Sin sorprendernos, nos enteramos que una vez más quieren modificar laley 7722 para hacerla más flexible. Y es que esta ley, que se sancionó en 2007por presión del pueblo de Mendoza que despertaba ante la amenaza de lamegaminería, es una traba real y concreta al avance de las empresasmegamineras. En primer lugar, porque prohíbe la utilización de sustanciastóxicas en la actividad minera, y en segundo lugar, porque establece que losproyectos deben someterse a ratificación legislativa (instancia donde SanJorge fue rechazado).
Decimos una vez más, porque desde su sanción esta ley ha sido blanco deconstantes ataques de funcionarios y empresas mineras, tal es así que aun hoytiene once pedidos de inconstitucionalidad que la corte mendocina no haresuelto. Y no se trata del caso aislado de Mendoza, sino que a lo largo delterritorio nacional se han ido derogando sistemáticamente las leyesprovinciales similares a nuestra 7722, en una clara estrategia por liberar de“trabas legales” a estas empresas, como son los casos de La Rioja y Rio Negro.
Lo que más nos indigna es la estrategia del gobernador para desligarsedel problema político que representa la megaminería en nuestra provincia.Problema tan grande que obligó al por entonces candidato a llamar a rechazar elProyecto San Jorge a meses de las elecciones. Lo obligó a desarrollar unacampaña prometiéndole a todos los mendocinos que no se avanzaría con estaactividad por sobre un pueblo entero que se movilizó para que ni San Jorge nicualquier otro proyecto se instalara en nuestra provincia. Lo obligó aresponder que “se respetaría la plena vigencia de la ley 7722”en cada notadonde le preguntaron por el tema minero.
Ya electo gobernador, y con vistas a una reelección, manifestarseabiertamente promotor de estas empresas mineras es un costo político muy grandeen una provincia que ya decidió no dejarlas entrar. Por eso recurre aintendentes, legisladores y ministros para dar la cara en estas decisiones pocopopulares entre los mendocinos. Asimismo, se nos presentan falsas disputas alinterior del PJ sobre el tema minero, en las cuales el gobernador siempre quedabien parado.
Por eso, como mendocinos que fuimos testigos de promesas electorales, exigimosque la ley 7722 se mantenga tal cual fue sancionada. Y advertimos que novamos a permitir que traicionen al pueblo nuevamente. Si ya se movilizó laprovincia entera para lograr su sanción, nos movilizaremos el doble sipretenden seguir adelante con intenciones de modificarla. No vamosa repetir las razones que nos llevan a tomar esta postura por la cual nos hantildado, entre muchas otras cosas, de fundamentalistas. En todo caso,fundamentalistas son todos aquellos que quieran imponerle al pueblo este modelode saqueo y contaminación a cualquier precio, pasando por encima de cualquiertipo de legislación que proteja a sus ciudadanos.
Porque seguimos luchando, atentos y movilizados, y el pueblo no olvidani perdona estas traiciones.
¡Estamos alerta!
¡Plena vigencia de la ley 7722!
¡No a San Jorge, no a la explotaciónde uranio!
¡Fuera VALE de Mendoza y deArgentina!
Editoriales ANP
