallos, el represor continúa detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condenas por otros hechos.
En este sentido, la AEDD señala que los fallos del Tribunal de Casación y de la Corte significan “imponer de hecho, nuevamente un punto final, esta vez no a los juzgamientos a los genocidas, sino a las penas impuestas por juicios con todas las garantías constitucionales, deviniendo estos en meros actos declamatorios, sin ninguna consecuencia para quienes cometieron los más horrendos crímenes”.
“Estos dictámenes y acciones de la Justicia y de la Iglesia se enmarcan en el discurso negacionista del gobierno intentando imponer nuevamente como historia oficial la teoría de los dos demonios. Darle la libertad de ir a su casa a Etchecolatz implica a la vez una peligrosa advertencia sobre todos los testigos en los juicios por genocidio, toda vez que no está esclarecida la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López en la cual todos sabemos que este genocida tuvo responsabilidad. Por otro lado, el aplicar el 2x1 en casos de autores y cómplices de delitos de lesa humanidad, equiparándolos a delitos comunes, implica negar de hecho el genocidio beneficiando a quienes desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras, robaron bebés, asesinaron, torturaron, etc. bajo el mandato de un Estado Terrorista”, expresaron los integrantes de la AEDD a través de un comunicado.
DDHH de ayer y hoy
Desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega se refirieron al fallo de la Corte Suprema pero desde otro ángulo: “En momentos en los que el impulso de políticas de ‘mano dura’ está a la orden del día. En momentos donde cada vez más se construye un sentido común marcado por la idea de que las personas privadas de su libertad ‘entran por una puerta y salen por la otra’. En momentos en que la superpoblación carcelaria y las condiciones inhumanas de detención son cada vez más agudas, según datos estadísticos oficiales.
En ese contexto, el máximo tribunal de justicia de la nación beneficia a un pequeño sector de detenidos -no a ladrones de gallinas, sino a quienes cometieron crímenes aberrantes en el marco de un genocidio-, liberando asesinos, violadores, secuestradores, torturadores, con un artilugio legal que reafirma las convicciones ideológicas de un poder judicial ocupado en defender los intereses de unxs pocxs”.
Para el jueves 11 de mayo, las agrupaciones y organismos que conforman el Encuentro Memoria Verdad y Justicia habían convocado a la “Marcha contra  la Represión de Macri y los Gobernadores”, como primer paso de una Campaña contra la Represión, cuyo objetivo es dar respuesta a la contraofensiva represiva de las últimas semanas, además de reivindicar el derecho del pueblo a reclamar y luchar en defensa de sus intereses.
Ahora, a la movilización, que partirá a las 17 desde Congreso para dirigirse a Plaza de Mayo, se suma el repudio al fallo de la Corte y sus orígenes y consecuencias. Tal como lo manifestó Marcelo Ramal quien llamó "reforzar la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que marchará el próximo 11 de mayo contra la impunidad a los genocidas y la actual represión a la protesta social".

Un día antes, el miércoles 10 de mayo, organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, convocan a un acto contra la impunidad a genocidas.

Será a las 18, frente al Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza Lavalle, Talcahuano 550 de la Ciudad de Buenos Aires. “Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite”, afirman.

Además de los actos de repudio, los organismos analizan acudir ante tribunales internacionales para revertir el fallo de la Corte.

EL GOBIERNO DE CHUBUT SIGUE ESPECULANDO CON LOS SALARIOS DOCENTES, UNA VERGÜENZA.

El Bolsón (ANPP).-Compartimos el comunicado de prensa de la seccional noroeste del sindicato docente de Chubut, ATECH:

Compañer@s:

Como fuimos informando concurrimos en el día de ayer a Rawson a la reunión del Consejo Directivo de la Atech.

SE REPUDIÓ POR UNANIMIDAD EL 2X1 CON QUE LA CORTE SUPREMA FAVORECE A LOS GENOCIDAS SUMÁNDONOS A LAS MOVILIZACIONES Y ACCIONES QUE SE CONVOQUEN AL RESPECTO.

Luego se abordó el análisis de la propuesta salarial que hiciera el gobierno provincial hacia el sector docente.
Consta de un aumento al básico de $300 (4,15%) en abril más otros $600 (8,30%) en julio sosteniendo el bono remunerativo de $1500 POR AGENTE (es decir que no se cobra en todos los cargos). La propuesta ronda EL 12,45% AL BÁSICO a terminar de cobrar en AGOSTO y significa UN AUMENTO de BOLSILLO de menos del 10%.

La propuesta QUE ES INSUFICIENTE y que está muy lejos de contemplar la inflación desde el último aumento, que fue en JULIO DE 2016, dilapidaría el poder adquisitivo de l@s trabajador@s y de ser aceptada por l@s docentes implicaría una baja NOTABLE de nuestro ingreso en relación a la realidad económica. El hecho  LLEVARÍA EL AGRAVANTE DE SER AVALADO POR NOSOTR@S MISM@S. 

Por eso convocamos a los trabajadores a discutir esto hacia adentro de las escuelas para elaborar mandato que puesto en común en la regional (estemos atent@s a la convocatoria) será llevado a Rawson para elaborar mandato provincial al respecto.

El ajuste que se lleva adelante y que avanza sobre los salarios debe tenernos en pie de lucha, l@s docentes del noroeste del Chubut damos día a día  pruebas cabales de nuestra dignidad y capacidad para enfrentar las injusticias.

FUERZA Y UNIÓN!


Nota: Los $2512,18 a los que refiere el acta paritaria que se incrementaría el sueldo inicial refiere al período octubre 2016 a octubre 2017 y obviamente compara los haberes previo al BONO. En adjunto, el acta paritaria, la nota que presentara el sindicato al inicio y las resoluciones de Consejo Directivo de la Atech.


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MUESTRA ITINERANTE DE FOTOGRAFÍAS DEJA A LA VISTA EL TERRORISMO DE ESTADO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y ARGENTINA CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE

El Bolsón (El Pueblo TV).-Felipe Duran, fotógrafo mapuche ha debido soportar once meses de prisión injustamente por transformarse en una herramienta de difusión de los crímenes y terrorismo de Estado. Durán nos cuenta cómo empezó a fotografiar y cómo sigue difundiendo y creando conciencia entre otras comunidades en su paso por El Bolsón, parte de una gira de exposiciones que salió de Esquel y llegará a Fisque Menuco (ciudad bautizada como Julio Roca por el Estado Argentino invasor del Pueblo Mapuche)