Frente Dario Santillan .- Desde los Movimientos Sociales del Alba capítulo Argentina hacemos conocer nuestra posición de rechazo de la decisión del gobierno de Venezuela de extraditar al periodista Joaquín Pérez Becerra, violando su status de exiliado político, y cediendo de esta forma a los argumentos del Gobierno de Colombia, que lo acusa de terrorista.
La historia de nuestro país, está marcada por sucesivas persecuciones y exilios políticos de quienes defendieron un proyecto popular. Quienes en nuestra historia consideramos Padres de la Patria, San Martín y Artigas, murieron lejos de su tierra después de décadas de exilio. La militancia popular perseguida por sucesivas dictaduras bajo la acusación de "terroristas" pagó su decisión revolucionaria con desapariciones y muertes, pero también con un exilio numeroso que llegó a distintos países, incluida Venezuela, que nos brindaron abrigo y solidaridad. Durante la última dictadura cuando nuestro compañeros/as, o familiares directos de desaparecidos, daban a conocer la existencia de campos de concentración en la Argentina, eran acusados de organizar una campaña antinacional, financiada por el terrorismo internacional.
En ese sentido no podemos dejar de identificarnos con el destino del compañero periodista Joaquín Pérez Becerra, exilado político que hace más de diez años vive en Europa y es director de un medio de comunicación que ha denunciado violaciones a derechos humanos producidas en Colombia y otros países.
Ninguna razón de Estado puede estar por encima de la solidaridad internacionalista, latinoamericanista. Los luchadores populares no pueden ser entregados a un gobierno fascista, por regímenes democráticos y populares.
Quienes vivimos un genocidio, que hoy gracias a la lucha popular ha empezado a juzgarse, aprendimos con mucho dolor que las políticas de Estado tienen el límite de que se puede ser más o menos solidario con los perseguidos, pero no se puede colaborar con los verdugos. Este es, creemos hoy, el punto principal a rectificar de esta desafortunada decisión por parte del Gobierno Bolivariano.