Informe especial: un infiltrado en todo el movimiento popular
Domingo, 12 de mayo de 2013 (La Retaguardia).- Américo Alejandro Balbuena era una referencia de la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenía muchísimos contactos con las organizaciones sociales y políticas que necesitan de los medios alternativos, comunitarios y populares para difundir sus luchas. A once años de su ingreso, los otros miembros de la Agencia recibieron la información de que se trataría de un oficial de inteligencia de la Policía Federal. El dato fue confirmado por el abogado Eduardo Soares. "No es un infiltrado en la Agencia Walsh, sino en todo el movimiento popular. La Agencia ha sido el medio del que se valió Balbuena para entrar en el resto de las organizaciones populares", fue el veredicto unánime escuchado en la conferencia de prensa conjunta que realizaron el martes pasado diversas organizaciones. Cuáles son las responsabilidades políticas detrás de un nuevo caso de infiltración en el movimiento popular, cómo afecta este hecho el funcionamiento de las organizaciones, y cuáles son los pasos a seguir, son algunos de los debates que se dieron a partir de la confirmación del espionaje. Las reflexiones de Rodolfo Grinberg, integrante de la Agencia, y de Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, quien los ayudó a verificar la pertenencia de Balbuena a la Policía Federal.
Todos conocíamos a Américo. Confiábamos en él. Siempre participaba de las movilizaciones y se interesaba en todas las luchas. Ingresó a la Agencia Walsh en 2002, luego de ser parte de la Red de Corresponsales Populares de La Tribu. Conocía a Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la Walsh, desde la infancia, ya que habían sido compañeros de primaria. Tras varios años, se reencontraron estudiando periodismo en el Instituto Santo Tomás de Aquino de San Martín. "Un profesor que tuvimos decía que Américo tenía pasta de reportero, que en la calle era un perro de presa. Cuando estalla el 2001 nos empezamos a encontrar en la calle, él como corresponsal de La Tribu, yo como integrante de la Walsh que en ese momento era minúscula", recordó el propio Grinberg en una entrevista realizada por el programa de FM La Tribu "Los Locos de Buenos Aires", que conduce Roberto Ruiz. Finalmente, Américo Alejandro Balbuena ingresó a la Agencia Walsh en 2002, poco después de producirse la Masacre de Avellaneda y permaneció allí hasta hace algunos días. "Era amable, simpático, colaborador y alguien en la conferencia de prensa decía que estas características las reunían casi todos los servicios. Era el que más laburaba, el que más aportaba, estaba siempre en la calle", describió Grinberg.
Pero hace algunos días una fuente de la Agencia Walsh les acercó una información inesperada. Así lo relató Grinberg a "Los Locos de Buenos Aires", el programa que conduce Roberto Ruiz en FM La Tribu: "vemos una planilla que tiene su nombre y la actividad que revistaba en la Policía Federal, un oficial de inteligencia de la división Reunión de Datos y Análisis. Nos dicen que es un hombre que se había incorporado en tiempos de la dictadura, que participó de Coordinación Federal. Para nosotros fue tremendo descubrir que tu compañero, al que creías tu compañero, se había infiltrado en la Agencia, se hacía pasar por compañero". Para la confirmación del dato, recurrieron al integrante de la Gremial de Abogados Eduardo Soares. "Cuando vinieron por primera vez los compañeros de la Walsh a plantearnos esto -contó Soares-, yo les dije que me dejaran confirmarlo porque a mí no me gusta sacarle ficha de botón a alguien cuando no lo es. No me gusta que lo hagan conmigo, no me gusta hacerlo con los demás. Pero con los compañeros de la Agencia en ese sentido hay que sacarse el sombrero, fueron cautelosos, vinieron con el planteo, les dije que me dejaran averiguar. Yo tengo 60 años y conozco mucha gente que puede dar algún tipo de dato. Cuando lo confirmamos recién ahí lo abrieron", explicó Soares en diálogo con La Retaguardia. Una vez confirmada la información, la Agencia Walsh denunció la infiltración a través de un comunicado publicado el domingo pasado, y dio más detalles el martes en una conferencia de prensa realizada en la sede de Correpi, que contó con la presencia y el testimonio de distintas organizaciones que también habían conocido y confiado en Balbuena. "Él siempre estuvo presente en la Fundación La Alameda. Gustavo Vera hizo referencia a los temas de trata que han trabajado y en los que siempre estaba implicada la Policía Federal. No es de extrañar que un agente haya estado infiltrado allí. Yo creo que en las asambleas, en todas sospechábamos que teníamos algún servicio metido adentro, así que calculo que debe haber estado ahí. Con seguridad con los Familiares de Cromañón, que fue un tema que desde el 31 de diciembre de 2004 él estuvo pegado a los familiares, y conocía vida y obra de las personas y los grupos que ahí se movían. La FUBA y la movida estudiantil fue algo que él también siguió mucho. A la organización Quebracho claramente él le prestó mucha atención. Fue un número importante de organizaciones a las que él se pegó para obtener información", afirmó Grinberg antes de referirse a la última vez que vio a Balbuena: "nosotros tardamos entre quince y veinte días en confirmar esta información y de consultar con organizaciones compañeras sobre cómo proceder. Se ve que él palpitó, escuchó algo o alguien le avisó, yo creo que él sabía. La semana anterior al domingo que difundimos la información me llamó y me dijo que quería hablar conmigo porque quería dejar la agencia. Vino a casa con un paquete de bizcochitos en la mano, había un choque terrible, porque yo ya sabía aunque no tenía la confirmación, y en realidad la buscaba con esta conversación, con tirárselo a boca de jarro. Y se lo dije, ‘che, así que vos estás en la policía y nunca nos dijiste nada'. Él lo negó pero lo hizo de una manera que no es la de una persona que se siente ofendida porque le estás diciendo que es un servicio, sino que reaccionó con mucha tranquilidad y creo yo que lo que trató de hacer, ahora lo pienso porque para mí fue una charla emocionalmente muy fuerte, fue sacarme más información. Él siguió con su trabajo de tratar de averiguar qué es lo que sabía yo. Entonces me preguntaba qué había hecho, y yo le decía que él sabía lo que había hecho. La charla duró unos quince minutos, él siguió negando todo hasta que se fue". Respecto a las responsabilidades políticas ante esta infiltración hay distintas opiniones. "Balbuena fue efectivamente infiltrado por el duhaldismo. Este gobierno lo que hizo fue mantenerlo infiltrado -afirmó Soares-. Fue dirigido durante los primeros años del kirchnerismo, primero por Gustavo Béliz, después por Aníbal Fernández que fue durante años el jefe directo de Balbuena. Cuando Fernández pasa del Ministerio del Interior a Justicia se lleva todas las fuerzas policiales y de seguridad, algo inaudito. Ahí estamos hablando de por lo menos siete, ocho años de responsabilidad. Cuando llega la ministra Nilda Garré hereda esto también y obviamente tiene una responsabilidad menor que la de Duhalde y Fernández, porque si vos estás dos años en la administración limpiás pero la responsabilidad existe. A mí me cuesta creer dos cosas: primero, que Balbuena sea el único infiltrado y después es donde aparece el problema de las formas. Que un gobierno que hace de los derechos humanos una bandera fundamental, y que con esa bandera ha atraído a gran parte de la izquierda argentina y a la gran mayoría de los organismos de derechos humanos, no pueda resolver esto. Y que lo tenga que resolver con un acto administrativo prácticamente cuando el agua le llega hasta el cogote. Además, la gravedad de lo de Balbuena es que es de una fuerza policial, porque uno puede tomar el caso Amarilla en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia o el del MOPASSOL (Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos) que eran del Batallón 601, o el caso de Gerardo Martínez, todos hombres del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Uno puede decir que eran de la dictadura y que después no lo fueron más. No Martínez, que se pasea por la Casa de Gobierno de la mano de la presidenta, así que en ese caso no hay disculpa posible. Pero para la responsabilidad administrativa del Ministerio de Seguridad, uno puede decir que Garré no tiene nada que ver con los que se infiltraron de 601, pero en este caso el problema es que es la Policía Federal, entonces es más difícil justificar esta situación, es casi imposible. Una cosa es que un policía estudie, que trabaje de fotógrafo o de periodista y que nosotros lo sepamos, y otra es que lo infiltren. Si el policía quiere trabajar de jardinero o ir a la universidad por qué se lo vamos a impedir, y si quiere trabajar de periodista que lo haga, pero que todos sepamos que es policía. Porque además no es que era un oficial de la guardia de Infantería que dirigía la calle y después iba a la Agencia Rodolfo Walsh. Era un hombre de inteligencia que estaba ahí para hacer inteligencia". En tanto, Grinberg señaló que para la Agencia Walsh la responsabilidad es del Estado nacional, y en primer lugar de la ministro de Seguridad, Nilda Garré: "es inconcebible que haya un servicio de inteligencia que depende directamente del Ministerio de Seguridad y que estén en desconocimiento. En el mejor de los casos podemos hablar de ineptitud, pero yo no creo que sean ineptos, yo creo que hay una intencionalidad política de mantener a estos servicios porque son funcionales, porque los necesitan y siempre tienen que estar haciendo inteligencia en las organizaciones sociales para poder penetrarlas, dividirlas y eventualmente reprimirlas, saber dónde tocar para destruir un movimiento social. Si hubo una movida de parte de ellos para que nosotros caigamos en una trampa, puede ser, no lo sabemos, ni me quiero meter en este tema de que haya internas, nosotros vamos a hablar de responsabilidades políticas, y en este caso es del gobierno nacional. Con esto no le queremos quitarle responsabilidades a los gobiernos provinciales o al de la Ciudad de Buenos Aires porque también tienen sus espías". En el marco de la conferencia de prensa en la sede de Correpi, varios abogados y militantes mencionaron el Proyecto X y la Ley Antiterrorista como parte de una misma política de espionaje de parte del Estado. Al respecto, la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, aseveró: "nosotros queremos ratificar algo que venimos denunciando hace tiempo cuando informamos sobre la existencia del Proyecto X de Gendarmería Nacional: el kirchnerismo se caracteriza por tener un espionaje direccionado hacia las organizaciones políticas, sociales y gremiales. Todos los últimos casos que hemos podido comprobar se tratan específicamente de una infiltración política, no es que averiguan cualquier cosa y persiguen a cualquiera, hay una direccionalidad hacia lo que se persiguen e intentan investigar. Todo aquel que haya protestado, se haya manifestado y organizado alguna vez en los últimos años está incluido en el Proyecto X. Ahora tenemos que ver cómo se llama este nuevo proyecto en el que estaba incluido el agente Balbuena, pero lo que sí sabemos y podemos asegurar es que la Policía Federal tiene división específica que proviene de la dictadura, que tiene mil agentes, y ningún gobierno de 1983 a esta parte se ha atrevido a tocar. Está regida por legislación secreta, dictada por la Libertadora y que se amplió en las distintas dictaduras y sigue rigiendo. Esto lo sabemos todos, ¿cómo no lo va a saber Garré y quienes están dirigiendo el Ministerio de Seguridad?", se preguntó Soares. En relación a cuáles serán los pasos a seguir de aquí en más, Rodolfo Grinberg manifestó en FM La Tribu: "reclamar al gobierno nacional el desmantelamiento del aparato de inteligencia. Que se abra la lista y que se ponga a disposición toda la información que ellos recopilaron. Las organizaciones tenemos que aprender de esto, sacar conclusiones, tener un control más eficaz sin entrar en la paranoia, de compañero a compañero, de conocimiento que es lo que por ahí más ayuda a que estas cosas no ocurran. También creo que vamos a avanzar en el sentido legal pero dentro de lo que es la acción política, creemos que tenemos que hacer una denuncia judicial que contenga todo este tipo de reclamo. Hasta ahora no presentamos ninguna denuncia". La próxima semana, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentará un Hábeas Data colectivo; es decir, la exigencia al Estado para que entregue todos los datos recabados de las personas y organizaciones a través de este hecho denunciado. Durante la entrevista realizada por La Retaguardia al abogado Eduardo Soares, se habló sobre los objetivos de la infiltración. Dijo que además de conseguir información, lo que se buscaba era generar desconfianza entre las agrupaciones, logrando su desorganización.
Cuando lo consultamos acerca de por qué el Estado infiltra a las organizaciones sociales y no a las delictivas, respondió que "en las películas los malos son la mafia, en la realidad al menos en nuestros pueblos y en nuestras naciones latinoamericanas "las mafias" (para el poder) son los que pelean, las organizaciones sociales, los que están luchando por otro tipo de sociedad, por una sociedad igualitaria sin explotadores ni explotados. Es más lógico, diría natural, que para un modelo, y me refiero al sistema capitalista en general, que concentra la riqueza, que es un capitalismo extractivo, éstos sean los malos a los que hay que infiltrar. A mí me parece que cuando una organización lleva adelante una política correcta que es justa, comprendida por la gente, es muy difícil que por medio de la infiltración la puedan destruir; le pueden producir un determinado daño. Como eso es una cuestión psicológica nos meten el miedo, entonces todos estamos mirando al compañero de al lado. Yo creo que hay que incentivar en los compañeros que no le den tanta bola a eso y que profundicen una línea política determinada, u organizativa o de solidaridad que cada organización tiene, porque si no metemos la víbora de la discordia y nos infiltramos a nosotros mismos. Eso independientemente de las respuestas que hay que tener. Seguramente tendremos una respuesta jurídica porque se están violando preceptos constitucionales, garantías expresas protegidas por la Constitución, y la respuesta política tiene que ser no bajar los brazos y seguramente romperle las pelotas al poder político, hay que presionar también ahí. Me parece que la cuestión es seguir adelante, construyendo el objeto que cada organización se ha planteado para sí misma".
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Rercurso presentado por La Alameda
FORMULA REQUERIMIENTO (ART. 14 LEY 25326-HABEAS DATA).
Señora Ministra de Seguridad de la Nación
Dra. Nilda Garré
S. / D-
De mi consideración:
Gustavo Javier Vera, presidente de la "Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo" (aprobada por Res. IGJ 553 del 29 de abril de 2011), con el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora ( T° 36 F° 227 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), con domicilio en Avda. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal en el referido lugar, se presenta y dice:
1) Objeto
Que en virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 25326 (Habeas Data) vengo a requerir de V.E., bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente acción de protección de datos personales prevista en los arts. 33 y concordantes del referido cuerpo legal, que en el plazo de diez días corridos informe sobre los siguientes puntos:
a. Si la Fundación Alameda por la Lucha Contra el Trabajo Esclavo se encuentra sometida a vigilancia por parte de la Policía Federal Argentina en razón de lo dispuesto en el art. 58 del Decreto- Ley 6580/58.
b. Si los directivos e integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo, así como aquellos frecuentan su trato personal o comercial y los lugares o locales donde se reúnen se encuentran sometidos a vigilancia especial por parte de la Policía Federal Argentina en virtud de lo dispuesto en el art. 79 del Decreto -Ley 6580/58.
c. Si las informaciones que habrían sido recogidas en virtud de la vigilancia dispuesta por las razones precedentes han sido reunidas en registros individualizadores conforme lo dispuesto en el art. 82 del Decreto-Ley 6580/58.
d. Si se han recibido en la Policía Federal Argentina comunicaciones de otras fuerzas de seguridad, nacionales o extranjeras, que califiquen de peligrosas las personas de los integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo o de las actividades que realizan que hayan justificado la observación o calificación por parte de la superintendencia de Investigaciones (art. 85 del Decreto-Ley 6580/58).
e. De ser así se exhiban los datos recogidos a los fines de su rectificación o supresión (art. 43 de la Constitución Nacional.
f. Para el supuesto caso de que las medidas de inteligencia se hubieren realizado en el marco de una investigación judicial solicitamos se informe cuál es el tribunal interviniente,
2) Fundamentos.
El presente requerimiento se dirige a V.E. en razón de que de conformidad con el art. 39 de la ley 24.059 la Policía Federal Argentina depende orgánicamente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La "Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo" (aprobada por Res. IGJ 553 del 29 de abril de 2011) tiene como objeto las"Acciones tendientes a erradicar, concientizar e informar, sobre el trabajo esclavo y sus formas análogas, como así también sobre el trabajo irregular en sus distintas variantes, impulsando acciones tendientes a defender los derechos del trabajador en sus diferentes modalidades. Los objetivos expuestos son enunciativos y en ningún caso limitativos de la acción de la fundación"
En cumplimiento de sus fines específicos y como es de público conocimiento, la Fundación investiga y denuncia casos de esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y trabajo forzado así como los mecanismos de trata de personas asociados a ellos tanto en lo que hace a la explotación laboral y como a la sexual, sea de adultos o de niños. Estos delitos están, por su naturaleza vinculados con el crimen organizado.
En la actualidad tenemos denunciadas penalmente numerosas marcas de ropa ante juzgados federales por basar su producción en talleres en los que habría situaciones de explotación de la mano de obra reclutada mediante mecanismos de trata y reducida a condiciones análogas a la esclavitud. También se han denunciado a varias redes de trata de personas y explotación de la prostitución ajena en locales sitos en los barrios de Flores, Once, Monserrat, Constitución, de la Ciudad de Buenos Aires como en las ciudades de Mar del Plata y La Plata en Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Asimismo se ha denunciado a decenas de empresas por utilización de trabajo esclavo e infantil ubicadas en tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la de Mendoza. Varias de esas denuncias las realizamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con el GCBA (durante el período en que Jorge Telerman se desempeñó como Jefe de Gobierno) con el respaldo de diputados nacionales de varios partidos, etc. También hemos patrocinado a la auxiliar de la policía, Gladys Nancy Miño Velázquez en su detallada denuncia sobre corrupción de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.
En la gran mayoría de las investigaciones realizadas fue común encontrarse con situaciones de participación o, en el mejor de los casos, de encubrimiento y cohecho en las que estaban involucrados efectivos y comisarías de la Policía Federal que oportunamente fueron denunciados a los juzgados donde se tramitan las causas en las que se investigan las denuncias. Los resultados de nuestras investigaciones fueron también puestos en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación y se mantuvieron reuniones con los funcionarios del área en reiteradas ocasiones para hacer llegar nuestras inquietudes.
Teníamos entendido que el Ministerio de Seguridad tenía bien clara idea de nuestra legal y transparente forma de proceder, por lo que resultó de nuestra máxima sorpresa la circunstancia de que un funcionario de la Policía federal Argentina, el oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, que había ingresado a la Agencia Walsh de noticias haciéndose pasar por periodista, realizara tareas de espionaje en nuestra Fundación.Este oficial de policía responde al Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos.
Esta conducta de infiltración y espionaje es ilícita de conformidad con el art. 4 inc. 2 de la ley 25520 que dispone que está prohibido: "Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción"
También resulta ilícita según lo dispuesto en los arts. 2, 4 y 7 de la ley 25326. En efecto, la privacidad es un Derecho Humano reconocido en los arts. 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La propia ley civil recoge estos principios en el art. 1071 bis C.C. y provee de una acción para poner fin a la actividad de quienes se entrometen en la intimidad ajena. La Policía Federal no está exenta de esas obligaciones y responsabilidades.
La realización de actividad de inteligencia respecto de la Fundación y de sus integrantes sólo podría encontrar justificación si se estuviera realizando en el marco de una investigación criminal y con intervención de los magistrados judiciales y del Ministerio público Fiscal.
No se nos escapa que la ley orgánica de la Policía Federal Argentina y su reglamentación (Decreto-Ley 333/58 y Decreto-Ley 6580/58 ratificados por ley 14.467) autorizan la realización de tareas de espionaje que hoy están en colisión con la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estas normativas surgidas en otra época no respetuosa de la dignidad humana no pueden ser utilizadas para convalidar la vulneración de privacidad ni el espionaje de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia.
Proveer de conformidad. Será justicia.
Editoriales ANP
