"El Poder Judicial es el responsable directo del hecho por el tratamiento especial que se le dio a la condenada. Desde el mismo día que cometió el asesinato de su esposo se le concedió arresto en el domicilio de un familiar y luego en el hospital ordenando no limitar las visitas, ni controlar que y quien entraba y salía y marcando un trato absolutamente diferencial respecto de los que comenten igual delito, demostrando así la absoluta connivencia con la política provincial.
"Los hospitales no deben ser usados como cárceles , ni deben exponerse a sus trabajadores a situaciones de riesgos en el afán de dar privilegios a personas de fuerte ligazón con el poder político.
"La actitud del Poder judicial no hace más que sentar malos precedentes ya que en vez de resolver las falencias de su propio accionar y buscar o crear instituciones que alberguen este tipo de condenados con problemas psiquiátricos, los manda a los hospitales y cuando ocurren hechos absolutamente lamentables la culpa es de los otros y no propia.
"Con decisiones como las del Fiscal Cid los ciudadanos estamos en problemas, y más aun los trabajadores de la salud pública"., finaliza el comunicado firmado por César Dell Ali y Noemí Alemany, secretario General y Gremial de SiProSaPuNe-FESPROSA, respectivamente.
*Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.
Fuente: ACTA.
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