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miércoles, 5 de diciembre de 2012

CUANDO LA TRATA Y LA ESCLAVITUD ENRIQUECEN AL PODER


La esclavitud laboral y la sexual son inviables sin la participación activa del poder político y estatal en todos sus niveles. Las denuncias populares, respecto a los prostíbulos, están produciendo cambios, que es reciclar el viejo modelo y así proteger a los barones de la trata. Para terminar con las mafias debe terminarse este régimen de esclavistas, explotadores y criminales.

Por Vanina Biasi, del Plenario de Trabajadoras.

Buenos Aires (Agenda Oculta).- La Argentina kirchnerista estuvo a la vanguardia del sostenimiento y resguardo de la esclavización de personas, entre otras metodologías, para proceder a la acumulación capitalista sorteando cualquier restricción legal o formal. Esta afirmación será rechazada por adherentes al gobierno pero es imposible que la refuten de forma fáctica. Desde el Ministerio de Trabajo hacia abajo, la estructura estatal estuvo al servicio del desarrollo de industrias enteras sobre la base del tercerismo, la precarización y la esclavitud. La provincia de Santa Cruz, era el reino de la esclavitud sexual (y de la entrega de sus recursos naturales a la PAE, entre otras empresas petroleras) desde las épocas en que los Kirchner gobernaban la provincia.
La crisis internacional potenció el negocio de la prostitución, que ofrece a quienes lo regentean una enorme liquidez económica, un bien impagable en épocas en que la cadena de pagos se corta y se encarecen o desaparecen los créditos en función de que sus dadores quiebran o se vuelven insolventes.
La niña mimada del régimen kirchnerista ha sido la industria de la indumentaria, cuyo responsable fue el hombre fuerte de la industria argentina tanto de Eduardo Duhalde como de los Kirchner hasta el día de hoy: Ignacio De Mendiguren. El modelo industrial k está basado en un negocio donde el 80 por ciento de la facturación se produce con trabajo esclavo o superexplotado. Las postales de Jorge Castillo, puntero de La Salada, junto a la presidenta y Guillermo Moreno (secretario de comercio interior) son todo.
El hombre debe abrazar la causa kirchnerista con pasión, en estos días se encuentra abriendo nuevas “Saladas” en Misiones, antes lo hizo en Santa Fe y sigue acumulando así instalaciones de talleres “clandestinos” sin que ningún inspector de trabajo nacional o provincial siquiera se le acerque. Los “opositores” PRO y Coalición Cívica tampoco tienen mucho que envidiarles. No sólo se trata de la esposa de Macri y su negocio basado en la esclavitud laboral.
El intendente de Pergamino ha sido escrachado públicamente defendiendo a los proxenetas de su localidad en una sesión del concejo deliberante, cuando todavía era radical k. Sin que importaran aquellas imágenes, pasó luego a formar parte de las filas del Acuerdo Cívico en la provincia de Buenos Aires. La provincia de la Alianza Socialista y radical no se queda atrás. Es proveedora de mujeres pobres para el negocio de la prostitución, sobre todo del sector norte de la provincia, donde actúan bandas de captadores originarios, en el caso de los Núñez a pesar de escandalosas denuncias que incluso tomaron estado mediático. La ciudad de Rosario es el paraíso de la esclavitud sexual, explotada sobre todo en su zona portuaria. Que la mitad de las víctimas “liberadas” de los prostíbulos cordobeses, sean santafesinas, parece no inquietar mucho a los dirigentes “socialistas”.
Esta etapa estuvo marcada por la denuncia por parte de individuos u organizaciones populares, del delito de la trata de personas asociado a la esclavitud sexual. El trabajo de La Alameda se inscribe entre los más serios que se han producido al respecto, evitando dejarse llevar por la superficialidad de ciertas denuncias que colocan la responsabilidad del estado en un segundo plano y extendiendo la denuncia sobre trata de personas a otras grandes industrias del país auspiciadas por amigos del gobierno nacional y de dirigentes de la “opo”, la industria del vestido, la avícola y la rural. Política burguesa es sinónimo de defensa de la rebaja del costo laboral. La esclavitud lleva el costo laboral a sus niveles más bajos. Para cumplir tales fines, el gobierno nacional ha eliminado la doble vía del régimen de ART, instaló el tercerismo de la mano de las burocracias sindicales, intentó modificar la ley de trabajo a domicilio para ofrecer más seguridad jurídica que la que les brinda el propio Oyarbide, ante las denuncias de La Alameda en lo que respecta a la “responsabilidad solidaria” de las grandes empresas con la esclavitud laboral y no habiéndolo logrado por entonces, ahora convalidó el reclamo de las patronales en su proyecto de reforma del código civil y comercial.
El hecho que más relieve le dio al delito de la “trata”, ha sido sin dudas el mediático caso de Marita Verón, ocurrido en el año 2002. La desaparición de una mujer a través de métodos no convencionales, el secuestro callejero, ligada directamente a una estructura delictiva férreamente instalada bajo el gobierno de Miranda, momento en el cual el actual gobernador era Ministro de Economía de la Provincia. Miranda está acusado de complicidad con el secuestro de Marita, por su alianza explícita con el mafioso Rubén Ale, reconocido regenteador de varios negocios ilícitos en la provincia, entre ellos el de la prostitución. Marita fue atrapada en uno de los autos de la remisería propiedad de Ale y entre los lugares donde la mantuvieron secuestrada, se encuentra el domicilio de una víctima de Ale devenida en cómplice de éste, una “ex esposa” del proxeneta. La instrucción del juicio oral que está terminando en estos días cerró en el 2004 y no incluyó la imputación del ex gobernador Miranda y tampoco de “La Chancha” Ale. Paradójicamente entre agosto de 2011 y septiembre de 2012, el mafioso Ale estuvo detenido, aunque gozó de prisión domiciliaria. La detención no estuvo ligada a las evidencias que se desprenden de la causa de Marita de que este hombre es responsable de esclavitud sexual, entre otras cosas. Ale fue detenido por robarse un campo de soja, que se sospecha pertenece a Alperovich a través de un testaferro, y de venderla en el mercado “informal” por medio millón de pesos.
El gobierno de Miranda había firmado un convenio con la Remisería “5 estrellas”, a través del cual el estado la convertía en una flota parapolicial, con plenos poderes y hasta permisos de portación de armas. No se registran desacuerdos del entonces ministro de economía y actual gobernador Alperovich. Por el contrario su completo acuerdo con esta y todas las medidas del gobernador Miranda lo convirtieron en su sucesor.
La esclavitud laboral y la sexual son inviables sin la participación activa del poder político y estatal en todos sus niveles. Las denuncias populares, sobre todo en lo que respecta al negocio de la esclavitud sexual, están produciendo cambios. La actividad está en pleno reciclaje. Los cierres de prostíbulos deben asociarse a la dificultad de seguir sosteniendo el viejo modelo prostibular y la necesidad de dar protección a los zares del negocio. Las mafias que anidan detrás de este delito siguen intactas. Una masiva movilización a tres años de la desaparición de Yamila Cuello viene de denunciarlo en Córdoba. Otros casos de desaparecidas se sumaron a la movilización. Su abogada, integrante del Plenario de Trabajadoras, ha denunciado públicamente todo el entramado de la desaparición y el permanente intento del estado de empantanar la investigación judicial, aún luego de que lograran que fuera catalogada por la justicia federal como posible “caso de trata de personas con fines sexuales”. Sólo la bancada del FIT en la provincia de Córdoba denunció la impostura de De La Sota de posar de gobernador antiprostibular. La burguesía, los funcionarios estatales que viven del negocio están elaborando nuevas formas de ejecución de este gran negocio.
Las organizaciones debemos comprender que la audacia de la política burguesa justamente consiste en asimilar un reclamo popular para proceder a bloquearlo. Todo reclamo popular se enfrenta a la negativa del Estado a darle cabida. Por lo tanto la independencia del Estado y de los partidos patronales en esta lucha resulta de vital importancia. La lucha política por un cambio social revolucionario y la lucha consecuente contra la trata, inherente, como se puede ver, al sistema capitalista, son una conclusión común que debemos sacar. No hay mejor reformista que un revolucionario. Mientras conseguimos los cambios de fondo, lo único que nos permitirá triunfar a cada paso para que nunca más haya Mariano Ferreyra, Ezequiel Ferreyra ni ninguna otra Marita Verón o Yamila Cuello será la conciencia plena sobre que el triunfo final y definitivo será cuando consigamos terminar con este régimen social de esclavistas, explotadores y criminales.