“Creemos que es un hecho de trascendental importancia en la historia de nuestra ciudad y del país en lo que respecta al juzgamiento de los civiles”, aseguró Néstor Alende y agregó que el diario cambió “el concepto de lo que sucedía en el país al hablar de guerra antisubversiva cuando en realidad lo que sucedía era terrorismo de Estado”.
A Massot, entre otras responsabilidades, se le imputa la “coautoría por reparto de roles” en los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, obreros gráficos secuestrados el 30 de junio de 1976 y encontrados acribillados, con signos de torturas y maniatados a la espalda el 4 de julio en La Cueva de los Leones a pocos kilómetros de Bahía Blanca. Los fiscales aportaron un acta de 1974 donde consta que “el Colorado” pasó a ser socio-propietario de la empresa y otra de 1975 donde la dirección delegó en él “todo trato con el personal”.
Jorge Molina, compañero en el Sindicato de Artes Gráficas de Heinrich y Loyola, aseguró hoy que nunca se ha dicho “que eran gente de escasos recursos, gente de bien que no había usado el sindicato para enriquecerse ni catapultarse políticamente”.
“Los mataron por ser la cabeza visible de un conflicto sindical que se había realizado contra La Nueva Provincia”, recordó Molina y opinó que “no era un problema económico actualizar nuestros salarios, La Nueva Provincia embarró el conflicto, lo llevó al campo político y quiso victimizarse”.
Además, advirtió que las autoridades del diario los difamaron y descalificaron antes del golpe “con el riesgo de que las bandas de la Triple A hubieran asesinado a los muchachos o a cualquiera de los delegados o integrantes de la comisión directiva. Después del golpe tenían a la Prefectura, a la Base Naval Puerto Belgrano y a la policía de la provincia haciendo tareas de inteligencia y ellos mismos los entregaron”.
La presentación de Palazzani y Nebbia, firmada también por el fiscal Antonio Castaño, les imputa a Vicente Massot, Gabrielli y los fallecidos Diana Julio de Massot y su otro hijo Federico, haber formado parte de un plan criminal clandestino e ilegal que utilizó la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas, federales y provinciales, en el marco del cual realizaron operaciones de acción psicológica indispensables para la eficacia del mismo.
De la sentencia de los jueces Ferro, Triputti y Bava que ordenaron abrir la investigación sobre la responsabilidad de las autoridades de la empresa, toman el argumento de la comprobada “campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
A su vez comparten que la “manipulación de la información” de la familia Massot y sus cómplices abonó en la “conciencia social” un escenario donde se muestra al opositor al régimen genocida “como un ser ajeno; extraño; loco; ‘extranjero’; contrario a la Nación y a su estilo de vida occidental y cristiano; razones todas que validaron al ejército ‘salvador’ para la más despiadada forma de represión, que presupuso la negación de la condición humana”.
La persecución de grupos humanos, el complemento de las tareas de inteligencia de las fuerzas armadas, y la destrucción parcial de un grupo poblacional se vio favorecida por la condición de multimedio monopólico de La Nueva Provincia que, más allá del diario, incluía la radio LU2 y el Canal 9 de televisión abierta.
Es el dr. Santiago Martínez, que subroga el Juzgado Federal Nº1, quien debe definir si detiene e indaga a Massot y Gabrielli, si los indaga sin detenerlos o rechaza los argumentos del Ministerio Público. Si bien el magistrado recibió la resolución fiscal el 2 de mayo nunca resolvió ni el secreto de las actuaciones ni la urgente detención de los acusados que habían exigido Nebbia y Palazzani.
El domingo el diario publicó una editorial titulada “El embate contra La Nueva Provincia” donde se victimiza ante “el matiz ideológico carente de objetividad que gobierna y condiciona la actuación de los dos fiscales” y da cuenta de una presentación espontánea de su director ante Martínez a principios de año. Sin embargo, las páginas de La Nueva Provincia no registraron una línea del primer debate oral que comenzó a inscribir en el relato judicial el rol de la empresa dentro del terrorismo de Estado.
Fuente: FM de la Calle - Bahía Blanca.
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