Buenos Aires (Red Eco).- Actualmente, diversos tipos de agrotóxicos están en la mira de organizaciones internacionales e incluso en algunos casos los retiraron del mercado cuando se corroboró su real toxicidad y los efectos que esto tiene para el ambiente y para los seres vivos.
A pesar de esto, Argentina continúa utilizando - y en forma creciente- varios tipos de agrotóxicos, que son fabricados únicamente para la venta en países periféricos: tal es el caso del endosulfán, utilizado en este país cuando está prohibido en Estados Unidos.
En este sentido, se estima que anualmente en el país se utilizan 340 millones de litros de agroquímicos para fumigar la tierra, mientras que 20 años atrás se usaban 30 millones de litros. Además, el crecimiento de superficie sembrada es mucho menor al incremento observado en la cantidad de veneno usado para las fumigaciones: esto se da por la necesidad de sostener la lógica del sistema agroindustrial de este país, basado en monocultivos con soja transgénica.
El modelo agroindustrial no sólo afecta a la tierra, (que además de ser contaminada padece el agotamiento producto del monocultivo sojero) sino que causa graves problemas a la salud de quienes se encuentran cercanxs a las fumigaciones (muchas veces hechas en franjas urbanas) y de quienes consumen los alimentos que han sido bañados con grandes cantidades de agroquímicos.
Además, propició el aumento de desmontes para que el suelo sea utilizado en las plantaciones del monocultivo, lo cual no deja lugar a la siembra de otros alimentos y expulsa a campesinxs y originarixs de sus tierras, a tal punto de asesinarlxs: el caso más reciente fue el de Cristian Ferreyra, del MOCASE, asesinado por defender su tierra ante los desmontes propiciados por grupos empresariales.
Otras tantas muertes se dan entre peones rurales que deben manipular agroquímicos sin protección alguna por parte de sus patrones, que no les brindan los elementos indispensables para su seguridad y les hacen desempeñar largas jornadas laborales por una bajísima remuneración.
El caso más reciente que se dio a conocer es el de Celso Fernández, de 52 años, que falleció el 1 de diciembre en la provincia de Misiones debido a un tumor maligno generado tras 12 años de fumigar manualmente con agrotóxicos para la empresa transnacional de origen chileno Alto Paraná S.A., que lo tenía como peón tercerizado.
El tumor comenzó a manifestarse rápidamente desde el mes de julio y también ocasionó una parálisis local en Celso. Lxs médicxs negaron que su cuadro fuera consecuencia de la manipulación de agrotóxicos, pero Fernández había manifestado “tengo mis dudas, porque no me dicen exactamente qué es lo que tengo, no me dan un medicamento, quieren seguir haciendo estudios, estamos mal para conseguir turnos, no tengo con qué ir, capaz que tenga que ir a un sanatorio privado nomás”.
En este sentido, vecinxs de Puerto Piray revelaron la complicidad existente en el Sistema de Salud Pública: “El Samic está manejado por el gobierno y por Alto Paraná, tapan todo”. A su vez, declararon que hay muchos casos de intoxicaciones y muertes en esa zona relacionadas a las actividades de la transnacional Alto Paraná S.A.
Otro caso recientemente conocido es el de Nestor Vargas, un peón que trabajaba en la provincia de Santa Fe y murió días después de haber manipulado agrotóxicos y de no recibir atención médica adecuada a la causa de sus malestares: ante su primera consulta en una guardia médica, la doctora Alejandra Pujol le diagnosticó anginas y no lo trató adecuadamente por ir a probarse ropa que alguien estaba vendiendo en la institución.
Con el paso de los días, Vargas volvió a concurrir a un hospital donde, a pesar de advertir que había manipulado agrotóxicos y tomado contacto directo con los mismos, no le hicieron caso. El tercer médico que lo vio lo trató por su intoxicación y lo derivó a otro lugar de mayor complejidad para su atención, pero al llegar, Vargas falleció. La desatención de las instituciones y los intereses económicos que hay en torno a los agrotóxicos se cobraron otra víctima.
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