NEUQUÉN: ORDENAN INDEMNIZAR A INTERNO POR QUEMADURAS EN LA U11

Neuquén, 9 de septiembre de 2012 (Anred).- El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén hizo lugar a una acción resarcitoria contra la provincia por las lesiones sufridas por un interno en 2005, a raíz de un incendio intencional en su celda. El TSJ reconoció la "situación de crisis" del sistema penitenciario neuquino y ordenó al Estado subsanar esta deuda social "en el más corto lapso posible".

Que las cárceles no constituyen un "depósito de seres humanos" y que los condenados son personas fueron algunas de las cuestiones observadas por el Tribunal Superior de Justicia en el fallo que ordenó a la provincia de Neuquén a resarcir con 94.060 pesos a un interno que sufrió graves lesiones al incendiarse intencionalmente su celda, en 2005.
El pasado viernes 31 de agosto, la Sala Procesal-Administrativa del TSJ neuquino, integrada por los vocales Ricardo Kohon y Oscar Massei, resolvió por unanimidad hacer lugar al pedido del demandante a la vez que exhortó a que los tres Poderes del Estado trabajen en revertir la grave situación carcelaria actual.
"Revertir la situación de crisis en la que se encuentra el sistema penitenciario actual requiere de un esfuerzo institucional, de la participación y del diálogo de los Poderes del Estado que confluya en la adopción de medidas de acción en forma coordinada", sostiene el fallo.
El hecho que motivó la sentencia ocurrió el 20 de julio de 2005, cuando el joven Lucas -que en ese entonces tenía 23 años- despertó alrededor de las 9 de la mañana en su celda del pabellón 6 de la U11 en medio de un incendio intencional que rápidamente consumió sus pertenencias y alcanzó su cuerpo. Lucas había sido alojado en esta celda de castigo o "buzón" a raíz de su "mala conducta". Había participado de una huelga de hambre en reclamo de las humillantes requisas a que son sometidos los familiares que visitan a los internos.

A 10 días de comenzar con sus salidas transitorias, despertó ese día envuelto en llamas. Como las celdas no cuentan con apertura desde su interior, debió esperar el auxilio de los guardacárceles, mientras su cuerpo ardía.
La demora fue tal que, cuando llegaron a rescatarlo, ya había sufrido quemaduras tipo A y B en el 20 % de su cuerpo. Además, al no contar con matafuegos ni tener las mangueras en funcionamiento, el incendio tuvo que ser sofocado con baldes de agua. El joven permaneció más de un mes en terapia intensiva y con respiración asistida en el Hospital Regional Neuquén y, posteriormente, debió someterse a operaciones de injertos en sus manos y hombros, además de quedar con una mano disminuida en sus funciones.
Siete años después del hecho, el TSJ respondió a la demanda de Lucas y ordenó a la provincia a resarcirlo con 94.060 pesos. La demanda había sido por un monto de 300.000.
El máximo tribunal destacó en el fallo que “el condenado es una persona, y como tal le corresponde el goce de todos los derechos fundamentales" y advirtió la violación de los artículos 70 y 71 de la Constitución Provincial por encerrarlo en una celda solitaria, cerrada y rodeada por otros internos que "resulta una mortificación física" y "una medida arbitraria".
"El sistema social en su conjunto y sus integrantes en particular deben comprender que la cárcel no puede constituirse en un depósito de seres humanos. Esto vulnera el respeto a la dignidad humana y contraría los propósitos constitucionales de reinserción social y readaptación", señalaron.
También indicaron que la a ausencia de programas generales y talleres de formación profesional, las demoras en la implementación de métodos que eviten las revisaciones intrusivas, las carencias edilicias, la falta de provisión de una alimentación adecuada, el alojamiento de procesados junto a condenados dentro de las unidades carcelarias y el alojamiento en comisarías "son situaciones que evidencian el abandono que sufren actualmente los internos producto, primordialmente, de la ausencia de políticas públicas penitenciarias que respeten los Derechos Humanos de los detenidos y promuevan el cumplimiento de los fines constitucionalmente acordados".
Las falencias en el sistema carcelario constituyen "una deuda del Estado neuquino, que debe ser subsanada en el más corto lapso posible", indicaron los jueces.