Por Corriente Nacional 9 de Abril-Lista Marrón del SUTEBA-CTERA
El jefe de gabinete de la gobernación de la Provincia, Alberto Pérez, anunció que miembros de la policía bonaerense asistirán a todas las escuelas el primer día de clases para distribuir folletería, hablar con profesores y directivos y ofrecer charlas para realizar con los chicos acerca de “políticas de prevención del delito”.
Los trabajadores de la educación que conformamos la Corriente Nacional 9 de Abril -Lista Marrón del SUTEBA-CTERA repudiamos este intento de meter en las escuelas a los responsables de casi 1500 casos de gatillo fácil, la mitad de todos los producidos a nivel nacional, de los que son víctimas pibes de la edad de nuestros alumnos en su amplia mayoría.
Justamente, esta medida nefasta aparece en medio de una verdadera campaña de criminalización de la juventud en la que el gobernador Scioli, la derecha y los medios insisten con bajar la edad de imputabilidad de los menores.
La posición del gobernador no es nueva. La de la derecha y los medios tampoco. La presidenta por su parte dice el problema no es “de edades”, pero su partido votó a favor en el senado de la baja de edad de imputabiliad. Lo cierto es que en cada delito sangriento, repetido hasta el hartazgo en las pantallas, se busca con lupa la participación de un menor y se instala la idea que relaciona menores con delitos sangrientos, problema que supuestamente se solucionaría con un incremento de personal policial y de otras fuerzas represivas. Según un estudio de Nils Karberg, director regional de UNICEF para América Latina, los delitos graves dolosos cometidos por menores en la provincia por año no superan los quince (eso sí repetidos por televisión hasta el hartazgo), una cifra ínfima en relación con la población bonaerense y más si se la compara con la de otros países de América e incluso de Europa. Uno podría preguntarse entonces el sentido de esta polémica.
En primer lugar implica criminalizar a las víctimas: a pesar del pregonado crecimiento económico más de 600.000 pibes de entre 15 y 24 años no tienen trabajo, ni acceso al estudio. Los que tienen la suerte de trabajar lo hacen en condiciones de suma precariedad. Esto los docentes lo sabemos muy bien. Buscar excusas para reprimir y matar es la única salida que parece ofrecer el gobierno para el sector más vulnerable de la sociedad
En segundo lugar, lo que se oculta con la discusión menores-delito es que detrás de las grandes actividades delictivas como el robo de coches, el narcotráfico, los secuestros o la trata de personas está involucrada la policía tal como los mismos medios no pueden esconder. Recordemos sino la serie de crímenes con robos de coches que ocurrieron a fínes del 2009 donde hasta el mismo ex ministro de seguridad Stornelli tuvo que reconocer la participación policial o la salidera bancaria de la que fue víctima Carolina Píparo que dejó de salir en los medios justo cuando uno de los detenidos involucró a personal de la bonaerense.
La participación de menores en delitos graves, la mayor parte de las veces, es propiciada o impuesta por la propia policía como denunció oportunamente el Juez Arias de La Plata. Acaban de cumplirse dos años de la desaparición del joven Luciano Arruga de Lomas del Mirador que fue visto por última vez brutalmente golpeado en el destacamento policial de esa localidad tras haberse negado a robar para la bonaerense.
Es que justamente la juventud es la principal víctima de la policía a través del gatillo fácil o las torturas en las comisarías como decíamos más arriba. Miguel Brú, Maximiliano Sosa, Damián Ibarzabal, Maximiliano Maidana, Carla Lacorte, los chicos torturados en la Comisaría Primera de Quilmes son sólo algunos ejemplos de pibes y pibas que fueron víctimas de esta renovada forma de genocidio. En este sentido, poner a la policía a “asesorar” y “cuidar” a la juventud es un acto perverso y criminal.
La inseguridad es la propia policía, y el gobierno y el Estado que quieren naturalizar la presencia de uniformados en las calles y las escuelas para reprimirnos a nosotros y a los estudiantes cuando tengamos que salir a reclamar por nuestros legítimos derechos. Son policías los que nos reprimen en las marchas como lo son los que mataron a nuestro compañero Carlos Fuentealba. Son policías los que secuestraron, mataron y escondieron el cuerpo de Julio López. No podemos perder de vista que el gobierno nacional, que durante años se proclamó “hijo de las madres de Plaza de Mayo” y que trata de diferenciarse de las posturas más reaccionarias de Scioli, está embarcado en una ofensiva represiva por La que aparece involucrado en forma indirecta o directa con los crímenes de Mariano Ferreyra, dos compañeros tobas de Formosa y los ocupantes del Parque Indoamericano.
Quieren usar el miedo para legitimar un avance de las fuerzas represivas. Como trabajadores de la educación no debemos dejarnos usar y tenemos una gran responsabilidad en impedir que sigan matando pibes como nuestros alumnos así como trabajadores que luchan.
El SUTEBA debe pronunciarse y llamar a asambleas para que discutamos medidas para enfrentar esta peligrosa medida del gobierno provincial.
Editoriales ANP
