Entrevista con Cecilia Matta (53), miembro de la Asamblea Riojana Capital (1)
OCRN.—En una nota de prensa hecha pública al conmemorarse el primer aniversario de su sanción, para exigir el “cumplimiento inmediato” de la ordenanza, dijeron: “Es la única herramienta legal que tenemos para hacerle frente a estos letales proyectos” —unos once que han contabilizado hasta ahora sólo en el departamento capital—.
Una ley sancionada por la Legislatura de la provincia el 1 de junio de 2006, la núm. 7984, aprobó el “Convenio Marco de Cooperación y Coordinación” que habían suscrito el 10 de mayo de ese mismo año la CNEA y Ángel E. Maza, a la sazón gobernador de La Rioja, y que propugna la exploración y explotación conjunta de minerales atómicos en la provincia.
MATTA.—Defender la zona cercana a El Cantadero, “cola de yungas”, es fundamental no solo para la provincia, sino para todo el mundo. El yacimiento de Alipán, en Las Cañas, está a veinte kilómetros en línea recta a la capital, con las dos terceras partes de la población de la provincia. Concretamente, la CNEA dice que los trabajos efectivos de exploración sólo se están haciendo en Las Cañas y en Sanagasta. De todas formas, tenemos nuestras dudas: hay lugares a los que no hemos tenido acceso, porque los caminos son muy malos y no tenemos vehículos acordes para ir. Es una obligación del Estado dar información, y no lo hace. La municipalidad no quiere entrar a la zona porque dice que estaría violando propiedad del Estado nacional. No tenemos información y la Secretaría de Minería, que tendría que darnos el mapa minero de la provincia, en general no te da nada por escrito. Dilatan las cosas hasta que uno se cansa de ir.
OCRN.—Ya unos cuatro años antes de lograrse la Ordenanza 4930, el 13 de agosto de 2008, la CNEA y la provincia volvieron a rubricar otro acuerdo —aprobado por la Legislatura una semana después, el 21— que establece que, en una eventual explotación coordinada, ambas partes se harán poseedoras del 50 % de los recursos minerales que se extraigan. Y es apropiado reseñar la Cláusula 8 de ese nuevo pacto, en la que el Estado riojano asume a priori “el compromiso de proporcionar por medio de la fuerza toda la colaboración necesaria para garantizar la libertad de prospección, exploración y explotación” del territorio provincial. Dos días después de haber exigido la aplicación de las disposiciones municipales, en la fecha del 16 de agosto pobladores locales detectaron el traslado de maquinaria y equipos hacia el campamento de la CNEA por el camino que atraviesa Las Cañas, conectando las localidades de El Duraznillo y El Cantadero.
MATTA.—La ordenanza surgió de apuro, bajo presión y en base a la coyuntura política de las peleas entre el intendente y el gobernador. Nosotros habíamos escrito esa ordenanza, sancionada el año pasado a espaldas de la asamblea y de manera parcial: lo importante era que saliera “algo” para oponerse al gobernador. Es difícil, porque no estamos de acuerdo en meter a las asambleas en la manipulación de las internas políticas. Estamos hablando de que los convenios de 2006, que se ratifican en 2008, comprometen solo para la CNEA cien mil hectáreas. En aquel momento, [el gobernador, Luis] Beder Herrera, le otorga a una empresa multinacional otras ciento cincuenta mil hectáreas en los Llanos de La Rioja. El panorama es bastante denso en la provincia: los cateos suman veintiuno en total. Venimos denunciando lo de los camiones desde hace más de un año; no es de ayer que suben y bajan camionetas. Si hay una legislación, queremos que se cumpla, pero, sobre todo, ponemos el principio precautorio: ante la posibilidad de que haya un daño, hay que suspender las actividades hasta que el Estado o la CNEA demuestren que no causan alguno.
OCRN.—Recientemente, durante una conferencia ministerial internacional sobre energía nuclear, que se celebró los días 27–29 de junio en la ciudad rusa de San Petersburgo, la representación Argentina describió el plan nuclear nacional para el período 2006–2023, concebido por los planificadores oficiales para resolver, al cabo de ese lapso y tras una inversión total de 42 000 millones de dólares, entre un 15 y un 18 % de las necesidades eléctricas del país.
MATTA.—Algunos especialistas nos dicen que, en este momento, el uranio que se está produciendo en el país es suficiente para las tres centrales nucleares que tenemos. Pero [el ministro de Planificación Federal, Julio M.] De Vido, anuncia que van a hacer dos plantas más. Evidentemente, esto tiene solamente una justificación: hacer negocios. Nos están mintiendo; ese es el punto. Hay una clara decisión política del Gobierno nacional y no una necesidad energética real. El tema es que como hay cosas que el pueblo no maneja, como los números, nos pueden decir cualquier cosa, como que estamos en el horno con el tema energético. Además, la energía nuclear es cuestionable: ¿por qué esa y no otra energía? Es una barbaridad el riesgo altísimo de contaminación que representa para generaciones enteras la explotación de uranio. Hay una clara vocación de sacrificar determinados territorios en pos de un negocio, ni siquiera de una necesidad.
OCRN.—La política atómica desplegada por el Gobierno argentino en el transcurso del último decenio tuvo dos hitos fundamentales: la promulgación de la Ley 26566, que el Congreso sancionó el 25 de noviembre de 2009 y fruto de la cual se declaró de interés nacional la construcción de una cuarta central nuclear y la extensión en unos veinticinco años de la vida útil de Embalse (Córdoba) —las otras dos son Atucha I y II (Buenos Aires)—, y la reactivación de la planta que la CNEA opera en la provincia de Río Negro, que tuvo lugar el 25 de octubre de 2010. De ésta última saldrá el uranio enriquecido que se utilizará en la producción de combustible para alimentar los reactores nacionales. Resulta entonces perentorio para la CNEA buscar remedio a las ambiciones materiales de uranio: para conseguir este objetivo prioritario, continúa las tareas de exploración en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Rioja y Salta.
MATTA.—La herramienta que tenemos como poblaciones y como comunidad es la licencia social. Es fundamental que quienes realmente tomamos las banderas de lucha dejemos de ser ingenuos y no nos dejemos mentir y utilizar cada vez que hay un año electoral. De esto se trata la pelea: sabemos que es larga y profunda, pero tenemos que poder aprovechar una mínima herramienta como sea. Básicamente, creo que el trabajo territorial de las asambleas tiene que ver con la concientización. Solamente un cambio colectivo masivo de conciencia va a cambiar esta realidad; ningún Gobierno lo va a hacer.
OCRN.—Al visitar en aquella última semana de octubre las instalaciones de enriquecimiento de uranio que se encuentran emplazadas en la localidad rionegrina de Pilcaniyeu, a 60 km de Bariloche, las palabras pronunciadas por la presidenta argentina, Cristina E. Fernández, fueron éstas: “Poniendo en marcha esta planta estamos devolviendo a nuestro país el derecho de manejar recursos estratégicos que habían sido capitulados durante la década de los noventa”.
MATTA.—Es una patraña, porque lo que no dice la presidenta es qué ha negociado en Rusia y qué ha negociado en Canadá. No cuenta tampoco qué se trae entre manos cuando va a Medio Oriente. “Hemos hecho buenos negocios”. Sí, “buenos” negocios que nos van a seguir robando la vida. Acá están el agua y los minerales, y entonces a estos países grandes les sale mucho más barato venir a Suramérica, que tiene tantas necesidades y le abre las puertas a lo que sea. Total, nosotros somos sacrificables. Pero el plan está impuesto desde la Nación en connivencia con los Gobiernos provinciales; acá el pueblo no tiene ninguna injerencia. Tenemos que empezar a pensar desde otro lugar: ¿para qué se extrae?, ¿para quién?, ¿cuánto se extrae?, ¿cómo se hace? Si nosotros no nos hacemos estas preguntas e interpelamos a los Gobiernos, estaremos en el horno. Necesitamos una respuesta.
Nota:
[1] Comunicación telefónica. Realizada el 29 de agosto.
Editoriales ANP
