Entrevista con María Teresa “Guni” Cañas (49), miembro de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza (1)
OCRN.—La mañana del 2 de marzo, durante las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia, un grupo cuyo tamaño podría superar las dos mil personas marchó, vigilado por unos mil uniformados, por las calles céntricas de la ciudad de Mendoza para rechazar la minería. En ese marco, el día anterior dieciocho organizaciones territoriales de la cuenca del río Colorado —integrada por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires— habían reclamado conjuntamente la suspensión del emprendimiento de Vale. ¿Cuál ha sido la influencia de la Asamblea Popular por el Agua y sus equivalentes en el resto de la provincia en la salida de Malargüe de la mayor productora de mineral de hierro del mundo?
Cañas.—No somos tan poderosos; lo único que logramos es relocalizar a diecisiete kilómetros los residuos de la mina, una pila de sal que iba a quedar a tres kilómetros del río. También tenemos una lucha mediática, porque a los medios de comunicación lo único que les ha interesado es la cuestión meramente económica por la cual Vale se ha ido: la empresa aduce que los costos argentinos no le dan y que necesitaría algunos regalitos del Gobierno.
Lo que se debate es la economía de este tipo de emprendimientos. Y lo que los foristas publican como comentarios en los diarios es que el Gobierno ha sido un inútil que no nos ha podido llevar al progreso con el que iba a ser el emprendimiento de potasio más grande del mundo. Estamos frente a paradigmas paralelos: nosotros hemos contribuido a que la gente vaya teniendo mayores niveles de conciencia. Y los que nos escuchan, escuchan los peros ambientales al proyecto.
OCRN.—En el curso de poco más de un año y medio, las de Vale no han sido las primeras noticias especialmente amargas para la minería que llegaron desde Mendoza. El 24 de agosto de 2011, los parlamentarios locales le bajaron el pulgar a la mina de cobre y oro San Jorge, cuya operadora, Coro Mining Corp., aún intenta reflotar a unos 45 km al norte de la ciudad de Uspallata y a 110 km al noroeste del centro administrativo provincial. Un estudio emanado de una consultora chilena, encargada de analizar un plan alternativo para San Jorge, le cargó la responsabilidad por el traspié legislativo a la constante presión de grupos ambientalistas durante aquellos meses previos a las elecciones nacionales de 2011.
Cañas.—San Jorge fue parado por la presión popular; puedo decir que los movimientos socioambientales de toda Mendoza tuvimos mucho que ver. El nivel creciente de conciencia de las asambleas ejerció una fuerte presión popular, no desde la prepotencia, sino con el trabajo entre la gente. Efectivamente, las asambleas tuvimos mucho que ver porque se realizaron acciones acumulativas que hicieron que los legisladores se sintieran muy presionados: marchas, cortes informativos y cortes grandes, uno en la entrada a Mendoza. A los legisladores que hacía un tiempo estaban en contra nuestro se los escuchaba hablar del agua, haciendo declamaciones de amor a la naturaleza. Era muy gracioso.
OCRN.—Las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se aglutinaron, el 15 de febrero de 2012, en la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), una coalición entre cuyos objetivos figura el de establecer mecanismos de resolución de conflictos de modo tal que los proyectos extractivos cuenten con licencia social. Un año después, el 28 de febrero, aparecieron los resultados de una encuesta realizada por el Fraser Institute de Canadá entre 742 empresas relacionadas con la minería en todo el mundo: la provincia de Mendoza fue señalada como la jurisdicción de la OFEMI que posee las políticas sectoriales menos favorables. Al mismo tiempo, casi el 90 % de los consultados estimó que, o bien las disposiciones ambientales mendocinas limitan la inversión, o peor aún: que debido a ellas, directamente no invertirían en Mendoza.
Cañas.—Hay un contexto histórico que favorece a Mendoza, una provincia que ha tenido la primera ley de aguas, una ley muy importante que ya tiene más de 130 años. Después tenemos la ley del ambiente y muchas otras que hacen que Mendoza tenga un viso de institucionalidad mucho más serio que otras provincias. Muchas cosas en el imaginario social hacen que seamos mucho más sensibles a los temas ambientales. Tenemos el modelo sanjuanino al lado y para la gente es como una contraposición: acá no queremos ser como San Juan. Los grandes medios de comunicación dicen que San Juan es fantástica, que allá está todo bien, cuando en realidad toda la obra pública la hace la Nación, no las mineras. Siempre hay alguno que tiene un pariente en Jáchal y sabe que se están quedando sin agua.
OCRN.—De hecho, en un esfuerzo por sortear la aplicación de la ley que prohíbe en todo el territorio de la provincia el uso de ciertas sustancias químicas —incluido el ácido sulfúrico que se utilizaría en San Jorge para separar el cobre de la roca— durante los procesos mineros de cateo, prospección, exploración y explotación, la nueva apuesta de Coro —presentada en marzo de 2012— consiste en trasladar unos veintidós kilómetros todo el mineral extraído del yacimiento mendocino, a través de un convoy ferroviario de unos cuarenta vagones, hasta una planta de procesamiento ubicada en la vecina San Juan, una provincia considerada más benévola con la industria.
Cañas.—Esa ley, la 7722, fue lograda en la calle: la sacaron los compañeros de las primeras asambleas de Mendoza, los de San Carlos y General Alvear. Fue el primer escollo para San Jorge: los mineros nos vienen echando la culpa porque tenemos esa ley. Para ellos esto conforma un marco de hostilidad hacia la minería. El concepto que tienen es que el tercer mundo es el tacho de basura del primero. San Juan, una provincia que obtuvo la licencia social, pasaría a ser la zona de sacrificio y el tacho de basura de la minería: en Mendoza son duros, pero a veintidós kilómetros no. Yo creo que el asunto se les va a transformar en algo inviable. Estamos en un momento en el que las crisis de las economías mundiales, capitalistas, ocurren en tiempos más cortos. Los tipos se largan a hacer proyectos para cuarenta años y en dos años la economía china se vino un dos por ciento abajo, el dólar aumentó en la Argentina y el costo laboral se disparó. La ambición es muy grande, pero también tiene un costo: ellos juegan a la ruleta, les va mal y se tienen que ir.
OCRN.—Al día siguiente de conocerse la decisión de Vale, el gobernador, Francisco “Paco” Pérez, elogió una propuesta de ley presentada por el senador del partido Propuesta Republicana (Pro) Gustavo Rubén Cairo que habilitaría a la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) a asociarse con sus contrapartidas privadas en el desarrollo de emprendimientos mineros como Río Colorado. La finalidad principal sería que el Estado logre hacerse con lugares decisivos en los proyectos para evitar quedar expuesto a situaciones como la que se presentó finalmente en Malargüe.
Cañas.—No en vano quieren asociarse a una empresa de energía: Río Colorado iba a consumir un millón de metros cúbicos de gas por día, el equivalente al consumo residencial de toda Mendoza. ¿De dónde iban a sacar el gas para calentar el agua que se necesitaba para hacer la extracción de potasio? En ese contexto entra Vaca Muerta y el problema del “fracking”, la práctica terrible con la que se extrae el gas o el petróleo no convencionales. Las dimensiones del proyecto son enormes: la Argentina no lo necesita porque no se caracteriza por tener suelos faltos de potasio. El problema es si lo necesitamos o no, no si la minería es nacional o extranjera. No es cuestión de plata, sino de cuestiones socioambientales implícitas. ¿Qué hacemos? Tenemos a los obreros en la calle, obreros que se erigen como mineros. Pero en Mendoza hace dos años no había minería: ahora vienen a echarnos la culpa de que se queden sin trabajo.
[1] Conversación telefónica. Realizada el 21 de marzo.
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