(Agencia Nodo Sur).- La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó ayer viernes 19 de noviembre, en Plaza de Mayo, el relevamiento de casos sobre los jóvenes asesinados por la represión institucional y policial durante el 2010, además de los luchadores populares muertos en movilizaciones y conflictos sindicales. El último y más resonado caso fue el de Mariano Ferreyra, asesinado el 20 de octubre por una patota de la Unión Ferroviaria, caso que aún no fue esclarecido y que sus autores intelectuales no han sido citados a declarar a la justicia.
Ayer a las 18 horas puntual, la CORREPI comenzó con el acto en el que presentó el archivo de casos de gatillo fácil y asesinatos en movilizaciones y conflictos sindicales. Se montó un escenario al lado de la Pirámide de Mayo, desde donde hablaron los integrantes de Correpi a los/as familiares y a las organizaciones presentes. Frente al escenario se ubicaron los/as familiares de los jóvenes asesinados por las balas de la policía; al costado derecho lo hizo un grupo de personas que fueron víctimas de la política de Macri en vivienda y que llevaban una bandera negra pintada con letras blancas con la consigna “Libertad a los inquilinos presos de Macri”.
En el acto estuvieron presentes además distintos partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales: el MTL Rebelde, PO, MTR “12 de abril”, PTS, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (CEEPA), la Corriente de Estudiantes del Pueblo; T.Or.Re.(Trabajadores Organizados para la Revolución); el Movimiento 29 de Mayo; las Asambleas del Pueblo junto a los inquilinos presos por Macri. Por otra parte, enviaron su adhesión la Liga Socialista Revolucionaria; la Agrupación Estudiantil “Un solo Grito” en la Tendencia Estudiantil Revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la agrupación estudiantil “Norberto Blanco”, las Comisiones Antirrepresivas de las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.
"No hay curso de derechos humanos que contrarreste una política de Estado"
Abrió el acto Valeria Mustoni, que en primer término habló acerca de la confianza que según el gobierno deberíamos tener como sociedad en las nuevas camadas de policías: “No hay cursito de derechos humanos que alcance para contrarrestar lo que es una política de Estado. Nos quieren hacer creer que hay que buscar más y mejor en las nuevas camadas de las fuerzas desterrando los lastres de la dictadura, esta tesis se derrumba cuando escuchamos la noticia `el fenómeno de entrenamiento en la tortura, a los cadetes de la escuela Ramón Falcón´ hace dos años; o en la escuela Juan Vucetich hace apenas unos meses. A los jueces y a los fiscales no les quedan cursos por hacer, sin embargo, a la hora de dictar sentencia tienen los mismos criterios que los brutos policías asesinos y torturadores. Por eso los resultados de los juicios, siempre son los mismos: la absolución; el cumplimiento de tareas comunitarias; o la condena en suspenso; o alguna pena livianita que purgarán en casa gozando de todos los privilegios. Por eso, no dudan en disparar por la espalda porque sí, como lo hicieron con Rodrigo Corso; a Jonathan Mansilla o a Romina Len; o en la nuca como lo hicieron con Marcelo Bogado o Mauro Vega. Total, están los jueces y fiscales para decir que fue un accidente. En cambio, cualquier pibe morocho y con pinta de sospechoso puede ser levantado por un patrullero, llevado a una comisaría, y golpeado hasta la muerte. O se los encarcela por tener cara de delincuente y pueden comerse cuatro o cinco años en cana esperando un juicio. Más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, porque no han sido juzgados ni condenados. Esto es parte de la política de Estado: que los jueces y los fiscales condenen a nuestros pibes por portación de cara y defiendan a los policías asesinos, a ellos les garantizan la impunidad para seguir cumpliendo con su deber: ser los perros guardianes de los ricos y garantizar el disciplinamiento social de los pobres. Esa es la justicia independiente de la que tanto habla el gobierno. Pero esta política no puede ser aplicada sin consenso, la habilidad de este gobierno está en reprimir todo lo que necesita pero con el mayor consenso posible; por eso la autoproclamación como gobierno de los derechos humanos con el juicio a los genocidas de la dictadura que hoy ya no les prestan ningún servicio. Por eso, la cooptación de organismos que antes eran referentes de la lucha antirrepresiva, que hoy comparan a Kirchner con los compañeros desaparecidos y hacen punta de lanza en la campaña Cristina 2011; por eso la creación de una Secretaría de Derechos Humanos que hace museos, descuelga los cuadritos, y manda a los punteros a los barrios a ofrecer chapas y plata para comprar la dignidad de nuestros familiares, que pierden a sus hijos asesinados por la policía. Es su propia indignidad la que les impide entender lo que nuestros familiares tienen bien en claro, que la dignidad no tiene precio".
En el mismo documento, Valeria se refirió al papel de los medios masivos de comunicación para la construcción del consenso que necesita el gobierno para reprimir: “Los grandes medios de comunicación instalan el discurso de la inseguridad, de la necesidad de la mano dura, de más policía en la calle, esos medios que ocultan la infinidad de casos de gatillo fácil y de tortura. Porque en un Estado donde viven dos fuerzas sociales antagónicas no hay intereses comunes, como no puede haber derechos humanos para todos, esta represión, la que está más velada, se cobra una vida diaria en los sectores más golpeados del pueblo, nosotros la llamamos represión preventiva, es la represión que el Estado ejerce sobre el pueblo como forma de disciplinamiento, es la represión cuya impunidad garantizan los jueces y los fiscales para que en los barrios nos persigan, torturen y nos maten. Así marcan a fuego el destino de los sectores más explotados enseñando con el palo y con la bala que la vida vale para aquellos que la explotan. Esta es la naturaleza de las cosas, es por eso que no tenemos ninguna expectativa de que el cambio pueda venir de mano del Estado ni de sus instituciones. Estamos seguros que solo depende de nuestra organización y nuestra lucha enfrentar a este Estado represor, solo nosotros podemos terminar con la muerte de nuestros pibes. Todos los pibes asesinados por el gatillo fácil y la tortura: ¡PRESENTES!”
El segundo orador fue el abogado Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, que en primer término se refirió a la represión preventiva y explicó: “La represión preventiva no siempre logra su objetivo disciplinador. A pesar del gatillo fácil y la tortura, de las detenciones arbitrarias, y el constante del hostigamiento policial en los barrios; los trabajadores más jóvenes ven que deben organizarse para luchar por una forma diferente de vida.” Luego, se refirió a la represión selectiva y sus objetivos: “Por eso la persecución de luchadores, militantes sociales y políticos de los que contribuyen a la lucha organizada del pueblo es una constante para cualquier gobierno que administre una sociedad dividida entre ricos y pobres. Este año fuimos testigos y víctimas de un fuerte avance de la represión que llamamos selectiva, que se descarga en las organizaciones y militantes populares. Desde 1995, 56 compañeros fueron asesinados en movilizaciones populares, mostrando cuál es la respuesta de los gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo, recordamos a Víctor Choque en 1995, a Teresa Rodríguez en el ’97; a Francisco Escobar y Mauro Ojeda en la masacre de Corrientes en 1999, los 39 muertos en la represión del 20 de diciembre de 2001; Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el Puente Pueyrredón en 2002; Luis Cuellar en el norte en 2003; Carlos Fuentealba en 2007; y Juan Carlos Erazo en Mendoza en 2008. En este año 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización, en enero Facundo Vargas de 17 años fusilado por la policía que reprimió una marcha contra el gatillo fácil en Pacheco; en junio pasó lo mismo en Bariloche con Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas movilizados contra el fusilamiento de Diego Bonefoi, asesinados en la represión a la justa pueblada. Y mañana, se cumple un mes desde que Mariano Ferreyra militante del Partido Obrero era asesinado, no por el aparato represivo de uniforme sino por la represión tercerizada de la patota, una variante represiva que les permite lavarse las manos y mirar para otro lado, como si no supiéramos que desde siempre gobierno, empresarios y burocracia sindical son las tres patas de la alianza antiobrera.”
En un tercer momento, Jalil se dedicó a explicar la situación de los militantes que están procesados o presos por la judicialización de la protesta social: “Este año creció el número de compañeros perseguidos por la justicia acusados de cometer delitos por luchar por mejores condiciones de vida. La situación de los presos políticos también es grave: el `Negro´ Martino encarcelado por denunciar el carácter terrorista del Estado de Israel y que está cumpliendo nueve días de huelga de hambre, siguen presos Villalba y Karina “la galle” Germano a quien se le niegan sistemáticamente salidas que por ley le corresponden. Este año fueron condenados a prisión Fernando Esteche y el `Boli´ Lescano por delito de haber salido a las calles a repudiar a uno de los responsables políticos por el fusilamiento del compañero Fuentealba. Mientras tanto el gobernador Sobich, co-responsable del crimen sigue de gozando de impunidad.”
Además, hizo referencia a la lucha estudiantil desarrollada este año y cómo el Estado ha utilizado argucias legales para judicializar también a los estudiantes en lucha. Respecto a este tema, señaló: “Los estudiantes porteños salieron a la calle en solidaridad con los trabajadores de Kraft, motivos suficientes parece ser, para que un fiscal pidiera la condena a tres años, a cada uno de sus referentes. Cada manifestación origina una causa penal o contravencional contra algún compañero. Los secundarios, seguidos por los terciarios y los universitarios salieron a pelear por el derecho a estudiar en dignidad y a defender a la educación pública, el aparato de medios se cansó de pedir que se los reprimiera. Ayer terminaron las indagatorias a los 11 estudiantes que el 13 de octubre pasado fueron detenidos frente al Palacio Pizzurno después de ser gaseados, golpeados por la policía y sometidos a la invención de lo que llaman burdamente medios de prueba.”
En quinto lugar hizo un breve repaso de las luchas que se están desarrollando en diferentes provincias y distritos del país y que el Estado ha respondido con la represión, así lo expresó: “En Andalgalá, Catamarca, cinco mil vecinos salieron a la calle para oponerse al atentado al medio ambiente de la empresa minera socia del gobierno nacional, y allá también la represión copó el espacio. Los vecinos de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, salieron a la calle para exigir el saneamiento cloacal de un barrio, una dirigente de la asamblea barrial está procesada por tamaño delito, como los inquilinos de Macri. O como hoy, en la olvidada provincia de Formosa, donde se reprimió brutalmente a los que reclamaban por su derecho a la educación, allí también hubo represión. Y así sigue el panorama a lo largo y ancho del país. Pero este es un síntoma también, de que la lucha está vigente y que la respuesta de ellos será siempre la misma: represión.”
Luego realizó un repaso de las herramientas legales que posee el Estado y que viene actualizando, para avanzar en la judicialización de las luchas, y tratar a los luchadores populares como a “terroristas”: “Tampoco se privan de actualizar sus herramientas legales, porque les garantiza la represión de la protesta y de la militancia, veamos por caso las leyes antiterroristas, ahí comulgan sin fisuras oficialistas y opositores llenándose la boca de democracia e institucionalidad no han hecho otra cosa que implementar los paquetes legislativos ordenados por el imperialismo obedientes al diseño de una nueva etapa de la doctrina de seguridad nacional, basada en la gobernabilidad con cooperación internacional. Como administrador de turno del Estado cada gobierno define quien es su enemigo interior, antes se los llamaba comunistas, subversivos, hoy persigue a quienes luchan por una sociedad distinta con el agiornado mote de terroristas. El populismo kirchnerista propuso y votó la 26268 una más de las leyes antiterroristas que ya suman media docena desde 1983 y es la oposición del peronismo no kirchnerista, los radicales, la coalición Cívica, el partido socialista, el PRO, los que están promoviendo una nueva variante y más dura de ese arsenal antipopular.”
Por último, hizo referencia a la cooptación de las organizaciones populares y a los verdaderos intereses que defiende el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo expresó de la siguiente manera: “Un recurso osado, ingenioso y redituable fue la cooptación de organizaciones y referentes que tiempo atrás eran emblemas de la lucha por el juicio y castigo a los represores, y en esta misma plaza. Pero no de todo tiene culpa el gobierno, para que alguien sea cooptado tiene que dejarse cooptar, tiene que claudicar en la lucha, y aceptar el convite. Todavía hay quienes sostienen que en la rosada están los artífices de las políticas por la que dieron la lucha nuestros desaparecidos, y entonces se impone acompañar, cuando no sentir como propias las medidas de un gobierno que gobierna para las mineras, los laboratorios, las agroquímicas pero que de tanto en tanto simula tirar un hueso para este lado. La defensa de los intereses que el gobierno lleva adelante inevitablemente conduce a la reacción popular, por más que quieran convencernos de que allí está el espíritu rebelde de los ‘70 nosotros decimos que es sólo gestualidad, bien lejos estaban del compromiso con la lucha de los compañeros que hicieron historia, mientras ellos hacían fortunas. El gobierno acomoda su discurso a las circunstancias y si la policía mata en Río Negro o en Neuquén, o si la gendarmería reprime desocupados en Salta regionaliza el discurso para despegar su responsabilidad. Eso sí a cada rincón del país donde se producen los crímenes que denunciamos en esta actualización del archivo envía siempre una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos para contener a la víctima, manera muy progresista de tirar la piedra y esconder la mano. Mientras la justicia firma y sella el procesamiento y encarcelamiento de los que luchan, el gobierno diluye su responsabilidad detrás de una supuesta independencia de poderes que es puro cuento, los intereses de la clase que ellos protegen, los intereses de la burguesía se defienden coherentemente en la Rosada, en el Congreso y en Tribunales y sus resultados están a la vista: presos políticos, más de seis mil compañeros con causas penales y todos nuestros muertos en las calles. Todo el cuadro represivo que describimos tiene el objeto expreso de disciplinar y tratar de acallar cualquier atisbo de reacción popular. Desde Correpi sostenemos que no hay plan alternativo posible mientras este orden social se mantenga, la lógica de ellos es la explotación y la represión, siempre que se pueda con consenso y cuando no... a como de lugar. Nuestra lógica es la de la denuncia, la resistencia, la lucha, organizados, independientes del Estado y de sus diferentes redes de complicidad, consecuentes con los principios de una sociedad sin privilegios de clase. Por eso, compañeros convocamos a organizarnos para pelear por la libertad de nuestros presos políticos, por el cierre de las causas a los que se organizan, y por el juicio y castigo a los asesinos de nuestros compañeros por luchar. Mariano Ferreyra: ¡PRESENTE! Y TODOS LOS CAÍDOS POR LUCHAR: ¡PRESENTE!"
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