Mendoza, 22 de marzo de 2011 (Asamblea Popular por el Agua).- Hace 35 años comenzaba la más sangrienta dictadura en nuestro país. Durante ese período, desaparecieron más de 30.000 personas, se ahondaron las desigualdades sociales, se endeudó el país, y se intentó cerrar los ojos de la comunidad, difundiendo slogans tales como “Los argentinos somos derechos y humanos”. Así se trataba de responder a las voces que habían comenzado a clamar por los derechos humanos de los desaparecidos y de la sociedad toda.
Durante la dictadura y los posteriores gobiernos democráticos de progresivo corte neoliberal se profundizaron las desigualdades a través de políticas que priorizaron, en general, los intereses de los grandes capitales antes que los del pueblo, dando rienda suelta a la rapiña extractiva. Pero también se extendió y creció el respaldo y la defensa de los derechos humanos que como sociedad hemos alcanzado: La abolición de las leyes de Punto final y de Obediencia debida, con los consiguientes juicios (que en nuestra provincia se están llevando a cabo desde el año pasado) y la cárcel a represores han sido fundamentales en este sentido, y en los últimos meses debemos festejar en nuestra provincia la destitución de jueces cómplices de crímenes de lesa humanidad; la nueva ley de medios, con sus defectos y aciertos, la ley de matrimonio igualitario, etc. Todo esto tiene, seguramente, un correlato en algo tan intangible como importante: la conciencia de la comunidad acerca de que los derechos humanos representan un fundamento ético y político ineludible en nuestra vida social.
Ahora bien, queremos ir por más. Los derechos humanos también tienen historia, y a partir de los años ochenta, en el mundo entero, se ha comenzado a tomar conciencia de que el derecho a un ambiente sano representa tanto una profundización como una condición de posibilidad de los derechos humanos en su totalidad. Los derechos ambientales o derechos de tercera generación han tomado rango constitucional, incluso, en países hermanos como Bolivia y Ecuador. Desde la Asamblea Popular por el Agua creemos que debemos crecer en conciencia por los derechos humanos vinculados con la solidaridad y con el entorno, que viene también reclamando su derecho, como ambiente, como Pachamama, como Gaia. Vivimos en un mundo tecnologizado que nos obliga a olvidarnos de nuestra condición de seres naturales. Esta forma de relacionarnos con la naturaleza y con las demás personas que mercantiliza las relaciones humanas y asocia la realización personal con el consumo, altera irremediablemente ciclos naturales, produce toneladas de basura, contamina el ambiente y empobrece al ser humano. Esta forma de vivir es una construcción histórica y pone en juego la vida de muchas personas, de pueblos enteros y, en estos momentos, de la humanidad.
El agua, nuestro bien común por excelencia, es fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de los otros derechos humanos. A nivel mundial, más de 10 millones de personas, la mitad de ellas menores de 18 años, mueren anualmente por enfermedades vinculadas al agua potable insegura. En países en desarrollo, el 70% de las personas pobres no tiene acceso al agua potable sana. En América Latina y el Caribe, más de 130 millones de personas viven sin agua potable segura en sus hogares. En Mendoza, provincia árida como varias provincias cordilleranas, el agua es escasa y, en años como éste de escasas precipitaciones níveas, se ha declarado la emergencia hídrica. Como en todo el mundo esta crisis la sufren los que menos tienen. La dificultad, y sobre todo la desigualdad en el acceso al agua, están en la base de muchas de las injusticias sociales, tanto en el campo como en la ciudad. Bastantes problemas históricos tenemos ya con esto, como lo pueden atestiguar la gente de los barrios del pedemonte y los agricultores familiares de casi toda la provincia, la gente de Dorrego y las comunidades huarpes de Lavalle. Y a esta desigualdad histórica se quiere agregar una más: el ingreso de la megaminería en nuestra provincia, que tiene como punta de lanza el proyecto San Jorge. Actividad lícita, la megaminería, para empresarios, políticos, científicos y gobiernos cómplices. Actividad, que como se demuestra todos los días en Jáchal y en Andalgalá, y en muchos otros pueblos de nuestro continente, lleva consigo represión, saqueo, contaminación, uso abusivo de agua y energía, criminalización de la protesta, corrupción y clientelismo. Actividad que para nosotrxs, las asambleas socioambientales, viola sistemáticamente los derechos humanos y representa una versión neocolonial del saqueo comenzado en la Conquista. Estamos en lucha contra este modelo extractivo agrominero exportador, que ahonda las desigualdades de este sistema.
Compartimos las palabras del gran luchador por los derechos humanos que es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980. En su carta Al pueblo argentino en el Bicentenario y con motivo de la Marcha del 24 de Marzo del 2010 (ver texto completo en http://www.adolfoperezesquivel.com.ar/) decía:
“Cuestionamos la continuidad de un modelo de concentración de la riqueza y saqueo instaurado por la dictadura militar, profundizado por sucesivos gobiernos constitucionales y que persiste en la actualidad. No podemos olvidar los graves problemas que el pueblo debe enfrentar, como son los emprendimientos mineros a cielo abierto, a manos de grandes corporaciones transnacionales que no sólo disponen de prebendas extraordinarias, también contaminan el agua y afectan la salud de nuestros pueblos. El veto presidencial a la ley de protección de los glaciares, ilustra esta complicidad. (Nota: luego fue aprobada la nueva ley de Glaciares) La permisividad con la devastación de los recursos naturales no renovables, así como el apoyo a un sistema agroalimentario que ha perdido diversidad y soberanía alimentaria, con el consiguiente encarecimiento de los alimentos de consumo popular, contribuye al empobrecimiento. Un devastador proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, ha destruido montes y bosques nativos, y expulsado y despojado a campesinos y pueblos originarios de sus tierras. La pobreza que afecta a gran parte de la población, no se resuelve ocultando la verdad y dibujando los indicadores del INDEC, sino distribuyendo la riqueza.”
Sostenemos que los derechos ambientales son derechos humanos. Valoramos la importancia del agua como indispensable para la vida, y como un derecho humano la accesibilidad al agua para todas y todos lxs que habitamos este planeta. Vemos en emprendimientos tales como la megaminería una actividad que viola la sustentabilidad de nuestros bienes comunes, y del agua muy especialmente. Luchamos por la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes y con ello, impulsamos un nuevo sistema de valores y acción-gestión políticos, un cambio social, pues ninguna actividad, sueño o esperanza de la humanidad en general y de cada uno de nosotrxs podrá llevarse a cabo en estas condiciones ambientales, artificializados, carentes, contaminados y desiguales.
Este 24 de marzo nos encontrará con dos actos por la Memoria y los Derechos Humanos. Es triste, pero es algo para reflexionar. Somos conscientes que esta fecha expresa la lucha por derechos de justicia y de un proyecto de sociedad con democracia real y sin inequidades. Ese día implica un piso de derechos humanos que no estamos dispuestos a renunciar a costa de nada. Pero también significa que la lucha de compañeros y compañeras tiene su continuación en el presente, y en este sentido es que entenderemos que no sólo hay que recordar, conmemorar, y exigir justicia, sino también subrayar que los derechos humanos son hoy los de los pueblos que resisten el saqueo y la muerte de las megamineras, las sojeras y los agrotóxicos, etc., de quienes sufren las distintas formas de opresión sexual, el gatillo fácil y la represión al manifestarse por el incumplimiento de sus derechos. Por esta razón no resignaremos ese día y nos haremos presente a nuestro modo. Ante un sector político que busca privatizar esta fecha del campo popular y silenciarnos, queremos alzar nuestra voz junto a la de tantos otros que seguimos bregando por los derechos humanos en este presente.
Queremos una sociedad con memoria, justicia, sin opresión ni exclusión alguna, sin represión, sin saqueo y sin contaminación.
Editoriales ANP
