Consideramos, como Organización, que el Estado es el primer actor responsable de dar respuestas con suma celeridad ante la situación expuesta, dado que las peticiones, sostenidas durante años por los ex trabajadores Ypefeanos, tienen su fundamento y asideros, en que YPF pertenecía al Estado, y es el Estado el que debe garantizar la dinámica del trabajo, y por consiguiente el ejercicio, no solo de los Derechos laborales, sino por consiguientes otros derechos a sus familias.
Es el mismo Estado el que generó una real desestructuración con el ya conocido desguace de la Empresa, cuya administración fue otorgada a manos privadas. Esta situación de traspaso, generó que miles de empleados, quedaran lisa y llanamente en la calle, produciendo de esta manera un real daño social a nuestra comunidad. Durante todos estos años, el mismo Estado que fue responsable de esta dramática situación, no ha podido y no ha querido resolver este esquema de fondo que expone a miles de personas, entre ella niños, niñas y adolescentes en situación de violación a sus derechos.
Entendemos que hoy al ser nacionalizado YPF, los trabajadores y ex-;trabajadores, deben recuperar sus puestos laborales.
Asimismo, como citáramos con anterioridad, si un ciudadano no posee un trabajo, en este esquema económico imperante, no puede dinamizar otros derechos, que también se ven comprometidos: a la Salud, la Educación, la vivienda etc. Esta situación ha llevado a la violación permanente y sistemática de derechos de los mencionados trabajadores.
Por otro lado, desde hace años el Estado viene diseñado esquemas protección de Derechos hacia los niños y sus familias por mandatos legislativos Internacionales, Nacionales, Provinciales y Carta Orgánica Municipal, pero en la realidad estos derechos no son efectivizados, ya que no se cumplen las obligaciones que el Estado se ha comprometido a sostener, sobretodo de aquellas familias en situaciones de vulnerabilidad, tal es el caso de las familias ex ypefeanas.
Asimismo, vemos con alta preocupación como en medio de los reclamos, que consideramos justos legítimos y legales, sus miembros referentes son convocados a la justicia Federal a declarar. Provocándonos, estos nuevos hechos, un real escozor y generando en nuestras memorias colectivas situaciones que pensábamos habían quedado inscriptas en la época de los 90.
Nos referimos a la penalización de los reclamos sociales, y que, ya en ese entonces, en la crisis del 90 generada por el ensayo de políticas económicas de ajuste, se usaron en esta ciudad esos métodos de persuasión y disuasiones hacia el sector de la sociedad (militantes sociales) que reclamaba por la restitución de los derechos laborales.
Esta situación relatada y denunciada ante nuestra organización, nos coloca en alerta, toda vez, que sostenemos que los conflictos sociales no se resuelven con judicializar el problema. Dado que entendemos que el Rol del Estado consiste en dar Seguridades Jurídicas, tal como lo entiende nuestra Carta Magna, y está obligado a buscar por medios pacíficos el dialogo, el consenso y la negociación con los reales damnificados, en este caso las Familias, y entre ellos los sujetos más vulnerables, los niños, las Niñas y Adolescentes
Roberto Llaiquel, presidente
Susana Díaz, secretaria.
Fuente: Puerta E.
Editoriales ANP
