Buenos Aires (HIJOS).-Frente a al día internacional de los
Derechos Humanos, se trascribirá a continuación un comunicado redactado
por familiares de Darío Santillán, de Mariano Ferreyra, de Carlos
Fuentealba, de las víctimas de Cromañon y de las Madres de Barrio
Ituzaingó.
El 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los DDHH.
En Argentina este día tiene una significación muy importante, nos lleva a
pensar en los pasos que hemos conseguido como pueblo luego de muchos
años de lucha, pero principalmente nos pone sobre la mesa las deudas que
hoy, a casi treinta años del retorno de la democracia, aun tenemos.
En los últimos años, fruto de la lucha por la memoria y la justicia protagonizada por las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, se dieron pasos fundamentales contra la impunidad por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico- militar.
Festejamos el desarrollo de la causa Esma, la condena que sufrieron represores como Videla, Bussi, y otros genocidas, asi como el haber alcanzado las ya casi 300 condenas; el desarrollo del megajucio con mas de 40 represores imputados en Tucuman, la causa de la Escuelita 1 y 2 en Neuquen, entre otros.
Sabemos que la pelea por la verdad y la justicia no hubiera sido posible sin la lucha que llevaron a cabo los Hijos, las Madres, las Abuelas (que hoy han llegado ya ha 107 nietos y nietas recuperadas) y de muchos sobrevivientes y compañeros que continuan peleando por justicia. En ese ejemplo nos referenciamos, sumando la fuerte convicción de que la memoria debe trabajarse de forma dinámica, hacia el pasado, el presente y proyectando el futuro que queremos; entendiendo que lamentablemente no solo durante la última dictadura cívico -militar -religiosa los derechos humanos fueron vapuliados, sino que lamentablemente hoy en democrácia, se tortura, se mata o desaparece.
Las injusticias perpetuadas, la ausencia muchas veces de respuestas de parte del poder judicial y del poder político a problemáticas que sufre nuestro pueblo y especialmente los más pobres, nos obliga a exigir justicia en todas las formas posibles hasta agotarnos. Es así como instalamos las causas de nuestros familiares, amigos y compañeros asesinados en democracia.
Por todo lo dicho, hacemos notar que a casi treinta años del fin de la Dictadura, la represión por causas políticas, el gatillo fácil, y la corrupción dentro de los aparatos represivos siguen siendo moneda corriente y en muchos casos continúan llevándose la vida de compañeros y compañeras.
Así, en 2012 se cumplieron 10 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y 5 años del fusilamiento público del docente Carlos Fuentealba. Si bien las luchas en demanda de justicia han logrado la condena efectiva de los autores materiales de los asesinatos, no hemos podido avanzar en la condena a los responsables políticos de la represión: Duhalde y Sobich no fueron ni siquiera investigados. Por otro lado, en el marco de un sistema penitenciario que beneficia sistematicamente a los ex-miembros de las fuerzas de seguridad condenados por la justicia, los familiares y compañeros nos hemos enterado que los asesinos como Poblete y Fanchiotti, además de múltiples privilegios, disfrutaron de salidas recreativas completamente ilegales y clandestinas, fuera de los penales donde cumplian condena. Seguimos exigiendo que los asesinos cumplan sus condenas junto a la población carcelaria sin ningun tipo de privilegios.
La lucha para que no queden impunes los crímenes de la dictadura se ve empañada por la desaparición de Jorge Julio Lopez, testigo de la causa que finalmente condeno al represor Etschecolatz, y que permanece desaparecido desde el 18 de setiembre del 2006. También permanecen desaparecidos Luciano Arruga, joven de Lomas del Mirador, secuestrado por la Policía tras negarse a robar para ellos, desde el 31 de enero del 2009; y Daniel Solano, trabajador de los ingenios de Rio Negro, desaparecido el 5 noviembre del 2011 en Choele Choel, luego de denunciar la explotación a los trabajadores golondrinas. Estos tres casos se suman a otros que demuestran la existencia y la impunidad de grupos de tareas que aun hoy, apañados por intereses políticos, delictivos y económicos, siguen operando. Muchas de estas causas como la de Lopez y la de Luciano no presentan novedades de inportancia hasta la fecha.
Por otra parte, problemas fundamentales y estructurales que sufre nuestra sociedad argentina hoy, como el avance de la sojizacion, la tercerización laboral, la falta de vivienda, o la mega minería, han tenido lamentablemente su correlato en más casos de represión y de asesinato de personas. Entre ellos encontramos el caso de Cristian Ferreyra asesinado por sicarios que responden a grupos terratenientes en Santiago del Estero el 16 de Noviembre del 2011, caso al cual se le sumo la muerte de Miguel Galvan; o los muertos en la represión llevada a cabo por la Policia Metropolitana y la Policia Federal en el desalojo al Parque Indoamericano, Rosmery Churapuña, Canabiri Alvarez, y Bernardo Salgueiro, el 7 de diciembre del 2010.
No podemos dejar de mencionar la represión sufrida por el pueblo Qom en la Comunidad La Prmavera el 23 de Noviembre del 2010 con el saldo de dos indigenas asesinados y la dura persecucion judicial sufrida por el referente de la comunidad Felix Díaz. También deben incluirse en esta lista las represiones contra la protesta social ocurridas en Andalgalá en febrero del 2010 y las graves amenazas sufridas en Famatina en el marco de la pelea contra la instalación de la minería a cielo abierto.
Por ultimo, el crimen de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre del 2010, y el amedrentamiento permanente a los trabajadores tercerizados, ponene de relieve el accionar de patotas dirigidas desde la férrea alianza existente entre las patronales y la burocracia sindical. Hoy la causa de Mariano tiene pasos importantes gracias al estado público que ha alcanzado y la lucha de sus familiares y compañeros. Esperamos que la condena al Secretario General de la Unión Ferroviaria, José Pedraza como principal responsable politico-ideológico se concrete y sirva como un punto de inflexión para avanzar en las responsabilidades políticas de otros casos de represion asi como también que la causa de Mariano desnude las consecuencias de los negocios que implican la precariedad y la tercerizacion laboral.
Recordamos también, que a casi 11 años de los acontecimientos del 19 y 20 de Diciembre del 2001, aun no hay una sola imputación a las responsabilidades políticas de las mas de 38 muertes ocurridas en esos dias cruciales de la escena social y política de nuestro Pais. Los asesinatos de “el Pocho” Leprati, Gastón Rivas, Diego Lamagna y muchos manifestantes más siguen impunes. Esperamos que la Audiencia del dia 6 de diciembre del corriente año por la situacion de De La Rua sea una señal para dar pasos concretos en la resolución de una deuda inpostegable para nuestra sociedad.
Es una deuda fundamental en materia de Derechos Humanos el fin de los asesinatos de jóvenes por Gatillo Fácil a lo largo de todo el país que, según los informes parciales existentes ascienden a más de 3600 asesinados y 197 desapariciones desde el retorno de la democracia a la fecha. La juventud sigue siendo la víctima principal en casos que vinculan negocios ilegales –como el narcotráfico la trata y la prostitución-, que están directamente asociados a los aparatos policiales, pero que no podrían realizarce sin el amparo político correspondiente. Fue esta asociación la que se cobro la vida de tres jóvenes militantes en la Ciudad de Rosario, el 1 de Enero del corriente año, el “Jere”, el “Mono” y “Patom”, asesinados por narcotraficantes tras ser confundidos con miembros de una banda en el marco de una disputa por el negocio de la droga en el barrio Moreno. Si bien este caso cobra notoriedad por el accionar de sus familiares y compañeros de militancia, son multiples los casos de jóvenes que han muerto en supuestos “enfrentamientos entre bandas” en Rosario sin ser realmente investigados. En estos días tenemos noticias de la magnitud que tiene el negocio del narcotráfico, y la impunidad que lo protege, tras la rápida imputación y sobreseimiento del Maximo Jefe de Policia de Santa Fe por este tema.
La impunidad del gatillo facil y la prepotencia policial se evidencian tambien en casos como el de Jonathan “Kiki” Lezcano, Ezequiel Blanco, Diego Nuñez o Paulina Alejandra Lebbos entre otros.
La violencia y la complicidad insitucional y delictiva recae fuertemente sobre miles de mujeres a lo largo de nuestro país por medio de las redes de trata y prostitución. Hay avances que empiezan a marcar la importancia de este tema, como el desarrollo del Jucio por “Marita” Veron. El numero de mujeres que hasta el dia de la fecha permanecen desaparecidas por el negocio de la trata y la prostitucion aumenta drasticamente día a día.
Existen varias investigaciones realizadas en los últimos años que marcan concretamente los datos y las problematicas que en esta declaración mencionamos. Es importante no olvidar muchas de las deudas pendientes que, como sociedad, aun tenemos con la Justicia: Cromañon, la AMIA, La Embajada de Israel, o la investigación de responsabilidades en tragedias como la de Once que se cobro 51 muertes entre otros. Saludamos que algunas deudas históricas empiecen también a saldarse, como los asesiantos y fusilamientos a los militantes en Trelew en 1972.
Preocupante es que todos estos casos tienen como telon de fondo la aprobación en el año 2011 de la infame “Ley Antiterrorista”. “Ley” que tras la excusa de impulsar la persecución de quienes la Doctrina de Seguridad norteamericana expone como el “terrorismo internacional”, ofrece un marco institucional para judicializar la protesta social y a referentes políticos y sociales.
Por todo esto, los familiares y organizaciones y referentes de Derechos Humano abajo firmantes, planteamos que solo existirá una respuesta integral desde los Derechos Humanos cuando logremos poner fin a cualquier tipo de represión y persecución política, cuando la justicia llegue hasta las ultimas consecuencias con las responsabilidades de los asesinatos políticos y sociales cometidos tanto en Dictadura como en Democracia, cuando no haya ningún tipo de persecución política en nuestro país y, mucho menos, marcos institucionales que lo amparen y cuando logremos que en nuestro país Derechos Humanos como la salud, la vivienda, el trabajo y la educación sean realmente para todos y todas, sin pobreza ni exclusión.
FIRMA DE FAMILIARES
Vanesa Orieta – Hermana de Luciano Arruga
Leonardo Santillan – Hermano de Dario Santillan
Alberto Santillan – Papa de Darío Santillan
Pablo Ferreyra – Hermano de Mariano Ferreyra
Alberto Rodriguez – Cuñado de Carlos Fuentealba
Sandra Rodriguez – Compañera de Carlos Fuentealba
Stella Maris – Mama de Claudio “el Mono” Damián Suárez
Eduardo Trasante – Papa de Jeremías “El Jere” Jonathan Trasante
Ignacio Rodriguez – Papa de Adrián “Patom” Leonel Rodríguez
Silvia Bignami – Mama de Julian Rozengardt, Cromañon
Delia Garcia de Fucci – Mama de Pablo Fucci, Cromañon
Luis Bordon – Papa de Sebastian Bordon, asesinado por policia en Mendoza
Alberto Lebbos – Papa de Paulina Lebbos, asesinada en Tucuman
Sofia Gatica – Madres de Ituzaingó, Cordoba
Omar Nuñez – Papa de Diego Nuñez
En los últimos años, fruto de la lucha por la memoria y la justicia protagonizada por las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, se dieron pasos fundamentales contra la impunidad por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico- militar.
Festejamos el desarrollo de la causa Esma, la condena que sufrieron represores como Videla, Bussi, y otros genocidas, asi como el haber alcanzado las ya casi 300 condenas; el desarrollo del megajucio con mas de 40 represores imputados en Tucuman, la causa de la Escuelita 1 y 2 en Neuquen, entre otros.
Sabemos que la pelea por la verdad y la justicia no hubiera sido posible sin la lucha que llevaron a cabo los Hijos, las Madres, las Abuelas (que hoy han llegado ya ha 107 nietos y nietas recuperadas) y de muchos sobrevivientes y compañeros que continuan peleando por justicia. En ese ejemplo nos referenciamos, sumando la fuerte convicción de que la memoria debe trabajarse de forma dinámica, hacia el pasado, el presente y proyectando el futuro que queremos; entendiendo que lamentablemente no solo durante la última dictadura cívico -militar -religiosa los derechos humanos fueron vapuliados, sino que lamentablemente hoy en democrácia, se tortura, se mata o desaparece.
Las injusticias perpetuadas, la ausencia muchas veces de respuestas de parte del poder judicial y del poder político a problemáticas que sufre nuestro pueblo y especialmente los más pobres, nos obliga a exigir justicia en todas las formas posibles hasta agotarnos. Es así como instalamos las causas de nuestros familiares, amigos y compañeros asesinados en democracia.
Por todo lo dicho, hacemos notar que a casi treinta años del fin de la Dictadura, la represión por causas políticas, el gatillo fácil, y la corrupción dentro de los aparatos represivos siguen siendo moneda corriente y en muchos casos continúan llevándose la vida de compañeros y compañeras.
Así, en 2012 se cumplieron 10 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y 5 años del fusilamiento público del docente Carlos Fuentealba. Si bien las luchas en demanda de justicia han logrado la condena efectiva de los autores materiales de los asesinatos, no hemos podido avanzar en la condena a los responsables políticos de la represión: Duhalde y Sobich no fueron ni siquiera investigados. Por otro lado, en el marco de un sistema penitenciario que beneficia sistematicamente a los ex-miembros de las fuerzas de seguridad condenados por la justicia, los familiares y compañeros nos hemos enterado que los asesinos como Poblete y Fanchiotti, además de múltiples privilegios, disfrutaron de salidas recreativas completamente ilegales y clandestinas, fuera de los penales donde cumplian condena. Seguimos exigiendo que los asesinos cumplan sus condenas junto a la población carcelaria sin ningun tipo de privilegios.
La lucha para que no queden impunes los crímenes de la dictadura se ve empañada por la desaparición de Jorge Julio Lopez, testigo de la causa que finalmente condeno al represor Etschecolatz, y que permanece desaparecido desde el 18 de setiembre del 2006. También permanecen desaparecidos Luciano Arruga, joven de Lomas del Mirador, secuestrado por la Policía tras negarse a robar para ellos, desde el 31 de enero del 2009; y Daniel Solano, trabajador de los ingenios de Rio Negro, desaparecido el 5 noviembre del 2011 en Choele Choel, luego de denunciar la explotación a los trabajadores golondrinas. Estos tres casos se suman a otros que demuestran la existencia y la impunidad de grupos de tareas que aun hoy, apañados por intereses políticos, delictivos y económicos, siguen operando. Muchas de estas causas como la de Lopez y la de Luciano no presentan novedades de inportancia hasta la fecha.
Por otra parte, problemas fundamentales y estructurales que sufre nuestra sociedad argentina hoy, como el avance de la sojizacion, la tercerización laboral, la falta de vivienda, o la mega minería, han tenido lamentablemente su correlato en más casos de represión y de asesinato de personas. Entre ellos encontramos el caso de Cristian Ferreyra asesinado por sicarios que responden a grupos terratenientes en Santiago del Estero el 16 de Noviembre del 2011, caso al cual se le sumo la muerte de Miguel Galvan; o los muertos en la represión llevada a cabo por la Policia Metropolitana y la Policia Federal en el desalojo al Parque Indoamericano, Rosmery Churapuña, Canabiri Alvarez, y Bernardo Salgueiro, el 7 de diciembre del 2010.
No podemos dejar de mencionar la represión sufrida por el pueblo Qom en la Comunidad La Prmavera el 23 de Noviembre del 2010 con el saldo de dos indigenas asesinados y la dura persecucion judicial sufrida por el referente de la comunidad Felix Díaz. También deben incluirse en esta lista las represiones contra la protesta social ocurridas en Andalgalá en febrero del 2010 y las graves amenazas sufridas en Famatina en el marco de la pelea contra la instalación de la minería a cielo abierto.
Por ultimo, el crimen de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre del 2010, y el amedrentamiento permanente a los trabajadores tercerizados, ponene de relieve el accionar de patotas dirigidas desde la férrea alianza existente entre las patronales y la burocracia sindical. Hoy la causa de Mariano tiene pasos importantes gracias al estado público que ha alcanzado y la lucha de sus familiares y compañeros. Esperamos que la condena al Secretario General de la Unión Ferroviaria, José Pedraza como principal responsable politico-ideológico se concrete y sirva como un punto de inflexión para avanzar en las responsabilidades políticas de otros casos de represion asi como también que la causa de Mariano desnude las consecuencias de los negocios que implican la precariedad y la tercerizacion laboral.
Recordamos también, que a casi 11 años de los acontecimientos del 19 y 20 de Diciembre del 2001, aun no hay una sola imputación a las responsabilidades políticas de las mas de 38 muertes ocurridas en esos dias cruciales de la escena social y política de nuestro Pais. Los asesinatos de “el Pocho” Leprati, Gastón Rivas, Diego Lamagna y muchos manifestantes más siguen impunes. Esperamos que la Audiencia del dia 6 de diciembre del corriente año por la situacion de De La Rua sea una señal para dar pasos concretos en la resolución de una deuda inpostegable para nuestra sociedad.
Es una deuda fundamental en materia de Derechos Humanos el fin de los asesinatos de jóvenes por Gatillo Fácil a lo largo de todo el país que, según los informes parciales existentes ascienden a más de 3600 asesinados y 197 desapariciones desde el retorno de la democracia a la fecha. La juventud sigue siendo la víctima principal en casos que vinculan negocios ilegales –como el narcotráfico la trata y la prostitución-, que están directamente asociados a los aparatos policiales, pero que no podrían realizarce sin el amparo político correspondiente. Fue esta asociación la que se cobro la vida de tres jóvenes militantes en la Ciudad de Rosario, el 1 de Enero del corriente año, el “Jere”, el “Mono” y “Patom”, asesinados por narcotraficantes tras ser confundidos con miembros de una banda en el marco de una disputa por el negocio de la droga en el barrio Moreno. Si bien este caso cobra notoriedad por el accionar de sus familiares y compañeros de militancia, son multiples los casos de jóvenes que han muerto en supuestos “enfrentamientos entre bandas” en Rosario sin ser realmente investigados. En estos días tenemos noticias de la magnitud que tiene el negocio del narcotráfico, y la impunidad que lo protege, tras la rápida imputación y sobreseimiento del Maximo Jefe de Policia de Santa Fe por este tema.
La impunidad del gatillo facil y la prepotencia policial se evidencian tambien en casos como el de Jonathan “Kiki” Lezcano, Ezequiel Blanco, Diego Nuñez o Paulina Alejandra Lebbos entre otros.
La violencia y la complicidad insitucional y delictiva recae fuertemente sobre miles de mujeres a lo largo de nuestro país por medio de las redes de trata y prostitución. Hay avances que empiezan a marcar la importancia de este tema, como el desarrollo del Jucio por “Marita” Veron. El numero de mujeres que hasta el dia de la fecha permanecen desaparecidas por el negocio de la trata y la prostitucion aumenta drasticamente día a día.
Existen varias investigaciones realizadas en los últimos años que marcan concretamente los datos y las problematicas que en esta declaración mencionamos. Es importante no olvidar muchas de las deudas pendientes que, como sociedad, aun tenemos con la Justicia: Cromañon, la AMIA, La Embajada de Israel, o la investigación de responsabilidades en tragedias como la de Once que se cobro 51 muertes entre otros. Saludamos que algunas deudas históricas empiecen también a saldarse, como los asesiantos y fusilamientos a los militantes en Trelew en 1972.
Preocupante es que todos estos casos tienen como telon de fondo la aprobación en el año 2011 de la infame “Ley Antiterrorista”. “Ley” que tras la excusa de impulsar la persecución de quienes la Doctrina de Seguridad norteamericana expone como el “terrorismo internacional”, ofrece un marco institucional para judicializar la protesta social y a referentes políticos y sociales.
Por todo esto, los familiares y organizaciones y referentes de Derechos Humano abajo firmantes, planteamos que solo existirá una respuesta integral desde los Derechos Humanos cuando logremos poner fin a cualquier tipo de represión y persecución política, cuando la justicia llegue hasta las ultimas consecuencias con las responsabilidades de los asesinatos políticos y sociales cometidos tanto en Dictadura como en Democracia, cuando no haya ningún tipo de persecución política en nuestro país y, mucho menos, marcos institucionales que lo amparen y cuando logremos que en nuestro país Derechos Humanos como la salud, la vivienda, el trabajo y la educación sean realmente para todos y todas, sin pobreza ni exclusión.
FIRMA DE FAMILIARES
Vanesa Orieta – Hermana de Luciano Arruga
Leonardo Santillan – Hermano de Dario Santillan
Alberto Santillan – Papa de Darío Santillan
Pablo Ferreyra – Hermano de Mariano Ferreyra
Alberto Rodriguez – Cuñado de Carlos Fuentealba
Sandra Rodriguez – Compañera de Carlos Fuentealba
Stella Maris – Mama de Claudio “el Mono” Damián Suárez
Eduardo Trasante – Papa de Jeremías “El Jere” Jonathan Trasante
Ignacio Rodriguez – Papa de Adrián “Patom” Leonel Rodríguez
Silvia Bignami – Mama de Julian Rozengardt, Cromañon
Delia Garcia de Fucci – Mama de Pablo Fucci, Cromañon
Luis Bordon – Papa de Sebastian Bordon, asesinado por policia en Mendoza
Alberto Lebbos – Papa de Paulina Lebbos, asesinada en Tucuman
Sofia Gatica – Madres de Ituzaingó, Cordoba
Omar Nuñez – Papa de Diego Nuñez
ORGANISMOS Y ESPACIOS DE DDHH
Asociacion de ex Detenidos Desaparecidos (ADD)
Espacio de DDHH- Frente Popular Dario Santillán
Familiares y amigos de Luciano Arruga
Comisión Carlos Presente (COCAPRE)
Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán
Catedra Libre de Estudios Americanistas (U.B.A)
Madres de Ituzaingó
ADHESIONES: cartaabiertadefamiliares@gmail.com
Editoriales ANP
