Por MTL Rebelde
Este 24 de marzo marchamos para reivindicar el lugar de la lucha. Siguiendo el camino revolucionario de los compañeros que en los setenta dieron la pelea por otras relaciones sociales. Siguiendo también una tradición de lucha por los derechos humanos que mostró cómo la pelea contra el olvido y el perdón no se limitaba al olvido y el perdón a los responsables de la dictadura. Que mostró la necesidad de perseguir justicia también ante los casos de violencia estatal del presente. Esa tradición de lucha que enseñó a un pueblo las relaciones entre dictadura y objetivos económicos. Que enseñó cómo la lucha por los derechos humanos va más allá de las violaciones ocasionadas por la violencia física directa, llamando la atención sobre las violaciones sistemáticas de todos los días: en el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud. Las actuales violaciones cotidianas a los derechos humanos vuelven a marcar la necesidad de recuperar esa tradición de lucha.
No hay gobierno que pueda ufanarse de una supuesta reivindicación de los derechos humanos con una política económica que se basa en la “competitividad” de la pobreza y con un estado que se sigue desentendiendo de la salud y la educación públicas.
Los juicios a los genocidas no son política de este gobierno ni de este poder judicial, sino conquistas populares arrancadas pese a ellos. Uno y otro estiran los procesos, hacen declarar una y otra vez a las víctimas y no unifican las causas. Por acción u omisión su política es la de los juicios por goteo. No pueden volver atrás, a la impunidad total, pero se resisten a un avance sustancial.
En cambio sí son políticas del ejecutivo la redecoración de una escuela militar y la institución de un feriado. Pero el problema no es que sean políticas insuficientes, sino que son políticas que esconden la situación de los derechos humanos en Argentina.
En la Argentina de hoy los derechos humanos se violan mil veces por día. El derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación lo son tanto como el derecho a poder reclamar por ellos (algo aún más básico). Sin embargo, la forma en que se responde a un reclamo legítimo, como el reclamo por vivienda, fue, como se vio en el Indoamericano, con la muerte de tres personas que participaban de la toma. Y todo esto ocurre mientras la presidenta da lecciones sobre derechos humanos por cadena nacional.
Es un ejemplo de cómo se negó, se niega y se sigue negando el derecho a la vivienda. En diciembre, los gobiernos nacional y de la ciudad anunciaban un plan de vivienda que previsiblemente nunca llegó. En los tres meses que han pasado hemos visto por parte del gobierno nacional una intensificación del discurso contra la movilización, la creación de un ministerio “de seguridad”, la invasión de 6 mil gendarmes en la provincia y la ofensiva por bajar la edad de imputabilidad. Pero por supuesto nadie ha visto ningún plan de vivienda.
Acompañar la hipocresía oficial es más que dar la espalda a la verdadera movilización popular: es legitimar los actos de represión que el gobierno realiza o habilita contra quienes se movilizan en todo el país.
Hoy, a treinta y cinco años del golpe militar, los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos siguen requiriendo el homenaje que no es el homenaje del estado, sino la lucha contra este estado. Y sólo podrá estar completo el homenaje cuando el pueblo se alce reivindicando y profundizando su lucha.
Me matan si no está la policía, y si está la policía me mata (Balance represivo del 2010)
Enero: Facundo Vargas, asesinado en Pacheco como consecuencia de la represión a una movilización por gatillo fácil.
Junio: Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, muertos en Bariloche como consecuencia de la represión a una movilización por gatillo fácil.
Octubre: Mariano Ferreyra es fusilado por una patota de la Unión Ferroviaria tras una protesta de los tercerizados del Roca. La policía liberó la zona para el accionar de la patota.
Noviembre: Roberto López es asesinado por la policía de Formosa como consecuencia del brutal desalojo de un corte de ruta en que la comunidad Qom reclamaba por sus tierras.
Diciembre: al menos tres personas (Bernardo Salgueiro, Rosematy Churapuña y Emiliano Canaviri, aunque probablemente nunca sepamos con certeza cuántas) son asesinadas en la toma del Indoamericano, tanto como consecuencia de la represión policial como de haber dejado la zona liberada.
Estos son los muertos que suma el kirchnerismo en su haber a lo largo del 2010 solamente como consecuencia de la represión (directa o tercerizada) de la movilización. Recordándonos brutalmente cuál es la respuesta que se insiste en dar a la protesta social y demostrando hasta dónde puede llegar este “progresismo”.
Ese “progresismo” se puede servir tanto de la policía como del accionar aparentemente privado de patotas que son también funcionarios de este estado policial. Puede servirse de la policía como en Formosa. O de las patotas sindicales como en el Hospital Francés, el Casino de Buenos Aires y el Subte. O puede valerse de ambas como en el asesinato de Mariano Ferreyra, donde la policía federal libera la zona para que la patota apriete el gatillo.
Para completar el cuadro del accionar represivo es necesario también incluir las incontables víctimas cotidianas por casos de gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías y desaparición forzada. De todos ellos, sólo algunos alcanzan cierta resonancia mediática (Luciano Arruga, Baradero, Bariloche) y la mayoría son naturalizados como moneda corriente. Sin embargo es la represión de mayor alcance y sistematicidad, teniendo como objeto un sector bien definido de la población: jóvenes y menores de edad pobres.
Criminalización de la protesta y criminalización de la pobreza son dos caras de una misma política consagrada a reprimir a los descontentos y a controlar a la población.
Como detalla la CORREPI: “Son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner. Hasta 2009, el año 2001 había sido el año con mayor registro de muertes a manos del estado, con 242 casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 219 casos.” (Informe anual, noviembre de 2010)
Se trata de un aparato represivo que incluye a sectores que no tuvieron reparos en aprovechar la desprotección estatal para desaparecer a Julio López y asesinar a Silvia Suppo. Bien lejos de los discursos, de las sucesivas y rimbombantes “purgas” y reformas, a 35 años del golpe, la impunidad y capacidad de acción del aparato represivo del estado permanecen intactas. Con represores reciclados o nuevos, el tendal de muertos a manos del estado sigue extendiéndose.
Sólo con un presente de lucha, el futuro podrá ser nuestro.
La criminalización de la protesta social es la respuesta que tiene para dar un estado que decide una y otra vez no dar respuestas a las necesidades sociales. Esta criminalización se ve no sólo en el accionar represivo sino también, y sobre todo, en la judicialización de acciones militantes de todo tipo que ha llevado a tener hoy 6.000 procesados por luchar. Desde un corte de calle hasta una toma son pasibles de persecución penal por parte de un poder judicial que nunca perseguirá al propio estado por incumplimiento de derechos sociales básicos. Hasta una volanteada puede dar origen a una causa judicial como la que cae sobre el Negro Martino, incluso a una sentencia condenatoria.
Estas políticas se intentan legitimar con la difusión de discursos de demonización de la izquierda y de la protesta en general. La campaña macartista siempre vigente adoptó este verano una mayor intensidad. El remanido argumento de “hacerle el juego a la derecha” viene sirviendo al kirchnerismo como un recurso muy efectivo no sólo para demonizar a la izquierda sino para deslegitimar cualquier tipo de reclamo.
Ese camino que nos propone el gobierno es el que lleva a deslegitimar todas las luchas, consolidando así un presente de desigualdad. Sólo se puede transformar este presente recuperando el lugar de la lucha. Éste es el verdadero homenaje que tenemos que hacer a los 30.000 compañeros desaparecidos.
Editoriales ANP
