Por Magdalena Odarda, legisladora rionegrina ARI
La recuperación del Lago Escondido para uso público y hacer cumplir el artículo 73 de la Constitución Provincial que garantiza el libre acceso de todos los ciudadanos a los espejos de agua de la provincia, fue el objetivo de una acción de amparo colectiva, interpuesta en el año 2005 ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro.
Desde hace años este Lago ha quedado dentro de una propiedad privada, actualmente perteneciente a una firma propiedad de Joe Lewis, Hidden Lake S.A.
La lucha ciudadana tiene que ver con el libre acceso de todos, sin discriminaciones y sin la necesidad de pedir permiso a nadie, para acceder a un lago de dominio público de Río Negro tal como establece la Constitución de la provincia.
La cuestión de fondo, es si estamos dispuestos a perder parte del patrimonio público en forma definitiva, o lo recuperamos para el uso público y con la sola restricción de la preservación ambiental.
En julio de 2009, la sentencia dictada por el máximo Tribunal fue clara y contundente. La provincia de Río Negro debía realizar las obras de reparación y señalización necesaria en los dos caminos que conducen al Lago, la senda de montaña y el llamado camino de TACUIFI de solo 18 kilómetros desde la ruta 40 que une El Bolsón con Bariloche. La orden judicial se debía cumplir en 120 días. El fallo está firme, fueron desestimados todos los planteos recursivos, incluso el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. El mismo fallo va a cumplir un año y medio sin ser efectivizado.
Dicha sentencia además fue declarada de interés jurídico, institucional y social por la Legislatura de Río Negro y sienta un precedente necesario para recuperar el acceso público y gratuito a todos los espejos de agua de Río Negro y la región patagónica. Así lo indica la cantidad de artículos escritos por reconocidos ambientalistas de todo el país sobre la trascendencia del fallo en lo que respecta al DERECHO AL AGUA Y EL LIBRE ACCESO A LAS COSTAS.
El ataque hacia mi persona de la empresa de Joe Lewis tiene que ver con la inminencia del cumplimiento de ese fallo.
Con amenazas implícitas a esta Legisladora no se puede detener lo que el máximo Tribunal de la Provincia ha decretado. Actos que argumentan “derecho a la propiedad privada”, escarches, notas con firmas de vecinos a quienes se hace creer cosas que nos son ciertas: como que va a abrirse un nuevo camino, cuando el camino ya está hecho, carta de lectores publicadas en diarios por supuestos vecinos enojados, entre otras acciones, tratan de que la Justicia de marcha atrás.
Actos intimidatorios de la índole que sean, no detendrán que la historia siga su curso. Hechos como estos han logrado a los largo de los años que extensos espacios de uso común y territorios públicos sean privatizados, al igual que costas de ríos, lagos y mares y que las causas por su reivindicación, queden archivados en algún frío Juzgado.
Los ciudadanos ya hicimos nuestra parte, ahora es tiempo que la Justicia haga lo propio.
Por eso el ataque, solo por pedir que se cumpla con una sentencia judicial que lamentablemente toca grandes intereses económicos.
Cualquier ciudadano que comete un delito o una simple infracción tiene que cumplir con la pena que impone la Justicia. Aquí parece que no es así. Todos sabemos el porqué.
El Lago Escondido no solamente reviste gran interés turístico para la Provincia y la Nación sino ciertamente alcanza gran interés social y soberano por ser fuente de agua dulce, como lo son nuestros ríos y lagos patagónicos, considerados una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Todos sabemos que las guerras por el petróleo están dejando paso a las guerras por el agua, elemento esencial para la vida de los países que carecen de ella.
Declarar persona no grata a esta Legisladora por sólo querer hacer cumplir la Constitución, es una sinrazón. Más bien, es una clara amenaza, por eso hago responsable nuevamente a la empresa Hidden Lake SA por cualquier daño que puede sufrir mi familia y mi equipo legislativo, realizados por ellos o por cualquier ciudadano financiado para tal fin. Puede ser que sea persona no grata para Joe Lewis o para sus dependientes, pero defender los derechos y libertades ciudadanas de todos los rionegrinos es mi único motivo para seguir trabajando junto a las organizaciones sociales y políticas en esta causa judicial de alto interés público.
Editoriales ANP
