PLATAFORMA 12: DECLARACIÓN DE REPUDIO POR REPRESIÓN EN RAWSON

Argentina, 29 de noviembre de 2012 (Plataforma 12).- Desde Plataforma 2012, queremos hacer llegar nuestro repudio por la represión llevada a cabo en la ciudad de Rawson contra vecinos movilizados en favor de la ley 5001, el día 27/11, frente a la legislatura provincial, la cual causó numerosos heridos, varios de ellos hospitalizados. Se trata de una represión tercerizada, de la cual es responsable tanto el gobierno provincial como nacional, que utilizó las patotas del sindicato de la construcción (UOCRA), dirigido por Gerardo Martínez, quien fuera agente de inteligencia  del Batallón 601 y oficial del Destacamento 201 de Campo de Mayo.
Recordemos que la ley 5001 que prohíbe la megaminería en Chubut fue producto directo del plebiscito realizado en Esquel en marzo de 2003, en el cual el 81% de la población votó contra la instalación de una mina, en un verdadero ejemplo de democracia “desde abajo”. En la actualidad, el gobernador Martín Buzzi, busca derogar esta ley, para imponer un nuevo marco regulatorio que rezonificaría la provincia, decretando “área de sacrificio” a la zona de la meseta (donde habitan pueblos originarios), y avanzando en la posibilidad de realizar actividad minera también en la zona de la cordillera.

Desde Plataforma 2012 manifestamos nuestro apoyo a la ley 5001 que prohíbe la megaminería con cianuro en Chubut, exigimos su no derogación e instamos a todos los representantes del Congreso chubutense y a su ejecutivo, a dejar de lado las falsas soluciones cortoplacistas que propone una actividad como la megaminería (síntesis del maldesarrollo) y a debatir soluciones y proyectos de largo plazo, que sean sustentables para el conjunto de la sociedad.
No es decretando “área de sacrificio” a la meseta patagónica que la provincia del Chubut encontrará el camino de la inclusión, la democratización y la justicia social. Tampoco lo es la negación de un referéndum, a pedido de la población, tal como pretende hacer el gobernador, amparándose en el artículo 22 de la Constitución nacional, al afirmar que “el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes”. No es con más criminalización y represión que los conflictos relativos a la megaminería pueden resolverse, sino por la doble vía de un genuino debate de la sociedad sobre las consecuencias que acarrea el modelo de megaminería y muy especialmente, a través de la democratización de las decisiones, tal como mostró el plebiscito de Esquel en 2003, así como el referéndum realizado en junio de este año en Loncopué, provincia de Neuquén, el cual sentó un hito importante en la historia de las luchas sociales argentinas.
Asimismo, queremos hacer llegar nuestra solidaridad a todos los pueblos movilizados que en distintos lugares del país y desde hace años, vienen luchando en ostensible situación de asimetría de fuerzas, contra el modelo neocolonial de la megaminería a cielo abierto.
Somos conscientes de que, lejos de haberse abierto un debate “serio y responsable” sobre la megaminería, más allá de la altisonante convocatoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en febrero de este año, lo que se ha producido es un rápida clausura de cualquier debate, a través del realineamiento operado entre el poder económico, el poder político y el poder mediático respecto del tema, visible en la creación, a espaldas de la sociedad, de OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), la visita de la presidenta al emprendimiento de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, la presentación en cadena nacional del emprendimiento Potasio Río Colorado y la masiva publicidad prominera que ha invadido los medios de comunicación del país (lo cual incluye un spot publicitario en nombre de la “minería responsable”, de la Barrick Gold, la empresa responsable de la destrucción de glaciares en Pascua Lama).
Como contracara del realineamiento estratégico entre los diversos poderes, observamos un aumento de la criminalización y represión de las luchas socio-ambientales, la estigmatización del ambientalismo y un mayor cierre de los canales de expresión. Muestra de ello es la política de criminalización y la escalada represiva que, a partir de la pueblada de Famatina, viene desarrollándose en contra de estas movilizaciones, en diferentes provincias. Muy especialmente en Catamarca, en donde en los últimos meses hemos asistido a 7 episodios de represión, que han incluido detenidos y procesamientos en Belén, Santa María y Tinogasta, bloqueos promineros selectivos en Andalgalá,  represión y desalojo en Cerro Negro.
Estos procesos van acompañados por una creciente estigmatización del “ambientalismo”, figura que aparece demonizada no sólo desde el discurso empresarial sino desde los diversos oficialismos (provinciales y nacional). Los ambientalistas aparecen descalificados sin más como “fundamentalistas”, cuando no –como es el caso en Catamarca, La Rioja y San Juan-, imputados como “foráneos”, como si éstos no fueran ciudadanos argentinos con plenos derechos, sea el territorio provincial en el cual se encuentren. Esto se evidenció en el desalojo violento del campamento de Cerro Negro, en julio de este año, que derivó en la expulsión de la provincia de Catamarca de activistas que realizaban un acampe, imputados como “ambientalistas”, “hippies” y “foráneos”.
Así, en nombre de un discurso seudofederalista, asistimos a una mayor consolidación de provincias “feudos”, cuyos gobiernos, aliados estratégicos del gobierno nacional, muestran el gran desfase existente entre la realidad incontestable de los hechos y la sobreactuación de una épica progresista en clave nacional y popular.
Por último y una vez más, desde Plataforma 2012 queremos reafirmar nuestra convicción de que esta lucha por la protección y defensa de nuestras cuencas hídricas, de nuestros territorios y nuestros bienes comunes, es una causa nacional, que nos involucra a todos los argentinos y argentinas. En razón de ello, como ya hemos hecho conocer a través de un pronunciamiento emitido el 10 de febrero del corriente año, Plataforma 2012 propone debatir e impulsar las siguientes propuestas:
1.      Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (ley 24.196) y sus modificatorias,  que promueven y habilitan la destrucción de los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.
2.      Aplicación efectiva  de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en todo el país.
3.      Recomposición ambiental  de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que actualmente existen en el país.
4.      Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería.
5.      Urgente derogación de la nueva ley antiterrorista.
6.      Urgente  sanción  de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de megaemprendimientos mineros.
7.      Urgente sanción de la ley contra la criminalización de la protesta social, que se encuentra en estado parlamentario.
8.      Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las decisiones.
9.      Propuesta de Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.
10.    Propuesta y debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país.
11.    Propuesta de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas que apunten a una salida del extractivismo, en pos de  un equilibrado e igualitario desarrollo de los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida.

Primeras firmas: Osvaldo Acervo, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, Diana Dowek, Lucila Edelman, Mario Galvano, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Analía González, Diana Kordon, Gabriel Levinas, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, José Miguel Onaindia, Marcelo Plana, Alberto Pinus, Maristella Svampa, Enrique Viale, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Patricia Zangaro...