Diputados provinciales
obstaculizan la participación ciudadana y generan conflicto de poderes
La democracia
participativa asusta al Gobierno
10 de julio de 2014
Pese a haber
cumplimentado las instancias legales para su ingreso en Legislatura, la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia elevó al Tribunal Electoral un
pedido a fin de que se aplique diferente legislación para regular el proceso de
verificación de firmas de la iniciativa popular contra la megaminería.
A principios de junio
la iniciativa popular de la UAC Chubut tomaba estado parlamentario
transformándose en el proyecto de ley Nº
075/14. La minuta de la sesión del 3 de junio de la legislatura no deja lugar a
dudas cuando fundamenta el envío a comisiones del proyecto de ley, dice: “con
el porcentaje de firmas previsto en el Artículo 263 de la Constitución
Provincial y con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley
XII Nº5”. Esta legislación especial
reglamenta el artículo 263 de la Constitución Provincial para ejercer el
derecho de Iniciativa Popular. Establece los mecanismos, los plazos y la forma
de recolección de avales. Sin embargo, lxs legisladores pretenden ahora que se
aplique otra norma que requiere se acompañe junto a la firma una constancia de
haber emitido sufragio en la última elección general, intentando desconocer la
decisión del Tribunal Electoral, único órgano legitimado para verificar la
legalidad de las firmas. Incluso van más lejos, al entender junto al asesor
letrado de la Legislatura, Alfredo Martín Meza, que deberíamos “acompañar
constancias de haber emitido sufragio en las elecciones del 20 de marzo y del
27 de octubre de 2013”. Claramente están
intentado sacarse de encima la Iniciativa Popular contra la megaminería y
limitando seriamente la aplicación de los mecanismos constitucionales de la
democracia semidirecta.
Desde el año 2012 las
Asambleas de Chubut ingresamos toda clase de notas dirigidas a lxs diputadxs
solicitando se habiliten los mecanismos para la recolección de firmas. No hubo
respuesta. En marzo del 2013, se pedía al Defensor del Pueblo de Chubut que interceda
para “agilizar el trámite administrativo para iniciar la recolección de
firmas”. Continuó el silencio. Posteriormente, y ante nuestra constancia, el
Tribunal Electoral, conociendo la existencia de dos normativas vinculadas a la
recolección de firmas, estableció los criterios a utilizar. Estos criterios
fueron cumplidos a rajatabla por quienes impulsamos la iniciativa popular
contra la megaminería, con un trabajo de control riguroso, contrastando cada
firma con el padrón electoral.
Quienes legitiman la
violación de nuestros derechos ponen en evidencia su miserable forma de hacer
política, esa que desprestigia a la política y a la clase política, van en
contra de la idea de democracia que se enseña en las escuelas, que usan en los
discursos, nos hacen trampa, trabajan para obstaculizar la participación
popular legítima y respetable.
El 2 de julio pasado
integrantes de distintas localidades de la UAC Chubut fuimos recibidos por la
misma comisión que ahora impugna la iniciativa popular. En ningún momento
expresaron que estaba en duda la legitimación de las firmas. Simularon que el
proyecto de ley estaba en marcha, y se comprometieron a definir una agenda de
trabajo con fechas para recibir a especialistas, técnicxs y personalidades que
defenderían los fundamentos que sostienen el proyecto de ley contra la
megaminería. Paradójicamente el dictamen del asesor legal (realizado tres días
antes) ya estaba firmado por lxs diputadxs Gustavo Reyes, “Ika” Martinez,
Héctor Trotta, Ana María Barroso, José Luis Lizurume y Exequiel Villagra
exigiendo al Tribunal Electoral “se cumpla con lo previsto en la Ley V Nº 115”
Esto es, cuando menos, una falta de respeto hacia lxs vecinxs y a la división
de poderes. Es lamentable, pero lxs mismos diputadxs que ponen en duda la recolección
de firmas avaladas por otro poder constitucionalmente establecido, recibieron
un petitorio del intendente de Paso de Indios con casi 1500 firmas a favor de
la explotación minera. Cientos de estas eran una reiteración (firmas mellizas),
fotocopias que se adjuntaban públicamente como firmas válidas, rayando la
falsificación de documento público. Otro tanto eran ilegibles e inexistentes en
el padrón electoral. No hubo objeción, ni denuncia mediática o judicial de
parte de lxs diputadxs.
Este dictamen pone en
evidencia la falacia del discurso del “debate” que dicen promover, muestra el
temor a un proyecto de ley que cuenta con una fenomenal legitimación social, y
busca restringir la participación ciudadana, base de toda democracia sana. Los
asusta el pueblo. Las reflexiones del asesor Alfredo Martín Meza, refrendadas
por lxs diputadxs, muestran el verdadero objetivo de este dictamen. Dice el
letrado: “tales mecanismos (por los mecanismos de la democracia semi directa)
deben tener un uso normativamente acotado, so pena de ser utilizados
casuísticamente, en forma desmedida y caprichosa, trastocando el régimen
constitucional y democrático de derecho mediante la suplantación de la función
de los poderes de representación popular legítimamente constituidos” Y
continua: “En tal sentido, … lejos de enriquecer y fortalecer la vida
democrática, se pueden convertir en instrumentos censores o legitimadores,
según el caso, de la representación política (…)” sic. Interpretan las leyes a
su antojo y a la medida de sus intereses, la participación ciudadana los
apabulla. Desconocen que el poder de decisión también puede estar en la gente y
que la democracia representativa es respetar la decisión del pueblo.
Por otra parte,
reconocen que la legislación local - a diferencia de la nacional - carece de un
mecanismo para impugnar el proceso de recolección de firmas, sin embargo,
pretenden impugnarlo.
Denunciamos
públicamente que este “asesor” y estxs legisladores solicitan el cumplimiento
de una ley, cuando ellos mismos arremeten contra la Constitución Nacional y
Provincial, desconocen una ley especial que reglamenta la Iniciativa Popular y
pretenden deslegitimar un proyecto de ley que pondría freno definitivo a las
transnacionales del saqueo, la destrucción y la contaminación. Advertimos que
las asambleas defenderemos los derechos constitucionales y realizaremos las
denuncias públicas y penales pertinentes ante este ataque a la participación
ciudadana y a la división de poderes. La adversidad nos fortalece.
Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut
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