(Partido Obrero).- La condena a prisión perpetua para Alfredo Astiz, el Tigre Acosta y otros represores de la ESMA, así como para otros militares y policías responsables del asesinato de Rodolfo Walsh, es una victoria de treinta años de lucha del movimiento contra la impunidad de los crímenes de la dictadura. Esta causa debió enfrentar, en estos treinta años, todas las tentativas de absolución del aparato de represión que llevaron adelante los gobiernos de la democracia. Astiz, como los otros condenados en el día de ayer, había sido beneficiado por las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín y ratificadas por el gobierno de Menem, su mayoría parlamentaria y sus gobernadores. Por estas leyes decenas de desapariciones ya quedaron impunes. Su derogación, en 2003, se produjo cuando la justicia española reclamó la extradici! ón de los represores. Bajo la presión de un juicio fuera del país, de un lado, y la alternativa de convalidar la impunidad, fue votada y promulgada la ley de anulación de las leyes de obediencia debida.
A partir de allí, comenzó un largo y tortuoso proceso judicial, de enjuiciamiento de los genocidas a cuentagotas. Aunque los jueces tienen en su mano las listas completas de los represores, obligan a las víctimas y sobrevivientes y a sus abogados a probar sus dichos y a señalar a los represores por enésima vez, o sea que recurren al prevaricato y a revivir el calvario del secuestro. El procedimiento de llevar adelante las causas en forma aislada –y no en un solo cuerpo por cada centro de detención, como han reclamado los movimientos de derechos humanos- demorará otros diez años, al menos, el fallo judicial sobre los crímenes de la ESMA. Como consecuencia de lo anterior, y a pesar de que en la Argentina funcionaron más de 900 centros de detención clandestinos, sólo fueron condenados hasta ahora 200 represores.
Celebramos la condena de Astiz y Acosta y los demás, e insistimos en marchar con todos los que luchan contra la impunidad de los genocidas: perpetua y cárcel común a todos los represores, por su inmediato enjuiciamiento y por la unificación de las causas por centro de detención. Por la investigación de las complicidades políticas y empresariales con la dictadura. Separación de todos los efectivos de las policías federal y bonaerense implicados.
Juicio y castigo a TODOS los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra; de los casos de gatillo fácil, por la aparición de Jorge Julio López.
Editoriales ANP
