Por Coordinacion Nacional ENDEPA
El Consejo Plurinacional Indígena exigió el cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades y denunció que el nuevo Código Civil atenta contra los derechos indígenas.
El Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010, cuestiona desde mayo pasado la reforma del Código Civil y la manera en que se introdujeron los artículos referidos a los pueblos originarios. El fin de semana pasado, se reunió durante dos días en Capital Federal, reafirmó los cuestionamientos a la reforma del Código Civil y --más de fondo-- cuestionó el modelo extractivo.
“Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión (...) Nuestra realidad es un tema de Derechos Humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los Pueblos Indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o de planes e emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, resalta el documento.
Responsabiliza al Estado y al modelo extractivo por los “asesinatos” de Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreya y Miguel Galván. Y recuerda que “más de mil líderes indígenas y campesinos” son judicializados por “defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias extractivas”.
Cuestiona el avance minero. Toma como referencia la alianza gubernamental con la empresa Barrick Gold (presente en San Juan) y denuncia el avance de la minería de litio en Jujuy (Salinas Grandes). Explica que la extracción de gas no convencional (conocido como “fracking”) perjudica a comunidades y contamina acuíferos, y alerta que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA --presentado el año pasado por el Gobierno Nacional y las provincias) tendrá consecuencias sobre campesinos e indígenas. “Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio angustiante pues por la manera de producir más puede dar como consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente represión, desmonte, contaminación y desplazamiento de población.”
El documento fue presentado ayer en el Anexo del Congreso Nacional. Los únicos legisladores presentes fueron Liliana Parada y Víctor De Gennaro. Los dirigentes indígenas luego marcharon a Casa de Gobierno, donde entregaron el documento en Mesa de Entrada. Fueron acompañados por Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Acompañan también estos planteos, desde sus lugares, organizaciones no gubernamentales del norte del país como: Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) - Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas del Oeste de Formosa (Servijupi), Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA Formosa), Junta Unida de Misiones (JUM), Instituto de Cultura Popular (Incupo), Red Agroforestal del Chaco Argentino (REDAF), Fundación ASOCIANA y el Equipo para la Promoción y el Acompañamiento Solidario (Eprasol).
El documento hace hincapié en la reforma del Código Civil. “Más allá de la propaganda sobre la inclusión de nuestros derechos y del respeto a la diversidad cultural en el nuevo Código, lo concreto es que atenta contra la base de nuestro desarrollo cultural que son nuestros territorios y derechos fundamentales que no fueron tomados en cuenta al momento de pretender incluirnos”, denuncia y se declara en “alerta y movilización” para evitar que se introduzcan artículo indígenas en el Código (exigen que sean tema de una ley especial).
Explica que, vulnerando la legislación indígena, los artículos referidos a derechos indígenas no fueron consultados con los pueblos originarios, cuestionan que se ubique a las comunidades con personerías de derecho privado (equiparando a comunidades con, por ejemplo, consorcios de edificios), y recuerda que no hubo “consentimiento libre, previo e informado” (como establecen las normas internacionales a las que el Estado argentino adhirió).
“La posición de las organizaciones y comunidades indígenas en todo el país ha sido casi unánime sobre la inconstitucionalidad de la inclusión de la propiedad comunitaria (indígena) en esta reforma. Y también hemos sido claro sobre la necesidad de suprimir el articulado sobre propiedad comunitaria en el proyecto de Código Civil y que dicho tema sea fruto de una Ley Especial, que se debe debatir con participación y consulta previa a los Pueblos Indígenas”, afirma el Consejo Plurinacional.
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