La determinación de las tres instancias judiciales que han intervenido hasta el momento – la jueza Wilma López, la cámara del Crimen y la de Casación -, confirman la caracterización que realizó el Partido Obrero, a saber, que se trataba de un crimen político y, por lo tanto, que implicaba una responsabilidad del poder político, el cual, sin embargo, se ha llamado a un sacrílego silencio. Los responsables políticos mencionados siguen en la gestión del ferrocarril y ocupan los puestos claves de la secretaría de Transporte. Es indudable que desmantelar esta red y exponerla ante la opinión pública, significaría el sacrificio de negocios voluminosos y un golpe a un entramado que involucra a sectores afines al poder de turno. Es indudable que la consistencia de las decisiones judiciales responde a esta caracterización política: no puede haber excarcelación en un proceso en el que la investigación en curso aún se encuentra a mitad de camino del punto de arribo. La naturaleza política de este juicio queda en evidencia también en las presiones ejercidas para obtener las excarcelaciones, en las cuales se incluyen varios lock outs ferroviarios declarados por la burocracia sindical empresarial.
El contraste entre el desarrollo del juicio por el crimen contra nuestro compañero con el que sigue el relativo al asesinato de tres campesinos en Formosa no puede ser mayor: en este último el estancamiento es completo debido a la injerencia del oficialismo en las organizaciones de las víctimas. La nitidez con la que el Partido Obrero ha planteado el crimen contra Mariano ante la opinión pública y ante los trabajadores, no permite tergiversaciones. Miles de trabajadores tercerizados han adoptado a Mariano Ferreyra como su emblema. En las calles y lugares de trabajo y estudio de todo el país, los militantes del PO siguen recibiendo la adhesión de numerosos contingentes de la población.
Ahora más que nunca, vamos por la cárcel a Pedraza y Fernández y que se avance rápidamente en el pedido de indagatoria a los directivos de la Ugofe, a la cúpula de la Federal y los agentes que intervinieron en el operativo el 20 de octubre, donde ya en la investigación judicial se probó su responsabilidad en el armado del crimen.
Que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ponga fin a la mafia ferroviaria y asuma la gestión directa de los ferrocarriles, bajo el control de delegados electos de los trabajadores, lo cual implica la purga consecuente en la secretaría de Transporte.
Por la reincorporación de los despedidos y pase a planta de todos, todos, los tercerizados.
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