Cabe recordar que en mayo de 2010 se realizó el juicio, y la sentencia de la Cámara Criminal Segunda de Neuquén dio por probados los hechos, pero dejó libres a 21 imputados y condenó sólo a 6 policías por apremios ilegales y no por torturas. Hoy, viernes 3 de agosto, el TSJ ratificó la decisión de la Cámara, y no sólo dejó libre a los 21 imputados sobreseídos, sino que sentenció que lo que sufrieron los presos aquellos nefastos días de abril de 2004, no fueron torturas sino “apremios ilegales”, por lo cual los seis policías condenados sólo recibieron tres y cuatro años de prisión de ejecución condicional.
Es aberrante que el propio Tribunal confirme los hechos y niegue que puedan calificarse de torturas. ¿Qué hechos? “(...) consistente en haber ingresado a los pabellones nro. 1, 2 y 5, sin que hubiera mediado una causa que lo justificara efectuaron reiterados disparos con granadas de gas lacrimógeno” (…) “los imputados efectuaron disparos con armas de fuego y postas de goma, los cuales fueron dirigidos directamente a los cuerpos de quienes se encontraban alojados en los pabellones 1, 2 y 5, a la par de arrojar varias granadas de gas lacrimógeno. Una vez que los internos fueron sacados de sus pabellones, y mientras permanecían esposados, los encartados les propinaron una severa golpiza a la totalidad de los allí alojados” (…) “asestándoles golpes de puño, puntapiés y mediante la utilización de bastones reglamentarios. A continuación se obligó a las víctimas a que adoptasen posiciones francamente humillantes, tales como tenderse en el piso mientras permanecían esposados, completamente mojados, y, en algunos casos, soportando la irritación que les provocaba el reactivo químico de los gases lacrimógenos que se había adherido a su piel” (…) “”en el trascurso de la mañana del 26.04.04, consistente en haber trasladado a los internos alojados en los pabellones 2 y 5 –que se encontraban encerrados en sus respectivas celdas- hasta el patio, y una vez allí los sometieron –en forma absolutamente injustificada a una golpiza, para lo cual utilizaron golpes de puño, puntapiés y una varilla de hierro. En tales circunstancias además, les quitaron a los internos el calzado que tenían colocado y les golpearon las plantas de los pies con los bastones, para luego ordenarles y obligarlos a que se tendieran en el piso, lugar en el que les pisaron las manos y otras partes del cuerpo.
Como consecuencia del comportamiento hostil desplegado las víctimas sufrieron lesiones de diversa consideración, las que se encuentran debidamente certificadas en autos” (…) “los sometieron sin haber causas justificantes a una golpiza mediante golpes de puño, puntapiés; a su vez, y mediante el empleo del bastón reglamentario les asestaron golpes en las plantas de los pies desnudos. En esta oportunidad las víctimas fueron obligadas a cantar el himno nacional y aquel que se equivocaba recibía un violento golpe”.
Los vocales del TSJ reconocen estos hechos, ¿y qué dicen en su sentencia? “(...) conforme a los hechos probados, las lesiones documentadas, la individualización de los autores con indicación específica de las conductas realizadas y no habiéndose acreditado que se haya producido un maltrato de gran intensidad sean físicos o psíquicos, sistemático, ni que se hayan prolongado en el tiempo, como requiere el delito de tortura, la calificación imposición de severidades y vejaciones escogida por la sentencia resulta ajustada a derecho”.
Con esto, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no sólo avala el accionar represivo, violento y terrorista que se vive dentro de las cárceles de la provincia, sino que impide e inhabilita la posibilidad de cualquier tipo de garantías a quienes quieran denunciar hechos de esta naturaleza. ¿Quién puede asegurarle ahora a un interno de la U11 que si denuncia cualquier tipo de vejación que a diario sufren allí dentro, no pueda sucederle lo mismo que a Cristian Ibazeta?
El Estado neuquino funciona escandalosamente de manera monolítica, sin ningún tipo de autonomía entre los poderes. El Poder Ejecutivo reprime sin tapujos dentro de las cárceles, y el Poder Judicial avala esas acciones mientras la mayoría Legislativa observa a los de su mismo partido. Casualmente, en abril de este año, Sapag firmó un decreto otorgándole 12 millones de pesos al Poder Judicial, y el 30 de julio pasado, hizo un nuevo aporte de 17 millones a las arcas judiciales. ¿Qué autonomía podemos esperar?
Por esto exigimos:
Renuncia del Ministro de Seguridad Gabriel Gastaminza, del Jefe de Policía Raúl Laserna y del Subjefe de Policía Raul Liria
Desmilitarización de las cárceles.
Implementación inmediata del mecanismo de prevención de la tortura
Libre acceso a las cárceles de diputados y organismos de derechos humanos.
Editoriales ANP
