Estamos también en un marco político donde la señora Presidenta reta permanentemente a las organizaciones sindicales, las demoniza, las acusa de boicot y pretende ubicar los reclamos en un “protestódromo” en Plaza de Mayo.
Y estamos además en una crisis financiera global cuyos coletazos ya están llegando a nuestro país de la mano de los techos salariales, los tarifazos encubiertos y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares.
En este marco el gobierno presenta sigilosamente en el Congreso Nacional un proyecto de modificación de la actual ley antiterrorista por exigencia del G1 y del Grupo de Acción Financiero (GAFI) bajo la promesa de recibir un certificado de “país confiable” para recibir inversiones extranjeras.
Por ese motivo, el proyecto duplicaría las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla”.
De esta manera, juntar fondos para los mapuches presos acusado de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de compañeros, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima.
Por todo lo expuesto, la Central de Trabajadores de la Argentina repudia la intención del mencionado proyecto, deplora la defensa que hacen de ese mamarracho jurídico algunos diputados autodenominados “progresistas” y convoca al movimiento obrero, a las organizaciones sociales y al conjunto del pueblo a resistir democráticamente su aprobación en el Congreso Nacional aunque nos acusen de terroristas.
Editoriales ANP
