Tucumán, 29 de abril de 2011 (Anred/ContraPunto).- Después de resistir el primer intento de desalojo, desde la Comunidad Indígena denuncian que hay al menos 2 comuneras con heridas por balas de goma.
La policía se quedó cerca del lugar pero estaría a la espera de refuerzos para volver a realizar el procedimiento, según fuentes de la propia Comunidad India Quilmes.
Cerca de 50 efectivos de la policía intentaron ingresar en el predio con gases y balas de goma. La Comunidad resiste el desalojo. Una comunera se descompuso y fue atendida por una ambulancia en el lugar.
Los representantes legales solicitaron a la Corte Suprema provincial el inmediato cese del desalojo ante la ilegalidad de la medida y para proteger a los miembros de la Comunidad India Quilmes en el lugar.
Esperan que se expida urgente y la policía se retire del lugar.
La orden de desalojo
Por tercera vez en dos años, desconociendo toda legislación local, nacional e internacional en materia de derecho indígena, desconociendo el debido proceso e incluso desconociendo a la misma Comunidad, el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, ordenó el desalojo en territorios de la Comunidad India Quilmes, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar.
La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo desalojo a los Pueblos Originarios de sus territorios, hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Dicho plazo fue prorrogado por la Ley 26.554 hasta el 2013.
El juez Salazar ha sido denunciado por la CIQ por parcialidad manifiesta ya en el año 2008. Sólo por esa razón el Juez debería excusarse de intervenir en toda contienda en la cual la Comunidad India Quilmes sea parte. Al no hacerlo viola derechos constitucionales referidos al debido proceso.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia suspediera, en agosto de 2009, una orden de desalojo ordenada por el Juez Peral sobre el territorio en cuestión, y que la otra parte en el conflico (la comunidad Aráoz Hnos) se negara a participar de la instancia de mediación que dispuso la Corte Provincial; el 17 de septiembre del mismo año, y por orden del mismo juez se ejecutó el desalojo de 40 familias de la Comunidad, destruyéndose por completo las casas construídas comunitariamente.
Con el tiempo, y con muchísimo esfuerzo, la Comunidad inició la reconstrucción de las casas, sobre las que esta nueva medida pretende avanzar.
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