Santiago del Estero, 9 de junio de 2011 (Red Eco).– El juzgado criminal 4to de la ciudad de Santiago Capital, a cargo de Tarchini Saavedra, libró una orden de detención contra 12 integrantes del Movimiento por una denuncia de la Sociedad Julián Hnos. autodenominados propietarios del campo La Flor del Departamento Alberdi. Aunque las causas están bajo secreto de sumario, el Movimiento pudo saber que quienes tienen orden de allanamiento y detención son Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo, Gustavo Carrizo, entre otros, muchos de ellos referentes de la organiación. Se los acusa por los delitos de asociación ilícita, daños, usurpación y tenencia de armas de guerra.
En tanto, el lunes pasado la policía detuvo a Alcides Santillán y lo retuvo en la comisaría de Campo Gallo, y a Rafael Martín Galván en Monte Quemado. El mismo día por la noche Santillán fue puesto en libertad.
Desde el Mocase - Vía Campesina, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, aseguran que todas estas medidas tienen por objeto amedrentar a los luchadores populares e intentar “frenar la visibilidad de la construcción popular” que realiza el movimiento en Santiago del Estero. “En las últimas horas se ha desatado un raid judicial y policial en la provincia, una nueva persecución política de miembros de nuestro movimiento, con procedimientos fuera de la ley y maniobras que recordamos desde los tiempos de la dictadura y el juarismo, para perseguir a integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina. Estas acciones no son nuevas, buscan amedrentar a los luchadores populares y frenar la visibilidad de la construcción popular que se está llevando a cabo”, denunció el Movimiento a través de un comunicado.julio_carreras.jpeg
“Este intento de amedrentar, de hacer tener miedo incluso a nuestras familias, es por la mafia de los sojeros (…), detrás de estas detenciones, existe la presión de los cultivadores sojeros”, aseguró Deolinda Carrizo, integrante del Mocase - Vía Campesina a Radio Mundo Real.
“En este caso hay un empresario que está vinculado con supuestos pozos petroleros que hay en la zona. Él dice que es dueño de esas tierras porque hace no sé cuántos años andaba gente por ahí haciendo exploraciones y dijeron que encontraron petróleo. Al menos eso es lo que cuenta la gente. Pero en concreto este empresario tiene estaciones de servicio en varios lugares de la provincia, desde el 2006 estamos teniendo problemas en el territorio con este empresario”, explicó Deolinda y agregó: “Nosotros esperamos que se pare esto, o al menos que se inicie un proceso pero que no se detenga a ningún otro compañero de los que están denunciados”.
Lo cierto es que no es la primera vez que el juez Tarchini Saavedra interviene en una situación así: “Es a esta altura casi un amigo del Movimiento - afirmó Deolinda - porque no es la primera vez que emite resoluciones de este tipo. La semana pasada mandó realizar una inspección ocular de una comunidad indígena ubicada en el Lote 4, donde los compañeros están resistiendo el intento de desalojo de sus tierras. Se trata de un juez que tiene una clara intención de perseguir a los miembros de la organización”.
Deolinda explicó que en el último tiempo muchas comunidades campesinas de Santiago han vivido situaciones similares: “Ellos resisten en las tierras mientras los empresarios van impunemente, en otros casos hasta con gente armada, intentando sacarlos de sus tierras”.
Tal fue el caso de Marcos Almaras, un campesino que hace un mes fue baleado por usurpadores privados en la Comunidad Yakumuchuna del Pueblo Tonokote. Además, tiraron cercos, quemaron una moto, herramientas y pertenencias, y amenazaron a otras personas.
En agosto de 2010, la comunidad campesina de Pozo del Castaño y comunidades vecinas en el departamento Figueroa sufrieron continuos intentos de usurpación en su territorio comunitario. Personas armadas, que respondían a especuladores inmobiliarios, dispararon al aire frente a la escuela primaria ubicada en el centro de la localidad.
El Movimiento Nacional denunció, en un informe reciente, que en la última década al menos 200 mil familias fueron expulsadas del campo.
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Adolfo Farias 0384-441-4162 / Deolinda Carrizo 0384-440-8668 / María de los Angeles Goncalves 0384-367-5570.
Fuentes: Radio Mundo Real / Pulsar / MNCI.
Foto: Julio Carreras.
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