La causa se inició hace seis años a partir de la denuncia del cabo Carlos Ariel Alegre ante el CELS. Esto conllevó a que la Justicia realice allanamientos en dependencias de la fuerza donde se secuestraron discos rígidos y carpetas con normativa sobre prácticas de inteligencia y mensajes navales con partes de seguimiento de activistas gremiales, sociales, de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos locales y nacionales. Los informes eran confeccionados por diferentes órganos de la Armada, que clasificaban ideológicamente a los espiados y circulaban a través de los canales de inteligencia bajo el rótulo de información secreta y confidencial.
En diálogo con RAP, el abogado Rodrigo Borda explicó que durante las investigaciones se tomó conocimiento de la existencia de "una base de datos con información claramente ilícita". Además, agregó que "apenas hicimos las denuncia, hubo algunas reformas legales importantes" pero que "aún hay mucho por hacer para prevenir estas prácticas a futuro", y se refirió a los casos excepcionales en que el Estado puede recopilar información personal sobre los ciudadanos.
Fuente: Puerta E.
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