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viernes, 20 de abril de 2012

OPINIÓN: ¿SIRVE LA LEY DE TIERRAS?

Por Alejandro Margulis*

En los últimos dos decenios se produjeron importantes adquisiciones de tierras argentinas por parte de extranjeros. La recién sancionada Ley de Tierras busca limitar este proceso, pero algunos sectores la tildan de insuficiente y tardía.
Sike (www.sike.com.ar)
Allá, del otro lado de ese cerro verde, está Lago Escondido. Los turistas pueden pasar pero sólo avisando antes: hay que anotarse en una lista. Y los pobladores, en la medida en que se lo permitan…”, dice Roberto, un hombre flaco y de largo pelo canoso atado en una colita, con el brazo extendido hacia el paisaje de ñires y cipreses que se ve a través del ventanal de su casa en el cerro Saturnino, a unos diez kilómetros de El Bolsón, en el sur de la provincia de Río Negro. “Nosotros no nos arriesgaríamos a intentar pasar. En cada reunión que tuvimos en el Concejo Deliberante, cuando nosotros salíamos ellos entraban…”, agrega Silvia Rojas, su mujer, frente a un plato con tostadas y mermelada de ruibarbo casera. “Nos tienen marcados”, agrega.
Un rato después, en el auto, yendo por la curvilínea Ruta 40, pasamos frente a uno de los accesos al lago donde un cartel indica, en grandes letras, que ahí se abre un “camino privado”. “No estamos en contra de la propiedad. Lo que queremos es el acceso libre como en cualquier otra parte. ¿Por qué tengo que pedir permiso por lo que es público?”, se pregunta Silvia. Y recuerda: “Al acceso tradicional le sacaron los dos puentes y dragaron más profundo para evitar el paso. El administrador llegó a decir a los medios que iba a defender la propiedad privada con Winchester si hacía falta” (1).

Fuerte presencia extranjera
Silvia y Roberto forman parte de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, una de las muchas ONG argentinas conformadas por pobladores y por migrantes cuya subsistencia depende, en su mayoría, de los cultivos y la cría de animales de granja en chacras pequeñas. Su casa está enteramente construida en madera sobre un terreno de cuatro hectáreas que compraron en el año 2002, cuando decidieron cambiar de aire; enclavada en la pendiente del Saturnino, tiene a su alrededor un gallinero, un pequeño vivero y algunas jaulas con conejos; hay que recorrer un buen tramo de camino polvoriento y sinuoso para llegar hasta ella desde el vecino Mallín Ahogado, donde el agua escasea. Como el resto de sus compañeros de la Asamblea, exigen que la nieve y las montañas sean para los vecinos y los turistas y no para un público exclusivo, al igual que las nacientes, las fuentes y los reservorios de agua dulce que, sostienen, “deberían declararse áreas intangibles de máxima protección ambiental”.

Entrevistados poco después de que el Congreso de la Nación promulgase la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (2), más conocida como Ley de Tierras, la reacción de los pobladores como ellos frente a la iniciativa fue y sigue siendo de escepticismo o indiferencia. Saben que si hoy se colocaran banderitas de los diferentes países del mundo sobre Argentina, el mapa quedaría rápidamente cubierto con particular acumulación a lo largo de las regiones montañosas andinas, desde Famatina en La Rioja al Glaciar Perito Moreno en Santa Cruz, incluyendo los reservorios boscosos del noroeste y los yacimientos acuíferos del litoral mesopotámico, donde el agua es un recurso estratégico mundial.
“El país está en venta. Se han vendido más de 16.900.000 hectáreas de tierra a extranjeros”, escribía en una carta abierta a Cristina Fernández de Kirchner el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en 2008: “Le recuerdo que detrás de cada número hay rostros de niños, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que nos cuestionan e interpelan y reclaman un lugar justo y digno en la vida. Debemos preguntarnos si el sueño de nuestros mayores, sus luchas y esperanzas de construir un país libre y soberano fue sólo una quimera.”

Un parto lento
La ley venía siendo reclamada también por la Conferencia Episcopal Argentina (3) y por la Federación Agraria, que en el año 2002 presentó un proyecto que sirvió de base casi exacta, hay que decirlo, para la redacción final diez años después. “Asistimos a un proceso de concentración de la propiedad como no ocurría desde el siglo XIX”, denunciaba entonces, y en 2010 consignaría que 34 millones, de los 170 millones de hectáreas productivas del país, se encuentran en manos de capitales extranjeros (4). Al calor de los debates previos a la sanción legislativa, la cifra disminuyó y los guarismos variaron de acuerdo a quien los fijara. Así la Fundación Pensar, baluarte intelectual del PRO, de Mauricio Macri –opuesta a la sanción por considerarla inconstitucional– estimó que existen unos 6 millones de hectáreas en manos foráneas. Y la Federación Agraria readecuó su cálculo al de 17 millones (5) .
Según Luis Basterra, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y miembro del oficialista Frente para la Victoria, la ley llegó al Congreso a raíz del debate respecto a la tierra promovido por el entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a propuesta de la Presidenta de la Nación. “El sentido fue responder a una temática que comprendiese a la mayoría de los intereses populares. De hecho es un tema en el que hubo que compatibilizar los intereses nacionales con los agropecuarios. La ley fuerza a la toma de posiciones políticas con respecto a la tenencia del recurso”, señaló a el Dipló, no sin insistir en la coincidencia obtenida entre los once proyectos distintos que había previamente. “En el debate del Congreso se generó una modificación del proyecto del Ejecutivo, y esto fue aprobado por los representantes de la Federación Agraria”, recuerda.
Quienes no contaron con la misma representatividad fueron las comunidades de pueblos originarios, que viven en desventaja perpetua frente a los grandes capitales. “Los que vinieron últimos usaron otra metodología, con intervención del Estado. Pero los indígenas siempre estuvimos sin herramientas. El poblador mapuche tiene temor, no tiene un abogado y finalmente termina perdiendo las tierras”, resume Sanmartiniano Painefil, del Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política. Painefil (que significa “víbora celeste”) fue uno de los creadores del Consejo Asesor Indígena (CAI), la más antigua de las organizaciones de base mapuches que hay en la Patagonia. “En algunos pocos casos, como en el de Benetton, llegaron a juicio, pero finalmente todo se termina definiendo por lo económico. El mapuche es gente que vive de su trabajo y Benetton tiene un millón de hectáreas, de las cuales se le reclaman sólo 400...”, remarca en su casa de los altos de Bariloche.

Disposiciones principales
En concreto, la nueva legislación impide la posibilidad de adquirir tierras en el país a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación Argentina, con excepción hecha de quienes cuenten con diez años de residencia continua o tengan hijos o cónyuges del país con residencia continua, permanente y comprobada de al menos cinco años.
Hay una restricción a la adquisición de tierras por parte de un extranjero, que es de 1.000 hectáreas en la zona núcleo argentina (o su equivalente para otras regiones). A su vez, los extranjeros tampoco podrán adquirir predios una vez alcanzado el 15 por ciento del total de tierras rurales de cada “unidad administrativa” (llámese provincia, departamento o municipio u otro distrito rural).
Otra restricción al dominio está vinculada a la nacionalidad de los propietarios. Así, se establece un límite del 30 por ciento de dicho 15 por ciento, de acuerdo a la nacionalidad de los adquirentes. De esta forma, si el total adquirido por compradores de un determinado origen llega a dicho porcentaje, se inhabilita la adquisición de tierras por parte de ciudadanos de ese mismo país.
Para comprender en números, suponiendo un municipio de 100.000 hectáreas, sólo pueden ser adquiridas hasta 15.000 hectáreas por parte de extranjeros. Sin embargo, extranjeros de una misma nacionalidad sólo pueden adquirir hasta el 30 por ciento de esas 15.000 hectáreas. Esto es, en nuestro ejemplo, un límite de 4.500 hectáreas, aun cuando no se hubiera alcanzado el total de la superficie permitida en manos de extranjeros.
Para los cómputos de porcentajes previstos en la ley se cuentan las hectáreas ya en manos de extranjeros. Por ende, si en el relevamiento surge que más del 15 por ciento del territorio nacional ya está vendido, no se puede vender más. Con 17 millones de hectáreas de propiedades ya vendidas –cifra aún no verificada– se habría vendido el 5 por ciento de las 278 millones de hectáreas de la República.
La superficie equivalente disponible para su venta será determinada por un Consejo de Tierras Rurales, organismo colegiado en el que deberán ponerse de acuerdo los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos y el de Agricultura, Ganadería y Pesca; junto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los representantes de las provincias. Una tarea que no parece nada sencilla, y que ancla su esperanza de vida en la eficacia de la conducción política del poder central.
La ley no afecta los derechos adquiridos, con lo cual las tierras ya vendidas a extranjeros, equiparables en tamaño a un país como Italia o a la suma de las provincias de Tucumán, Córdoba, Catamarca y acaso también Jujuy, son prácticamente irrecuperables. “La Presidenta fue categórica respecto a que los derechos adquiridos son derechos adquiridos”, acotaba Domínguez (6) en los debates previos, sembrando un manto de duda sobre las verdaderas intenciones del proyecto.
¿Qué margen de reformas supone entonces la ley? ¿Hay voluntad política del Gobierno para expropiar, llegado el caso y con sus correspondientes indemnizaciones, las tierras cuya adquisición se revele irregular?
“Siempre hay espacios para discutir o debatir si fue una adquisición lícita o engañosa, es decir para definir la tenencia en manos de algún extranjero o no –sostiene el diputado Basterra–. Si existe un interés general, público, las leyes admiten un espacio de expropiación. Pero sería al margen de esta ley. Puede ser una decisión del Ejecutivo, que una legislatura provincial puede aprobar si hay motivos. O puede ser un proceso de expropiación surgido de una decisión provincial. Esta ley, que plantea argumentos para las restricciones a la propiedad, puede motivarlos. En general la gestión de los territorios está delegada en las provincias…”.

El expolio escondido
La preocupación de los habitantes de El Bolsón tiene nombre y apellido: el multimillonario inglés Joseph Lewis (una de las diez fortunas más importantes del mundo). En 1996 compró sus primeras 11.000 hectáreas a poquísimos kilómetros de la Cordillera de los Andes y lo hizo con habilidad. En una misma, sigilosa operatoria logró eludir la Ley de Tierras de la Provincia de Río Negro y ampararse en una norma de alcance nacional nacida del espíritu neoliberal del año 1995 (7), ratificada en la actual ley kirchnerista. Sin que le fuese exigido el obligado requerimiento de completar en el formulario de petición los datos relativos a “Origen del Capital”, “Nacionalidad de los Miembros del Directorio” y “Solicitud de Antecedentes”, consiguió que su pedido fuese aceptado por dos funcionarios de la entonces Unidad de Proyectos de Radicación del Ministerio del Interior, como una de las excepciones previstas para algunos extranjeros (8). Y luego se hizo dueño de otras 8.000 hectáreas de parcelas aprovechando la precariedad de los dueños originales.
Asesorado y representado por agentes inmobiliarios de Bariloche, Lewis aprovechó en su momento la pelea de familia de varios hermanos, los Montero, para convencerlos por separado de vender las hectáreas donde se encuentra el Lago Escondido (9). Y su estilo resulta emblemático: las compras realizadas por medio de testaferros o administradores locales no han sido la excepción sino la norma, pese a que son una de las realidades más difíciles de comprobar judicialmente. En Santiago del Estero y Formosa, por caso, es secreto a voces que holandeses y australianos son los propietarios últimos de las tierras donde se reiteran episodios de represión –desalojos violentos e ilegales, y hasta asesinatos a mansalva de campesinos y miembros de comunidades indígenas, como los Qom– ante las propias narices de las autoridades provinciales.
“Por medio de un administrador local, Lewis le compró las tierras a un poblador de El Manso a cambio de una cifra tentadora”, ilustra Gladis Montes, joven cocinera y artesana nacida y criada en el Mallín Ahogado, que se gana la vida junto a su pareja en una pequeña chacra. “De un día para el otro don Sirio Enríquez mejoró su casa y creyó que era un súper cambio. Aceptó la oferta de ser ocupante vitalicio y de este modo no hubo reclamos por la sucesión. La familia vendió muchas hectáreas y cuando murió don Sirio, hace tres años, se tuvieron que ir. Yo me crié con ellos. Eran mis vecinos. Nunca tuvieron la oportunidad de tener sus tierras. La mujer de don Sirio emigró. Y la pareja de mi vecina va a trabajar ahí, ahora, por un jornal de 200 pesos, siendo nieto directo del dueño”.
Los potentados que se han instalado en el país en los últimos diez años suelen ser mistificados o incluso defendidos. Su contacto con los lugareños tiende a parecer salido de una novela del realismo mágico, alternando aportes banales, como pagar sobreprecios al paso por comestibles o productos variopintos, con propuestas faraónicas como el parque nacional de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de varios miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, dice querer donar al Estado más adelante. Lewis, que se mueve como un señor feudal, reparte por su parte prebendas o promesas de fuentes de trabajo en emprendimientos turísticos o de infraestructura, desde un centro de esquí a un aeropuerto que pese a la resistencia de los ambientalistas han suscitado enorme interés en las autoridades locales. Los hermanos Benetton, propietarios de 970 mil hectáreas para la cría de ovejas en las provincias de Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, y otras 8.000 en la localidad bonaerense de Balcarce, destinadas al cultivo de trigo, maíz y soja, también garantizan empleo local. Y algo parecido ocurre con el norteamericano Peter Lee Mac Bride, pese a que en Catamarca adquirió más de 100 mil hectáreas a precio regalado y desplazó a ochocientos pequeños productores agropecuarios que están en litigio con él.

Un punto de partida
A la hora de pedir formalmente el tratamiento de la ley en el Congreso, Cristina Kirchner optó por citar a las Naciones Unidas: “El otro día leí en un informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, según su sigla en inglés) que el 10 por ciento de las tierras están en manos extranjeras –dijo–. No es (de) xenofóba, sólo quiero cuidar un recurso como los alimentos y la energía” (10). Meses antes, desde Chaco, un informe del Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela denunciaba la firma de un acuerdo con la Alkhorayef Group Company por el cual se concedía “el desarrollo, llave en mano, de un emprendimiento agrícola en aproximadamente 40 mil hectáreas de tierras” en El Impenetrable para que su producción sea entregada al Reino de Arabia Saudita. “El emprendimiento inevitablemente desembocará en la concentración y en la extranjerización del uso y de la explotación de las tierras fiscales. De manera inesperada, ha quedado en evidencia que los lineamientos de la gestión local no coinciden con las pautas del gobierno nacional”, completaba destejiendo, con ironía, el doble discurso oficial, ya que el gobernador chaqueño Jorge Capitanich es uno de los delfines del kirchnerismo (11).
“Es principista. Nadie puede estar en desacuerdo. Pero si lo que se quiere resolver es la propiedad de la tierra, se trata de una ley accesoria”, dijo a el Dipló Eugenia Testa, directora política de Greenpeace Argentina. “La están presentando como la reforma agraria –agrega–, y no es así. El problema es la pirotecnia que hubo alrededor. Sí, se cumple con el derecho del país a poner límites. Pero no resuelve los conflictos de tierras de los campesinos, el desarrollo sustentable o la protección de los bosques nativos. Argentina ya perdió el 70 por ciento de sus bosques originales en los últimos cien años, y esto se intensificó con el neoliberalismo de fines de los años 80. Si bien puede cambiar el mapa a futuro, la verdad es que la ley hoy no tiene ningún impacto.”
Cabe preguntarse: ¿por qué demoró tanto en regularse una situación que venía siendo denunciada desde hace tanto tiempo?
Quienes critican el estilo del gobierno atribuyen el retraso a la búsqueda por parte de éste del momento oportuno para obtener el mayor rédito político posible. Una lógica distinta es la que se respira desde el poder central: “Es un tema que tiene visiones diferentes sobre cómo resolverlo –sostienen voceros oficialistas–. Tiene que ver con lo ambiental y lo que significa un modelo de desarrollo. Consensuar puntos de vista lleva un tiempo, y en un tema tan estratégico como éste no ha sido sencillo llegar a posiciones compartidas”. Para ellos, la Presidenta tomó con firmeza el tema cuando la voluntad popular la ratificó en la conducción del país. Recién tras la posición de fuerza que favorecía al Ejecutivo, como resultado de las elecciones presidenciales, pudo plasmarse un proyecto de mayoría que fue aprobado en el recinto.
Así las cosas, ¿darán los gobernadores a la Nación los datos de las propiedades? Cuánta información brindará cada provincia es algo que nadie se anima a garantizar. De muy compleja instrumentación, la ley habilita un período de declaración de la tenencia por parte de los extranjeros. “El que no lo hace queda sujeto a los efectos de la ley y a sus normas punitorias; si una vez que se reglamente la ley no declara ser propietario de una determinada superficie, eso tiene un efecto retroactivo y punitorio”, explica el diputado Basterra, alentando acaso, sotto voce, una suerte de reparación histórica que se apoye en la ley ahora vigente como punto de partida.

1. “Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura”, declaraciones del empresario Nicolás Van Ditmar en el marco de una protesta de pobladores de Lago Escondido y trabajadores de Hidden Lake SA,
www.rionegro.com.ar, 28-3-11.
2. Ley 26.737, sancionada el 22 de diciembre de 2011.
3. “El fenómeno obedece en gran medida al endeudamiento de los pequeños y medianos productores con el extranjero y, que en suma, se ve favorecido por la falta de ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la legislación sobre tierras”, Una tierra para todos, AICA, septiembre de 2006.
4. Tiempo Argentino, 18-7-10.
5. La Nación, 28-8-11.
6. Télam, 4-10-11.
7. “Art. 9° - Las solicitudes de previa conformidad formuladas por personas físicas extranjeras originarias de países limítrofes colindantes y por las personas jurídicas extranjeras podrán ser analizadas y –si correspondiere–, autorizadas por vía de excepción”. Decreto Ley 15.385/44 modificado por la Ley 23.554. Resolución 206/95, incluida en la Ley 26.737.
8. Con el tiempo, esta operatoria fue investigada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que la consideró irregular y punible. Si la Justicia encuentra verdad en las sospechas podría llegar a anular la totalidad de la compra. “Informe del Defensor del Pueblo sobre las ‘maniobras’ de Joe Lewis para quedarse con Lago Escondido”, Agencia de Noticias Bariloche, 11-5-11.
9. Patagonia perdida. La lucha por la tierra en el fin del mundo, Gonzalo Sánchez, Marea, 2011.
10. Clarín, 10-12-11.
11. “Apuntan a la extranjerización y concentración del uso y de la explotación de las tierras fiscales”, Informe del Centro Mandela de Derechos Humanos, marzo de 2011.


* Periodista y editor del portal www.ayeshalibros.com.ar