El Poder Ejecutivo envió este proyecto al Congreso de la Nación el pasado 14 de octubre. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó su inclusión en el temario de Sesiones Extraordinarias el mismo sábado 10 de diciembre que asumió. El lunes siguiente se conformó la Comisión correspondiente en la Cámara de Diputados para sacar dictamen de mayoría y el jueves se aprobó: el oficialismo y sus aliados la apoyaron en bloque [listado de votos]. El Ministro de Justicia, Julio Alak, supervisó que esto así se hiciera y fue un férreo defensor del paquete de leyes impuestas por el GAFI que corona a Argentina como “un lugar seguro para las inversiones extranjeras”. El GAFI, conformado por el FMI y el Banco Mundial, organismos que otrora el Kirchnerismo repudiara con despecho, hoy nos dicta las leyes que debemos cumplir y se sancionan con obediencia y sumisión ejemplares. Ayer, el Senado de la Nación lo sancionó con 39 votos afirmativos y 22 negativos.
En el debate de la Cámara baja el diputado Solanas contextualizó esta iniciativa del Poder Ejecutivo:
“Esta ley sorprende y hiere las mejores tradiciones democráticas argentinas. Pero vamos a situarnos en qué marco viene esta ley. Un marco de disputa por los recursos naturales no solo de la Argentina sino de América Latina. Se disputa la tierra de los pueblos originarios que guardan grandísimos recursos en sus subsuelos.
Esta ley viene en circunstancias donde desembarcan todas las trasnacionales para llevarse los metales y los recursos del subsuelo. Esta ley desembarca en el Congreso cuando en los últimos quince meses murieron catorce trabajadores por las balas de la represión de los gobernadores latifundistas al servicio de las oligarquías provincianas.
Catorce muertos en quince meses, compañeros. Este es un dato que no podemos olvidar. Esta ley desembarca en el Congreso cuando tenemos más de cinco mil trabajadores judicializados. ¿Cómo es posible que podamos delegar la legislación penal a las interpretaciones que el Poder Ejecutivo piense hacer en el futuro sobre las buenas o malas intenciones de la protesta social?”
Este proyecto, enviado el 14/10 se incluyó en temario el 10/12, se le dio media sanción en Diputados el 15/12 y fue finalmente sancionado por la Cámara de Senadores el 22/12. Senadores y Diputados que se opusieron esgrimieron los siguientes argumentos:
1. Violación al principio de legalidad. La inclusión de tipo penales abiertos en el Código Penal genera un grave peligro y podría criminalizar la protesta social. El delito de “terrorismo” no se encuentra definido por la comunidad internacional. Mucho menos lo está la “finalidad terrorista”. Es por esto que exige un tipo penal específico, no una agravante genérica para todos los delitos. No se puede considerar como terrorista a “cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión.”
El diputado Ferrari explicó: “¿Qué hace el Poder Ejecutivo? En primer lugar, inserta en la parte general del Código Penal un agravante que es igual para todos los delitos. Lo hace de una manera amplia, abierta y difusa, permitiendo que cualquier delito sea considerado acto terrorista si se entiende que tuvo por efecto aterrorizar a la población.”
El diputado Comi agregó: “Estamos retrocediendo, porque estamos introduciendo tipos penales abiertos, dándoles discrecionalidad a los jueces para entender cuándo sí y cuando no. También les estamos dando a organismos administrativos un poder fenomenal. Lo cierto es que esto está en contra de todas las garantías individuales”
A su turno, la senadora Escudero agregó: “A mí también me preocupa la banalización del terrorismo, o sea que cualquier cosa sea terrorista. Por ejemplo, un violador o un asesino serial, como aterroriza a la población, ¿entonces es terrorista y le duplico la pena?”
2. El GAFI no exige este tipo de legislación, sino que en sus recomendaciones solicita se sancione y persiga los delitos de lavado de dinero. Este organismo no solicita más leyes, sino que se cumpla con las leyes vigentes.
El diputado Garrido destacó que: “Si revisan las evaluaciones del GAFI, verán que no se cuestiona la falta de legislación sino la no aplicación de las leyes vigentes. También se cuestiona la impunidad, la falta de condenas y la falta de recursos para las agencias que tienen que ocuparse de promover la persecución del lavado de dinero.”
En el debate del Senado, el senador Giustiniani aportó: “Quiero decir qué es el GAFI, porque parecería que el GAFI es bárbaro, que lo que nos diga lo tenemos que cumplir. Está claro que el FMI es malo, pero el FMI es parte del GAFI y el Banco Mundial también es parte del GAFI.”
El senador Sanz aportó en ese sentido “el GAFI, entre tantas cosas de las que no se obtiene todavía respuesta, señala que en la Argentina no hay autoridad competente para supervisar los casinos. Este es un típico problema de gestión, que no lo vamos a resolver ni con legislación ni con otras cosas, sino que hay que resolverlo con gestión, con decisión política. Eso es decisión política (…) el GAFI dice: ―’Investigar más proactivamente los posibles casos de financiación del terrorismo’. Esto no es un problema de legislación, sino de gestión judicial.”
La senadora Morandini a su turno, recordó: “Creo que lo mejor que nos ha pasado con nuestra Constitución es haber dado rango constitucional a todos los tratados internacionales de Derechos Humanos. Pero la presión del GAFI no puede ser superior, por ejemplo, a la mora que tiene este Congreso para contar con un mecanismo contra la tortura. No lo hemos podido hacer este año. Vivimos en un país que todavía no ha incorporado en las fuerzas de seguridad que la tortura es incompatible con la democracia.”
3. Pésima técnica legislativa que generará desproporción en las penas.
El diputado Garrido alertó: “la propuesta del Poder Ejecutivo incrementa las penas en el doble, con lo cual aquellos delitos que tienen contemplada una pena máxima de 25 años ven incrementada la escala penal a 50 años como máximo, e incluso algunas figuras que deben o tienen que alcanzar una pena máxima de 50 años, si se aplica el artículo 41 quinquies, sin ningún correctivo se llegaría al absurdo de conducir a una pena máxima de 100 años, como el caso de la rebelión agravada.”
4. Inclusión de la falsa excepción para los derechos constitucionales también fue ampliamente criticada. La ley sancionada establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional.
El diputado Ferrari explicó “Los derechos constitucionales no tienen por qué ser explícitamente mencionados en un código, porque por su propia naturaleza se ejercen libremente. Es más: estamos dejando lugar a la duda en el sentido de que pueden ser penados cuando explícitamente lo mencionamos.”
Ahora, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para vetar total o parcialmente esta ley. En este lapso puede ordenar su promulgación o dejarlo transcurrir y que sea promulgada de hecho. No podemos evitar hacer el paralelo con la ley de glaciares que fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando era una ley que peleamos y defendimos desde las organizaciones sociales. Entre los fundamentos de ese veto se encuentra la preocupación manifestada por los Gobernadores en torno a las repercusiones negativas en el desarrollo económico y las inversiones que se llevan a cabo en sus provincias. Esperamos que en estos 10 días con que cuenta el Poder Ejecutivo piense en las organizaciones sociales que manifestamos nuestra preocupación por las repercusiones negativas sobre el libre ejercicio de nuestros derechos constitucionales, en las objeciones de Abuelas de Plaza de Mayo, en el rechazo de H.I.J.O.S.
Fuente: Observatorio Petrolero Sur.
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