Desde hace unas semana muchas organizaciones sociales, equipos de investigación, universidades, institutos, colectivas feministas junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se están manifestando ante la su preocupación por el evidente desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral instaurado por la Ley Nacional 26150/06, expresado en el despido de 5 de sus 15 empleado/as, la precarización en formato de contratos de otros trabajadores y la falta de presupuesto para que funcione el programa.
Mediante un comunicado las organizaciones que integran la Campaña exigieron al Ministerio de Educación de la Nación la reincorporación del personal despedido, la efectiva implementación de la Ley 26.150/06 en todo el país y la adjudicación de presupuesto acorde a las necesidades de una ley de alcance nacional.
Señalaron además que, como indica su lema “Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no Morir”; consideran un derecho fundamental de todas las personas que asistan a establecimientos educativos del país para el ejercicio de la libertad, “la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de género y de derechos humanos que incluya el derecho a decidir como eje fundamental en sus lineamientos curriculares”.
La falta de presupuesto en el ciclo 2016 ha impedido la impresión de materiales, la realización de cuadernillos y actividades que se envian a las instituciones educativas, como así también de campañas en los medios.
Este programa es una herramienta clave para educar una sociedad sin machismo, ni sexismo y construir relaciones de igualdad entre géneros.
Editoriales ANP
