Buenos Aires (Agencia Walsh).- La Policía de Río Gallegos dio aviso a las redes de prostitución sobre un allanamiento de la Justicia, propiciado por la fundación La Alameda.
Gracias a este aviso, 150 mujeres no pudieron ser encontradas y es por eso que nuevamente La Alameda amplía su declaración para dar con el paradero de las mujeres y poder enjuiciar a los captores.
También hubo reuniones con el obispo de la capital santacruceña para tomar medidas contra estas redes de prostitución.
A continuación., el comunicado de la fundación La Alameda:
20 de octubre de 2009, Río Gallegos, Santa Cruz.
Integrantes de la organización La Alameda se reunieron con la jueza Alicia Álvarez y la fiscal Patricia Kloster de Río Gallegos, con el fin de ampliar la declaración sobre la trata de mujeres en la capital de Santa Cruz.
La ampliación es puntualmente sobre a qué lugares fueron trasladadas las 150 mujeres antes de que se produzca el allanamiento de la Justicia y del que dieran aviso previo tanto la Policía como Gendarmería, dando prueba de su complicidad con las redes de trata de mujeres.
El allanamiento fue a las 12 “casitas” de prostitución, que se encuentran detrás de la terminal de ómnibus de la ciudad, lugar donde permanecían secuestradas 150 mujeres, posiblemente de todas partes del país como así también de países limítrofes.
Las comisarías responsables del allanamiento y que dieron aviso del mismo, son la 2ª y la 6ª de Río Gallegos.
Mientras tanto los proxenetas presentaron 89 amparos y realizan marchas para neutralizar los reclamos contra estas redes de prostitución que ellos integran y que está expresamente prohibido por el artículo 17 de la ley 12.331.
Es notable el doble juego de los funcionarios y la Policía, que por un lado llaman a Susana Trimarco -madre de Marita Verón y líder de una fundación contra la trata- para crear la división anti trata de la Policía y por otro lado continúan con sus prácticas habituales.
Por otra parte los miembros de La Alameda, puntualmente Gustavo Vera, presidente de la Fundación, y el abogado Mario Fernando Ganora se reunieron también en Río Gallegos con el obispo Romanin, con quien se trabajó en varios puntos para impulsar de manera conjunta acciones contra las redes mafiosas de proxenetismo y trata de personas con fines de explotación sexual que existen en Río Gallegos y el resto de la provincia de Santa Cruz.
Primer punto es promocionar una legislación que derogue el uso de habilitaciones de bares, wiskerías, o locales clase C para el ejercicio ilegal de la prostitución. Hay experiencias en este sentido en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y en la propia Santa Cruz en la localidad de Piedrabuena. El segundo punto es impulsar un protocolo ley de asistencia a las víctimas de las redes de trata, similar al aplicado en la Ciudad de Buenos Aires. Ello implicaría abarcar no con un programa o una oficina anti-trata sino una política de Estado que beneficie con salida laboral, asesoramiento jurídico, psicológico y de viviendas a las víctimas de las poderosas mafias que operan en toda la provincia.
El tercer y último punto es motorizar políticas culturales y sociales en una ciudad como Río Gallegos, que no cuenta con un cine, centro cultural, biblioteca, y en cambio está promoviendo masivamente la explotación sexual y juegos de azar como el casino.
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