Por Silvia Horne, legisladora rionegrina Movimiento Evita - Frente para Victoria
Enviado por APDH Bariloche
En mi carácter de legisladora, presenté numerosos pedidos de informes sobre la situación carcelaria y sobre casos de abuso policial y otros suicidios que supuesta y extrañamente se han dado en nuestras comisarías. Sin embargo aún no he tenido respuesta.
Promoví por ello en el año 2008 e insistí en el año 2010, ajustándome a lo establecido en la Convención contra la Tortura que forma parte de nuestra Constitución Nacional y al Protocolo Adicional al que adhirió Argentina, con la sanción de una ley que crea el Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en Río Negro.
En la última sesión legislativa del año 2010, fue aprobada y sancionada. Ahora resta ponerla en marcha.
No es la solución definitiva a una práctica aberrante que debería ser erradicada de la actuación de los funcionarios policiales. Pero es un gesto imprescindible para dejar en claro que la tortura es un delito de lesa humanidad y que no se tolera en Río Negro.
La ley asigna al Comité el derecho de realizar visitas periódicas a las cárceles, unidades policiales como también otros lugares de detención o encierro, sin necesidad de aviso previo y con acceso irrestricto.
El mecanismo consiste en impedir que se cometan violaciones a los derechos de estas personas por medio de las visitas sorpresivas de los integrantes de este Comité y la producción de un informe, con sugerencias y recomendaciones a los poderes del Estado con la posibilidad de hacerlos públicos en la medida que no se obtengan respuestas a sus señalamientos.
El Cuerpo quedará facultado, además, a recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad, realizar informes sobre las condiciones de detención, sugerir y recomendar políticas públicas para el mejoramiento de las prácticas carcelarias y lugares de encierro y realizar entrevistas y mantener comunicación personal y confidencial tanto con personas privadas de su libertad como con sus familiares.
Es muy probable que, los “suicidios” de jóvenes en la Comisaría Tercera de la ciudad de General Roca, hoy en El Bolsón, como tantos otros casos de tortura, se podrían haber evitado si estuviera en funcionamiento este Comité.
No basta el rechazo ni declaraciones grandilocuentes sino que se necesitan herramientas y políticas precisas que tiendan a asegurar que no habrá más “suicidios”, ni “muertes extrañas”, ni torturas, ni tratos humillantes o degrandantes.
Pero llegado este momento de exigir su implementación hago mías las advertencias del Juez Martín Lozada sobre el final de un artículo publicado en el “Río Negro” el 13-12-2010:
“Claro está que el adecuado funcionamiento del Comité recién creado en Río Negro dependerá de una adecuada coordinación entre la sociedad civil, organizada alrededor de organizaciones no gubernamentales, y los propios órganos del Estado. Desafío a superar si lo que se pretende es incidir en un campo tan refractario, esquivo y ajeno a los controles públicos, como resulta ser el carcelario.
En todo caso, su trascendente creación y su futura puesta en funcionamiento no debería hacernos olvidar que resulta imprescindible contar con una verdadera política penitenciaria que se ajuste a los dictados de la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Su ausencia, lamentablemente, hará de cualquier esfuerzo lo que un devastador incendio suele producir frente a un pequeño cuerpo de bien intencionados bomberos”.
Finalmente, es oportuno que todos sepan que cuando se habla de lugares de encierro también se refiere a geriátricos, hogares de niños, centros psiquiátricos, y tantos otros lugares de donde una persona no puede retirarse por su propia voluntad. Y esta advertencia entonces debería hacerse extensiva a las políticas de familia, de niñez, de salud.
Contacto: silviahor@yahoo.com
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