Argentina, martes 23 de octubre de 2012 (Avkin Pivke Mapu).- Comunidades Mapuche-Tehuelche de la Meseta Central Norte celebraron en un reciente Trawun en el cual manifiestan la necesidad de ser consultados ante la próxima implementación del marco regulatorio en la provincia, aseguran que se están violando los derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que obligan a consultar a sus comunidades. Además, expresaron la necesidad de avanzar rápidamente con el relevamiento territorial de las comunidades originarias en Chubut, aseguran que sus voces son “silenciadas”.Por Diario de Madryn
Al respecto, Ángel Callupil, coordinador de la región sur de Endepa, quien se refirió a la necesidad de cumplimentar la ley nacional 26160 que promueve el relevamiento de las comunidades originarias: “Las comunidades mapuche-tehuelches de la Meseta Centro Norte hace tiempo se vienen manifestando en relación al reclamo histórico de sus territorios, de la propiedad comunitaria de las tierras y sólo dos tienen título comunitario, Mallin de los Cual que fue otorgado en el año 1998 y en la comunidad de Blancuntre que fue entregado en 2010. Después, el resto de las comunidades no tienen su título de tierras, de ahí el reclamo más fuerte, cuando sale la ley 26160 lo que hace es frenar las órdenes de desalojo, pero también le dice al Estado que haga un ordenamiento territorial, allí las comunidades comienzan a tener un poco de esperanza en el sentido de que finalmente es una herramienta para luego seguir haciendo el reclamo de sus tierras”.
Una deuda histórica
El relevamiento territorial que las comunidades originarias están reclamando implica la realización de carpetas antropológicas con estudios sobre la historia de la vida de la comunidad en territorio, mapas con las señas de lo que actualmente están ocupando, y una carpeta social que marca la realidad actual de la comunidad. “Este relevamiento territorial que marca la ley nacional 26160 le da herramientas a la comunidad para luego hacer efectivo su reclamo, en este relevamiento participa el Estado provincial a través del IAC (Instituto Autárquico de Colonización) y de la Dirección de Asuntos Indígenas”, indicó Callupil.
El convenio que establece que se iniciará este relevamiento en Chubut fue firmado nuevamente este año entre el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) junto con el Gobierno de la provincia, “pareciera que se va a dar continuidad a este relevamiento que había comenzado hace dos años pero que entendemos que, por diferencias entre el equipo técnico que estaba a cargo en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y el INAI, hicieron que finalmente no se le diera continuidad al relevamiento. Ahora se firmó un convenio nuevamente para darle continuidad y ahí está el reclamo de las comunidades, ojalá que se pueda terminar con ese relevamiento para que las comunidades puedan decir ‘nosotros estamos aquí’, que haya un mapa que lo certifica, con un estudio antropológico y que, por otro lado, el IAC no se pueda hacer el distraído, va a tener que dar finalmente respuesta al planteo de las comunidades”, indicó Callupil, que, por otro lado, las comunidades están requiriendo que, en primer término, comiencen a relevar la zona de la Meseta y agregó que “entre esas carpetas, está un dictamen jurídico, un equipo de abogados que diga que la cuestión debe solucionarse de determinada manera, qué cuestiones se deben tener en cuenta, entonces es muy importante el relevamiento territorial y por eso las comunidades lo reclaman”.
Como ejemplo de la postergación que han sufrido las comunidades originarias históricamente, Callupil indicó que durante la gestión de Mario Das Neves “habiendo pedido audiencia, se presentaron más de 60 o 70 pobladores de las comunidades para presentarle los reclamos al Gobernador y no fueron atendidos después de más de 7 horas de estar frente a Casa de Gobierno. Esta es la respuesta con que se trata a las comunidades, nunca son escuchadas”.
Consulta ambiental
Otro de los reclamos reiterados en varias oportunidades, pero ahora con mayor fuerza, se trata de la necesidad de ser consultados respecto de las actividades que involucran la explotación del territorio donde habitan las comunidades originarias, teniendo en cuenta que sus tradiciones se basan en el respeto hacia la tierra, entre otras cuestiones.
En este sentido, en el mes de agosto varios Longko -autoridades originarias- firmaron un documento junto al Equipo de la Pastoral Aborigen (ENDEPA) que entregaron al presidente de la Legislatura, el vicegobernador Gustavo Mac Karthy, “planteando justamente esta cuestión central de la consulta ambiental, exigimos que se nos consulte frente al marco regulatorio, la consulta previa es uno de los derechos sagrados para la comunidad indígena y están consagrados en la Constitución Nacional. Es una obligación del Estado frente a una cuestión que amenace o que tenga que ver con sus territorios y la vida de las comunidades, esto no ha pasado, pareciera que no hay mucho interés en hacerlo, la consulta no es presentar el marco regulatorio en localidades de la provincia”, aseguró Callupil.
Respeto a los derechos humanos
En la nota que presentaron ante el presidente de la Legislatura, las comunidades plantean que “ha sido recientemente señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ‘el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática’. En este marco, resulta una obligación del Estado consultar a las comunidades y pueblos indígenas ‘sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normatividad interna e internacional, así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernen a sus intereses’. Dicha obligación se encuentra expresamente establecida en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Agregan además que “es de reiterar que tanto la Constitución Nacional como la Provincial garantizan a las comunidades indígenas el derecho a la participación en todos los intereses que las afectan. Expresamente, el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a los Estados a establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar libremente a todos los niveles ‘en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan’.”
Pedido ante el Superior Tribunal de Justicia
Ante lo que consideran un avasallamiento de los derechos de las comunidades originarias, también presentaron un pedido ante el presidente del Tribunal de Justicia, Fernando Royer, solicitando una audiencia “con el fin de ser escuchadas en relación a la preocupación que genera en toda la Meseta el avance de proyectos mineros que no cuentan con consulta y participación indígena”. Asimismo, indicaron que “la minería a gran escala afecta los derechos de las comunidades originarias y altera el lugar donde viven, pone en riesgo su base de subsistencia y agrede una cultura que se caracteriza por el respeto a la naturaleza y el amor a la tierra, como madre, como fuente de alimento y casa común”.
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